Boletín educativo actualizado al 15.5.2026
Un millón y medio de personas en las calles en defensa de la educación pública y gratuita
Mario Hernandez
En todo el país un millón y medio de manifestantes en defensa de la educación pública. Las Universidades exigieron que se cumpla con la Ley y denunciaron «un desprecio institucional sin precedentes»
En la cuarta Marcha Federal Universitaria, realizada bajo la actual gestión de gobierno, estudiantes, docentes y personal no docente exigieron la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. «203 días sin aplicar la Ley», fue el documento consensuado y leído como cierre del acto.
Las universidades difundieron un duro documento en el que acusan al Gobierno de incumplir sus compromisos de financiamiento, mientras la UBA aclaró que el reclamo no responde a intereses partidarios sino a la defensa de la educación pública.
El acto central se llevó a cabo en el escenario con dirigentes sindicales, decanos y docentes universitarios presentes mientras la multitud reunida frente a la Casa Rosada entonó el Himno. Siete oradores tomaron la palabra antes de la lectura del documento oficial que exige al Gobierno nacional el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales llamaron a estudiantes, docentes, personal no docente e investigadores se movilizaron el martes 12 en todo el territorio nacional. La jornada representa la cuarta Marcha Federal Universitaria desde que Javier Milei asumió la presidencia.
El contundente documento redactado por las universidades se tituló «203 días sin aplicar la Ley».
«Las universidades públicas y sus comunidades, junto con el sistema público de investigación, desarrollo e innovación, somos el fruto de una larga lucha de nuestro país, de nuestro pueblo, por contar con un sistema estatal de educación y de producción de conocimientos que garantizara el núcleo del porvenir: educación superior de la máxima calidad para todos, profesionales altamente calificados, conocimientos para el desarrollo social y económico, una juventud protagonista de su tiempo.»
«El financiamiento del sistema universitario nacional es actualmente crítico y la principal causa es que el Gobierno nacional incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la Ley de Financiamiento Universitario que establece un piso recursos que asegura el normal desenvolvimiento del sistema», continuó el documento.
«La situación presupuestaria, como lo venimos planteando públicamente, es crítica. El recorte ocurre en todas las dimensiones de los asuntos universitarios y afecta a todas las funciones sustantivas gravemente. Las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema universitario».
Asimismo, en el documento se destacó que la política salarial del Gobierno nacional ha provocado un fuerte deterioro en las universidades públicas: los salarios no alcanzan para cubrir necesidades básicas, se multiplican las renuncias de personal capacitado, el pluriempleo y la crisis en las obras sociales.
Según se argumenta en el texto, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, la inflación fue del 293,3 % frente a un aumento salarial del 147,3 %, lo que implica una pérdida del 37,1 % del poder adquisitivo, equivalente a casi 11 sueldos en ese período. Hoy, los salarios universitarios están en su nivel más bajo en 23 años, son los peores del Estado nacional y los más bajos de América Latina, con consecuencias graves para el sistema de salud, las obras sociales y las jubilaciones.
Por su parte, el Gobierno de Javier Milei se pronunció en relación a la marcha masiva en todo el territorio del país y aseguró que “la marcha está montada emocionalmente sobre mentiras”.
La Marcha Federal Universitaria canal de expresión de otros reclamos
La creatividad de los carteles fue protagonista en una jornada donde la unión por la defensa de la educación pública copó la Plaza de Mayo. El pluriempleo y la precarización laboral fueron señalados como una realidad insostenible: “Nuestros docentes renuncian, tienen otros trabajos, en una situación de precarización total, es insostenible», señaló una estudiante de psicología.
En ese sentido, agregó: «No nos alcanzan las horas del día para seguir estudiando, el boleto volvió a aumentar el transporte y hay compañeros que no van a poder continuar con sus estudios.”
En medio de la movilización, también se escucharon consignas que apelaban a la organización popular: “Es el pueblo el que se tiene que organizar, no el gobierno, la gente debe abrazar las banderas que va a defender como los Derechos Humanos.”, expresó un docente de la facultad de Psicología.
En una jornada marcada por el reclamo por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios universitarios y la falta de recursos para las universidades, las pancartas y cánticos reflejaron la creatividad y la bronca: “Estudiá, no seas Adorni”, “Milei cumplí la ley”, “Las fuerzas del libro vs las fuerzas del cielo”, “El que recorta la tiene corta» y por último «y sin arte, ¿quién sos?”.
La movilización, que se replicó en todo el país, contó también con el apoyo de la CGT y las dos CTA, que participaron con sus respectivas columnas para exigir la «recomposición salarial para docentes y no docentes» y la aplicación del «presupuesto para el funcionamiento de las universidades y los hospitales universitarios«.
Los universitarios también marcharon en el interior del país
A la par de la marcha universitaria que tuvo epicentro en la Plaza de Mayo, la protesta de docentes y alumnos se hizo escuchar en distintas ciudades del país donde la comunidad universitaria tiene peso político y social. Por caso, las manifestaciones fueron contundentes en Córdoba, Rosario y Mendoza.
En la ciudad de Córdoba, la convocatoria fue masiva. Las columnas partieron desde la Ciudad Universitaria para avanzar, por 30 cuadras, hasta el frente del Arzobispado, a donde se montó un escenario. A medida que los manifestantes caminaban más gente se iba sumando, de diferentes edades y sectores sociales.
La protesta fue convocada por la Universidad Nacional de Córdoba -al frente de las columnas estaban el actual rector, Jhon Boretto, y el candidato que lo enfrentará en las elecciones Pedro Pérez-, el gremio de los docentes (Adiuc) y la Gremial San Martín, que nuclea a los trabajadores no docentes.
También se sumaron los Centros de estudiantes de cada una de las facultades, junto a la Federación Universitaria de Córdoba (FUC). Además, adhirieron y enviaron representantes de la Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC).
El gobernador Martín Llaryora y su antecesor, Juan Schiaretti -además de otros legisladores del oficialismo provincial- manifestaron a través de sus redes sociales el apoyo al reclamo de las universidades. En las calles, la diputada nacional Natalia de la Sota se sumó a las columnas de manifestantes.
En la provincia de Buenos Aires, en tanto, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) otorgó facilidades académicas y administrativas para que la comunidad educativa pudiera participar de la movilización. La disposición alcanzó a la Presidencia, colegios preuniversitarios y dependencias de la Universidad.
En Rosario, una multitud se movilizó para visibilizar la situación presupuestaria de las universidades nacionales. El reclamo comenzó a las 15:30 con una concentración en Plaza San Martín. Desde allí se realizó una marcha que concluyó en el Monumento a la Bandera, con las calles colapsadas por la multitud.
La movilización y el reclamo no fueron los únicos protagonistas. La Universidad Nacional de Rosario aprovechó para mostrar la importancia de la educación pública. En la previa a la movilización colocó una carpa en la plaza para realizar extracciones de sangre con el objetivo de avanzar en estudios sobre el cáncer.
En Mar del Plata, la marcha tuvo como punto de partida el complejo central de la Universidad Nacional de Mar del Plata y avanzó por más de 2.000 metros hasta el microcentro, donde se completó la protesta con un acto bajo la consigna de defensa de la educación pública y más recursos para la universidad.
Las autoridades académicas y gremiales se ubicaron a la cabeza de la marcha, que como en sus anteriores expresiones, logró una altísima convocatoria que excedió a los protagonistas del sistema universitario y sumó acompañamiento de organizaciones sindicales, organizaciones sociales, políticas y vecinos en general.
En Mendoza, miles de estudiantes, docentes, personal no docente y organizaciones sociales -además de público en general- dijeron presente en la movilización, que partió desde el predio de la UNCuyo, en el Parque General San Martín, hasta la tradicional Plaza Independencia, en el microcentro provincial.
La columna de manifestantes estuvo encabezada por la rectora Esther Sánchez y las cuatro listas que se presentaron para las próximas elecciones al Rectorado en la casa de altos estudios, que se celebrarán el 9 de junio. “No es una marcha opositora y la sociedad acompaña la causa”, expresó la rectora de UNCuyo.
En la marcha no hubo funcionarios de primera línea del gobierno radical que comanda el gobernador Alfredo Cornejo, reconocido ex alumno y militante de la UNCuyo, hoy aliado políticamente a La Libertad Avanza (LLA).
“Desde Mendoza hemos planteado que antes de discutir reformas educativas, necesarias, el país necesita discutir el financiamiento educativo”, señaló de todos modos Zalazar. En la marcha fue común y coincidente una respuesta, entre alumnos y docentes. “La ley ya se aprobó y no se da cumplimiento”, dijeron.
En Río Negro, las principales concentraciones se dieron en Bariloche, El Bolsón, Viedma, General Roca y Choele Choel. En el caso de Bariloche, la comunidad en general y los docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro se sumaron a la convocatoria de la red de Becarios de Conicet en Patagonia Norte.
El rector de la UNRN, Anselmo Torres, denunció formalmente ante la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, Farida Shaheed, la situación de extrema gravedad institucional, social y humanitaria que atraviesa el sistema universitario en la República Argentina y solicitó su intervención.
La denuncia del rector subrayó que el Estado argentino dispone de fuentes de recaudación alternativas, como impuestos coparticipables o la revisión de gastos tributarios, que permitirían solventar la inversión educativa sin comprometer el equilibrio fiscal, en lo que constituyó un mensaje directo al Gobierno nacional.
En Chubut, la comunidad universitaria volvió a las calles de Comodoro Rivadavia. La movilización comenzó en el playón de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y avanzó hacia el centro con la participación de docentes, no docentes, estudiantes, organizaciones sociales y sindicatos.
En la región también hubo convocatorias en Neuquén, Bariloche, General Roca y Viedma. Uno de los ejes centrales del reclamo estuvo vinculado al deterioro del presupuesto universitario. Desde la UNPSJB advirtieron que las partidas previstas para 2026 quedaron rápidamente desactualizadas a raíz de la inflación.
Durante la convocatoria también se expuso la preocupación por el congelamiento de las becas estudiantiles. Las autoridades universitarias señalaron que la pérdida del poder adquisitivo afecta directamente la permanencia de estudiantes en el sistema educativo, en un contexto económico complejo para las familias.
En Santa Cruz, en medio de una tarde helada y ventosa en Río Gallegos, los docentes, gremios y estudiantes se concentraron en la esquina donde se cruzan las avenidas San Martín y Kirchner, escenario principal de reclamos y protestas. Allí una gran bandera argentina fue la protagonista de la marcha.
Las comunidades de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, UNPA, como la Facultad Regional Santa Cruz de la UTN se concentraron a unas cuadras del centro de la ciudad. La marcha estuvo encabezada por la rectora de la UNPA, Roxana Puebla y el decano de la UTN, Sebastián Puig.
En Misiones, la Plaza 9 de Julio fue el epicentro de la marcha en defensa de la universidad pública, y especialmente pidiendo por el descongelamiento de las becas universitarias, el presupuesto de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM). También hubo marchas en otras ciudades como Eldorado.
Provocaciones: la feroz ofensiva de Alejandro Álvarez contra las universidades
En la cuenta regresiva para la cuarta Marcha Federal Universitaria, el Gobierno decidió apagar el incendio con nafta. Lejos de buscar paños fríos, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, agitó las redes sociales con burlas y acusaciones. La artillería virtual estuvo respaldada por una sugestiva foto de trabajo que el funcionario difundió junto a la ministra Sandra Pettovello, exhibiendo una total unidad de mando en la cartera.
La cumbre entre ambos sirvió para delinear el nuevo contragolpe oficial. Tras el encuentro, el ministerio de Capital Humano anunció la creación de una página web específica para que cualquier ciudadano audite el destino de los fondos educativos. La jugada libertaria busca “puentear” al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y exponer los números concretos del sistema.
Pettovello defendió la embestida y rechazó las denuncias de las universidades como “persecución ideológica”. “Nosotros no tenemos ninguna animosidad contra la universidad pública”, aseguró la ministra en la previa de la movilización. En esa línea, remarcó que el objetivo de la Casa Rosada es garantizar un “gasto eficiente” y transparentar una inversión financiada por los contribuyentes.
Pero el debate presupuestario quedó rápidamente eclipsado por las provocaciones de Álvarez. Fiel a su estilo confrontativo, el subsecretario reposteó mensajes que se burlaban del lenguaje inclusivo (“les negres”) en los textos de la Universidad de Lanús. También avaló publicaciones de terceros que acusaban a las facultades de encubrir a “rectores presos o procesados por malversación”.
Sumado a la pelea twittera, la dupla libertaria apuntó directo a la caja de los hospitales educativos. El Gobierno anticipó que en los próximos días convocará a un grupo selecto de rectores. El objetivo de esa reunión será desarmar el actual esquema de reparto de fondos de salud y terminar de raíz con lo que consideran una distribución “absolutamente discrecional”.
Además de las provocaciones digitales, el oficialismo desactivó discursivamente el principal motor de la protesta. Álvarez sentenció que la Ley de Financiamiento que exigen los gremios es inaplicable. “No se puede cumplir porque es abstracta, quedó derogada al aprobarse el Presupuesto”, marcó tajante el subsecretario de Políticas Universitarias.
El funcionario fue más allá y apuntó contra supuestas falencias técnicas de la ley vetada por Javier Milei. explicó que la norma prometía aumentos salariales del 50 %, pero incumplía la Ley de Administración Financiera. Según detalló, el texto aprobado por el Congreso omitía el requisito básico de especificar de dónde saldrían los recursos.
Álvarez señaló que ciertos sectores buscan “cambiar el eje de la discusión” y advirtió que la protesta estará “copada” por la dirigencia opositora.
Mientras el asfalto porteño se prepara para otra jornada de tensión extrema, la pulseada de fondo se traslada a los tribunales. El Ministerio de Capital Humano celebró la reciente decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que habilitó la vía extraordinaria para que esta disputa millonaria termine siendo resuelta por la Corte Suprema de Justicia.
El Gobierno profundizó el ajuste a la ciencia y agitó la previa de la cuarta marcha universitaria
Por Eugenia Muzio
Economía activó más recortes como parte del pedido de Manuel Adorni. Ajustes e inversión en niveles del 2002.
Becas de investigación, proyectos nucleares, compras de libros, digitalización e innovación tecnológica. Además de los gastos comunes que mantienen en pie a las universidades nacionales, el Gobierno volvió a pasar la motosierra por gastos dedicados al desarrollo estratégico del conocimiento. Un recorte que responde a un pedido expreso del jefe de Gabinete, Adorni, y que ocurrió en la previa de la cuarta marcha federal en la que las casas de estudio de todo el país reclamarán por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario que actualiza por inflación los salarios y las cuentas corrientes para que las aulas sigan en funcionamiento.
Entre transferencias a universidades, educación y ciencia y tecnología, el Gobierno recortó gastos por casi $110.000 millones, según se desprende de la Decisión Administrativa 20/2026 publicada en el Boletín Oficial, como parte de lo solicitado por el jefe de los ministros al titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo. De acuerdo a fuentes oficiales, se trata de una medida tomada para “atender la exigencia de cubrir leyes que no tienen un respaldo financiero”. Se refirieron así a la normativa vigente que el Ejecutivo suspendió de hecho luego de idas y vueltas en el Congreso y que este martes motivó una movilización bajo la consigna de la crisis presupuestaria.
El bisturí en Educación y el bloqueo a las universidades
Solo en la Secretaría de Educación, el bisturí pasó por áreas sensibles: se le restaron $35.288 millones al Plan Nacional de Alfabetización y otros $21.686 millones a Infraestructura y Equipamiento. A esto se le suma un ajuste de $6.649 millones en Gestión Educativa —que incluye un recorte directo de $559 millones al rubro de becas— y bajas en el área de evaluación. En paralelo, el Ministerio de Economía bloqueó $5.303 millones en transferencias de capital destinadas a obras y recursos de las casas de estudio, impactando de lleno en instituciones clave como la UNLP, la UNSAM y la Universidad de Avellaneda.
En el ecosistema científico, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) lideró los recortes con una reducción de $19.742 millones en sus contribuciones figurativas, seguida por una quita de $8.763 millones a la Secretaría de Innovación. La CONAE, en tanto, perdió $4.409 millones, mientras que al CONICET se le recortaron $3.263 millones, paralizando la formación de nuevos talentos con una baja de $2.049 millones exclusiva para becas de investigación. El fortalecimiento de las TIC ($2.560 millones), la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación (I+D+i) y el parque Tecnópolis también sufrieron la motosierra.
Presupuesto de subsistencia y fuga de cerebros
“Muchas universidades están funcionando al límite de sus posibilidades”, planteó un directivo de una casa de altos estudios. Ocurre que, mientras que los presupuestos universitarios se mantuvieron casi congelados desde hace dos años, los gastos corrientes como la luz, el gas y el agua para el funcionamiento mínimo de las clases aumentaron sin freno. Desde que asumió Javier Milei la Presidencia, el presupuesto universitario cayó un 45,6%: el año 2023 pesaba el 0,72% del PBI y ahora apenas alcanza el 0,47% del PBI, de acuerdo a relevamientos que manejan en las universidades nacionales.
Se trata de un mínimo en dos décadas que sitúa al financiamiento por debajo de los niveles de la hiperinflación de 1989 (0,44%). Se acerca a los pisos absolutos de la dictadura militar de 1976 y 1977, de acuerdo a un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en CTI (CiiCTi).
Uno de los dramas de mediano plazo es la situación docente. Los salarios de los profesores cayeron un 32% en lo que va de la gestión de La Libertad Avanza y hubo alrededor de 10.000 renuncias, de acuerdo al conteo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Quedaron vacantes puestos de docencia en áreas más que estratégicas en términos del modelo económico que primó en lo que va del Gobierno de Milei, con sectores como la energía, la tecnología y la minería traccionando la actividad económica. A modo de ejemplo, sólo en Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), renunciaron 438 docentes e investigadores desde diciembre de 2023 hasta abril de 2026. “Se pierde uno cada dos días”, resaltan. En Ingeniería, se sumaron otros 342 profesores.
Un retroceso histórico: peores niveles que en 2002 y 1976
En el caso de los gastos dedicados a la Ciencia y la Tecnología, el panorama es el de un virtual desmantelamiento de la matriz de investigación. La Función Ciencia y Técnica (FCyT) acumula una caída de ejecución del 39,3% en el primer cuatrimestre frente al mismo período de 2023, perfilando un retroceso real del 47,7% para el cierre del trienio, señaló la entidad que estudia los gastos del área. Este hachazo sostenido ubicará al presupuesto del sector en apenas un 0,149% del PBI, lo que representa el nivel más bajo de toda la serie histórica iniciada en 1972.
Para dimensionar la magnitud del ajuste, la asfixia actual perfora incluso los pisos de financiamiento registrados durante la peor etapa de la crisis de 2002 (0,177%) y el inicio de la dictadura en 1976 (0,194%). Los números oficiales, además, sepultan por completo el cumplimiento de la suspendida Ley de Financiamiento del sector, que obligaba al Estado a alcanzar una inversión del 0,520% del PBI para este año.
Además del desplome del 40,3% en el poder adquisitivo de salarios y becas del CONICET desde noviembre de 2023, los fondos destinados a mantener activos los proyectos están al borde de la parálisis: la Agencia I+D+i (principal fondo sectorial de inversión) sufre una brutal caída del 86,3% en los últimos tres años. A esto se suma el ahogo a organismos de punta, con recortes que alcanzan el 61,2% para la CONAE —clave en la participación nacional dentro de la misión aeroespacial Artemis de la NASA— y cercanos al 47% para la CNEA y el INTA.
La postal del apagón científico se agrava al revisar la caja diaria: del escaso presupuesto ejecutado en concepto de transferencias, el 43,3% figura hoy como “deuda flotante”. Es decir, de los pocos fondos aprobados para sostener al sistema, casi la mitad se encuentra impaga.
Baradel deja de conducir el Suteba después de 20 años
El miércoles 13, se desarrollaron las elecciones de SUTEBA, el gremio docente de la provincia de Buenos Aires, en un marco de muy baja participación. Según relevaron fiscales de la oposición Multicolor, la participación promedió entre un 40% del padrón, e incluso hubo distritos con apenas un 26%. Este alto nivel de abstención refleja un profundo descontento con la conducción oficial de la Celeste-Violeta, pese a sus intentos de renovar figuras.
En este escenario, la Multicolor consolidó su presencia: mantuvo seccionales que ya son referencia como Tigre y Bahía Blanca, y recuperó la emblemática y populosa seccional de La Matanza. En Ensenada en el marco de una importante elección, la Multicolor presentó una impugnación, a raíz de una elección que se definió por solo tres votos, y será revisada por la Junta Provincial. Allí, la lista oficialista contó con el abierto apoyo del intendente Mario Secco, quien incluso se acercó al cierre de la elección, mostrando el involucramiento del aparato político local en favor de la Celeste-Violeta.
La recuperación de La Matanza se da, además, luego de meses atravesados por una profunda bronca docente. En ese distrito se realizaron importantes movilizaciones para exigir justicia por Cristian Pereyra, el docente asesinado por un policía mientras trabajaba como chofer de Uber para intentar llegar a fin de mes. Su caso puso de relieve una realidad extendida entre miles de trabajadores de la educación: salarios por debajo de la canasta familiar, sobrecarga laboral y la necesidad de multiplicar cargos, módulos o trabajos extra para sobrevivir. Una situación frente a la cual la conducción Celeste-Violeta viene dejando pasar el ajuste de manera pasiva, mientras empeoran las condiciones de vida y trabajo en las escuelas.
Nathalia González Seligra, secretaria gremial electa por SUTEBA Matanza, afirmó: “Este triunfo es fruto de una enorme pelea, de la organización en las escuelas, y de la solidaridad que construimos en cada lucha. Sabemos que el camino es organizarse, resistir al ajuste de Milei y al recorte provincial que está haciendo Kicillof y seguir peleando por salarios dignos y por la educación pública para las familias de nuestras escuelas.”
Se trata de una conquista que en un momento de profunda crisis social, tiene que ser un nuevo puntal para la organización independiente, que se plantee no sólo las demandas inmediatas, sino la lucha junto a la comunidad educativa para derrotar el plan de hambre que quiere imponer el régimen del FMI no solo a la docencia sino al pueblo trabajador.
Chubut: frente acampe docente el ministro se escapa por los techos
En el marco del paro de 48 horas convocado por la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECH), docentes autoconvocados iniciaron en la tarde del lunes 11 de mayo un acampe frente a la sede del ministerio de Educación, en la ciudad de Rawson.
A esta medida se suma el paro por 5 días que anunciaron desde ATE y la CTA Autónoma para las y los trabajadores de las carteras de Salud, Educación y Desarrollo Humano en toda la provincia.
La decisión de los docentes autoconvocados de realizar el acampe es parte de la pelea por reabrir las paritarias que el gobierno cerró contra el reclamo de las y los docentes de un salario básico inicial de $1.500.000. Un aumento que fue rechazado mayoritariamente por la docencia. Un rechazo tan masivo que le impuso a los dirigentes de la Celeste de ATECH convocar al paro de 48 horas.
La falta de voluntad política del gobernador Torres y del ministro de educación, José Luis Punta, es tan evidente, que prefirió acordar contra los docentes, con 4 sindicatos de escasa representación en la base: SITRAED, AMET, UDA y SADOP que actúan como apéndices del gobierno contra los docentes.
Y, por otro lado, la prepotencia del ministro, se chocó con una docencia que se plantó y dijo basta de salarios de hambre y ante esta situación, en la noche del lunes, el ministro prefirió salir por los techos del ministerio que por la puerta donde estaban los docentes. El blooper del año que será recordado por toda la docencia al ver al ministro escaparse por los techos.
Los motivos de esta lucha son muchos, uno de ellos es que, en abril, las provincias de la Patagonia encabezaron el ranking de precios más altos. Santa Cruz presentó el changuito más caro del país, con un valor de 984.263 pesos. Le siguieron Chubut ($968.415), Tierra del Fuego ($960.700), Río Negro ($931.368) y Neuquén ($911.677).
Así, docentes que ganan entre $600.000 y $700.000 pesos no cubren la canasta básica familiar, a la que le tenemos que agregar el alquiler que según la ciudad puede ir desde $600.000 a más de $1.000.000.
El martes 12 se mantuvo el acampe y lxs docentes autoconvocados participaron de la movilización para que se cumpla la Ley de financiamiento universitario y decidir cómo sigue la lucha.
Sigue la lucha por aumento salarial
La lucha docente sigue en la provincia de Chubut luego del paro de 48 horas convocado por el sindicato ATECH tras haber rechazado la propuesta paritaria del gobierno de Torres.
Tras el levantamiento del acampe en el ministerio de Educación, decidido en asamblea, se resolvió impulsar este miércoles 13 volanteadas en Rawson y Trelew.
Al finalizar la actividad en Trelew se realizó una asamblea en la Plaza Independencia que resolvió:
– Acompañar a les trabajadores de la Salud el día viernes (hacen paro) en las acciones que lleven adelante.
– Sábado, a las 16:00: asamblea abierta en la universidad (a confirmar el aula).
– Jueves 14, a las 12:00. Panfleteada en el semáforo de la ruta donde está el hospital María Humphrey.
– Lunes faltazo masivo para ir a Rawson a exigir la recomposición salarial.
Por su parte desde el miércoles 13 se realizaba una nueva paritaria entre el gobierno provincial y los auxiliares de educación en Rawson.
Represión policial en el primer día del paro docente de 48 horas en Río Negro
En Río Negro la docencia convocó un paro de 48 horas para reclamar por la apertura de la paritaria salarial ante la falta de respuestas del gobierno de Alberto Weretilneck.
Desde la mañana del martes 5 se realizaron protestas en los puentes carreteros que unen la ciudad rionegrina de Cipolletti con Neuquén capital, donde se acercaron docentes de dicha provincia para dar su apoyo. En ese marco la policía rionegrina reprimió a los manifestantes.
Según relataron docentes que estaban allí presentes, la movilización se desarrollaba de forma pacífica hasta la intervención de las fuerzas de seguridad. Además, testigos denunciaron empujones, corridas y el uso de gas pimienta, lo que generó caos y complicaciones para respirar entre los presentes. También indicaron que intentaron dialogar con el jefe del operativo, pero no hubo respuestas.
Laura Ortiz López, Secretaria General de UnTER (Unión de trabajadores de la Educación Río Negro), contó: “Nosotros ya nos hemos parado sobre la ruta y no hemos generado ningún tipo de malestar. Pero el gobierno provincial ejecutó de mano de la policía la represión a los docentes rionegrinos. Es hora que todos y todas tengamos que salir a defender nuestros derechos porque la verdad que este gobierno no tiene límites”.
Además pidió a las autoridades provinciales que dejen de reprimir: “Le pedimos al gobierno provincial que frene, que lo único que hacemos los docentes es salir a visibilizar lo que él quiere hacer desconocer al resto. Le decimos al gobernador que nos convoque a paritaria y que frene tanta violencia”.
El sindicato que nuclea a docentes rionegrinos emitió un comunicado rechazando al violencia estatal: “Repudiamos y denunciamos con bronca, con indignación y con absoluta claridad política la represión que sufrimos quienes salimos a las calles a reclamar. No hay eufemismos posibles: Weretilneck mandó a reprimir a la docencia rionegrina”.
El miércoles 6 continuó con un segundo día de paro en todas las seccionales de la provincia y sin respuestas oficiales el reclamo se profundiza mientras no se descartan nuevas medidas.
Entre sus peticiones, UnTER exige una recomposición salarial que ubique el salario mínimo docente en dos millones de pesos, el pase progresivo de sumas no remunerativas al básico y la continuidad de la actualización por inflación, con incorporación de un índice patagónico.
La juventud le pone freno al show empresarial de Jorge Macri
Por Marilina Arias
El gobierno porteño llevó a estudiantes al Movistar Arena para promover el emprendedurismo y la meritocracia bajo el programa ACAP. Un mega evento costosísimo de adoctrinamiento. La juventud lo repudió y abucheó a oradores ligados a estafas virtuales. Crece la bronca y la organización de lxs secus en defensa de la educación pública y su futuro.
La postal es insólita, pero no sorprende: estudiantes secundarios de la Ciudad de Buenos Aires, obligados a asistir en el marco de las prácticas ACAP, son llevados en masa al Movistar Arena, donde no los espera una jornada educativa, sino una catarata de discursos sobre inversiones en billeteras virtuales, experiencias “libertarias” y relatos de emprendedurismo todo con imágenes yankys en la pantalla gigante. Todo, bajo el paraguas del gobierno de Jorge Macri y su ministra Mercedes Miguel, que no hacen más que profundizar una política de adoctrinamiento empresarial y meritocrático que ya venía de la mano de Soledad Acuña y Rodríguez Larreta. Un mega evento costosísimo de adoctrinamiento promoviendo a estafadores virtuales, mientras “no hay plata” para becas estudiantiles, ni para una digna alimentación en las escuelas porteñas.
Las ACAP: trabajo gratuito y propaganda empresaria
Desde su implementación en abril de 2022, las ACAP (Actividades de Aproximación al Mundo del Trabajo) fueron denunciadas por la comunidad educativa como un dispositivo que, lejos de fortalecer la formación, transforma a los pibes y pibas en mano de obra gratuita para empresas amigas del poder. No hay ningún criterio pedagógico, las tareas muchas veces no tienen relación con las orientaciones de los estudiantes y, lo que es peor, se obliga a cursar 120 horas fuera de la escuela, sin ningún tipo de compensación ni marco regulatorio serio. El único “beneficio” es para las empresas, que acceden a incentivos fiscales y se llevan el sello de “compromiso educativo”. Todo un negocio redondo para el Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE) y las cámaras empresariales beneficiadas.
La Auditoría General de la Ciudad ya lo había dejado claro: las ACAP no son otra cosa que un modelo de tercerización educativa, funcional a la lógica del mercado y al proyecto de mercantilización de la escuela pública. El gobierno, lejos de escuchar el rechazo de docentes y estudiantes, redobla la apuesta y profundiza la avanzada privatista con estas jornadas de “inspiración” en el Movistar Arena.
La jornada en cuestión no fue más que un show, donde uno de los oradores principales era conocido por haber apoyado la estafa de la firma $Libra, que generó un verdadero escándalo entre la juventud. No casualmente, fue silbado y abucheado por los propios estudiantes, que le dejaron en claro que la nueva generación no compra el verso del sálvese quien pueda ni la meritocracia como norte. Se trata de Ariel Sbdar, conocido inversionista que celebró y promovió la compra de $ LIBRA una criptomoneda que promovió el presidente de la nación Javier Milei y que resultó ser una ESTAFA conocida como rug pull, que consiste en que los creadores de la criptomoneda abandonan repentinamente el proyecto y se llevan todos los fondos invertidos por los usuarios. Entre otros de sus oradores estaba Martín Migoya referente del sector privado que ha manifestado en varias ocasiones su apoyo al rumbo económico de Milei, especialmente en lo que respecta a la flexibilización laboral y la competitividad internacional y ha celebrado públicamente leyes como la Ley Bases entendiéndola como una herramienta para que las empresas puedan crecer sin “trabas estatales”.
Mientras el gobierno intenta instalar que la solución a la crisis educativa es que cada pibe aprenda a invertir en criptoactivos o a “emprender” para salvarse solo, la respuesta de la juventud es clara: nadie quiere ser mano de obra barata, ni mucho menos caer en las trampas de un sistema que sólo busca precarizar y despojar a las mayorías. Las chicas y chicos que asistieron al Movistar Arena no sólo cuestionaron la falta de contenido real y pedagógico, sino que repudiaron abiertamente las recetas de individualismo y éxito personal que les quieren vender desde arriba.
El repudio no es nuevo. Las ACAP ya habían sido el detonante de tomas de escuelas, sentadas, cartas y movilizaciones en defensa de la educación pública, mejores condiciones edilicias y viandas dignas. La comunidad educativa viene denunciando que lo que buscan Macri y Miguel es instalar una visión empresarial y privatizadora, responsabilizando a los jóvenes y sus familias por la crisis, mientras desfinancian la escuela pública y precarizan la vida de docentes y estudiantes.
La juventud porteña muestra una vez más un ejemplo de organización colectiva, rechazando el adoctrinamiento meritocrático, las estafas con máscara de innovación y la precarización del futuro. Frente a los discursos del individualismo y el “emprendedurismo”, la bronca se canaliza en asambleas, boicots y acciones colectivas. Porque la salida no es el sálvese quien pueda, sino la lucha y la organización desde abajo, defendiendo la educación pública y los derechos de la juventud trabajadora.
Jorge Macri contra la ESI
Distintas trabajadoras del programa, integrantes de un equipo interdisciplinario que hace más de 25 años camina las secundarias porteñas. Su tarea: garantizar que el embarazo o la paternidad no les implique exclusión educativa.
Son quienes acompañan a los pibes y pibas en la toma de decisiones autónomas, libres de estereotipos y violencias, y quienes tienden puentes hacia centros de salud y hospitales en los barrios. Sin embargo, este 2026 arrancó con un plan de ajuste que busca desarticular uno de estos lazos. Muchas de estas trabajadoras llevan años cumpliendo este rol fundamental para el ejercicio de la ESI.
El trabajo de las profesionales del programa, no solo acompañan trayectorias, sino que son la puerta de entrada a la Educación Sexual Integral (ESI) en las comunidades más vulnerables. “Nuestra tarea consiste en generar estrategias y condiciones institucionales para garantizar el derecho a la educación de esta población. Esto incluye talleres de afectividad, consentimiento y vínculos saludables, pero también acercar a los estudiantes a servicios de salud a los que muchas veces no acceden fácilmente”.
Su rol es fundamental porque, como ellas mismas explican, buscan ofrecer una “escucha abierta y desprejuiciada”, entablando vínculos de confianza que no juzguen a las y los adolescentes en sus decisiones.
Además, son quienes intentan conseguir recursos que no están llegando a las escuelas, como preservativos, anticoncepción hormonal de emergencia, y test de embarazo, que el Estado incumple desfinanciando todo lo referido a la ley de salud sexual y reproductiva.
El vaciamiento no son números en un presupuesto, tiene nombres y consecuencias concretas. “Iniciamos el 2026 con dos compañeras menos que debieron volver a sus cargos de base sin mediar aviso ni fundamentos”, denuncian las trabajadoras.
El inicio de este 2026 ha sido un escenario de guerra contra la educación pública. Las trabajadoras denuncian un plan sistemático de vaciamiento: fuga de horas y cargos, pérdida de horas institucionales que antes se destinaban a horas pagas para referentes, cargos sin cubrir por licencias y jubilaciones. Quedan muchas instituciones educativas completamente abandonadas sin acompañamiento sistemático, lo que genera sobrecarga en el equipo y deja a 45 escuelas sin referentes del programa.
A esto se suma la nueva reforma BA Aprende que impide la designación de docentes referentes, lo que rompe el acompañamiento diario en cada escuela.
Hasta hace pocos días también el gobierno pretendió incorporar la geolocalización a las a las trabajadoras de planta del programa mediante sus teléfonos personales y lo hicieron en el celular de una trabajadora del programa que es delegada gremial del sindicato UTE. Gracias a la organización del rechazo por parte de las y los trabajadores lograron eximir esta imposición de vigilancia y control. ¿Quién controla lo que hace el gobierno que desfinancia y vacía la educación sexual integral que es ley nacional y también en CABA?
El ataque se completa con resoluciones que buscan desguazar la esencia pedagógica del programa. Las trabajadoras alertan sobre la Resolución Nº 153-26, que permite “instrumentar evaluaciones externas en términos puramente cuantitativos, economicistas y eficientistas, que pueden incidir en la continuidad de los programas e incluso contemplar la desafección de trabajadores”.
Asimismo, denuncian que fragmenta su tarea, separando la prevención de la intervención, lo que “pone en riesgo la continuidad de nuestras acciones y el enfoque de promoción de derechos”.
Frente a esta avanzada, la respuesta es la organización. “Nos declaramos en estado de asamblea permanente”, plantean las referentes.
Las trabajadoras del programa se encuentran articulando con otros sectores en lucha y redes de la comunidad para que esta denuncia llegue al gobierno de la ciudad y que los sindicatos lo tomen en sus manos como parte de la pelea en defensa de la ESI y las condiciones de trabajo.
Las docentes están luchando por la creación urgente de cargos que fortalezcan los equipos interdisciplinarios, y por una ESI con presupuesto real.
¡Basta de persecución! ¡Titularización inmediata y concurso de todos los cargos vacantes! ¡Presupuesto para educación y ESI!
La pelea de las trabajadoras del programa es la pelea de toda la comunidad educativa.
Seguí la lucha y contactate con: @trabajadorxsEMPA
Escuelas bajo amenaza
Ponemos a disposición un dossier con diferentes notas, videos, programas de streaming, salidas públicas y posteos realizados por docentes y secundarios, referentes políticos, especialistas y de sindicatos recuperados, compilado y escrito por la Corriente docente Nacional 9 de Abril, al calor de la situación abierta en las escuelas tras la aparición de las pintadas amenazantes en las escuelas.
Frente a las amenazas y situaciones de violencia que atraviesan distintas escuelas del país, los gobiernos vienen respondiendo con una orientación cada vez más punitiva: presencia policial, sanciones, protocolos represivos, criminalización de estudiantes y responsabilización de docentes y familias. Mientras tanto, se profundiza el ajuste educativo, la precarización de las condiciones de vida, la pobreza infantil y el deterioro de los espacios de acompañamiento, socialización y organización colectiva.
En distintas provincias, la comunidad educativa empezó a dar respuestas por diversas demandas urgentes con luchas provinciales muy fuertes. Estas luchas tienen como ejes el salario docente, las condiciones de trabajo, junto con la denuncia del ajuste a la educación y la situación crítica de las familias de la escuela.
Lo que está en juego es cómo enfrentamos una crisis social que golpea de lleno en las escuelas: si es con castigo, estigmatización y mano dura a los estudiantes y docentes o con es con la autoorganización de los propios estudiantes entendiéndolos como sujetos políticos y el conjunto de la comunidad educativa, exigiendo presupuesto para educación y salario, equipos interdisciplinarios, entre otras medidas.
Ponemos a disposición este dossier con notas, entrevistas, videos y debates producidos en distintas provincias, para profundizar una discusión urgente: qué respuestas necesitamos y cómo organizarnos contra las salidas punitivas de los gobiernos.
Santa Fe. La escuela como caja de resonancia: un alumno de 15 años mató a un compañero. Un estudiante de nivel secundario fue asesinado por un compañero en la escuela. En un hecho que, por su crudeza y contexto, obliga a que pensemos ¿Qué condiciones de existencia hicieron que la única respuesta posible ante el conflicto fuera la eliminación física del semejante?
Comunidades digitales. La-gamificacion-del-odio-en-las-adolescencias-mas-alla-del-aula”.laizquierdadiario.com/La-gamificacion-del-odio-en-las-adolescencias-mas-alla-del-aula”” del odio en las adolescencias más allá del aula. Frente a comunidades digitales que codifican el odio, profundizamos en la urgencia de reconstruir lo común. Se trata de encontrar las grietas por donde transformar el desencanto de una época en fuerza compartida, apostando a la potencia colectiva frente a la pulsión de muerte que hoy asoma desde los márgenes.
Provincia de Buenos Aires. Docentes paran el 21 de abril contra el ajuste, por salario y presupuesto educativo. La medida fue votada en un plenario provincial de delegados llamado por la Multicolor, será en el marco del paro nacional de estatales de ATE y en coordinación con las luchas docentes provinciales. Exigen la reapertura de paritarias y presupuesto para educación. Incluyendo recursos para salud mental y equipos de orientación escolar frente a las amenazas virales de tiroteos en las escuelas. Rechazan la campaña de estigmatización sobre la juventud.
Medios de comunicación. Gramática del cinismo. ¿Quién edita el show de los pibes esposados? Los grandes medios usan una lupa para convertir una pintada en un baño escolar en un acto ’terrorista’, pero cierran los ojos frente a las masacres que ocurren fuera de sus márgenes.
Jujuy. ¿Cooperación o punición? ¿Escucha o castigo? Dos salidas antagónicas para las “amenazas” en escuelas. Esta nota se propone abrir debates y reflexiones en pos de buscar explicaciones que vayan más allá de la superficie para analizar desde una perspectiva pedagógica crítica las pintadas de “mañana tiroteo”.
Pobreza infantil. Inaceptable. 6 de cada 10 niños y niñas son pobres, pero las políticas estatales son punitivas. El 30% las infancias y adolescencias sufren de inseguridad alimentaria, aunque Argentina sea el tercer exportador de alimentos del mundo. Una desigualdad sin sentido. Hay que invertir las prioridades: mejorar la calidad de vida, en vez de criminalizar.
Chubut. Violencia en las escuelas: la respuesta punitiva de Torres en Chubut que no escucha a la comunidad educativa. En Trelew, Pto. Madryn, Comodoro Rivadavia y otras ciudades de Chubut también se poblaron de los retos virales de amenazas de tiroteo que exponen una crisis más profunda: chicos que narran la violencia porque no encuentran otros lenguajes. Por Ariel Iglesias y Sasha.
Retos virales. Simulacros, ajuste y el derecho a ser mirados. Los retos virales de amenazas de tiroteo exponen una crisis más profunda: chicos que narran la violencia porque no encuentran otros lenguajes. Qué hay detrás del “click” que paraliza a las instituciones?
Córdoba: La pelea de las y los docentes por salarios dignos es también la pelea por los derechos de les estudiantes a tener una educación pública de calidad, en escuelas que estén en condiciones. No a la criminalización de la Juventud. Por Laura Vilches.
Mendoza. Más de 600 amenazas de tiroteos en escuelas de todo el país. ¿Qué hay detrás?. Editorial de Virginia Pescarmona en “La 9 en la Radio” todos los sábados de 14:30 a 15:30 hs. Radio Comunitaria Cuyum FM 89.3.
Santa Fe. convierten una crisis social en un problema penal. El Ministerio de Educación de Santa Fe envió una circular a las escuelas anunciando allanamientos, secuestro de celulares y causas penales para los jóvenes que hicieron amenazas. Ni una palabra de la aguda crisis social y la vulnerabilidad de la que son víctimas las adolescencias.
CABA. Las medidas punitivas no son la respuesta. Por la auto organización de la juventud y la pelea por su futuro. Por Corriente Nacional 9 de Abril Docentes.
Adoctrinadxs. Escuelas bajo amenaza, H y crisis social: ¿cómo nos organizamos? En este nuevo episodio de Adoctrinadxs nos planteamos un intercambio necesario sobre la situación en las escuelas ante las amenazas de tiroteos, los retos virales en redes, el avance del punitivismo, la crisis social y las formas de organización.
Legislatura de la Ciudad:
D’Atri: “Sólo responden con represión mientras falta salud mental en las escuelas”
Federico Puy cruzó el enfoque punitivo: “No es con castigo, es con pedagogía”
Estudiantes en alerta: “La respuesta fue mandar policía a las escuelas” por Mateo Pereyra, estudiante del Colegio Nacional de Buenos Aires.
Caba. Estudiantes, familias y docentes rechazan la presencia policial como respuesta a la crisis social. En medio de una creciente preocupación por amenazas en instituciones educativas, el Gobierno de la Ciudad volvió a apostar por una respuesta que genera amplio rechazo: el ingreso de fuerzas policiales a las escuelas.
C5N. “Estamos hablando de infancias en situación crítica”, señaló, y exigió mayor presupuesto, salud mental en las escuelas y el freno al ajuste educativo.
Conflictos en provincias
En Tierra del Fuego sigue el conflicto, tras la propuesta de aumento de 1% del gobernador Melella. El gremio SUTEF anunció una nueva jornada provincial de desobligaciones y movilización para el lunes 27 de abril, como continuidad del conflicto salarial y de financiamiento educativo. En Río Grande hubo concentración frente al Ministerio de Educación.
Con distintas agendas, siguen abiertos los conflictos en Río Negro, Misiones, Santa Cruz, Entre Ríos y San Juan. En Córdoba, el gobierno de Llaryola y la burocracia Celeste cerraron la paritaria con represión y fraude.
A dónde vamos no hay becas, ni compus, ni edificios
El Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar) es la principal política nacional de becas educativas. Desde su creación en 2014 atravesó distintas gestiones hasta convertirse en ley en 2023. Está dirigido a jóvenes de 16 a 30 años que viven en hogares de bajos ingresos y cursan estudios secundarios, superiores o de formación profesional.
En 2015, la beca llegó a representar el 25 % de la Canasta Básica Total para un adulto. Hoy, sus destinatarios perciben entre 28.000 y 35.000 pesos, lo que equivale a casi la cuarta parte de su valor real en los inicios del programa y un 39 % de pérdida de poder adquisitivo en lo que va de la administración libertaria.
Pero eso no es todo. Si en el último año de la gestión de Alberto Fernández el Progresar alcanzó a 1,8 millones de destinatarios, en 2024, La Libertad Avanza redujo en casi medio millón la cantidad de becarios. Y al finalizar este año, serán un millón los jóvenes que habrán dejado de recibir este apoyo. A su vez, la inversión en otras becas socioeducativas y de posgrado se redujo a la cuarta parte de lo invertido en 2023: de 618 a 156 mil millones de pesos.
A este cuadro se suma que, en sintonía con la decisión del gobierno nacional de frenar todas las obras en ejecución y desfinanciar la obra pública: el presupuesto destinado a la construcción o el mejoramiento de edificios escolares tuvo un recorte del 89%. Y la inversión en jardines de infantes es la quinta parte de la realizada en 2023. Los jardines son uno de los elementos de infraestructura escolar más paradigmáticos, porque fueron la excusa del macrismo para dar de baja Fútbol para Todos. Hoy no hay ni jardines ni fútbol ni escuelas.
El equipamiento tecnológico también brilla por su ausencia. El Conectar Igualdad fue una política de inclusión digital pionera en la región que dotó de computadoras a los estudiantes secundarios de todas las escuelas públicas del país. Mientras que en 2023 se repartieron 415 mil dispositivos, en los años siguientes no se entregó ninguno. La definición se da en un contexto donde 4 de cada 10 hogares argentinos no tiene acceso a una computadora.
“Va a ser muy dificultoso para todos esos jóvenes transitar un presente y un futuro superador. Detrás de los números hay un sistema educativo que requiere de un Estado Nacional que en algunos casos acompañe a las provincias, en otros que promueva políticas, pero bajo ninguna circunstancia que se retire«, analiza la legisladora porteña Maru Bielli, una de las impulsoras de Imaginar y Transformar.
Y acota: «Es tanto lo que le falta a la educación en nuestro país que lo cruento del derrumbe brutal de todas líneas presupuestarias hace pensar que su recuperación va a ser cada vez más difícil y que esto afecta a generaciones de niños y jóvenes, incluso más a quienes viven en las provincias con peores condiciones”.
Educación, trabajo y formación docente
El primer verano mileista concluyó con la eliminación del FONID, lo que profundizó el derrumbe salarial docente ocasionado por la crisis económica. Los ingresos de maestras y profesores están en un piso histórico, incluso peor que hace 20 años, antes de la sanción de la Ley Nacional de Financiamiento Educativo.
El FONID, instituido en 1998 como respuesta a la histórica manifestación de la Carpa Blanca, era un aporte del Estado nacional para mejorar los salarios docentes de todo el suelo argentino. Alcanzaba a casi 1,2 millones de trabajadores de distintos niveles educativos y representaba una proporción mayor en aquellas provincias con menor capacidad económica.
Según la jurisdicción y el año, podía equivaler entre el 5 y el 15 % del salario bruto. Tanto su eliminación como la desactivación del Fondo Nacional de Compensación Salarial no hace más que profundizar desigualdades territoriales.
“El gobierno de Milei se escuda en un falso federalismo para señalar la exclusiva responsabilidad de las provincias en las cuestiones salariales docentes rompiendo un consenso que tenía un cuarto de siglo en nuestro país”, sostienen desde IyT.
Y amplían: “Esta deserción, sumada a la recesión económica que sus políticas han inducido y a la retracción fiscal de los recursos que reciben las provincias, redunda en un retroceso en los ingresos laborales que, no sólo ha deteriorado las condiciones de enseñanza, sino que también está potenciando el abandono del sistema educativo por un sector creciente de la docencia”.
El futuro ‘libertario’ no promete ni buenos salarios ni capacitación para los encargados de educar a las nuevas generaciones. El presupuesto vigente para la formación docente ronda los 10 mil millones de pesos, lo que equivale al 0,2% del total de la Secretaría de Educación, una participación cinco veces menor a la que esta partida tuvo en promedio durante la última década. Además, la formación docente perdió casi el 68 por ciento de sus recursos en términos reales.
Política educativa del gobierno: Plan Nacional de Alfabetización y vouchers
El Plan Nacional de Alfabetización fue uno de los pocos anuncios educativos del oficialismo. Su objetivo, según afirmaron, es mejorar el aprendizaje de la lectura y la escritura en los primeros años de la Educación Básica. Sin embargo, más que una política nacional, se trata de 24 planes jurisdiccionales con diversos grados de implementación. A su vez, su principal actividad presupuestaria es una medida que se puso en marcha en 2022 para incorporar una hora más de clase diaria en las escuelas primarias, como indica el artículo N°28 de la Ley de Educación Nacional.
Una campaña de alfabetización sin libros parece destinada al fracaso. En 2024, por primera vez en 20 años, el gobierno nacional interrumpió la adquisición y asignación de ejemplares educativos a docentes y estudiantes de todo el país como apoyo para las actividades de enseñanza. Después de los reclamos, en el primer semestre de este año se avanzó con la compra de 8,6 millones de libros que comenzaron a enviarse a las provincias con el ciclo lectivo avanzado: la mitad de los 16 millones entregados en 2023.
En cambio, sí hubo dinero para los vouchers educativos. Un informe de septiembre del año pasado de la Jefatura de Gabinete indicó que se otorgó este beneficio a 833.000 estudiantes por un monto mensual promedio de 14.000 pesos. La cifra representa un tercio de los 2,4 millones de alumnos y alumnas de escuelas privadas.
“El voucher educativo puede ser entendido como la forma que encontró el gobierno nacional de postergar los efectos más negativos que el brutal ajuste económico está teniendo en un extendido segmento de las clases medias pero, al mismo tiempo, es la expresión de la eliminación extrema del Estado en la educación”, explica el escrito de LyT.
De acuerdo con el informe, no se trata de un gobierno que haya reducido el financiamiento –como hizo el ex presidente Mauricio Macri– sino que su estrategia parece avanzar hacia la eliminación de toda contribución financiera del Estado nacional a la educación: “Una clara expresión de la alianza entre el gobierno paleolibertario, sectores religiosos ultraconservadores y los promotores del denominado homeschooling”.
Estudiantes secundarios crearon la primera marca de memoria en Coronel Suárez
Tuvieron que pasar 50 años del golpe de Estado para que Coronel Suárez tenga por primera vez un lugar de memoria, una marca que nombre a los 17 vecinos y vecinas que fueron víctimas del terrorismo de Estado. El monumento fue inaugurado en el acto local por el 24 de marzo con la presencia del intendente Ricardo Moccero, funcionarios municipales, concejales, y estudiantes y docentes de la secundaria N° 4 que, en el marco de una investigación de Jóvenes y Memoria, promovieron la señalización en la localidad.
La memoria no es pasado para defender el presente”, dijo Donna Rossetti, una de las estudiantes que participó del proyecto en 2023. Sobre el verde césped al costado de las vías, también estuvieron Ignacio Funes Haidt y Benjamín Loustaneu, actuales alumnos de la escuela secundaria 4 de esa localidad. El concejal Miguel Desch felicitó a los protagonistas y a sus maestras por los 20 años del programa Jóvenes y Memoria.
“La idea surgió para reclamar que el acto del 24 de marzo también se realice en Coronel Suárez, porque acá también pasaron cosas, y surge la propuesta por parte de los chicos de que se haga un monumento en reconocimiento a los asesinados de la Triple A y a las víctimas de terrorismo de Estado, también desaparecidas y asesinadas durante la dictadura militar”, dijo la profesora Mariana Chapay.
Ella fue quien guió al grupo de estudiantes junto a su compañera, Valeria Sieben, en este programa de la CPM del que participan desde 2008, solamente con una interrupción en la pandemia. En 2023 fueron invitadas a una charla en el Instituto 160, que pertenece a la misma unidad académica Julio Lovecchio junto a la secundaria 4. “Contamos cómo trabajamos en Jóvenes y Memoria, cómo realizamos las investigaciones y en otra charla que brindaban fiscales de Bahía Blanca trajeron un documento con los desaparecidos y asesinados por la Triple A y la dictadura militar oriundos de Coronel Suárez. En ese momento nos dimos cuenta que la idea que teníamos sobre la cantidad de desaparecidos del distrito de Huangelén y de Coronel Suárez en realidad ni se asemejaba al número que manejaban ellos”, explicó Chapay. Fue así que pasaron de seis a 17 personas. Por otra parte, el 24 de marzo siempre se conmemora en Huanguelén porque allí fue asesinado Rodolfo Celso Ginni por la Triple A, y también había casos de desapariciones y de personas detenidas durante la dictadura que habían pasado por los centros clandestinos de detención.
“Era como que en el discurso social todo había pasado en Huangelén y como que en Suárez nunca había pasado nada. Bueno, ¿cómo podíamos dar vuelta ese discurso? Era mostrando, en cierta medida, lo que había pasado”, dijo Chapay. Así, junto a sus estudiantes realizaron un video que muestra que en Coronel Suárez se conmemora a los héroes de Malvinas, a las Madres, incluso hay un monumento al perro, a Evita, a San Martín, a Belgrano, a Isidoro Suárez, que tiene que ver con el nombre de la cabecera, a la bandera, a la diversidad, pero no había nada sobre las víctimas del terrorismo de Estado.
Tras la presentación del video en el encuentro de Chapadmalal en 2023 tuvieron que insistir mucho las profesoras y les pibes. “Creo que con el compromiso de los chicos y con el compromiso que nosotros asumimos como docentes en seguir insistiendo y que en algún momento nos tenían que decir que sí, que ese monumento se iba a hacer”, relató la docente.
Fuentes: La Izquierda Diario, El Deslome Web, Agencia Farco, Publicación Abierta, Perfil, Agencia Andar/CPM, Resumen Latinoamericano