Mario Hernandez
El conflicto entre las universidades y el Gobierno entra en una nueva semana clave en la que gremios, rectorados y estudiantes anunciarán la fecha de una nueva marcha federal, que promete ser tan multitudinaria como las anteriores. Y es que Milei ha metido a las universidades en una situación sin salida: la semana pasada venció el plazo puesto por la Cámara para que el gobierno pague lo que debe a las más de sesenta universidades públicas del país en concepto de salarios y becas, pero el presidente se negó a liberar las partidas y ordenó a la Procuración del Tesoro que vaya en queja ante la Corte Suprema. Además, presentaron un recurso extraordinario para suspender la Ley de Financiamiento Universitario, e intentarán tratar un nuevo Proyecto de ley en el Congreso, donde apuestan a dejar atrás la sanción de la ley aprobada que no quieren cumplir.
Frente a este nuevo panorama que nuevamente le da la espalda a las universidades, la comunidad anticipó que no se quedará de brazos cruzados. Los gremios realizaron actividades preparatorias para una nueva semana completa de paro, del 27 al 30 de abril. Los docentes ven que el conflicto será largo y no se resolverá fácilmente.
“Desde el inicio de su gestión Milei ha tenido una política clara hacia la universidad, una política de desfinanciamiento, de ahogo constante con el argumento de lograr el déficit cero. Creo que él tiene el objetivo de reducir la universidad porque en su proyecto de país la universidad no entra. No le interesa que exista una universidad que abra la posibilidad de ascenso social y que defienda la soberanía del conocimiento”, dijo la titular de la Conadu Histórica, Francisca Staita.
La dirigente recordó que el Gobierno lleva seis meses sin cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, una ley que fue votada y luego vetada por el presidente. Más tarde, dos tercios de los legisladores del Congreso de la Nación la ratificaron, pero el gobierno igualmente la incumplió, por lo que las universidades llevaron el caso a la Justicia. Dos fallos judiciales, de primera instancia y de la Cámara, le ordenaron a Milei implementarla.
“Pero al presidente le importa poco la democracia y lo que resuelvan los poderes Legislativo y Judicial: como ejemplos tenemos la Ley de emergencia en discapacidad y la Ley de emergencia pediátrica, con las que ha llegado hasta las últimas consecuencias para no cumplirlas”. Con la Ley de Financiamiento Universitario, señalan los gremios, Milei intenta sostener la misma actitud de descalificación y desafío hacia la Justicia y el Poder Legislativo. Por eso, el escenario que ven es el de un agravamiento de la situación.
La nueva semana de paro fue convocada por las dos Conadu. Según el cálculo de los sindicatos, los docentes necesitan de un aumento del 55 % para recuperar los salarios que tenían en noviembre de 2023. “Una enorme cantidad de docentes continúa cobrando 250.000 pesos”, denunciaron.
El gobierno evalúa además reflotar un plan B en el Congreso: para reducir el impacto fiscal, buscan enviar un proyecto de ley alternativo. Este plan propone una actualización salarial y presupuestaria significativamente menor a la establecida por la ley vigente y establece nuevas reglas para la rendición de gastos por parte de las universidades. Finalmente, tiene en análisis la estrategia de pago a medias: mientras avanza la disputa legal, evalúan la posibilidad de aplicar la ley de manera parcial y gradual para evitar un desembolso masivo e inmediato.
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, planteó que las casas de estudio “no aguantan más la situación”. El ahogo presupuestario, contó, está provocando una fuga de docentes e investigadores y fuerza a las universidades a continuar con las medidas de protesta.
Yacobitti advirtió que el desfinanciamiento no solo afecta a estudiantes y docentes, sino a toda la sociedad, porque la falta de recursos pone en riesgo, por ejemplo, la formación de médicos. “Si vos tenés un problema y tenés un accidente, no tenés un médico que te salve la vida. Si tenés otra pandemia como el COVID, no hay investigadores que detecten rápido vacunas o métodos de detección temprana”, planteó.
“No nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a convocar a la sociedad a que volvamos a salir a todas las plazas”, adelantó el dirigente.
Al mismo tiempo insistió en la necesidad de abrir un canal de diálogo. Propuso que el Ejecutivo se siente a negociar cómo cumplir con la ley: “Voy a hacer lo imposible por generar alguna mesa de diálogo donde el Gobierno traiga una alternativa”.
El vicerrector pidió acelerar una solución porque “cada día sin diálogo es un día perdido para encontrar una solución”. En este sentido, precisó que aún queda tiempo para evitar una nueva marcha federal, aunque el plazo es ajustado, hasta mediados de mayo.
Un punto a tener en cuenta es que, si bien el Gobierno fue en queja a la Corte Suprema para no cumplir con los fallos que le ordenan implementar la Ley de Financiamiento Universitario, su apelación no es suspensiva. Esto quiere decir que hasta que la justicia no le conceda ir en queja, la Casa Rosada tiene la obligación de comenzar a enviar fondos a las universidades.
Para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, el Poder Ejecutivo debería transferir aproximadamente 2,5 billones de pesos a las universidades nacionales.
Fuentes de la Casa Rosada han asegurado que “el gobierno no va a pagar” porque “no tenemos la plata”. Quien tiene la función de redistribuir las partidas presupuestarias es nada menos que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El principal vocero del ajuste en estos días atraviesa un escándalo, tras haberse descubierto que ha adquirido numerosas propiedades y que realizó una serie de viajes de placer que sus ingresos como funcionario público no podrían costear.
Recurso extraordinario
El Gobierno y Manuel Adorni, que como Jefe de Gabinete es el responsable de distribuir dichos fondos presupuestarios, en rigor deberían haber asignado los recursos para las universidades. Aun así, siguen excusándose y el Procurador del Tesoro Nacional presentó un recurso extraordinario federal ante la misma Cámara de Apelaciones para suspender la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.
Los argumentos del Gobierno cada vez son más flojos, alegan que aplicar la ley provocaría un “grave e irreparable perjuicio al Estado”, poniendo en peligro el “equilibrio fiscal”. Mientras Adorni no puede explicar de dónde surgieron los fondos para adquirir múltiples propiedades, el gobierno alega que la ley no explicita de donde se obtendrían los recursos para aplicar la ley, algo que tampoco ocurrió cuando Milei le disminuyó el Impuesto a los bienes personales a los más ricos del país, o le bajó las retenciones a los grandes terratenientes del campo o le bajó los impuestos internos a los autos de alta gama y objetos suntuarios cuando se trató la reforma laboral. De no aplicarse la ley, el presupuesto 2026 de las universidades se ubicará entre 32% y 39% por debajo de 2023 en términos reales, a niveles de 2006-2007.
En su presentación, el Poder Ejecutivo argumenta contra la medida cautelar que la intervención de la Corte Suprema de Justicia es necesaria por tratarse de una cuestión federal. Ahora debe expedirse la Cámara Nacional de Apelaciones y, dependiendo su definición, luego podría pasar a la Corte Suprema de Justicia. El Gobierno a su vez solicitó a los tres magistrados de la corte, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, se excusen de votar sobre este tema por tener cargos docentes vigentes o en licencia.
No solo las universidades. La educación sufren todos los días las consecuencias de la motosierra de Javier Milei
A su gestión no le bastó con acusar a las instituciones educativas de ser usinas de “adoctrinamiento” ni con poner en duda la obligatoriedad escolar. Tampoco alcanzó con la degradación del ex Ministerio de Educación a Secretaría ni con prorrogar dos veces el presupuesto nacional. La partida educativa vigente este año representa una caída del 48 % en términos reales con respecto a 2023.
El Estado nacional destina a la función educativa casi la mitad de los fondos que invertía hace una década. La cifra se desprende de un informe elaborado por Imaginar y Transformar (IyT), espacio de discusión programática que organizó en marzo el Congreso Educativo Nacional donde participó la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El trabajo presenta un análisis del último año y medio de abandono y desinversión educativa. Los casos extremos los constituyen los salarios docentes, el ajuste desatado sobre el sistema universitario y otras áreas como las Becas Progresar, la formación docente, la Educación Técnico Profesional, los recursos digitales y la infraestructura escolar.
“Las evidencias permiten reconocer el virtual abandono del Estado en su función de conducir las políticas educativas en el orden nacional, apenas disimulado por un Plan de Alfabetización vacío de acciones sustantivas”, plantean los autores de la publicación.
Marcha Federal Universitaria
La Secretaria General de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), Clara Chevalier, aseguró que la Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo en Plaza de Mayo tendrá “el objetivo de marcarle un límite al gobierno de Javier Milei, que sigue incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario, y este límite es doble. En un sentido tiene que ver con defender a la universidad pública que es un orgullo nacional, y en otro sentido también tiene que ver con defender la democracia en las instituciones”.
La movilización acordada por los gremios docentes y no docentes, los estudiantes y también los rectores será para reclamar que el gobierno cumpla la Ley de Financiamiento y aumente los salarios teniendo en cuenta la inflación acumulada desde diciembre de 2023.
La dirigente de Conadu dijo: “La marcha está siendo convocada por todos los actores de la comunidad universitaria, los sindicatos, la Federación Estudiantil, el Consejo de Rectores, la verdad que siempre trabajamos en unidad y yo creo que el pueblo argentino, que ya tiene una lectura clara de lo que este gobierno está haciendo, que no vino a bajar la inflación sino los salarios, va a saber leer que este es el momento para marcarle un límite al gobierno de Javier Milei”.
Por último, Chevalier afirmó: “No puede ser que una ley que ha sido votada tantas veces por el Congreso, reafirmada por el Poder Judicial, siga el Poder Ejecutivo comportándose como si se tratara de un rey”.
Masiva movilización de antorchas en defensa del financiamiento universitario en La Plata
La comunidad de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) realizó una jornada de paro con movilización, en el marco del conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario.
Docentes, no docentes y estudiantes, se manifestaron en defensa del presupuesto, los salarios y el sostenimiento del sistema educativo público.
Octavio Miloni, Secretario General del gremio docente ADULP, dijo: «Esto es La Plata en su esplendor, su universidad, sus docentes, no docentes, estudiantes, llenan las calles, luchan».
La marcha fue encabezada por niños y niñas de la escuela y el jardín que pertenecen a la Universidad Nacional de La Plata.
En ese sentido, Miloni mostró su apoyo a las y los docentes de la escuela: «Abrazamos en este acto simbólico, a las compañeras y compañeros trabajadores de la escuela Anexa, que generan la educación inicial de nuestros hijos, de nuestras hijas, a la comunidad de la escuela. Decirles que la lucha de la Anexa es la lucha de todos y todas los docentes de la UNLP. No está separada esa pelea por el salario, por las condiciones de trabajo, por la beca de estudiantiles».
Mauricio D’Alessandro, secretario general de los trabajadores no docentes de ATULP, agradeció el acompañamiento de toda la ciudad a la lucha de la universidad: «Cada vez que nosotros le pedimos a la sociedad que nos acompañe, es porque la ciudad de La Plata da muestras cabales, de que cree en la universidad, que cree en el valor que tiene nuestra institución y que cree en todos nosotros, principalmente depositarios de esa posibilidad de alcanzar nuevos derechos».
Además, afirmó que «la ciudad de La Plata es una ciudad universitaria, nunca dudamos, todos los que llegamos alguna vez con un sueño de poder ser profesionales, con un sueño de poder trabajar a esta ciudad, que nos abrazó, que nos permitió sentirnos uno más y a todos ellos les damos las gracias. Porque la ciudad, cada vez que la universidad llama, responde».
Durante las próximas semanas las universidades realizarán diversas actividades para mantener vivo el reclamo de la implementación de la ley de financiamiento universitario que el gobierno nacional está obligado a cumplir.
El próximo 12 de mayo se realizará una nueva marcha federal que se movilizará hasta la Plaza de Mayo.
Más de 2000 estudiantes, docentes y familias se movilizaron por el financiamiento universitario en el Carlos Pellegrini
Más de 2000 estudiantes, docentes, no docentes y familias de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini movilizaron en defensa de la educación pública los salarios docentes y no-docentes, exigiendo la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario que el gobierno nacional lleva casi 180 días sin cumplir.
La movilización comenzó con un “abrazo al Pelle”, convocado por familias autoconvocadas que vienen organizándose frente al deterioro de las condiciones educativas y la falta de presupuesto. Denuncian salarios de pobreza, la pérdida de docentes y problemas edilicios que pone en discusión el derecho a la educación.
La jornada mostró algo que se viene desarrollando desde el inicio del año: la unidad entre estudiantes, docentes y familias. Lejos de la pasividad que buscan imponer las conducciones, la comunidad educativa salió a las calles con un mensaje claro: defender la educación pública es una tarea colectiva. Estuvieron también presentes referentes de UTE, AGD y el Centro de Estudiantes del Pelle.
Los protagonistas fueron, sin duda los estudiantes. No solo coparon las calles sino que lo hicieron en apoyo a sus docentes y no docentes. En sus cantos, sus banderas y sus propios testimonios expresaron que la defensa de sus condiciones de estudio está ligada a la defensa de quienes sostienen la educación todos los días. Frente a la pérdida de docentes y el deterioro salarial, los y las estudiantes se plantaron, reafirmando que sin docentes con salarios dignos no hay educación pública posible.
En las calles se escucharon con fuerza los clásicos de siempre: “Milei basura, vos sos la dictadura”, “Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode, se jode”, y “A ver, a ver, quién dirige la batuta, los estudiantes o el gobierno hijo de yuta”.
Las familias también hicieron oír su voz, no solo acompañando sino siendo parte del reclamo. En un contexto de ajuste brutal, denunciaron que los salarios docentes han perdido al menos un 50% de su poder adquisitivo respecto a noviembre de 2023, empujando a muchos trabajadores a abandonar el Colegio. Esto no solo golpea a quienes enseñan, también deteriora las condiciones de aprendizaje.
La movilización confluyó en Callao y Corrientes, donde se sumaron a la convocatoria impulsada por el gremio Ademys junto a distintos sectores en lucha: docentes de distintos niveles, las Orquestas Infantiles que Jorge Macri cerró, familiares de Cristian Pereyra —docente asesinado por la policía— y referentes del colectivo de discapacidad.
La masividad de la jornada volvió a dejar planteada una necesidad: retomar el camino de la gran marcha nacional educativa como la del 23 de abril de 2024, que logró instalar el conflicto universitario, conquistando la Ley de Financiamiento. Frente a un gobierno que sigue incumpliendo la ley votada y profundizando el ajuste, la salida no puede ser otra que redoblar la organización y la movilización en todo el país y en cada escuela y facultad.
Desde el Pelle, la comunidad educativa dejó un mensaje claro: no hay educación pública sin financiamiento y su defensa, es en las calles.
La UBA realizó el 15 de abril una jornada de visibilización de 24 horas para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial del sector
La actividad comenzó a las 8:00 y se desarrolló de manera simultánea en distintas facultades, con epicentro en la Plaza Houssay (Córdoba al 2100) y en la Facultad de Farmacia y Bioquímica UBA (Junín 954). Allí se concentrarán buena parte de las iniciativas abiertas al público, en una apuesta por combinar la protesta con acciones de extensión universitaria.
Según informaron desde la comunidad académica, la jornada incluyó clases magistrales públicas, muestras de ciencia, talleres y consultorios de asesoramiento legal y económico comunitarios y gratuitos. También se ofrecieron servicios de salud sin costo —en odontología, oftalmología, clínica médica y atención veterinaria— a través del programa “UBA en Acción”, una de las principales herramientas de vinculación territorial de la universidad.
La consigna “El presupuesto baja, nuestro compromiso sube” sintetiza el eje político de la jornada: visibilizar, según remarcaron sus organizadores, “la responsabilidad con la que trabajadores y trabajadoras docentes, no docentes, investigadores y estudiantes apuestan día a día por el futuro y la educación pública”, en medio de lo que describen como una “asfixiante situación de atraso salarial y desfinanciamiento” impulsada por el Gobierno nacional.
El reclamo se enmarca en la falta de implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso pero aún no aplicada plenamente por el Poder Ejecutivo. En ese contexto, la Justicia ordenó avanzar con su cumplimiento, un punto que las universidades toman como respaldo para profundizar las medidas de fuerza.
La jornada de la UBA se inscribe, además, en un plan de lucha más amplio impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que convocó a acciones de protesta en universidades de todo el país. En los últimos días, el conflicto escaló con paros docentes, asambleas y actividades de visibilización, ante la falta de respuestas oficiales.
Rectores, gremios y federaciones estudiantiles coinciden en advertir que el actual nivel de financiamiento pone en riesgo el funcionamiento básico del sistema universitario, con dificultades para afrontar gastos corrientes y una marcada pérdida del poder adquisitivo de los salarios. En ese escenario, la jornada de 24 horas apunta a amplificar el conflicto en el espacio público y a reforzar la presión para que el Gobierno avance con la ejecución de la ley.
Trabajadores del CONICET realizaron una feria de ciencias en las puertas de FATE
Bajo el lema “Ciencia para unir las luchas”, el sábado 18 de abril las y los trabajadores de ciencia del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) realizaron una Feria de Ciencias en las puertas de la planta de FATE en la localidad de Victoria. El objetivo fue unir su lucha contra del desfinanciamiento e intento de vaciamiento y desguace gubernamental del organismo con la de los obreros del neumático nucleados en el SUTNA, que desde hace más de dos meses ocupan la fábrica ante la decisión de cierre y despido de 920 trabajadores tomado por el empresario Javier Madanes Quintanilla. El evento contó con la conducción del periodista Fabián Waldman y las científicas y comunicadoras Valeria Edelsztein y Nadia Chiaramoni, además de contar con la participación –en charlas, stands interactivos para toda la familia y micrófono abierto– de científicos y científicas del CONICET, la CNEA y el Museo Nacional de Ciencias Naturales. También contó con figuras como el biólogo y divulgador científico Diego Golombek y el profesor de historia de la UBA y uno de los asesores académicos de la exitosa muestra sobre egiptología del Museo Nacional de Bellas Artes, entre otras. Así lo anunciaron en un comunicado las y los trabajadores nucleados en la Junta Interna de ATE CONICET: “el evento se desarrollará en la fábrica ocupada hace ya más de un mes ante la decisión de cierre y despido de 920 trabajadores tomado por la patronal de Madanes Quintanilla. La iniciativa ‘Ciencia para unir las luchas’ surge de una asamblea de trabajadores de CONICET con el objetivo de unir los reclamos y darles una amplia visibilidad ante la población. Los trabajadores de FATE continúan bajo amenaza de despido. Mientras tanto, en CONICET avanza el desfinanciamiento, la pulverización de los salarios, el re direccionamiento de fondos y el recorte de becas, a la vez que los ingresos al organismo vienen con retrasos de más de dos años, lo que genera una situación de expulsión de los científicos que se han formado en el país. Situaciones similares se viven en otros organismos de ciencia, como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), cuyos trabajadores lograron recientemente la renovación de contratos por tres meses más pero continúan en lucha”, denuncian.
En la misma línea, agregan: “en un momento histórico en que la Ciencia y la Tecnología pueden colaborar en reducir la jornada de trabajo y mejorar las condiciones de existencia de los trabajadores, el gobierno de Milei y las patronales se han empeñado en desarrollar un ataque al conjunto de la clase obrera. La forma de responder es uniendo y coordinando los reclamos y las luchas: los de los trabajadores de la ciencia y de las fábricas”, remarcan.
El objetivo de la actividad también es aportar una mirada interdisciplinaria que valide la postura de los trabajadores, que en relación a FATE es una empresa con niveles de productividad sostenible y clave para garantizar la provisión de neumáticos de tránsito pesado, dado que es la única fábrica argentina que produce neumáticos para colectivos y camiones. Así, tanto las y los trabajadores de FATE como quienes se desempeñan en el sistema científico argentino buscan romper el cerco comunicacional de la empresa y elevar el conflicto a una discusión sobre el modelo industrial y el rol de la ciencia al servicio de los trabajadores.
La feria de ciencias, que tuvo lugar de 14:00 a 19:00, también contó con las intervenciones de Mario Pecheny (doctor en Ciencias Políticas), Hernán Grecco (doctor en Ciencias Físicas), Pablo Lorenzano (doctor en Filosofía), Omar Coso (biólogo molecular), Martín Farina (paleontólogo y comunicador), Gonzalo Sanz Cerbino (doctor en Historia), Ezequiel Mcgovern (responsable de Innovación IT en ARSAT) y Leonardo González Galli (doctor en Ciencias Biológicas).
Con respecto a la actividad, Gonzalo Sanz Cerbino, Secretario General Adjunto de la Junta Interna de ATE CONICET Capital, amplió: “la solidaridad con los trabajadores en lucha, que se multiplican con la política que aplica el gobierno de Milei, es una prioridad para ATE CONICET. Por eso impulsamos esta feria de ciencias en las puertas FATE, que fue votada por unanimidad en nuestra asamblea. Vamos a tener charlas de divulgación científica, van a venir importantes referentes del mundo científico y académico a brindar su solidaridad. Así que invitamos a todas y todos quienes puedan acercarse a las puertas de FATE”.
En tanto, Sergio Gómez de Saravia, becario doctoral del CONICET en el Museo Argentino de Ciencias Naturales y docente de la UNLP contó la situación que vive el sistema científico argentino: “se encuentra en un proceso de desguace y privatización, con recorte de becas, confiscación de financiamiento y una intención del gobierno de volcar la producción científica hacia el sector privado como un subsidio a las mineras, el agro y los combustibles. Por otro lado, el ataque a los trabajadores, como en el caso de FATE abre la necesidad de unir las luchas para impulsar los reclamos en conjunto, que es como creemos que vamos a conseguir que esto cambie. El gobierno se encuentra asediado por una crisis económica y política. Los cierres de fábrica, los casos de corrupción y fallos de la justicia que ponen la continuidad de Milei por fuera del estado de derecho. Hay que impulsar la intervención de los trabajadores y activistas de cara a promover un cambio de rumbo, lo otro es esperar más despidos y cierres”.
En la misma línea, Ana Julia Vélez Rueda, investigadora Asistente CONICET, añadió: “tenemos más de 500 investigadores con concursos ganados que esperan la efectivización de sus cargos hace más de dos años, tenemos la AGENCIA I+D+i intervenida y congelada en su funcionamiento, tenemos investigadorxs en estadio de beca doctoral con salarios por debajo de la línea de la pobreza, la mayoría de lxs investigadores del país sin obra social y muchas dependencias del sector científico y tecnológico militarizadas. La situación actual de parálisis y retroceso de derechos es tan crítica que puede llevarnos décadas su recuperación, y eso mismo es lo que sucede con el cierre de las fábricas como FATE. Somos todos víctimas de una política de ajuste y empobrecimiento de las mayorías trabajadoras, en favor del enriquecimiento de unos pocos, los mismos de siempre. Pero justamente es uniendo nuestros reclamos, saliendo masivamente a las calles, que vamos a frenar este proceso”.
La nueva ola de despidos en el sistema científico
Por Pablo Esteban
Acorralado por la corrupción y la pérdida de control de la agenda, el gobierno hace lo único que sabe: despedir gente y prescindir de especialistas que realizan tareas cruciales.
Cercado por las denuncias de corrupción y la baja en la imagen positiva, el gobierno recurre a su vieja fórmula de la motosierra. Achicar el Estado, la única política que tienen en carpeta para retomar el centro de la agenda. Con el eufemismo de “ganar eficacia” en las diferentes áreas, la administración libertaria echa trabajadores que desempeñan funciones centrales en sectores sensibles, como el científico, el tecnológico y el industrial. El Ejecutivo desatiende el mandato del Congreso, desoye a la justicia y opta por no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Deja al borde del abismo a docentes y también a la mayoría de los investigadores del Conicet, que prácticamente tienen los salarios congelados desde el comienzo de la gestión. En paralelo, ajusta al resto de los organismos, y lleva adelante una nueva oleada de despidos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), entre otros.
Diego Hurtado, investigador del Conicet, físico e historiador de la Ciencia y la Tecnología, señala: “Como siempre le ocurre a Sturzenegger y a Caputo, su proyecto económico vuelve a fracasar. Ya no saben qué más entregar: regalan nuestros recursos naturales; se endeudan para generar ganancia ficticia a través de la especulación financiera. Advierten que el plan ya no les funciona y empiezan a ver el derrumbe de cerca y el malestar”.
Y sigue con su reflexión: “Aunque resulta una tontería comparar a una dictadura con una democracia de baja intensidad como la nuestra, este representa un punto de llegada al proyecto de país que comenzó con Videla y con Martínez de Hoz. Destrucción de capacidades productivas, del conocimiento y desregulación”.
Apagón tecnológico
En el SMN, el gobierno ya echó a 140 empleados y buscará hacer lo mismo con 100 más en el transcurso de los próximos meses. Se trata de científicos, técnicos y operadores que desarrollan tareas vinculadas a la confección del pronóstico y del sistema de alertas tempranas. La mayoría pertenece a estaciones meteorológicas distribuidas a lo largo y a lo ancho del país. Como respuesta, los gremios siguen movilizados y convocan a un “apagón tecnológico” para el próximo viernes. En un flyer de la convocatoria, anuncian: “Sin meteorólogos no hay seguridad aérea. Vamos a parar y los aviones no van a volar”.
La motosierra del gobierno libertario pone en riesgo la ejecución de actividades aeronáuticas y agropecuarias, que dependen de los análisis y de la información que pueda aportar el Servicio para la seguridad de sus operaciones en pleno vuelo y para planificar siembras frente a posible granizo o sequía. Una muestra más de que si desaparece el Estado, reina el sálvense quien pueda.
Como antecedente, entre despidos, jubilaciones y traslados a otras dependencias, en 2024, más de 200 personas dejaron el SMN. En consecuencia, si bien las estaciones meteorológicas deberían funcionar las 24 horas, lo hacen con registros cada tres horas. Menos personal da como resultado un pronóstico que se realiza con un 80 por ciento de eficacia. Si los recursos humanos continúan mermando, ese porcentaje seguirá bajando.
Industricidio
En el INTI las cosas no marchan mejor ni mucho menos. El gobierno dio de baja más de mil servicios que presta el Instituto con el objetivo de beneficiar a los privados. Al quitar las tareas, los trabajadores que se encargaban de realizarlas serán desplazados. Se estima que alrededor de 700 especialistas podrían dejar el organismo luego de esta nueva ola de ajuste decidida por el ministro desregulador Sturzenegger.
Yamila Mathon, especialista en Tecnología de Gestión y del Conocimiento del INTI, señala: “En 2024, ofrecieron retiros voluntarios, que de voluntarios tuvieron poco; a mitad de 2025 llegó el embate del decreto 462, donde se intentó disolvernos y convertirnos en una mera oficina técnica de Economía, pero con la lucha y la votación del Congreso fue volteado. Ahora, en 2026, señalan que hay mil servicios que el INTI no debe prestar más, a pesar de ser esenciales para el cuidado de la población”. Y agrega: “La baja de los servicios es la antesala para generar una nueva estructura, que obedecerá a recortar puestos de trabajo que, según prevén, no serán necesarios desde la óptica de las autoridades”.
Entre las principales tareas que dejará de realizar el INTI, se pueden nombrar las mediciones, las certificaciones de seguridad y las calibraciones de productos variopintos como surtidores de nafta, alcoholímetros y cinemómetros. Mathon brinda un ejemplo: “Supongamos un alimento envasado. Para poder comercializarlo en góndola o exportarlo, los empresarios deben pasar los controles de Senasa. Desde las empresas suelen recurrir al INTI, inclusive pudiendo ir al privado, cada vez que tienen que hacer esos ensayos para validar sus productos, porque tiene prestigio y es el único organismo que realiza múltiples pruebas de manera integral. De lo contrario, como va a suceder de aquí en más, el empresario deberá ir a diferentes laboratorios según la prueba requerida”.
Desde el inicio de la actual gestión, se estima que 800 personas ya dejaron el INTI con jubilaciones, retiros voluntarios y cese de contratos. Este martes a las 10:00, junto a la CNEA convocan a una conferencia de prensa en avenida General Paz 5445 bajo el título “Defender el INTI es cuidar la Argentina”.
Papelón nuclear
El panorama en la CNEA es desolador. El organismo encargado de llevar adelante el hipotético “plan nuclear” del gobierno también tiene la intención de realizar una reducción de personal. Existen alrededor de 350 contratados que están en la mira del gobierno. El secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, publicó en la red X: “Hoy vemos con claridad las consecuencias de décadas de malas decisiones y pérdida de rumbo. Durante años, se utilizó a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) —y al sector nuclear en general— como aguantadero de la política. ¿El resultado? Una dotación que se duplicó sin la incorporación de una sola línea de generación de ingresos más allá del Tesoro Nacional”. Y, en otro pasaje, afirmó que estaban trabajando en la “reestructuración integral” de la CNEA y adelantó que pronto “habría novedades”.
También este martes a las 11:30, trabajadores y trabajadoras del Centro Atómico Bariloche (una de las dependencias de la CNEA en el país), se concentrarán en el ingreso de la avenida Exequiel Bustillo 9500 y denunciarán el desmantelamiento del plan nuclear argentino. Ignacio Cortés, miembro de la institución, dijo: “Ramos Nápoli cobró un crédito del Banco Nación por 200 millones de pesos y es el ex asesor digital de Karina Milei. Es una persona que no conoce el sector nuclear y sale a decir que la CNEA es un aguantadero. Básicamente quieren terminar con el plan nuclear”. Y sigue: “No queremos que pase lo mismo que, lamentablemente, está ocurriendo en el SMN, el INTI, el INTA. Están por terminar con un activo importantísimo de la sociedad argentina. Por eso, vamos a salir a contarle a la sociedad qué es lo que está pasando”.
Hurtado resume el cientificidio y opina: “No sobra gente en las instituciones; en cambio, falta, y sin embargo, siguen echando. El Servicio Meteorológico no va a poder protegernos de riesgos, de fenómenos ambientales severos; cuando quiera modelizar en el futuro, faltarán datos. En el INTI igual, la salubridad, la seguridad alimentaria, la calidad en los materiales para la construcción, las certificaciones en las fábricas, lo que se usa en los hogares: nada estará garantizado. Con la Comisión Nacional de Energía Atómica, por último, se concreta la destrucción de un sector estratégico por exigencia de la geopolítica”.
En un contexto de ajuste parecido están la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y el INTA, que atraviesan una nueva oleada de “reestructuraciones” para ganar “eficiencia”, los giros discursivos que utilizan desde la administración oficial con el único objetivo de terminar con la producción de conocimiento autóctono y achicar el Estado a lo mínimo indispensable.
Universidades y Conicet: la resistencia avanza
Un informe reciente realizado por la Federación de Docentes Universitarios (Fedun) y el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, destacó que los salarios de los trabajadores del sector universitario acumulan una caída del 33,7 % desde noviembre de 2023 y que llevan 17 meses consecutivos de pérdida salarial. Además, para recuperar el nivel previo al inicio del gobierno libertario, haría falta incrementar en un 50.7 %. Por su parte, el sistema científico atraviesa un ajuste histórico, con recortes que trepan hasta el 50.8 % de los fondos.
Tanto las universidades como el sector científico tienen sus leyes vigentes para asegurar el financiamiento, pero al gobierno no le interesa cumplirlas. Como resultado, la comunidad universitaria y científica ya planea una nueva marcha de alcance federal.
Elecciones en la UBA: El Reformismo ganó, la izquierda perdió Veterinaria, La Cámpora cedió Sociales y libertarios “no avanzan”
Desde el lunes 20 de abril, las urnas de las distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires se abrieron para renovar la conducción de los Centros de Estudiantes y los Consejos Directivos. Más de 300.000 estudiantes participaron en la puja electoral, y las noticias que va dejando el escrutinio exponen marcadas diferencias entre facultades.
El dato saliente es que el ‘reformismo’ consolidó su avance en la UBA y amplió su presencia en varias de las facultades con mayor peso político: se impuso en ocho de las trece unidades académicas y reforzó de esa manera su lugar en los principales espacios de representación estudiantil.
Como ejemplo, en Odontología, la lista reformista AFO se impuso con el 92% de los votos, conservando el control total del Centro de estudiantes. En Farmacia y Bioquímica, el resultado fue similar. Nuevo Espacio y la JUP alcanzaron el 84%, consolidaron la conducción del Centro y se quedaron con los cuatro consejeros estudiantiles, desplazando al Partido Obrero, que hasta ahora conservaba la representación por la minoría.
En Medicina, Nuevo Espacio obtuvo el 72% y amplió su ventaja sobre El Torrente, la expresión de La Cámpora, que quedó relegada al 15%. En Económicas, el mismo sello reformista cosechó el 73%, muy por encima de Proyecto, la lista camporista, que apenas alcanzó el 9%.
Por su lado, La Cámpora logró conservar algunos de sus bastiones, como Arquitectura, donde El Módulo se impuso con el 54% frente al 40% de Dale FADU, y también Exactas, donde Identidad Exactas terminó primera con el 36%, seguida por La Mella con el 23% y el reformismo más relegado, con 17%. Sin embargo, perdió en Sociales, ante la UES que volvió a ganar el Centro de estudiantes por apenas un 2% de diferencia.
La izquierda sufrió su peor elección en años. La fuerza perdió Veterinaria, el único centro que todavía conducía. AFV, la lista reformista, se impuso con el 47% frente al 36% de EVET, la histórica conducción de izquierda, y al 15% de La Tropilla, referenciada en La Cámpora, quedando así sin control de ningún centro de estudiantes en la Universidad de Buenos Aires.
En paralelo, las agrupaciones libertarias volvieron a mostrar su debilidad en el escenario universitario. Aunque lograron presentar listas en apenas cuatro facultades, no consiguieron imponer candidatos ni obtener representación en ninguno de los órganos estudiantiles.
El Frente Reformista, la coalición integrada por radicales, peronistas, socialistas e independientes, retuvo las conducciones de Económicas, Medicina, Derecho, Odontología, Farmacia, Ingeniería y Psicología, y protagonizó además el resultado más resonante de la elección al quedarse con Veterinaria, donde se impuso tanto en el Centro de Estudiantes como en el Consejo Directivo y puso fin a 28 años de hegemonía de la izquierda.
También avanzó en dos frentes clave. En Medicina, le arrebató a La Cámpora la representación por la minoría, mientras que en Farmacia desplazó al Partido Obrero de ese lugar. El resultado consolidó así no solo una victoria territorial, sino también un avance en los espacios de poder institucional dentro de la universidad.
Del otro lado, el oficialismo no logró traducir su visibilidad nacional en volumen electoral dentro de la UBA y quedó sin consejeros ni cargos representativos, en Ingeniería, Medicina, Económicas y Sociales, que fueron las únicas facultades donde pudo presentarse.
Desde la Universidad señalaron que la jornada electoral se desarrolló con normalidad y remarcaron el alto nivel de participación estudiantil. Las nuevas autoridades asumirán en las próximas semanas.
Fuentes: Resumen Latinoamericano, Página/12, Infobae, Radio Gráfica / Agencia FARCO, Radio Futura / Agencia FARCO, Indymedia Argentina, La Izquierda Diario, ANRed, Perfil