Sobre el gobernador ilegítimo en el departamento de La Paz (Bolivia)
Recientemente se llevó a cabo la segunda vuelta para la elección de gobernadores en distintos departamentos del país, en la que resultaron ganadores Juan Pablo Velasco por Santa Cruz, María René Soruco por Tarija, Edgar Sánchez por Oruro, Jesús Égüez por Beni y Luis Ayllón por Chuquisaca. Sin embargo, en el departamento de La Paz no se realizó la segunda vuelta como correspondía, debido a que la sigla NGP, de Edgar Uriona, desistió y declinó la participación de René Yahuasi, dejándolo sin organización política para continuar en la contienda electoral.
Luis Revilla cuenta únicamente con el 20,2% del apoyo de los electores en el departamento de La Paz, lo que lo convierte en un gobernador con escasa legitimidad y limitado respaldo social. Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), bajo el argumento de estar cumpliendo la normativa establecida en el artículo 64 de la Ley N.º 026 del Régimen Electoral, sostiene que, si una organización política declina su participación, no se realiza la segunda vuelta electoral. No obstante, este parágrafo entra en contradicción y tensión constitucional con la Constitución Política del Estado, particularmente con el artículo 286, que establece que los gobernadores son electos en urnas; asimismo, el artículo 26 reconoce el derecho a elegir y ser elegido mediante voto.
El fondo del problema radica en la implantación de una suerte de “democracia en alquiler”, fenómeno también denominado como “taxi-partidos” o “partidos en alquiler”, donde las organizaciones políticas carecen de identidad, ideología, filosofía política y base social real. Estas se adaptan y se alquilan a intereses particulares de grupos, funcionando como vehículos para captar votos y acceder al poder sin una agenda ni un proyecto político claro (Perales, 2026). Esta situación debilita la legitimidad, fragmenta el sistema y reduce la representación política en el sistema democrático.
En este contexto, René Yahuasi ha sido víctima de esta democracia alquilada y pactada. La estrategia que asumió fue la movilización y la realización de marchas junto a organizaciones sindicales, desde las provincias hasta La Paz, con el discurso de defensa del voto y la reapertura de la discusión sobre la segunda vuelta. Yahuasi denunció la vulneración de sus derechos e interpuso acciones de amparo constitucional el 16 de abril de 2026 contra el TSE, las cuales fueron rechazadas. Posteriormente, tras la marcha que llegó a El Alto el 21 de abril, presentó una nueva acción de amparo constitucional por el “peligro de la democracia”, señalando que se vulneran los derechos tanto del excandidato como de la población al impedir la realización de una segunda vuelta.
Finalmente, resulta lamentable que una democracia alquilada y pactada legitime a un gobernador que cuenta únicamente con el 20,2% del respaldo en las urnas y que, además, entre en contradicción con la propia CPE. A nivel político, es evidente la existencia de pactos entre el gobierno de turno de Rodrigo Paz, Luis Revilla de Sol.Bo y el líder de NGP, Edgar Uriona, para desistir de la segunda vuelta y permitir una victoria sin competencia, tal como señala el estratega chino Sun Tzu: “vencer sin combatir”.
Sin embargo, desde cualquier perspectiva, resulta aún más preocupante que el TSE priorice la aplicación de la Ley N.º 026 por encima de la CPE, vulnerando el principio de que los gobernadores deben ser electos en urnas y, en consecuencia, afectando el derecho ciudadano a elegir y ser elegido mediante el voto. Existían alternativas, como la realización de una segunda vuelta con René Yahuasi o, en un escenario excepcional, la habilitación del tercer candidato para garantizar que la población decidiera democráticamente.
Este hecho, de posesionar a un gobernador que no goza de legitimidad, puede generar una acumulación de malestar social que se exprese en futuras acciones colectivas, como movilizaciones o protestas, en contra del gobierno de Rodrigo Paz, que, según algunos analistas, podría no concluir su gestión.
Por: Samaki Jesus Humerez Oscori, sociólogo