La Ley 1720 y la marcha indígena en Bolivia
La Ley 1720, que anteriormente fue el anteproyecto de Ley 157, fue propuesta y promovida por Branko Marinkovic. Desde los medios de comunicación dominantes y el gobierno de Rodrigo Paz Pereira se ha construido un discurso en torno al “crédito barato para el sector rural”, “liberar las tierras” y “facilitar el acceso al crédito”. Marinkovic llegó incluso a afirmar con cinismo: “Si un campesino dice: ‘¿sabes qué?, media parcela la vendí y me la voy a gastar en putas y en tragos’, que lo haga, es de él”.
Ese es el verdadero espíritu de esta ley. La supuesta “libertad del campesino” consiste, en realidad, en la venta de su tierra para que haga con ella lo que quiera. Esto es precisamente lo que buscan los hacendados del Oriente: que los campesinos vendan sus tierras y dispongan de ese dinero como sea.
Esta ley 1720 ha provocado movilizaciones y una marcha de comunidades campesinas e indígenas de Pando y Beni, que se dirigen desde Pando hacia La Paz para exigir su abrogación. Se repite así una escena histórica similar a la de la marcha indígena de 1990 por el Territorio y la Dignidad: nuevamente se lucha por el territorio y contra su concentración en pocas manos. Las abarcas y sandalias, con los pies llenos de ampollas y el dolor en las piernas, recorren las carreteras para hacer respetar su tierra y territorio, consagrados en la Constitución.
En principio, esta ley 1720 vulnera la Constitución Política del Estado de Bolivia en su artículo 394, que establece que la pequeña propiedad es un patrimonio familiar inembargable. Ninguna ley está por encima de la Constitución. Asimismo, promueve la concentración de la tierra en pocas manos, es decir, el latifundio, por lo que también vulnera el artículo 398, que lo prohíbe.
Otro elemento a destacar es que, de acuerdo con sus intereses, Marinkovic introduce un cambio clave: el INRA deberá aprobar en un máximo de 10 días la conversión de pequeña a mediana propiedad. Esto implica un proceso acelerado, sin verificaciones suficientes sobre la legalidad de la propiedad. Además, la función económico-social no se verificará durante los 10 años posteriores a la conversión. Esto vulnera el artículo 401 de la Constitución, que establece que el incumplimiento de dicha función es causal de reversión de la tierra.
Asimismo, otro aspecto que se oculta en el discurso es que ni la pequeña ni la mediana propiedad serán realmente beneficiarias del llamado “crédito barato para el sector rural”. Los bancos financian principalmente tierras productivas, como las del Oriente, en especial a los agroindustriales: soyeros, cañeros, ganaderos intensivos, entre otros. En cambio, los productores del altiplano y de los valles no se verán beneficiados. Esto se debe a que los bancos prestan más dinero en el Oriente, donde la tierra es más rentable, a diferencia del altiplano, que desde la lógica bancaria es menos rentable y menos comercializable.
En este debate también interviene el katarista Fernando Untoja, quien se alinea con la posición del gobierno de Rodrigo Paz y de Marinkovic. Untoja sostiene que la propiedad privada puede articularse con el ayllu y promueve la liberación de los aymaras en calidad de propietarios. Esta lectura resulta contradictoria, ya que, desde la fundación de Bolivia, no se logró consolidar la propiedad privada individual, ni siquiera con la Ley de Exvinculación de 1874, cuyo propósito era desvincular la propiedad colectiva-familiar del ayllu desde una perspectiva liberal. Por el contrario, esta política agraria buscó profundizar el sistema de haciendas y mantuvo el pongueaje en los valles y el altiplano hasta 1953. En este contexto, emergió el gran movimiento aymara liderado por Pablo Zárate Willka durante la Guerra Federal de 1899 y, posteriormente, el de los caciques apoderados, encabezado por Santos Marka T’ula (1866-1935), quienes lucharon mediante métodos pacíficos y legales, buscando recuperar los títulos originales otorgados a los caciques en la época colonial.
Asimismo, esta postura no logra comprender la realidad del oriente boliviano. En esa región, desde 1942, con el Plan Bohan, se promovió la llegada de inmigrantes extranjeros —como menonitas, croatas y yugoslavos— que explotaron la tierra. Familias como la de Marinkovic han buscado históricamente apropiarse de estas tierras fértiles y altamente productivas como la Laguna del Corazón.
No seamos ingenuos: Marinkovic propuso y modificó esta ley en función de intereses económicos concretos. Su objetivo es facilitar la compra de tierras a bajo precio a pueblos indígenas del Oriente, como guaraníes y mojeños, y consolidar grandes propiedades en manos de él y su entorno. De este modo, los agroindustriales y ganaderos pueden acceder a créditos elevados dentro del sistema financiero.
Por su parte, las tierras del altiplano no resultan atractivas para este modelo, debido a su menor productividad. En ese sentido, cabe preguntarse si algún banco estaría dispuesto a hipotecar tierras poco productivas como las del altiplano. Lo más probable es que no, o que otorgue montos muy bajos. Las diferencias son evidentes: mientras en el altiplano los créditos podrían rondar los Bs 20.000, en el Oriente pueden alcanzar cifras mucho mayores, rondando los 100.000 millones de bs. Hoy, debido a la rentabilidad de la tierra y al interés del sistema financiero.
En suma, esta ley no está pensada para el pequeño productor, sino para el gran productor. Es una norma hecha a la medida de los agroindustriales del Oriente boliviano, con su principal impulsor en Marinkovic. Beneficia, sobre todo, a propietarios con grandes extensiones de tierra, capital disponible, tierras saneadas y capacidad de expandir la producción (soya, ganadería, entre otros), así como de acceder a créditos de mayor magnitud.
Por: Samaki Jesús Humerez Oscori, sociólogo Aymara