Voces en defensa de los glaciares La audiencia tuvo a nueve santafesinos en la lista de oradores. Críticas al gobierno y pedidos de impugnación. El diputado Giuliano propuso una consulta popular vinculante.Daniel Naporichi, que se anotó con la intención de llevar a la audiencia la voz de los pueblos originarios de la provincia. “Argumentos técnicos hay muchos, pero faltaba una mirada indígena. Nosotros somos los primeros guardianes de la naturaleza, porque convivimos con ella, como hacían nuestros ancestros”, describió a Rosario/12. “Lo que vivimos no fue una audiencia pública, porque no cumple con el Acuerdo de Escazú. Lo que quedó claro es que se busca modificar la ley en favor de las grandes corporaciones”, cuestionó.
Fuente :Página 12
La desgrabación de su intervención refuerza ese tono crítico. Allí, el dirigente QOM denunció lo que consideró una “situación lamentable” dentro del Congreso, al que describió como un espacio dominado por empresas más que por representantes del pueblo. También vinculó el debate con procesos más amplios, como la privatización del río Paraná y la reciente reforma constitucional santafesina de 2025, que reconoce al agua como derecho fundamental.
“Para los pueblos indígenas, la naturaleza es como un cuerpo: si le falta algo, no funciona”, expresó, en una metáfora que sintetiza una cosmovisión integral del ambiente. Desde esa perspectiva, rechazó de plano cualquier modificación de la ley: “La Ley de Glaciares no puede ser reformada, tiene que ser cumplida y respetada
Fuente:La redada diario
La mayoría de los expositores se pronunciaron contra la iniciativa y plantearon que la convocatoria del gobierno cercena la participación. También denunciaron la reducción de los tiempos: en el inicio de la audiencia, los participantes se enteraron de que contaban con cuatro minutos cada uno, en lugar de los cinco minutos anunciados previamente. El diputado libertario santafesino, Nicolás Mayoraz, abrió la audiencia, como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Estamos hablando de un proyecto que golpea fuertemente el sistema jurídico ambiental. Es una ley que pretende darle a distintas provincias la posibilidad de definir qué glaciares valen la pena y cuáles no. Lo que hace es vulnerar todo el sistema de presupuestos mínimos”, explicó De Bueno, en diálogo con Rosario/12. “También se confunde lo que es la propiedad privada con los bienes públicos. Los glaciares son bienes de la esfera pública y acá se plantea que las provincias son dueñas. Eso implica un cambio de concepción enorme”, agregó.
Para el abogado, que participó como representante del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Rosario, la ley corre riesgo de ser declarada inconstitucional, en caso de aprobarse. “Si se limita la participación, la audiencia termina siendo una farsa, un mero formalismo, más que una herramienta concreta donde la gente pueda expresarse. Sería interesante explorar la posibilidad de una consulta popular”, expresó.
Fuente:Página 12