Conflictos en los territorios ancestrales por la posesión de la tierra y la contaminación ambiental

Boletín de pueblos originarios

Por Mario Hernandez 

A 18 meses de la desaparición forzada de Julia Chuñil (Nación Mapuche – Chile)

Huelga de hambre del Lonko Jones Huala, secuestrado por la justicia

Lunes 18 de mayo de 2026

Al Juzgado Federal de Rawson N°2; al Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche y a quien corresponda.

Familiares y amigos del preso político mapuche, Lonko Francisco Facundo Jones Huala de Curramapu (Cushamen, Chubut) detenido preventivamente hace 11 meses en la Unidad Penal N°6 de Rawson, denunciamos la vulneración de sus derechos culturales y las graves condiciones carcelarias en dicho establecimiento.

El Lonko Facundo Jones Huala está llevando a cabo una huelga de hambre líquida hace 21 días en reclamo de condiciones carcelarias dignas, de un juicio justo y debido proceso, del traslado urgente hacia la Unidad 14 de Esquel por cercanía familiar y a su Lof, protocolos culturales acordes en el sistema penitenciario, respeto de los Artículos Constitucionales (Artículo 75 inciso 17 y 22), aplicación del Convenio 169 de la OIT, medidas diferentes al encarcelamiento, entre otras demandas. Asimismo, también denunciamos que la nota presentada por el Lonko Facundo a las autoridades penitenciarias con los puntos de su huelga casualmente aún sigue «desaparecida» desde el día que la inició. Y no hay respuestas sobre qué pasó con la misma, nadie se hace cargo. No tenemos dudas que se trata de una represalia porque su huelga deja a la intemperie las condiciones carcelarias que se sufren allí y las violaciones a los Derechos Humanos más básicos de toda la población carcelaria.

El pasado martes 12 de mayo, mientras se encontraba ausente, estudiando, realizaron una requisa en el pabellón, con puntual ensañamiento hacia su persona cuando se encontraba estudiando. En la celda volvieron a dañar la planta donde hace Nguillatu como Lonko espiritual. En la maceta le vaciaron una botella de agua dejándola completamente inundada junto con los restos de la misma. Asimismo, desparramaron su lawen (hierbas medicinales) por la celda hasta la ventana, sin tener en cuenta que no todos los lawen se pueden mezclar. Esto es grave, es una violación más a sus derechos como miembro de un Pueblo Originario Milenario, preexistente al Estado, con derechos constituidos internacionalmente, pero que aquí se atropella de forma sistemática. Recordemos que hubo otra requisa meses atrás donde sucedió lo mismo y desde entonces la planta se murió, por lo que el Lonko continuó haciendo sus rogativas con lo que quedó de la misma. Que el Lonko Facundo disponga de esa planta para sus rogativas forma parte de un acuerdo con el penal y el juzgado, donde se comprometieron a resguardar y respetar, sin embargo no se cumple lo mínimo para garantizar el desarrollo de su espiritualidad. Muy por el contrario, se profundizan los tratos crueles, inhumanos y degradantes, negándole también su derecho a hablar su propia lengua, el mapuzungun.

Al regresar, el Lonko Facundo, se encuentra con el escenario antes descripto y sus pocas cosas dañadas. Pidió a los celadores que se acerque un jefe para testificar lo ocurrido. Ningún superior acudió. Llega la instancia del recuento del día y el Lonko se negó reclamando la presencia de un jefe para documentar la situación como corresponde. Es cuando un encargado entra a la celda solo a mirar, pero sin registrarlo formalmente, mientras otro encargado continuaba con el recuento al mismo tiempo que hostigaba al Lonko Facundo en una actitud racista ya repetida en otras ocasiones. Denunciamos que este amedrentamiento fue mediante insultos y amenazas, incluso negando lo que estaba a la vista, con la escopeta cargada en las manos lista para disparar. Esto es de una gravedad que no puede permitirse. La práctica de requisas violatorias y de amedrentamiento son sistemáticas dentro del establecimiento y no pueden quedar impunes, exigimos que se investigue y sancione a quienes abusan de su poder, porque la misma guardia de requisa continúa hostigando cuando está de turno.

En la requisa de ingreso los familiares y amigos sufrimos una serie de atropellos diversos. No tenemos el mismo trato que la visita de otros presos, y dependiendo de la guardia, siguen habiendo inconvenientes y/o rebotes por el tema de la indumentaria y los materiales pedagógicos, con un manejo totalmente arbitrario y contradictorio respecto de algunas prendas en comparación con otras visitas.

El servicio penitenciario pone barreras para el ingreso de lawen, alimentos y vestimenta en el depósito. En las encomiendas, por ejemplo, al lawen se lo sacan diciendo que van a consultar y no se lo devuelven. Reiteramos, no se puede negar algo que forma parte de un acuerdo establecido con el penal y el juzgado, acuerdo que, en definitiva, es para reconocerle y garantizarle sus derechos más elementales. Las familias y amigos hacemos mucho esfuerzo para que el Lonko Facundo tenga lo que necesita, desde principios de año estamos reclamando mercadería que no se la dan. Si lo rechazan, que nos lo devuelvan, todo tiene un costo.

Sabemos y es público que la Unidad Penitenciaria no cumple con las condiciones para los internos, pero tampoco para quienes ingresamos a la visita. En el salón de visitas solo hay dos baños. Uno está en supuesto arreglo desde antes de las fiestas de diciembre del 2025. Y el otro con un vidrio roto permanentemente está inundado. Recordemos que al salón acuden muchas familias con niños y bebés. Esta agua residual es pisoteada y desparramada por todo el salón, siendo una fuente de enfermedades que afectan a todos. No puede llevar tantos meses poner en condiciones los baños del salón.

Asimismo de los dos calefactores a gas que hay en el salón, uno funciona en forma regular sin embargo está más tiempo apagado estando en una época invernal. Remarcamos que hace pocas semanas hubo una ola polar. Las mesas del salón son de camping plástico de color blanco, la gran mayoría están en uso pero rotas. Las sillas también de plástico, muy débiles, utilizamos dos apiladas por persona, ya que no resisten. Hace unas semanas atrás una mujer adulta, sentada, alzó a su niño y se quebró la pata de una de las sillas. Por lo que quedaron un poco doloridos y asustados en el momento. Tampoco queremos dejar de señalar que una de las visitas del Lonko Facundo es paciente asmática alérgica crónica, y no le permiten ingresar al salón de visitas con su aerosol broncodilatador. Precisamente factores como el polvillo y la humedad son desencadenantes de crisis de alergia, motivo suficiente para hacer uso del mismo.

Como familiares y amigos creemos que el Servicio Penitenciario Argentino juega a la ruleta rusa con los encarcelados, amontonados en pabellones y sufriendo tantos atropellos. Los techos gotean cuando llueve, y mojan sus pocas y, por ser pocas, valiosas pertenencias, así como los cables pelados a la intemperie son un peligro de muerte. Cabe señalar que debido a estas conexiones precarias se han dañado televisores, radios y el freezer tan importante para conservar los alimentos, y nadie se hace cargo. Durante varios días corridos no hay agua en el pabellón, pero la humedad corroe las paredes. Con patios para las horas de sol en que no hay acceso al baño, y por eso tiene el suelo cubierto de materia fecal y orines. Todo eso conjugado con el frío patagónico de otoño a primavera. Y, ahora, no se puede ocultar el brote de tuberculosis en algunos pabellones. En esas condiciones, hubo un suicidio reciente y, dos semanas atrás, un preso intentó prenderse fuego. Muchos prefieren la muerte a esa media vida que la cárcel les proporciona.

Cada día que pasa es una preocupación por la vida del Lonko Facundo Jones Huala en este penal preso preventivamente para ser investigado, sin condena, sin acusación formal. Consideramos que hay una clara condena anticipada y un agravamiento de las condiciones de detención, cuando el lonko Facundo debería estar con prisión domiciliaria en todo caso, porque el único derecho que pierde es al libre tránsito mientras dure la investigación. De hecho, en el año 2018 por una resolución judicial ya obtuvo una prisión domiciliaria en Esquel en la casa de su abuela Trinidad Huala, permaneciendo allí con custodia y con vigilancia electrónica con GPS.

Reiteramos, hoy cumple 21 días de huelga, su salud comienza a comprometerse y su peso sigue bajando, aunque la balanza del penal «curiosamente» está rota y da valores arbitrarios sin fiabilidad. La huelga de hambre levanta reivindicaciones del pueblo mapuche, pero también pone de relieve las inhumanas condiciones en que el encarcelamiento somete a los pobres, sean mapuche, argentinos, o de cualquier otra nacionalidad.

Nos preocupa que el Lonko se vea obligado a hacer huelga de hambre líquida para pedir el traslado a Esquel para la cercanía familiar y de su Lof. Nos preocupa que endurezca la medida y pase una huelga de hambre seca como la que hizo hace 3 años y le dejo tantas secuelas. Hacemos responsable a jueces, fiscales y al poder político de lo que le suceda al Lonko Francisco Facundo Jones Huala. Sin más nos despedimos saludando atentamente.

María Isabel Huala, madre. DNI 17.336.930. San Carlos de Bariloche. Río Negro.

Laura Ailén Jones, prima. DNI 35.693.584. Cushamen. Chubut.

Pu Lof en Resistencia departamento Cushamen. Chubut.

Las demás firmas no se exponen aquí, pero forman parte de la denuncia emitida en el día de hoy ya enviada a los juzgados federales de Rawson y Bariloche.

DENUNCIA DE FAMILIARES Y AMIGOS DEL PRESO POLÍTICO MAPUCHE, LONKO DE CUSHAMEN, FRANCISCO FACUNDO JONES HUALA

Facundo Jones Huala inició huelga líquida

Reproducimos a continuación la nota emitida por el Lonko Facundo Jones Huala:

27/4/2026

Al Juzgado Federal de Bariloche, al jefe de Unidad, al Poder Ejecutivo, a quien corresponda, su despacho.

De mi mayor consideración, me dirijo a ustedes en mi condición de preso político mapuche, con el fin de informar que nuevamente inicio Huelga de Hambre, líquida, de carácter indefinido, con posibilidades de convertirla en Huelga Seca.

En carácter de Lonko, autoridad tradicional de mi Lof, comunidad, el velar por el respeto a mis derechos políticos y culturales es hacerlo para toda mi gente. No sólo vengo a denunciar la prisión política, sino, y por lo mismo, el agravamiento en las condiciones de detención. Primero, por la distancia con mi familia y comunidad, y luego, porque en esta unidad no existen condiciones carcelarias para nadie, menos para presos políticos de la cultura mapuche.

A la ignorancia del servicio penitenciario federal y de la sociedad debe agregarse que, acorde a los cambios del personal y jefatura, cambian los protocolos respecto de mi cultura. Desde un principio no se respetó el ingreso de lawen en forma íntegra y correcta, sino también que, al haber llevado soluciones parciales, estas hoy se desconocen. La salida a la realización de mi llellipun se ve alterada acorde a los procedimientos o turnos de requisa, siendo subsanado solo cuando hay encargados con buena voluntad.

En lo cotidiano no existe salida al patio, siendo obligatorio solo una vez por semana cuando quieren, incluso bajo lluvia y por procedimientos de requisa, donde en reiteradas ocasiones rompen pertenencias o hurtan. Dichos patios no tienen acceso a baños y debemos caminar entre orines y excrementos humanos.

Las condiciones del pabellón empeoran en vez de mejorar, siendo más internos, el freezer es más pequeño, debido a las fallas del sistema eléctrico que quemó el anterior por haber goteras en los cables. Se acerca el invierno y los encargados que rompieron el calefactor no lo han arreglado. Las inundaciones son diarias, como los cortes de agua, eso solo como detalle del convivir diario. En lo que atañe a mi cultura, es muy poco lo que se respeta. No puedo usar mi vestimenta, ni realizar mis prácticas más que cuando el servicio lo permite, pero agravado por la distancia se hace prácticamente imposible la realización, por ejemplo, del wetripantu, año nuevo mapuche, aún si se autoriza. Están rompiendo mis vínculos familiares y comunitarios, atentando a mi cultura y espiritualidad. No tengo acceso no solo al Lawen, sino tampoco a alimentos mapuche, siendo que no sólo no estoy condenado ni siquiera procesado, aún con conducta diez. Recluido en un penal de máxima seguridad solo por pretender dignidad y justicia para mi pueblo.

Tenemos y exijo el derecho a nuestro territorio, idioma, cultura, medicina, espiritualidad, organización, justicia.

Antes que lleguen de los barcos, ya estábamos aquí, aún estamos y lo haremos en el futuro. Nosotros ya conocemos su mundo corrupto, pero ustedes desconocen el nuestro, aún hay posibilidades de construir en armonía y subsanar el despojo.

Ngechen müley tañi mogen

Estás son mis demandas:

-Condiciones carcelarias dignas.

-Juicio justo, debido proceso.

-Traslado hacia la U14 de Esquel por cercanía familiar y a mi lof.

-Aplicación del convenio 169 OIT, medidas diferentes al encarcelamiento.

-Cese de la persecución política y desprocesamiento de todos los luchadores mapuche.

-Devolución del territorio ancestral a las lof en conflicto.

-Solución política, no judicial ni represiva al conflicto histórico.

-Aplicación del artículo 75 inciso 17 y 22 de la Constitución Nacional.

-Intervención de organismos de derechos humanos y mediadores internacionales para solución política acorde.

-Retirar de la lista de organizaciones terroristas a todas las Lof y organizaciones mapuche.

-Protocolos culturales acordes en el sistema penitenciario y toda institución que nos obligan a transitar.

-Cese y retiro de mineras, petroleras, transnacionales y terratenientes del Wallmapu.

-Libertad a todos los presos políticos mapuche.

Sin otro particular, esperando resolución pronta y favorable. Saludo atentamente.

Francisco Facundo Jones Huala, preso político mapuche.

Lonko Curramapu, Cushamen. Pabellón 5. Sede Rawson.

Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, Lonko Facundo Jones Huala

 

Entrevista desde la Unidad 6 de Rawson

El pasado jueves 7 de mayo, el lonko Facundo Jones Huala dio su primera entrevista después de mucho tiempo, desde la Unidad 6 de Rawson, cárcel de máxima seguridad del país. Fue en el programa de radio Factor Folil conducido por comunicadores mapuches, de radio Alas de El Bolsón. Reproducimos algunos extractos de la conversación telefónica. 

-“Mari Mari”

-Mari Mari Peñi! Hay mucha gente esperando su zungún y es una belleza poder escucharlo y poder preguntarle primeramente… ¿cómo está usted?

-“Feley peñi, kumelen, kumelen. (…) Bien, firme y con la confianza de que nuestra gente va a volver a levantarse como nuestros antepasados y como también lo supimos hacer nosotros en Leleque y en tantos otros lugares. Estamos firmes a pesar de estar en las mazmorras del Estado”.

Acerca del sentido de su huelga de hambre expresó: “primero recordar que hace mucho tiempo que no hablo con ningún medio ni prensa, nada, no doy entrevistas, fue una decisión personal y política en su momento, así que les agradezco a ustedes por estar ahí, peñi. Y quizá sepan entender que fue mucho tiempo sin hablar, pero también es necesario ¿no? Y bueno, qué mejor que hablar con nuestra propia gente primero, así que les agradezco esta posibilidad, peñi. Por otro lado, lo que me preguntás sobre la huelga, bueno, las demandas son en parte las demandas históricas de nuestro pueblo en este sector del territorio, demandas globales, que hacen al conjunto de la nación mapuche, del proceso nacionalista mapuche de liberación nacional, de emancipación de nuestro pueblo, la autonomía, el territorio. Nuestro reclamo, aunque sea nacionalista o algunos lo entendamos así, yo me reivindico revolucionario, nacionalista mapuche, porque luchamos por la liberación, en el buen sentido de la palabra, nacionalismo que se ve hermano de otros pueblos oprimidos. No deja de ser un reclamo, además, constitucional – el artículo 75, inciso 17; los convenios internacionales que están en el inciso 22 de la Constitución; el Convenio 169 – Naciones Unidas mismo que, sin ser entes anticapitalistas, plantean la posibilidad de la autodeterminación de los pueblos, de la rebelión frente a regímenes tiránicos, frente a la opresión que nosotros mismos vivimos y que nadie nos tiene que venir a contar. Porque yo no le voy a contar a ningún mapuche lo que es nacer dentro de nuestro pueblo oprimido por lo que sabemos que nos oprimen: por el latifundio, por las trasnacionales, por los ricos de la ciudades también, somos la mano de obra, como siempre lo hemos recalcado”.

“Así que las demandas son esas, históricas, a nivel global de nuestro pueblo: la devolución del territorio, la expulsión de las grandes empresas trasnacionales, capitalistas, que ya no sólo son un peligro sino que están instaladas en muchos sectores del territorio mapuche, tristemente con el beneplácito, con la ayuda de algunos sectores mapuches que le han –muchos decían que le iban a cerrar la tranquera y se la abrieron- porque cada vez hay más agromineras en Walmapu, y tristemente también nosotros, como conjunto de pueblo mapuche, estamos distraídos con otras cosas mientras que el territorio ya no sólo corre peligro de ser destruido sino que ya está siendo destruido y usurpado. Entonces, es una de las urgencias, y aunque esté aquí preso creo que todavía puedo seguir luchando, como lo hicimos en otro momento. Si bien no puedo pelear de la manera que peleábamos afuera, aquí uso mi cuerpo como trinchera. Es una demanda global, pero también en lo urgente pedir el traslado a la Unidad 14 de Esquel, donde ya estuve más de una vez, cerca de -no sólo de la familia-, sino de las comunidades, de los lof mapuche de la cordillera, que son los lof en donde nos hemos desarrollado, donde hemos caminado, donde hemos aprendido el mapuche kimun, donde está nuestro arraigo, nuestra esencia. Porque me han traído aquí de muy lejos, a territorio que, lo hemos hablado más de una vez, muchos peñi y lamien, que originalmente no es territorio mapuche sino que pertenece a otro pueblo originario.”

En junio de 2025, el juez de Bariloche Ezequiel Andreani dictó la prisión preventiva al referente y lonko mapuche, Facundo Jones Huala, quien fue trasladado a más de mil kilómetros, a la Unidad 6 de Rawson. La acusación está centrada en el contenido de un libro de poesía escrito por su autoría y también por algunas palabras que habría dicho en una presentación. Tanto el lonko como la familia Jones Huala tiene un largo historial de persecución por su encendido discurso contra el Estado argentino y contra las multinacionales y empresarios que explotan la Patagonia.

A la pregunta «¿por qué está preso ahí?», el lonko Facundo Jones Huala respondió: “lo traen acá para quebrarlo a uno, quebrar la integridad de la persona. Pero además – explicó – [la cárcel de Rawson] es un lugar emblemático, histórico. Hay que recordar que aquí estuvieron los presos políticos de distintas organizaciones revolucionarias en los ´70, que protagonizaron la fuga histórica y después también la Masacre de Trelew. Consecuencia de lo mismo. Entonces, yo creo que tiene que ver con ese mensaje que quieren dar”, declaró y agregó: “y a mí, bueno, siempre me intentan amedrentar, me quieren callar, quieren meterme miedo, pero todo el mundo sabe que yo plata y miedo nunca tuve (ríe), así que me pueden dar las palizas que quieran, amenazar todas las veces que quieran, yo no voy a doblegarme, no voy a callarme, no le voy a agachar la cabeza, voy a seguir adelante porque la verdad que el miedo es cosa de wingka. Yo confío en nuestro newén, en Nguenechén. Aquí trato de mantenerme firme confiando en los newen siempre, en mi propio espíritu y no me van a quebrar, no me van a doblegar. No es la primera vez que estoy en cana. Aparte, hay discriminación, el otro día me dijo un cobani, “no, vos no tenés derecho de hablar tu idioma” ¿Cómo no voy a tener derecho? No me podés negar esa y por más que me lo niegues yo lo voy a hablar igual.”

“A mí no me queda otra que luchar y reclamar que se respeten nuestro derechos, reafirmó. Digo esto porque yo estoy peleando por mí, pero no estoy peleando por mí, peleo porque cualquier mapuche que esté preso por la causa que sea tenga el derecho de ejercer su cultura, su identidad en este lugar y en cualquier lugar donde esté. Si bien nosotros somos críticos de la instituciones que se nos obliga a transitar, el Estado opresor debería tener políticas donde se nos pueda entender a nosotros como mapuches”.

El lonko Jones Huala habló tranquilo casi una hora y veinte minutos de diferentes temas y respondió a las preguntas de los radio participantes que lo saludaban y abrazaban desde Tierra del Fuego, San Luis, Comodoro Rivadavia, Foyel, Chimpay, Buenos aires, La Matanza, Esquel, Punilla y Rawson. La comunicación se cortó brevemente sólo dos veces en medio de la leve llovizna de El Bolsón y, finalmente, se alejó de la señal, bastante emocionado.

Cuando apagué la radio aún retumbaban en mi pecho sus palabras y aún retumban: “hay que hacer lo que uno considera correcto. Organizarse no es un delito: es un derecho. Pensar no es un delito. Ser mapuche no es un delito. No tengan miedo. No tengan vergüenza de ser mapuche. No hay que doblegarse, no hay que tener miedo, hay que ser, dignamente, no hay que pelearse entre hermanos.”

Se dicta Medida Cautelar de cese inmediato por contaminación contra Don Otto

La empresa venía encarando nuevas obras de infraestructura en uno de los principales centros de esquí de la Argentina. La decisión llegó tras una serie de inspecciones que detectaron daños severos al medio ambiente. La tala no autorizada de especies protegidas y los movimientos de suelo que alteran el escurrimiento natural de las cuencas hídricas encendieron todas las alarmas, indica el periodista Andrés Sanguinetti en una nota publicada en el sitio EconomiaSustentable.com.

La temporada invernal en Chapelco quedó envuelta en una fuerte polémica. Las obras se paralizaron luego de que el gobierno provincial comprobara que se removió bosque nativo sin los permisos exigidos por la Ley de Bosques, afectando además vertientes naturales que podrían generar deslaves o contaminación de napas. La empresa que quedó en el ojo de la tormenta es una histórica compañía de transporte de pasajeros fundada en 1938 en la Patagonia. Originalmente centrada en la conectividad terrestre entre Chubut, Río Negro y Santa Cruz, hoy opera como una de las naves insignias del Grupo Vía Bariloche. El holding está controlado por la familia Trappa. Bajo ese paraguas, Don Otto comparte estructura con empresas líderes en diversos rubros.

El Grupo Vía Bariloche maneja un entramado de empresas que abarca desde el transporte hasta la agroindustria. En transporte opera con Vía Bariloche, El Valle, Tigre Iguazú y Vía Cargo (logística). En aeronáutica controla Servicios Aéreos Patagónicos (SEPSA). Además, participa en agroindustria con Cabaña Curacó (La Pampa), y en servicios con Food Co (catering industrial y para centros de esquí).

Con la reciente adjudicación de Chapelco, el grupo consolidó un virtual monopolio en la gestión de centros invernales de la Patagonia, añade la nota de EconomiaSustentable.com. La concesión se formalizó en junio de 2025 mediante el decreto provincial 715/25.

Hoy el grupo maneja:

• Catedral Alta Patagonia (CAPSA): Gestionan el Cerro Catedral en Bariloche hasta el año 2056
• La Hoya: Operan el centro de esquí en Esquel, Chubut
• Chapelco: Ganaron la concesión por 25 años (con opción a 5 más), prometiendo una inversión inicial superior a los $60.000 millones

En Chapelco, la empresa desembarcó con el compromiso de modernizar el cerro tras años de desinversión de la gestión anterior (Nievas del Chapelco). Don Otto opera bajo una figura de concesión que le otorga el derecho de explotación de toda la infraestructura, edificios y actividades comerciales.

A cambio, paga un canon anual del 2% sobre su facturación. También destina un porcentaje de pases de esquí para programas de promoción turística de la provincia de Neuquén.

¿QUE DENUNCIAN LAS COMUNIDADES MAPUCHE?

Las comunidades Mapuche de la zona (como la comunidad Vera) lideran denuncias por falta de consultas previas.

Este grupo ha denunciado que no se cumplió con el derecho de consulta previa, libre e informada en el proceso de licitación que derivó en la concesión del cerro. Exigen que se detenga la pavimentación de la Ruta Provincial 19. También reclaman que se frenen otras obras de infraestructura hasta que se completen estudios de impacto ambiental participativos. La Comunidad Mapuche Vera tiene posesión territorial en parte del Cerro Chapelco.

Sostiene además que el Estado neuquino y la empresa violaron el Convenio 169 de la OIT. Firmado en 1989, es el principal tratado internacional sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales.

Establece la obligación de los gobiernos de reconocer sus tierras, culturas e instituciones. También garantiza su derecho a la consulta previa, libre e informada ante medidas que les afecten. En el caso de Chapelco, la comunidad asegura que las obras de pavimentación y el nuevo estacionamiento se iniciaron sin el consentimiento de quienes habitan el territorio. También denuncian que la remoción de suelo y la tala de lengas afectan zonas de uso ancestral.

La recolección de plantas medicinales se ve comprometida, lo cual eleva el conflicto de un plano administrativo a uno de derechos humanos y culturales. Además, advierten que se violó la llamada «cláusula de paz social». Esta cláusula está establecida en el contrato de concesión. Menciona la necesidad de mantener una relación armónica con las comunidades.

El grupo mapuche sostiene que no se está cumpliendo, lo que podría generar contingencias legales a largo plazo para los inversores. En la provincia advierten además que lo que sucede en Chapelco es un reflejo de la estrategia del Grupo Vía Bariloche en otras concesiones a su cargo.

FUENTE: https://www.iprofesional.com/…/454914-chapelco-obras…

La Comunidad Puente Quemado II reafirma su permanencia y resistencia en su territorio

Desde la Comunidad Puente Quemado II, en conjunto con el acompañamiento de las autoridades tradicionales y organizaciones del Pueblo Mbya Guaraní, nos dirigimos a la opinión pública, a los organismos de Derechos Humanos y al Estado Provincial para manifestar lo siguiente:

Informamos que hemos regresado y reafirmado nuestra presencia en nuestro territorio ancestral, del cual fuimos desalojados de manera ilegal y violenta. No estamos «usurpando» tierra ajena; estamos volviendo al lugar donde nuestros antepasados vivieron, donde descansan nuestros muertos y donde se desarrolla nuestra cultura.

Nuestra comunidad cuenta con el relevamiento territorial correspondiente, el cual reconoce que estas tierras son de ocupación tradicional, actual y pública. Si bien el territorio se encuentra bajo un proceso judicial, la preexistencia étnica y el derecho a la tierra comunitaria están garantizados por la Constitución Nacional (Art. 75 inc. 17) y el Convenio 169 de la OIT.

Hacemos saber que la Comunidad Puente Quemado II se declara en estado de asamblea y lucha permanente. No daremos un paso atrás. Defender nuestro territorio es defender nuestra vida, nuestra medicina, nuestro idioma y el futuro de nuestros niños.

Cualquier intento de nuevo desalojo será responsabilidad directa del Estado y de quienes ignoran los tratados internacionales de protección indígena.

También denunciamos ante la sociedad y los organismos internacionales de Derechos Humanos la escalada de violencia, persecución y hostigamiento ilegal que estamos sufriendo en nuestro territorio ancestral.

LA POLICÍA ACTÚA EN LA CLANDESTINIDAD: Denunciamos que efectivos de la Policía de Misiones están ingresando al Lote 141 (Paraje Cañafístula) y a nuestra comunidad en móviles con las patentes tapadas y pintadas de negro para evitar ser identificados. Este accionar es propio de épocas oscuras y busca sembrar el terror en nuestras familias.

Vigilancia ilegal: Efectivos policiales realizaron registros fotográficos de mujeres y niños sin autorización ni consentimiento.

Intimidación: Aprovechando momentos en que las mujeres se encontraban solas cuidando el territorio, intentaron obligarlas a firmar notificaciones bajo presión y sin explicaciones claras.

Criminalización: Todo esto ocurre tras la detención ilegal del Mburuvicha Santiago Ramos y otros 7 integrantes, ordenada por el juez Manuel Balanda Gómez tras un simple llamado telefónico.

EL ESTADO AL SERVICIO DEL EXTRACTIVISMO: Mientras la justicia y la policía persiguen a las familias Mbya, empresarios forestales como Alfredo Ruff y multinacionales como Arauco avanzan destruyendo el monte nativo para expandir el monocultivo de pino. El Estado protege el negocio forestal y criminaliza a quienes protegemos la selva. No dar respuesta de Parte de Estado AL reclamo del pueblo Mbya es una agresión también.

¡EL TERRITORIO MBYA NO SE TOCA! ¡BASTA DE HOSTIGAMIENTO POLICIAL Y EXTRACTIVISMO FORESTAL!

Ley de Glaciares: El agua y los territorios indígenas

Survival publica un artículo clave de Clemente Flores (Kolla) y Soledad Sede, quienes advierten desde sus territorios que la reciente reforma de la Ley de Glaciares en Argentina no es un ajuste menor, sino una profunda regresión ambiental. La modificación debilita la protección del agua y los ecosistemas de montaña, y fue aprobada sin consulta previa a los pueblos indígenas ni una participación ciudadana verdaderamente efectiva.

Los autores denuncian que está en juego la seguridad hídrica, la integridad de los ecosistemas y los derechos colectivos frente al avance del modelo extractivista. Para conocer el análisis completo sobre los impactos en territorios como Salinas Grandes y el caso Quepente, los invitamos a leer el artículo original de Survival.

→ Ver artículo completo publicado en Survival.

Defender los glaciares sigue siendo defender la vida: la regresión ambiental tras la reforma de la Ley de Glaciares en Argentina

Por Clemente Flores (Kolla) y Soledad Sede

En Argentina, la Ley de Glaciares no era solo una norma ambiental: era una herramienta fundamental para la protección del agua, los territorios Indígenas y la vida en zonas de alta montaña. Su reciente reforma, aprobada por el Congreso Nacional, marca un punto de inflexión en la disputa entre dos modelos de desarrollo: uno basado en la protección de los bienes comunes y los derechos colectivos, y otro orientado a su explotación intensiva.

Escribimos desde nuestros territorios y desde nuestra experiencia directa para advertir que lo ocurrido no constituye un ajuste técnico menor, sino una regresión profunda en los estándares de protección ambiental en Argentina. Lo que está en juego no es únicamente el futuro de los glaciares: es la seguridad hídrica, la integridad de los ecosistemas de montaña y la vigencia de los derechos de los Pueblos Indígenas.

La Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial fue sancionada en 2010, luego de un proceso de fuerte conflicto político. Un primer intento en 2008 había sido vetado tras presiones del sector minero, evidenciando desde su origen la tensión entre intereses económicos y derechos ambientales.

La norma original establecía la prohibición de actividades extractivas en glaciares y ambiente periglacial, reconociendo su función como reservas estratégicas de agua. Esa protección había convertido a Argentina en un país pionero en la región.

La reforma recientemente sancionada modifica aspectos centrales de la ley, en particular el alcance de la protección del ambiente periglacial y los criterios para determinar qué áreas quedan efectivamente resguardadas. Además, transfiere a las provincias un mayor margen para definir zonas de protección y habilitar actividades económicas en territorios antes alcanzados por restricciones más estrictas.

Este cambio no fortalece la seguridad jurídica ni mejora la implementación de la norma: por el contrario, fragmenta los estándares de protección ambiental y abre la puerta a una competencia regresiva entre provincias para atraer inversiones extractivas.

La reforma plantea una tensión objetiva con el principio de no regresión ambiental, derivado del artículo 41 de la Constitución Nacional, de la Ley General del Ambiente (Ley 25.675), que consagra los principios de prevención, precautorio y progresividad (art. 4), y de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina —entre ellos el Acuerdo de Escazú y la Opinión Consultiva OC-23/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos— que exigen a los Estados no reducir injustificadamente los niveles de protección ya alcanzados sobre bienes ambientales esenciales como el agua.

Tras la aprobación del proyecto en el Senado, la instancia de audiencia pública convocada en la Cámara de Diputados se realizó en una etapa avanzada del trámite legislativo, cuando la iniciativa ya contaba con media sanción, lo que redujo de manera significativa la posibilidad de incidencia real de la ciudadanía sobre el contenido de la reforma.

Más de 100.000 personas se inscribieron para participar en la audiencia pública sobre el proyecto de reforma. Sin embargo, sólo alrededor de 360 a 400 personas fueron habilitadas para intervenir oralmente a lo largo de las jornadas previstas.

Esta desproporción no es un dato anecdótico: revela una brecha sustantiva entre la apertura formal del proceso y las condiciones reales de incidencia ciudadana.

En materia ambiental, la participación pública no puede reducirse a una instancia meramente ritual o testimonial. El Acuerdo de Escazú —ratificado por Argentina mediante la Ley 27.566— exige que la participación en decisiones ambientales sea abierta, inclusiva, informada, temprana y efectiva.

En este caso, la limitación del uso de la palabra a una fracción mínima de las personas inscriptas, en un debate de altísima relevancia socioambiental, con un proyecto que ya tenía media sanción legislativa, plantea serios cuestionamientos sobre la suficiencia del procedimiento adoptado. No se trata sólo de habilitar un canal formal, sino de asegurar condiciones reales para que la ciudadanía y las comunidades potencialmente afectadas puedan influir en la decisión pública.

Lejos de fortalecer la legitimidad democrática de la reforma, este procedimiento deja abierto un flanco de cuestionamiento institucional y jurídico sobre la calidad del proceso legislativo.

La reforma también expone una omisión aún más grave: la ausencia de un proceso de consulta y participación específica con los pueblos Indígenas cuyos territorios, fuentes de agua y formas de vida pueden verse directamente afectados por la flexibilización de la protección glaciar y periglacial.

Esto no constituye un déficit político menor, sino una posible vulneración de obligaciones constitucionales e internacionales vigentes en Argentina.

La Constitución de la Nación Argentina de 1994 reconoce la preexistencia étnica y cultural de los Pueblos Indígenas y garantiza su participación en la gestión de sus recursos naturales. A ello se suma el Convenio 169 de la OIT, que obliga al Estado a realizar procesos de consulta previa, libre e informada cada vez que medidas legislativas o administrativas puedan afectarles directamente.

La modificación de la Ley de Glaciares incide de manera directa sobre territorios Indígenas de alta montaña, sobre fuentes de agua fundamentales para la vida comunitaria y sobre espacios de valor espiritual, cultural y ancestral. En ese contexto, avanzar sin consulta específica no sólo debilita la legitimidad de la norma: compromete la responsabilidad internacional del Estado.

En territorios como Salinas Grandes y la cuenca de la puna andina, esta omisión adquiere una dimensión concreta. No se está discutiendo una abstracción normativa: se está legislando sobre territorios vivos, habitados, con memoria, espiritualidad y sistemas propios de relación con el agua y la montaña.

Por eso, la discusión sobre la reforma de la Ley de Glaciares no puede agotarse en la técnica legislativa ni en la promoción de inversiones. También debe medirse a la luz del derecho de los pueblos a decidir sobre aquello que afecta su territorio, su cultura y su futuro.

Más que identificar de manera lineal qué proyectos podrían beneficiarse de la reforma, el punto central es advertir la incertidumbre jurídica que esta modificación introduce sobre los proyectos ya iniciados, en trámite o con autorizaciones parciales bajo el régimen anterior.

La pregunta de fondo es tan simple como decisiva: ¿corresponde aplicar la nueva ley a proyectos que comenzaron su tramitación, evaluación o ejecución bajo el régimen previo, o debe respetarse el marco normativo vigente al momento de su inicio?

Este interrogante no es menor. En materia ambiental, el principio general indica que las normas de orden público pueden tener aplicación inmediata. Sin embargo, ello no habilita, sin más, la afectación de situaciones jurídicas consolidadas ni la reducción de estándares de protección previamente vigentes, especialmente cuando están en juego bienes colectivos como el agua y ecosistemas estratégicos.

En este caso, además, la discusión no se agota en una cuestión temporal o procedimental. La reforma plantea una posible tensión con principios estructurales del derecho ambiental argentino e internacional: el principio precautorio, el principio de progresividad y no regresión, y el deber de garantizar participación efectiva en decisiones que puedan afectar el ambiente y los territorios.

Por eso, el verdadero problema no es solamente qué proyectos mineros podrían verse alcanzados por la flexibilización, sino qué mensaje institucional deja un cambio normativo que altera las reglas de protección de ecosistemas estratégicos en contextos donde ya existen conflictos territoriales, evaluaciones en curso y derechos colectivos comprometidos.

Lejos de brindar mayor seguridad jurídica, la reforma abre un escenario de mayor litigiosidad e incertidumbre. La eventual aplicación de la nueva norma sobre proyectos preexistentes seguramente será uno de los principales puntos de disputa administrativa y judicial en los próximos meses.

En ese sentido, la discusión que hoy se abre excede el caso de un proyecto puntual: interpela el alcance mismo del Estado de derecho ambiental en Argentina y la vigencia del principio según el cual la protección del agua y de los bienes comunes no puede retroceder.

En definitiva, la discusión sobre la aplicación temporal de esta reforma exige un criterio jurídico claro, previsible y consistente. Planteado en sentido inverso: si se tratara de una norma que endureciera restricciones ambientales o introdujera mayores exigencias para la actividad minera, difícilmente se sostendría sin debate que pudiera aplicarse de manera automática sobre proyectos ya iniciados, con permisos en trámite o inversiones comprometidas. En ese supuesto, el propio sector invocaría con razón los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y previsibilidad regulatoria. Precisamente por eso, el análisis no puede variar según el interés económico en juego o según si el cambio normativo amplía o restringe márgenes de explotación. La discusión de fondo exige definir con claridad cuál es el punto de corte para la aplicación de la nueva ley, qué efectos produce sobre situaciones en curso y bajo qué condiciones puede modificarse el marco regulatorio sin afectar derechos, garantías ni estándares de protección. Las reglas de juego deben ser claras para todos: tanto para quienes invierten como para quienes dependen del agua, del territorio y de un ambiente sano para vivir.

La discusión sobre la reforma de la Ley de Glaciares no puede quedar en el plano abstracto. Sus efectos potenciales se proyectan sobre territorios concretos donde ya existen iniciativas extractivas en curso, muchas de ellas emplazadas en ecosistemas de alta fragilidad y en territorios habitados ancestralmente por comunidades Indígenas.

Un caso ilustrativo es el proyecto de exploración minera Quepente II, III y VI, impulsado por Rangel S.A. en la provincia de Jujuy. Según su propio Informe de Impacto Ambiental, el proyecto abarca 9.000 hectáreas en los departamentos de Susques y Cochinoca, dentro de la subcuenca endorreica Salinas Grandes–Guayatayoc, en plena región de la Puna.

El propio Informe de Impacto Ambiental reconoce que el área de influencia social del proyecto alcanza a las localidades de Abdón Castro Tolay, Tusaquillas y Santa Ana de la Puna, confirmando que se trata de un territorio con presencia comunitaria y vínculos históricos con el agua y la montaña.

Aunque la empresa sostiene que no se identificaron geoformas periglaciares dentro del área específica de exploración, el mismo expediente remite al Inventario Nacional de Glaciares y reconoce que la subcuenca Salinas Grandes sí presenta glaciares de escombro: se registraron 44 geoformas, con una superficie total de 1,47 km², distribuidas entre los 4.400 y 5.400 metros sobre el nivel del mar.

Este dato es central: aun cuando el polígono puntual de exploración no se superponga —según la empresa— con geoformas inventariadas, el proyecto se inserta en una cuenca de alta sensibilidad hídrica y criosférica, donde los impactos acumulativos y la presión extractiva deben evaluarse bajo un estándar de máxima precaución.

En este contexto, una flexibilización de la Ley de Glaciares no sólo afecta áreas con geoformas ya delimitadas: también debilita el marco preventivo que permite resguardar ecosistemas estratégicos, cuencas frágiles y territorios Indígenas frente al avance de actividades extractivas.

Lo que está en juego no es sólo la autorización de un proyecto puntual, sino la protección efectiva de ecosistemas estratégicos y el respeto a los derechos de los Pueblos Indígenas que habitan y cuidan estos territorios desde hace generaciones.

Impactos concretos en territorios Indígenas: concesiones mineras, comunidades y glaciares en Salinas Grandes

La discusión sobre la reforma de la Ley de Glaciares se expresa directamente en los territorios, donde se definen los usos del agua, la continuidad de los ecosistemas de alta montaña y las condiciones de vida de las comunidades Indígenas. En este sentido, la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, en la Puna jujeña, constituye un caso emblemático.

El mapa de la región evidencia la superposición entre concesiones mineras, solicitudes y permisos de exploración en distintas etapas, y los territorios habitados por comunidades Indígenas de la cuenca Salinas Grandes–Guayatayoc. ​

​Esta cartografía integra información del Inventario Nacional de Glaciares elaborado por IANIGLA y del catastro minero de la provincia de Jujuy, mostrando también la presencia de glaciares de escombro y geoformas periglaciares en la región, claves para la regulación hídrica de la Puna.

Este relevamiento evidencia una situación de superposición territorial estructural entre proyectos mineros, glaciares, cuencas hídricas sensibles y territorios indígenas con uso y ocupación ancestral.

Tanto la expansión de la actividad minera vinculada al litio como la reforma de la Ley de Glaciares se han impulsado sin procesos de consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas afectadas, lo que incide directamente en sus condiciones de vida y en la relación integral con el territorio.

Esta situación vulnera el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT (Ley 24.071), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DRIP), el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566) y la Ley General del Ambiente 25.675, en tanto establece obligaciones claras de participación, protección territorial y acceso a la información ambiental.

En este contexto, el territorio no puede ser entendido como un espacio disponible para la expansión extractiva, sino como un sistema vivo donde convergen derechos colectivos, funciones ecosistémicas esenciales y formas de organización comunitaria que se encuentran protegidas por el marco jurídico vigente, cuya aplicación y cumplimiento efectivo resulta obligatorio para el Estado.

La reforma de la Ley de Glaciares no sólo reabre una discusión ambiental de fondo: también vuelve a exponer un problema estructural de la política pública argentina, que es la falta de previsibilidad y de consensos básicos sobre la protección de bienes comunes estratégicos.

La discusión sobre qué ley corresponde aplicar a los proyectos en curso, qué efectos produce esta reforma sobre permisos ya otorgados o trámites en marcha, y cuál es el punto de corte para definir su alcance, muestra que no se trata únicamente de una disputa ambiental: también está en juego la seguridad jurídica.

En apenas dieciséis años, Argentina pasó de sancionar una Ley de protección de glaciares, a intentar flexibilizarla, a sostenerla judicialmente frente a cuestionamientos, y ahora a reformarla nuevamente reduciendo estándares de resguardo. Esa inestabilidad normativa no favorece ni la protección ambiental ni la previsibilidad que requieren las inversiones de largo plazo.

La seguridad jurídica no puede invocarse selectivamente sólo cuando se trata de resguardar intereses económicos. También exige reglas claras, procedimientos legítimos, respeto por los principios ambientales vigentes y previsibilidad institucional en la gestión de bienes esenciales como el agua.

Nadie discute la necesidad de desarrollo, inversión o actividad productiva. La verdadera discusión es bajo qué condiciones, con qué límites y con qué garantías para las comunidades y ecosistemas que sostienen la vida.

Las reformas impulsadas sin procesos participativos suficientes, sin consulta Indígena y sin consensos sociales amplios no fortalecen el clima de inversión: por el contrario, generan mayor litigiosidad, conflictividad territorial e incertidumbre regulatoria.

Por eso, defender la protección de los glaciares no es oponerse al desarrollo. Es exigir reglas claras, instituciones legítimas y un modelo de país que no comprometa sus fuentes de agua ni los derechos de las generaciones presentes y futuras.

Porque proteger el agua no es un obstáculo al desarrollo: es la condición mínima para que cualquier desarrollo sea posible.

Comunidades de Neuquén movilizadas en defensa de sus territorios

Si bien en la mayoría de las provincias del país, las comunidades de los pueblos originarios vienen sufriendo distintos tipos de violencia, Neuquén es quizás una de las más perjudicadas por el tremendo avance extractivista y la complicidad estatal.

Y uno de los principales yacimientos extractivos como sabemos, es Vaca Muerta, que comenzó a ser desde hace unos años sinónimo de importantes ingresos para el país, para las cajas provinciales y nacionales, porque es la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional.

Se encuentra en la Cuenca Neuquina, cubriendo un área de aproximadamente 30.000 a 35.000 km2 en el norte de la Patagonia argentina. Abarca principalmente la provincia de Neuquén, extendiéndose también por Río Negro, Mendoza y La Pampa.

Además, cabe destacar que es considerada un recurso no convencional porque los hidrocarburos (petróleo y gas) están atrapados en roca poco permeable, requiriendo tecnologías como el fracking (fractura hidráulica) y perforación horizontal para extraerlos.

Y si bien la mayoría de la gente oyó hablar de Vaca Muerta y su importancia para el país, muy pocos habrán oído que en zonas aledañas existen comunidades indígenas que deben sufrir las consecuencias de la extracción de hidrocarburos: contaminación ambiental crítica (aire, tierra y agua), sismos relacionados con la fractura de pozos, etc.

Las comunidades sufren la ocupación de sus tierras por parte de empresas petroleras (especialmente YPF) para la explotación no convencional, restringiendo el pastoreo y la vida tradicional.

Así que dos de estas comunidades, Campo Maripe y Ragilew Cárdenas, hicieron oír su voz en estos días, a través de una conferencia de prensa, en donde denunciaron una vez más, la falta de respuesta estatal, lo mismo que la paralización de sus trámites de personería jurídica y la falta de seguridad jurídica sobre sus tierras, a pesar de las denuncias de invasión.

Por otro lado, la Comunidad Kvpalmeo Maliqueo, ubicada en la provincia de Neuquén (zona de Villa Pehuenia/Zapala), denuncia el despojo de su territorio ancestral y enfrenta intentos de desalojo por parte de intereses privados y exfuncionarios.

Denuncian, por un lado, la ocupación de unas 700-800 hectáreas por parte de Pedro Duarte, un exjuez federal de Neuquén condenado por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar, y por otro los cargos que enfrenta la logko, de “usurpación” y denuncias penales por la ocupación de tierras que la comunidad considera suyas por derecho ancestral.

Investigación de “Climate Tracker”. Respirar en Vaca Muerta: la contaminación del aire en el corazón del petróleo y el gas

• Vaca Muerta es el yacimiento de hidrocarburos no convencionales más importante de Argentina. Sin embargo, la quema de gas pone en riesgo la salud de las comunidades aledañas. Un informe del Ministerio de Salud y la OPS señala que el cumplimiento de los compromisos climáticos es determinante para reducir muertes evitables y proteger el PBI. Climate Tracker consultó a expertos y a la comunidad mapuche sobre los efectos de la contaminación y el aire que allí se respira.
• En el valle del río Neuquén, en los alrededores de las localidades petroleras, el aire se puede “ver”. Lejos de toda metáfora, durante la madrugada es posible divisar una nube gris en el horizonte. No es un efecto óptico, sino la acumulación de gases emitidos a la atmósfera por la industria hidrocarburífera.
• Así, la población aledaña convive con una serie de contaminantes que ponen en riesgo su salud, mientras los Gobiernos Nacional y Provincial promueven con ahínco una actividad que, por sus impactos, busca erradicarse en todo el mundo.

Esto es parte de lo que se vive en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, el epicentro de la industria fósil en la Argentina donde ciudades como Añelo crecen año a año por la llegada de familias que buscan mejores oportunidades, aumentando así la población expuesta a la contaminación.

En los yacimientos no convencionales, como Vaca Muerta, la extracción de petróleo y gas mediante fractura hidráulica libera metano, un gas 80 veces más potente que el dióxido de carbono, aunque permanezca menos tiempo en la atmósfera. Cuando ese gas no puede captarse por falta de infraestructura, se puede recurrir a dos prácticas: el venteo (liberación directa) o la quema en antorchas (flaring). Ésta última práctica se considera “preferible”, ya que al combustionar el metano se transforma en dióxido de carbono, reduciendo su potencial de calentamiento inmediato. En la provincia Neuquén, el venteo directo está restringido por la Ley provincial N° 2175, salvo excepciones técnicas.

Gran parte de las emisiones, como el metano y los Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs), son incoloras e inodoras, lo que dificulta su detección sin tecnología específica. Patricia Rodríguez es analista de Imágenes Ópticas de Gas (OGI en inglés) en la ONG estadounidense Earthworks y viajó a la Cuenca Neuquina en 2023 para documentar las emisiones de gas. Las imágenes se capturan con una cámara que tiene un filtro espectral y sensores que, al bajar a temperaturas criogénicas (menos 200°C o 300 C°), permiten visibilizar ciertos gases, incluyendo metano y otros 19 gases más como benceno y tolueno. “En muchos lugares donde se apunta la cámara no se ve nada a simple vista y de repente se ve (en la cámara) que se está quemando”, explica la analista a Climate Tracker.

De esa manera, Rodríguez detalló los hallazgos durante aquel viaje: “Vimos contaminación en toda la cadena de valor del petróleo y el gas: desde el proceso de upstream (exploración y producción), de midstream (transporte y procesamiento), y también visitamos algunas refinerías, es decir, el downstream (refinación y comercialización), que es el proceso donde se hace algo con el petróleo y el gas”.

Además de ser difícil de percibir para cualquier ciudadano, en Neuquén son las mismas empresas las que declaran sus niveles de quema o fuga ante el Estado. Este modelo de autodeclaración empresarial también está vigente en Estados Unidos. Según un estudio, las emisiones de metano por venteo o quema son hasta cinco veces superiores a lo esperado en el país norteamericano, por lo que advierte que los reportes de emisiones a través de este tipo de mecanismos tienden a subestimarse. La dificultad de cuantificar las emisiones, según el análisis, se debe a la intermitencia de estas actividades y a la falta de un monitoreo y reporte adecuados. Según la investigación publicada en la revista GeoHealth, “el uso exclusivo de los volúmenes de gas declarados por los propios productores podría conducir a una subestimación de las emisiones procedentes de la quema y la ventilación”.

El procedimiento de la quema tampoco garantiza una combustión completa. “Con la cámara podemos ver que esa quema muchas veces no está completa. Si la quema fuera eficiente, no veríamos los humos de gases subiendo a la atmósfera que deberían estar siendo quemados. Y eso nos dice que, posiblemente, todavía haya metano junto con los otros gases que vemos en las imágenes”, sostiene Rodríguez.

Luego del último viaje, en el que además de analizar imágenes en Vaca Muerta midieron en refinerías y otros puntos de Dock Sud y Bahía Blanca, Earthworks reportó sus hallazgos: “Los estudios de imágenes ópticas de gases mostraron niveles de emisiones de medios a altos en tres lugares de fracturación hidráulica, seis instalaciones de compresión o almacenamiento, ocho plantas de procesamiento, cuatro centrales termoeléctricas y tres refinerías, muchas de las cuales estaban muy cerca de viviendas”.

El impacto en la salud, un hecho

Los efectos en la salud de la contaminación del aire por uso de combustibles fósiles están documentados en numerosos estudios científicos. Una investigación de 2023 publicada en la revista científica BMJ estimó que “5,13 millones de muertes adicionales anuales a nivel mundial son atribuibles a la contaminación del aire ambiente derivada del uso de combustibles fósiles y, por lo tanto, podrían evitarse eliminando gradualmente los combustibles fósiles. Esta cifra corresponde al 82% del número máximo de muertes por contaminación del aire que podrían evitarse controlando todas las emisiones antropogénicas”.

Una estimación similar reporta la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuando reconoce a la contaminación atmosférica como uno de los principales riesgos para la salud, responsable en 2019 de 6,7 millones de muertes prematuras, más de 380.000 ocurridas en América.

Por otro lado, un estudio de 2020 realizado en los yacimientos del sur de Texas asoció la exposición frecuente a eventos de quema nocturna con el aumento en un 50% de las probabilidades de partos prematuros, en comparación con poblaciones no expuestas.

Finalmente, otro estudio publicado en 2022 estableció el “vínculo causal” entre la quema de gas natural y la salud respiratoria en Dakota del Norte, también en Estados Unidos, entre 2007 y 2015. En él se demostró que un aumento del 1% en la quema de gas aumenta la tasa de hospitalización por problemas respiratorios en un 0,73% y que los efectos negativos en la salud se detectan hasta 60 millas (aproximadamente 96,5 km) de distancia de la fuente de quema. El estudio también revela que la quema de gases perjudica la salud de bebés lactantes y mayores de 65 años.

En la Cuenca Neuquina, la Confederación Mapuche y el Observatorio Petrolero Sur vienen alertando sobre la prevalencia de afecciones respiratorias en niños y adultos. El escenario se complejiza en zonas donde el crecimiento demográfico se acelera por la actividad industrial y aumenta la cantidad de habitantes expuestos a la contaminación. Un ejemplo de esto es la localidad de Añelo que tuvo un aumento poblacional del 140% entre 2010 y 2022, pasando de 2.600 habitantes a 6.400, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Lefxaru Nawel es integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén, que viene planteando la problemática en distintos espacios de debate colectivo. En diálogo con Climate Tracker sostuvo que la contaminación del aire y sus efectos en la salud son una realidad que viven muchas familias de la comunidad en la meseta neuquina. “Lo que se ve en la zona es una gran afectación de la calidad del aire a partir de la explotación petrolera. La contaminación de ahí no es solamente por la infraestructura hidrocarburífera sino también por la presencia de las plantas de arena y por el gran tránsito que hay y la falta de los caminos”, afirma.

Respecto a la contaminación, Nawel explica cuándo se puede percibir: “Los mecheros por lo general queman más de noche. Es una estrategia que ellos tienen para invisibilizar más ese tipo de contaminación, que a la vista siempre es difícil de percibir. Entre Fortín de Piedra, Loma de la Lata, Tratayén, además del olor, en la madrugada, cuando amanece, se ve una nube de contaminación. Pese a que hay viento de manera persistente, acá en la zona se puede ver y, más que nada, se puede sentir el olor como a combustible”.

La Dra. Marisa Cogliati, directora del laboratorio de climatología y calidad del aire de la Universidad Nacional del Comahue, explica el fenómeno: “Estamos en un ambiente árido con viento intenso en algunas épocas del año, con lo cual lo que emiten se dispersa rápidamente y no tenemos tantos problemas. Pero en invierno durante las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la tarde, la atmósfera se aquieta y todo lo que se emite queda desde los 2.000 metros hacia abajo. Entonces, eso genera una zona con mucha contaminación y todo eso se va a quedar hasta que la atmósfera se ponga en movimiento. Para eso se necesita calor, o sea, que hasta que no salga el sol o corra viento no va a ocurrir y el viento de la noche es mucho más bajo”.

En ese sentido, Martín Álvarez Mullally, investigador del Observatorio Petrolero Sur, aporta otra problemática derivada de la quema: las dioxinas, compuestos químicos que se liberan durante la combustión incompleta de hidrocarburos y que, al ser contaminantes orgánicos persistentes, no se degradan fácilmente. Sobre su comportamiento en el territorio, explica: “Toda la quema libera dioxinas que el viento transporta. Por ejemplo, nosotros tenemos una zona de mucho viento y de cambio de dirección del mismo. En el valle entra todo eso y queda ahí, por debajo de las nubes. Ese traslado de las dioxinas tiene el agravante de que se fijan en los cuerpos de agua”.

Para las comunidades que conviven con los pozos, los efectos de la contaminación en la salud se viven en carne propia. Las afecciones respiratorias, según Nawel, son una constante que se agudizó en los últimos años. “Hay problemas respiratorios de todo tipo, de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), sobre todo en la infancia. Y hay una situación donde el Estado no provee la información, donde no se realizan tampoco informes epidemiológicos ni estadísticos relacionados al impacto acumulativo de la contaminación”.

Nawel destaca, como un posible indicador a observar, la merma en la asistencia de los estudiantes en las escuelas y el aumento de demanda en las salitas de salud durante los meses más fríos: “Basta con ver las salitas de la meseta, la enorme cantidad de afecciones respiratorias a partir del otoño. En la escuela misma te dicen: ‘Hay un gran porcentaje de ausentismo a partir del descenso de la temperatura por la estación del año por las afectaciones respiratorias’, pero el Estado, los gobiernos, impiden que haya un informe estadístico, epidemiológico”.

Una característica de esta contaminación es el impacto acumulativo que tiene la salud. “Es estar de manera permanente recibiendo contaminación, no es que vos si el día de mañana venís acá y pasás al lado de un basurero, te vas a desmayar porque hay olor feo, sino que el estar de manera constante sometido a la contaminación es un impacto que termina horadando la capacidad vital con hipertensión pulmonar, por ejemplo, o la afectación al sistema nervioso y al sistema inmunológico y además del respiratorio y todo lo que tiene que ver con con la depuración de las toxinas como es el sistema urinario, hepático”, sostuvo Nawel.

“La perversidad de los gobiernos dice que (las afecciones a la salud) son porque se calefaccionan quemando cualquier cosa que pueden, cosa que no deja de ser cierta y que muestra también la desigualdad social. Mientras por un lado está la riqueza y la opulencia que en ciertos sectores se detenta en Neuquén, por otro lado, la población no tiene gas, no tiene luz y no tiene agua. Pero no es solamente esa situación, sino que también es la contaminación del aire que es permanente: hoy contrasta con que esa misma gente a la noche en el horizonte ve todo el gas que se ventea para que no explote el gasoducto”, dijo el integrante de la comunidad Mapuche de Neuquén.

Climate Tracker se contactó con tres empresas hidrocarburíferas que operan en Vaca Muerta. Se les consultó por sus protocolos de medición de emisiones, estudios de calidad de aire y salud, y porcentajes de captura de gas. Desde Tecpetrol, del grupo Techint, respondieron no tener información al respecto. Shell alegó no poder responder por temas de corresponsalías. Por su parte, YPF se limitó a enviar el enlace a su reporte de sustentabilidad de 2024.

Compromisos climáticos de Argentina y estimación de beneficios

Argentina se adhirió al Acuerdo de París en 2016 a través de la Ley nº. 27270. Y en diciembre de 2020, bajo la presidencia de Alberto Fernández, se firmó la Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) de la República Argentina en la que el país se comprometió a una meta aplicable a todos los sectores de la economía de no exceder la emisión neta de 359 MtCO2e (millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente) en el año 2030, representando una reducción del 19% respecto al máximo histórico de 2007.

Sin embargo, el camino para alcanzar el objetivo se estancó. A diferencia de lo que se pretendía en la COP30 de 2025, Argentina, bajo la gestión de Javier Milei, no actualizó su NDC, manteniendo una política climática que Climate Action Tracker calificó como “críticamente insuficiente”. En su último reporte, la ONG dimensiona los efectos de la falta de compromiso de Argentina con la reducción de emisiones: “En 2022, las emisiones en Argentina repuntaron por encima de los niveles de 2019 tras una fuerte caída en 2020 debido a la COVID-19. Esto sitúa las proyecciones de emisiones de Argentina para 2030, bajo las políticas actuales, aproximadamente un 15 % por encima de su ya poco ambicioso objetivo para ese año”.

Un informe del Ministerio de Salud de Argentina y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), obtenido por Fundación Ambiente y Recursos Naturales mediante un pedido de información pública de 2025, estimó los beneficios sanitarios de cumplir la NDC. Los resultados son contundentes: una ganancia de casi 36.000 años de vida por prevención de muertes prematuras. También se evitarían 2.350.000 días de actividad restringida (en todas las edades) y 600.000 días de trabajo perdidos (población en edad económicamente activa) anuales. Además, el número de asma en niños se reduciría en 280.000 casos anuales. El informe concluye: “Estas y otras ganancias en salud también resaltadas por la herramienta brindan un co-beneficio económico que implicaría un ahorro de US$ 1.860.000.000 anuales”.

Nawel coincide con que la contaminación tiene efectos en la sobrecarga al sistema de salud pública: “Si uno habla en términos presupuestarios, que son los que le gustan al gobierno, la afectación también va a ser por ese lado y la salud pública es la que se resiente a partir de recibir cada vez más gente enferma por esta situación. Esto tiene un correlato directo, por ejemplo, con situaciones que se viven en el país hoy como el sistema de salud o el (hospital) Garrahan, que hay muchos niños y niñas de las comunidades mapuches que se han ido a atender ahí a partir de la contaminación que han padecido y las enfermedades que muchas veces son raras, como casos de malformación. El sistema de salud pública es el que recibe esa carga y es el que, justamente, estos gobiernos que son pro extractivismo están desmantelando”.

La comunidad mapuche organizada llevó adelante distintas medidas para visibilizar el daño a la salud por contaminación a lo largo de los años. “Hicimos numerosas gestiones para que eso se atienda, pero lo que hay es ese abandono de la obligación que tienen de cuidar la salud pública, como el caso del basurero petrolero que tiene ese impacto en la población. Pero, lamentablemente, los sucesivos gobiernos no lo toman como una prioridad, solamente lo mencionan como si fuera algo al pasar y no como la huella que está dejando Vaca Muerta y que va a dejar en las futuras generaciones”, afirma Nawel.

Un marco regulatorio fragmentado

La regulación de las emisiones en Argentina está fragmentada entre las normativas nacionales y las facultades de las provincias sobre sus recursos naturales. La Ley Nacional Nro. 20284 de contaminación atmosférica es el marco vigente y data del año 1973. En ella se establecen las normas de calidad del aire y concentración de contaminantes y fija los deberes de las empresas, como asegurar que los parámetros de emisión no excedan los establecidos.

En 2023 se presentó la Resolución de la Secretaría de Energía nro. 970/23 que buscaba implementar el Programa Nacional de Medición y Reducción de las Emisiones Fugitivas Derivadas de las Actividades de Exploración y Producción de Hidrocarburos. Sin embargo, la resolución nunca se  reglamentó.

Entre las propuestas de reducción de emisiones de metano figura el proyecto de Ley de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Gestión de Emisiones de Metano en el Sector de Hidrocarburos”, impulsado por el diputado Martín Maquieyra en 2024 con apoyo de otros bloques. A pesar de la urgencia sanitaria y ambiental, el proyecto, que busca proteger la salud humana, reduciendo emisiones en el sector hidrocarburífero, corre el riesgo de quedar en la nada. De perder estado parlamentario este año por falta de tratamiento, el Congreso renunciaría a establecer un marco regulatorio nacional que guíe a las provincias y proteja a las comunidades.

En Neuquén conviven leyes de 30 años de antigüedad con algunas más actuales. La Ley Nro. 2175 de 1996 prohíbe el venteo directo y fija una tasa ante la superación de las emisiones permitidas mientras que en 2024 se sancionó el “Régimen Provincial de acción climática” bajo la Ley Nro. 3454. Esta última dispone la creación de un Inventario Provincial de Gases de Efecto Invernadero. Entre sus objetivos figura “establecer estrategias, políticas y medidas de mitigación del cambio climático, incluyendo la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el incremento de sumideros de carbono, así como la mejora de su capacidad de absorción”.

A partir de la última ley, y bajo la Resolución 258/2025 se creó el “Programa de Monitoreo en el Sector Hidrocarburífero”, de la Secretaría de Ambiente, que reglamenta estas acciones específicas para la industria del petróleo y gas. El último avance en ese sentido fue el pasado 10 de abril, cuando se publicó en el boletín oficial provincial el “Procedimiento de Reporte de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero correspondiente al sector Upstream”.

Climate Tracker consultó a la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Neuquén si existían mecanismos de auditoría externa a las empresas para validar las declaraciones juradas de las operadoras. Asimismo, se le consultó si había estadísticas sobre la afectación de la salud por contaminación del aire. Al momento del cierre de esta nota, no hubo respuesta por parte del organismo.

La postal de la contaminación invisible

La expansión de Vaca Muerta se proyecta sobre un territorio que ya evidencia efectos sobre la salud pública. Nawel pone el foco en la falta de estadísticas: “Como decimos, es la contaminación más difícil de percibir y la que menos se ha controlado, porque el gobierno provincial nunca ha invertido en controlar ese tipo de contaminación, pero la vez que hemos podido acceder a esa tecnología (las imágenes de Earthworks) ha sido concretamente muy impactante. Es una contaminación que, como decimos, no se ve, pero que está ahí de manera permanente”.

Diplomatura Universitaria de Posgrado Y Extensión en salud intercultural y pueblos originarios

Se encuentra abierta la preinscripción para la Diplomatura Universitaria de Posgrado y Extensión en salud intercultural y pueblos originarios en Patagonia, una propuesta académica que se dictará bajo modalidad virtual y que apunta a la formación en el ámbito sanitario con enfoque intercultural.

La iniciativa se enmarca en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco y tendrá una carga total de 230 horas, con cursado sincrónico y asincrónico.

Quienes completen el trayecto obtendrán el título de Diplomado Universitario en Salud intercultural y pueblos originarios en Patagonia.

Para realizar la preinscripción, se deberá contar con fotos del DNI, comprobante de pago de matrícula y título secundario o de grado, según corresponda.

La diplomatura tendrá alcance territorial virtual, lo que permite la participación de personas de distintos puntos de la región.

El cursado estará organizado en módulos temáticos vinculados a salud, Derechos Humanos, interculturalidad, territorio, alimentación y problemáticas de pueblos originarios, entre otros ejes.

El equipo docente estará conformado por profesionales de distintas disciplinas, distribuidos en ocho módulos y un trabajo final integrador.

La dirección estará a cargo de Brígida Baeza, con co-dirección de Guillermina Oviedo y coordinación de Daniel Loncón.

Entre los objetivos, la propuesta busca acercar marcos legales nacionales y provinciales que regulan la atención médica en contextos de diversidad cultural.

También apunta a brindar formación en salud con perspectiva intercultural, con énfasis en la medicina Mapuche-Tehuelche.

La diplomatura propone además desarrollar herramientas para el trabajo conjunto entre actores del sistema de salud, educación y ámbito comunitario.

Otro de los ejes es generar instancias de análisis sobre prácticas de salud desde una mirada vinculada a las ciencias sociales.

La propuesta está dirigida a trabajadores de la salud, tanto profesionales como no profesionales, que se desempeñen en el ámbito público.

También incluye a docentes, estudiantes, graduados de carreras vinculadas a salud, ciencias sociales y humanidades, además de gestores culturales y actores comunitarios.

Los cupos previstos son de un mínimo de 35 y un máximo de 45 participantes.

Para consultas, se encuentra disponible el correo electrónico de la coordinación, mientras que la inscripción y pagos se realizan a través de los canales informados por la organización.

Más información al siguiente link de la universidad:

https://www.fhcs.unp.edu.ar/posgrado/diplomaturas/diplomatura-universitaria-de-posgrado-y-extension-en-salud-intercultural-y-pueblos-originarios-en-patagonia/

Misiones: represión ilegal contra la comunidad Mbya

El pasado 5 de mayo, el mburuvicha Santiago Ramos fue detenido por orden del juez Manuel Balanza Gómez, titular del Juzgado de Instrucción N°1 de Puerto Rico. La detención se realizó sin notificación previa, mediante un llamado telefónico a la comisaría de Garuhapé. Horas después, efectivos policiales volvieron a ingresar al territorio comunitario con camionetas y armas para avanzar contra la comunidad. Mujeres, hombres, niños y familias enteras fueron trasladadas por la fuerza a la comisaría, en un procedimiento irregular y violento.

Cuatro integrantes permanecieron incomunicados durante más de 12 horas. Las mujeres fueron separadas de los hombres e interrogadas sobre sus hijxs y sobre la composición familiar. Veinte personas fueron demoradas dentro de la comisaría, incluyendo a menores. La policía secuestró teléfonos celulares, donde existen registros fotográficos del operativo y de las armas utilizadas durante la represión.

Luego, parte de la comunidad fue liberada, no sin antes imponerle la prohibición de acercamiento a su propio territorio, bajo amenaza de inmediata detención. La utilización de una causa penal por “usurpación” funcionó como una herramienta de desplazamiento territorial contra una comunidad indígena cuyo territorio se encuentra relevado bajo la Ley 26.160, y reconocido oficialmente por el INAI mediante la Resolución 514/2015.

El propio Estado argentino reconoce la posesión ancestral de Puente Quemado II. Por eso resulta ilegal el intento de acusar de “usurpadores” a quienes habitan y protegen ese territorio desde siempre, son raíces encarnadas de la tierra colorada, no vinieron en barcos. Nadie puede ser acusado de usurpar su propio territorio.

Esta avanzada judicial y policial se produce en el marco de las denuncias impulsadas por el empresario forestal Alfredo Ruff, quien intenta responsabilizar a la comunidad de desmontes y daños ambientales. No obstante, son las forestales y empresarios vinculados al extractivismo quienes vienen destruyendo la selva misionera para imponer monocultivos industriales de pinos sobre territorios indígenas.

La comunidad de Puente Quemado II lleva años denunciando desmontes que las gobernaciones vienen ninguneando. Han señalado la contaminación del agua, fumigaciones, destrucción de biodiversidad y afectación del territorio sin consulta previa ni consentimiento indígenas producidas por la forestal Arauco. Incluso promovieron acciones judiciales reclamando acceso al agua potable luego de que estudios determinaron que las fuentes de agua utilizadas por la comunidad no eran aptas para el consumo, y provocan afecciones gastrointestinales en niños.

El Equipo Misiones de Pastoral Aborígen (EMIPA), que acompaña jurídicamente y territorialmente a las comunidades Mbya, denunció la gravedad del operativo y las múltiples violaciones de derechos cometidas durante las detenciones. Señalaron que la defensa no tuvo acceso inmediato al expediente judicial, y que las medidas impuestas constituyen un mecanismo de desalojo indirecto de una comunidad cuyo territorio ya fue reconocido por el propio Estado. Además, advirtieron sobre el uso del sistema penal para criminalizar a autoridades indígenas y facilitar el avance de intereses forestales sobre territorios ancestrales.

El equipo denunció reiteradamente la ausencia de consulta previa, libre e informada, así como las autorizaciones irregulares otorgadas para desmontes y plantaciones dentro del territorio reclamado por la comunidad.

El extractivismo forestal destruye la vida comunitaria, destruye la selva nativa, contamina y extingue cursos de agua, degrada suelos, expulsa comunidades indígenas y rompe las condiciones materiales, culturales y espirituales necesarias para la supervivencia del pueblo Mbya. La expansión de monocultivos forestales redujo drásticamente el monte nativo alrededor de Puente Quemado II y avanzó sobre espacios esenciales para la subsistencia, la espiritualidad y la memoria territorial guaraní.

Informes científicos elaborados por el CONICET y universidades nacionales (IBS- UNaM) vienen advirtiendo sobre los impactos devastadores que genera el reemplazo de selva nativa por monocultivos forestales en territorios indígenas Mbya.

Mientras empresarios forestales hablan de “seguridad jurídica”, las comunidades indígenas enfrentan persecución judicial, criminalización y violencia institucional por defender el monte. El aparato penal está siendo utilizado como herramienta para desplazar comunidades y garantizar negocios forestales sobre territorios que han sido ya caratulados de posesión ancestral indígena.

La liberación de Santiago Ramos y del resto de la comunidad fue consecuencia directa de la presión social que se activó en todo el país a través de las redes sociales de Rebelión o Extinción Misiones, organizaciones sociales, comunidades indígenas, defensorxs ambientales y cientos de personas que en pocas horas se hicieron eco para denunciar públicamente lo que estaba ocurriendo. Difundieron información, realizaron llamados a la comisaría, al juzgado de Puerto Rico y al director de Asuntos Guaraníes. Expusieron la gravedad del operativo represivo para impedir que el despojo avanzara en el silencio cómplice de una sociedad que está siendo atacada simultáneamente en varios frentes.

Denunciamos públicamente al juez Manuel Balanda Gómez por ordenar detenciones ilegales y ejecutar un desalojo encubierto contra una comunidad indígena reconocida por el Estado argentino.

Denunciamos al gobierno de Misiones por garantizar la persecución y criminalización del pueblo Mbya.

Denunciamos al empresario forestal Alfredo Ruff.

Y denunciamos a la multinacional Arauco por destruir la selva misionera y avanzar sobre territorios indígenas para convertirlos en nuevas zonas de sacrificio.

Lo ocurrido en Puente Quemado II constituye una gravísima violación de derechos humanos, territoriales y ambientales.

Defender el monte nativo no es delito.

El verdadero crimen es destruir la selva y perseguir a quienes la protegen.

FUERA ARAUCO DE MISIONES.

EL PUEBLO MBYA RESISTE.

Villa La Angostura: Comunidades Mapuche resisten el desalojo de sus tierras

En Villa La Angostura, la comunidad mapuche Lof Melo volvió a manifestarse contra la orden de desalojo que pesa sobre el territorio que ocupa y reclamó una medida cautelar urgente para frenar el avance judicial.

A través de un comunicado y encuentros comunitarios, sus integrantes ratificaron que resistirán cualquier intento de desalojo, al considerar que la medida no contempla sus derechos sobre las tierras en disputa.

El conflicto se desarrolla en un predio de alto valor ambiental e inmobiliario, donde la comunidad sostiene tener posesión ancestral, mientras la causa judicial continúa en trámite y sin una resolución definitiva.

Desde el Lof Melo señalaron que el proceso presenta irregularidades y que no se habrían tenido en cuenta elementos relevantes para el análisis del caso.

Entre los principales reclamos, indicaron que no se consideraron pericias, relevamientos territoriales ni documentación clave, lo que, según plantean, afecta el desarrollo de la causa.

En ese contexto, insistieron en la necesidad de frenar la medida judicial hasta que se evalúen todos los elementos vinculados al conflicto.

También advirtieron que el avance del desalojo podría generar consecuencias en el plano social, en un escenario que continúa sin definiciones judiciales.

La comunidad reiteró su postura frente a la situación y expresó que el territorio forma parte de su identidad.

Desde el Lof Melo remarcaron que el área en disputa tiene un valor ambiental significativo, por lo que cualquier intervención requiere una evaluación integral.

En ese sentido, plantearon que avanzar con el desalojo sin un análisis completo podría afectar tanto al entorno como a quienes habitan el lugar.

Además, insistieron en que la resolución del conflicto debe contemplar sus derechos sobre el territorio y el contexto en el que se desarrolla la causa.

En ese marco, desde la comunidad expresaron “El territorio no se vende, se defiende”, reafirmando su postura frente al conflicto que continúa abierto.

«Estos privados son responsables de que no tengamos paz”

Lorenzo Loncón sostuvo que la comunidad Paichil Antriao sigue esperando la carpeta técnica territorial, confirmó que en el Belvedere ya hay 76 familias viviendo y alertó: «si somos atacados, en algún momento, vamos a responder».

El conflicto territorial en la zona del Belvedere sumó un nuevo capítulo de fuerte tensión institucional luego de que un grupo de propietarios denunciara penalmente al municipio por presuntamente ingresar a tierras privadas para abrir una calle sin autorización.

Pero el episodio escaló todavía más tras las declaraciones realizadas por el werken mapuche Lorenzo Loncon, quien lanzó una advertencia sobre el clima social en Villa La Angostura.

“También quiero hacer responsables a estos privados de que no tengamos paz. Y si no tenemos paz nosotros, tampoco la va a tener Villa La Angostura”, afirmó el Lonco durante una entrevista radial.

La frase generó repercusiones inmediatas en medio de un conflicto que combina reclamos territoriales, cuestionamientos políticos y una denuncia judicial contra el Ejecutivo municipal.

La denuncia fue presentada ante la fiscalía, la auditoría municipal y la Defensoría del Pueblo por Martín Bianchini, Juan Saldivia, Pablo Antriado, Sebastián Álvarez y Juan Salamida, todos patrocinados por el abogado Guillermo Hensel.

Según plantearon, maquinaria municipal habría ingresado a un terreno privado para abrir una calle y avanzar con obras vinculadas al abastecimiento de agua para la comunidad mapuche Paichil Antriao.

Los denunciantes sostienen que existió:

“Rotura deliberada de candado y elementos de seguridad, violación de propiedad privada, ingreso ilegítimo al predio ajeno, utilización arbitraria de maquinaria municipal, apertura de calle en un lugar no autorizado, posible abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”.

Tras conocerse la denuncia, Lorenzo Loncon defendió la posición de la comunidad Paichil Antriao y aseguró que las acusaciones “son de mala fe: “No tienen nada que ver con la realidad”, sostuvo.

El werken remarcó que la comunidad posee reconocimiento legal y cuestionó duramente a sectores privados y políticos de Villa La Angostura.

“Parece que en Villa La Angostura no gobiernan los intendentes sino estos malos privados”.

Lonco también aseguró que la comunidad cuenta con respaldo jurídico e histórico sobre el territorio en disputa.

“La comunidad Paichil Antriao tiene un título de 1902 del lote pastoril número 9”.

Durante la entrevista, Loncon insistió en que la comunidad siempre actuó por vías legales y acusó a distintos gobiernos de ejercer “violencia institucional”.

“Vos sos testigo de que siempre hemos ido con las cosas legales. Nunca hemos hecho gestos de violencia”, apuntó.

Además, argumentó que la intervención municipal tenía como objetivo garantizar el acceso al agua y prevenir incendios forestales: “Estas obras son legales y no se hizo ninguna calle nueva porque hay huella ahí”.

Y agregó: “Es para un sistema de agua para prevenir que no nos incendiemos nosotros y que el incendio vaya hacia Villa La Angostura”.

Loncon también sostuvo que la comunidad tiene derechos territoriales respaldados por relevamientos oficiales y que los conflictos actuales responden a la falta de resolución política: “Nosotros tenemos dos relevamientos territoriales”.

Según explicó, la comunidad reclama desde hace años acceso regular al agua y a la electricidad y que la Justicia los amparó en esos pedidos. “La municipalidad nos tenía que asegurar la luz y el agua y todavía no se cumple eso”, dijo.

Además, señaló que de las 76 familias asentadas, hay 32 que todavía permanecen sin suministro eléctrico adecuado dentro del sector.

Uno de los momentos más delicados de la entrevista ocurrió cuando el werken vinculó la falta de resolución política con una posible escalada del conflicto.

“La provincia tiene que entregar la resolución de nuestra carpeta técnica porque si nosotros somos atacados en algún momento vamos a responder”.

Sin embargo, aclaró que la denuncia presentada actualmente apunta contra el municipio y no directamente contra la comunidad mapuche.

Fuentes: Resumen Latinoamericano, ANRed, Minga Ancestral, Kay Pacha / Equipo Pueblos Originarios del SERPAJ, Diario Andino