Mientras el Estado de Israel continúa con el genocidio contra la población palestina y pesa una orden de arresto por crímenes de lesa humanidad emitida por la Corte Penal Internacional sobre su primer ministro, Benjamin Netanyahu, el gobierno de Mendoza, a cargo de Alfredo Cornejo, envió al comisario Mario Riili a Israel a capacitarse en la “lucha contra el terrorismo”. Allí, Riili – denunciado penalmente por violencia institucional contra ambientalistas – participó de la capacitación, que incluye intercambio de experiencias en materia de seguridad, inteligencia y control del orden público, en un contexto de creciente aumento de la criminalización de la protesta social en la provincia. Desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) advierten que dicha formación refuerza una política de seguridad basada en la “lucha contra el enemigo interno” y que este tipo de acuerdos “buscan legitimar la represión de la protesta social bajo el pretexto de la ‘lucha contra el terrorismo’ “. Anteriormente, también hubo formaciones similares del Estado israelí a comisarios y funcionarios de diferentes puntos del país, como Rosario y Tucumán.
Según el decreto 2343/25, que se publicó el 14 de noviembre del año pasado en el Boletín Oficial de Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo autorizó al comisario inspector Mario Riili a viajar a Israel durante el mes de noviembre, para concurrir al “Seminario de Capacitación referido a la Comprensión Profunda de las Amenazas Terroristas, Desafíos Actuales en Materia de Seguridad y Manejo de Crisis”.
Allí, Riili – denunciado penalmente por violencia institucional contra ambientalistas – participó de la capacitación, que incluye el intercambio de experiencias en materia de seguridad, inteligencia y control del orden público, en un contexto de creciente aumento de la criminalización de la protesta social en la provincia.
De hecho, según informó El Otro Diario el 24 de octubre de 2025, el comisario Riili fue denunciado penalmente como responsable de haber golpeado y lesionado a Liza Rule, reconocida bailarina y miembro de la agrupación H.I.J.O.S., durante una represión de una manifestación en defensa del agua frente a la Legislatura de Mendoza. De acuerdo con la denuncia presentada entonces por Rule, a través de su abogado Alfredo Guevara, el comisario “personalmente, y con la concurrencia de otros policías de género masculino, procedió a tomarla por la espalda, golpearla en distintas partes del cuerpo, siendo arrastrada hacia el interior de la Legislatura Provincial”.
También se trata del mismo comisario que – vestido de civil y sin identificación – la noche del 11 de diciembre del año pasado comandó el operativo que reprimió a la protesta contra la megaminería en Uspallata y terminó con más de una decena de personas detenidas (dos de ellas periodistas) en las inmediaciones del Km 0 de la Ciudad de Mendoza.
“Es parte de una política de formación represiva orientada a identificar al pueblo que lucha como enemigo interno”
Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) advierten que estas iniciativas “no son neutrales ni inocuas, sino que forman parte de una política de formación represiva orientada a identificar al pueblo que lucha como enemigo interno”, remarcando que la noción de “terrorismo” funciona como una categoría amplia que habilita la criminalización de distintos sectores sociales en lucha.
“Se pretende trasladar a nuestro país experiencias desarrolladas en un Estado que ejerce la represión sistemática sobre el pueblo palestino”, sostiene CORREPI, en referencia al rol de Israel en los territorios palestinos ocupados y a las denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos.
Y agregó, sobre este tipo de formaciones en un contexto de aumento de la represión y criminalización de la protesta social: “no es un hecho aislado, sino parte de un proceso de consolidación de herramientas de control social que apuntan a disciplinar la protesta”.
Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) fueron contundentes al señalar que “se está profundizando una doctrina represiva que identifica al pueblo que lucha como enemigo interno”. En esa línea, denunciaron que este tipo de acuerdos “buscan legitimar la represión de la protesta social bajo el pretexto de la ‘lucha contra el terrorismo’”.
El organismo también vinculó esta política con un proceso más amplio de endurecimiento de las fuerzas de seguridad en la provincia. “No es un hecho aislado, sino parte de una política sistemática que apunta a disciplinar a quienes se organizan y luchan”, sostuvieron en su comunicado, en el que advierten sobre el avance de herramientas de control y vigilancia.
Este tipo de formaciones no es un hecho nuevo. Ya ha habido otras formaciones del Estado de Israel hacia comisarios y funcionarios en diferentes puntos del país, como Rosario y Tucumán.
Desde esta agencia ya hemos contado cómo la provincia de Tucumán, gobernada por Osvaldo Jaldo, quien giró a la derecha tras el triunfo de Javier Milei, avanza en la coordinación de temas tan sensibles como la seguridad, la agricultura y el agua, junto a organizaciones vinculadas al Estado de Israel. Todo esto también en un contexto provincial del aumento de las políticas represivas, como sucedió el año pasado con las represiones contra trabajadores de ATE y repartidores de Pedidos Ya en Yerba Buena, que dejaron heridos y detenidos en una ciudad pequeña de la provincia.
También se registraron en el último tiempo capacitaciones en Israel del personal policial de Santa Fe, incluyendo agentes de la zona de Rosario, también enfocadas en la «lucha contra el terrorismo» y manejo de situaciones críticas. También se han registrado antecedentes de expertos israelíes invitados para capacitar a policías rosarinos.
En tanto, como informa Prensa Obrera, no es la primera vez que el Estado de Israel se entromete en cuestiones de seguridad interna en los últimos años:
➤ Durante la última dictadura cívico, eclesiástica y militar, Israel le dio armamento y el Mossad colaboró con la Side.
➤ En 2009, el gobierno de Cristina Fernández impulsó una ley para asociar a la Argentina al complejo industrial-militar de Israel. Esto, mientras tenía lugar la Operación Plomo Fundido, en la cual el sionismo asesinó a más de 1.4000 palestinos y utilizó fósforo blanco.
➤ El entonces gobernador peronista José Alperovich contrató al Mossad para entrenar a la policía provincial, e incluso agentes del organismo oficiaron como sus guardaespaldas.
➤ Mauricio Macri, desde su lugar como jefe porteño, nombró a Fino Palacios como líder de la Policía Metropolitana por recomendación de la CIA y el Mossad. Palacios fue acusado de escuchas ilegales sobre familiares de víctimas del atentado a la Amia, políticos y empresarios, de encubrimiento del atentado a la mutual israelí, y participó de la represión contra la rebelión de 2001.
➤ Un Diego Santilli aspirante a gobernador bonaerense propuso que la asesina policía de la provincia sea entrenada por el sionismo. Bajo la gobernación del PRO, con María Eugenia Vidal a la cabeza, el Grupo Halcón, los responsables de la seguridad personal de la exgobernadora y altos funcionarios realizaron viajes de capacitación a Israel para aprender técnicas de su Ejército.
➤ Finalmente, en el último tiempo, la empresa israelí Rafael Systems, artífice del famoso “Domo de Hierro”, aterrizó en Argentina para proveer tecnología militar y de inteligencia (Infobae). Esta compañía, en la que está metido Eduardo Elsztain, también aportó su tecnología para que las Fuerzas Armadas británicas realicen ejercicios en las Malvinas (Agenda Malvinas).