La Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas presentó un informe especial, en el que analizan narrativas que buscan defender el proyecto de vaciamiento de la ley de glaciares y desmontan falacias que no tienen evidencia o sustento empírico en los datos.
Desde su llegada al poder en diciembre del 2023, el gobierno de Javier Milei amenaza con atacar la Ley de Glaciares. Primero intentó incluir su eliminación en el proyecto llamado Ley Ómnibus, después fue a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia. En ambas oportunidades, la falta de licencia social y la desventaja parlamentaria inclinaron la balanza a favor de la protección de los glaciares.
Sin embargo, empoderados por los resultados favorables de las elecciones de medio término, el oficialismo avanzó con la presentación de un proyecto de modificación de la Ley de Glaciares hecho a medida de las mineras. El mismo ingresó al Senado en diciembre del 2025 y fue tratado por la Cámara Alta durante la época de receso. Con un tratamiento express en sesiones extraordinarias, y desdibujado por otros retrocesos normativos, el 26 de febrero del 2026 el proyecto obtuvo media sanción.
Actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados. A pesar de la intención del gobierno de acelerar su aprobación, el proceso quedó atravesado por una audiencia pública sin precedentes, que superó las 100.000 personas inscriptas, convirtiéndose en la más grande registrada hasta el momento y evidenciando el nivel de preocupación social en torno al debate.
Con maniobras arbitrarias e ilegales, el oficialismo restringió la participación de la inmensa mayoría de las y los anotados a las audiencias.
En este contexto, la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas presentó el informe especial “10 Mitos Y Falacias Sobre La Ley Nacional De Glaciares” con el objetivo de brindar rigurosidad técnica y científica, en el que analizan minuciosamente narrativas que buscan defender el proyecto de vaciamiento de la ley de glaciares y desmontan falacias que no tienen evidencia o sustento empírico en los datos.
Es fundamental destacar que el gobierno nacional pretende introducir cambios estructurales en la Ley de Glaciares, que alteran por completo la letra y el espíritu de la ley vigente, eliminando la protección automática que hoy establece la ley y reemplazándola por un sistema discrecional. Esto implica que, mediante una simple declaración de una autoridad provincial, un glaciar puede quedar fuera de la protección legal y ser habilitado para actividades extractivas.
❄️ 10 MITOS Y FALACIAS SOBRE LA LEY DE GLACIARES
💬 En el debate por la modificación de la ley de glaciares se repiten una serie de mentiras para justificar un vaciamiento de la protección de los glaciares. pic.twitter.com/oltasZERCD
— Asoc. Argentina de Abogadxs Ambientalistas / CAJE (@AbogadesAmbient) March 31, 2026
El proyecto del gobierno también elimina la prohibición expresa de realizar actividad minera sobre el ambiente periglacial. La Ley de Glaciares vigente reconoce que los glaciares y los periglaciares conforman un sistema único, indispensable para la regulación del agua. Intervenir en las áreas periglaciares, ya sea en superficie o en profundidad, significaría perder hielo que no se recuperará nunca más y alterar procesos que sostienen el caudal de las cuencas. Por eso la actual ley prohíbe actividades allí: porque el daño sería irreversible.
“Esperamos que este insumo pueda nutrir el rigor científico y técnico de los argumentos que se están usando en la discusión pública”, plantearon desde la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas.