“No se puede confiar en una Justicia parcial y completamente subordinada al poder político y al poder económico real”, declaró Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE.
La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo restituyó ayer la vigencia de la regresiva reforma laboral de Milei. Se trata de una mega-ley, aprobada de forma exprés en el Congreso de la Nación, que ataca y destruye derechos históricos individuales y colectivos de la clase trabajadora argentina.
El gobierno de ultraderecha la bautizó eufemísticamente “ley de Modernización Laboral”, pero hace retroceder un siglo la situación en materia laboral.
Tras la caída de la medida cautelar que suspendía provisoriamente la reforma laboral tras atender una presentación realizada por la CGT, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sentenció: “Siempre fue un error que el Plan A para derrotar la reforma laboral sea la judicialización”.
“No se puede confiar en una Justicia parcial y completamente subordinada al poder político y al poder económico real. Los trabajadores tenemos que ser artífices de nuestro propio destino. Nuestra suerte no puede quedar en manos de jueces y fiscales que tienen doble apellido y son hijos de la última dictadura militar”, agregó el referente estatal.
En esta línea, Aguiar continuó: “En la Argentina no hay justicia para los más débiles, la justicia es solo para los poderosos. La única manera que tenemos de frenar la reforma laboral es estando en la calle y con huelga general”.
“Además, no la tenemos que cumplir en los sectores de trabajo. Tenemos que desobedecer, tenemos que lograr derogarla de hecho. Mostrar toda su ineficacia”, continuó el Secretario General de ATE Nacional.
“Estamos frente a la más grande ofensiva patronal que se recuerde en democracia. La Justicia se va a poner del lado de ellos, nunca estuvo ni va a estar a favor de los trabajadores. Lo único que depende de nosotros es el control de la calle, y esa es la estrategia que tenemos que profundizar”, concluyó Aguiar.
Los jueces que tomaron la decisión de volver a poner en vigencia la Ley 27.802 fueron la jueza María Dora González y el juez Víctor Arturo Pesino, de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.