En Argentina, el Día del Docente Universitario se celebra el 15 de mayo.
La fecha rinde homenaje a la labor de enseñanza, investigación y formación académica, y conmemora la histórica lucha y resistencia docente y estudiantil frente a la dictadura de Onganía en 1969, destacando el compromiso con una universidad pública, no arancelada y de calidad.
El 15 de mayo de 1969 marcó el inicio del “Correntinazo” en Argentina. Una brutal represión policial a una marcha estudiantil en Corrientes culminó con el asesinato del estudiante Juan José Cabral por parte de las fuerzas de seguridad.
La movilización había sido organizada por la Federación Universitaria del Nordeste (FUNE) para protestar contra la privatización del comedor universitario. Este trágico episodio generó un repudio generalizado y es considerado el detonante histórico de una serie de puebladas obreras y estudiantiles contra la dictadura de Juan Carlos Onganía (conocida como la “Revolución Argentina”), cuyo punto de mayor ebullición fue el histórico Cordobazo a fines de ese mismo mes.
Nuevo paro de las Universidades
Por Mario Hernandez
Federaciones de docentes nacionales convocan a un paro por cinco días la última semana del mes. También paran el viernes los no docentes. El Gobierno lleva 212 días sin cumplir la Ley de Financiamiento Universitario mientras negocia, a espaldas de la comunidad, con rectores del CIN su derogación.
Gremios docentes nucleados en Conadu y Conadu Histórica anunciaron el paro de toda la semana en exigencia también de una convocatoria a paritarias. Se suman gremios no docentes. La pérdida salarial supera un tercio del poder adquisitivo, y el 70% de la docencia se encuentra por debajo de la línea de pobreza.
La semana pasada, en diversas facultades y universidades del país se desarrollaron asambleas y acciones entre estudiantes y docentes para reagrupar fuerzas y deliberar cómo seguir la pelea por financiamiento. En algunos casos, como en la ENERC (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica), dependiente del INCAA, se encuentran en estado de asamblea permanente, paro por tiempo indeterminado y permanencia. El 29 de mayo convocan a movilizar al Incaa.
El presupuesto universitario cayó a uno de sus niveles más bajos de las últimas dos décadas. Solo en el primer cuatrimestre de 2026 los fondos destinados a universidades públicas tuvieron una caída real del 30,7% respecto de 2023. A su vez, los fondos destinados por estudiante ya se ubican en mínimos históricos.
En una provocación, además, el Gobierno publicó el día antes de la movilización un recorte de $5.303 millones repartidos entre diversas universidades y organismos científicos, en el marco de un recorte a la salud y otras áreas sociales sensibles.
Las autoridades universitarias plantean que el poder adquisitivo destinado a los gastos de funcionamiento de los establecimientos educativos no superó, en lo que va de la gestión de La Libertad Avanza, el 64% de los recursos disponibles en enero de 2023, acumulando una pérdida equivalente a casi nueve meses de transferencias presupuestarias. Su planteo público es de “preocupación por el problema salarial”, pero se encuentran negociando sus cajas con el gobierno nacional.
En este marco, el miércoles 20 de mayo, también el gobierno Gobierno publicó un documento contra las medidas docentes firmado por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Allí señala que “la autonomía universitaria no implica una zona de exclusión de las leyes nacionales ni de los deberes de los funcionarios públicos” y que “El derecho de huelga no puede anular el derecho de enseñar y aprender”. Mientras se niega a aplicar una Ley votada seis veces en el Congreso y más de 10.000 docentes renunciaron a sus cargos desde diciembre de 2023.
Pero los rectores de las Universidades no se quedan atrás en el ataque la docencia. En la UBA las propias autoridades amenazaron en diversos colegios preuniversitarios con descontar los días de paro, y así también, en algunas universidades los propios rectores realizan solicitudes al Ministerio de Capital Humano amenazando con aplicar sanciones y la esencialidad prevista en la reforma laboral. Emiliano Yacobitti (UCR), el vicedecano de la UBA llevó la voz cantante en este ataque al derecho a huelga docente, en diversos medios. En la Universidad Nacional del Sur, por su parte, el rectorado acaba de mandar un pedido a la Secretaria de Trabajo para ver los mecanismos de implementación de la Ley vigente de reforma laboral para aplicar la esencialidad educativa en las escuelas preuniversitarias.
Por su parte, los gremios no docentes universitarios nucleados en Fatun, anunciaron tres días de paro: el 29 de mayo, 3 y 4 de junio. La decisión se dio a conocer con comunicados difundidos en las redes sociales de Fatun y Atulp.
¿Qué negocian los rectores universitarios con Milei?
El Gobierno de Milei apuesta a pasar una nueva ley en el Congreso que anule la conquistada en las calles y disponga de incrementos míseros, especialmente en salarios, donde en lugar de la recomposición de más del 50% para volver a los magros niveles de 2023, proponen un incremento de 12 % en cuotas a cobrar hasta septiembre, y sobre los niveles básicos de diciembre de 2025. Además, elimina la garantía de incrementos como mínimo de acuerdo a la inflación.
En cuanto al presupuesto universitario, el proyecto oficial establece que los fondos del Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior” se ajustarán si la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC supera el 14,3% anual, valor tomado como referencia para la confección del Presupuesto 2026. No prevé una real recomposición de ningún tipo.
Pero el aspecto puntual que interesa a los rectores es el de los hospitales universitarios. El texto incrementa en $80.072.460.000 el crédito de la Actividad Presupuestaria 15 “Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios”. El Ministerio de Capital Humano solicitó a las universidades que reporten sus necesidades sanitarias, en el marco de las negociaciones por este punto.
Es decir, rectores radicales y peronistas preparan una traición a los millones que se movilizaron en defensa de la universidad pública y gratuita, por migajas para asegurar el funcionamiento mínimo de universidades, preuniversitarios y hospitales. Mientras, los trabajadores universitarios, docentes y no docentes, principales sostenedores de la educación e impulsores de las acciones de lucha, deberán seguir resignando ingresos sin llegar a fin de mes.
Es un vaciamiento silencioso, en donde renuncias y pérdida de calidad educativa van de la mano. Un combo funcional a la destrucción de las universidades públicas y el sistema científico que se encuentra entre los objetivos estratégicos del gobierno.
Las acciones de lucha aisladas de sindicatos, federaciones y Centros de estudiantes no contribuyen a frenar esta deriva, más bien, se adaptan a la deriva vaciadora.
El enorme punto de apoyo que constituye la movilización universitaria del 12 de mayo tiene que transformarse en un salto en la lucha. Desde quienes quieren negociar y enfriar el conflicto, apuestan a que el fin del cuatrimestre y la cercanía al Mundial de fútbol presionen para que no se rompa el actual equilibrio favorable al Gobierno.
Las autoridades pretenden utilizar la marcha para negociar y no para ganar el conflicto, llamando a confiar en la Justicia, una vía que también se mostró impotente y que no reemplaza la fuerza de las acciones de lucha convocadas desde las bases.
La semana de paro es una nueva oportunidad para organizar la resistencia en unidad entre estudiantes, docentes y no docentes, y preparar acciones más contundentes de forma independiente del Gobierno y de los rectores peronistas y radicales.
Dos carreras de la UBA siguen sin iniciar el cuatrimestre
El conflicto universitario en la Universidad de Buenos Aires (UBA) sigue generando impacto en el dictado de clases y ya afecta de manera directa a miles de estudiantes. En la Facultad de Ciencias Exactas, dos carreras aún no pudieron comenzar el cuatrimestre debido a las medidas de fuerza docentes y no docentes.
Se trata de Ciencias de Datos y Ciencias de la Computación, dos de las carreras con mayor demanda laboral en el área tecnológica. A casi dos meses del inicio del ciclo lectivo, los estudiantes todavía no tuvieron clases en varias materias, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad del cuatrimestre.
El conflicto se da en el marco de los reclamos por la falta de implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y por la situación salarial del sector docente, que mantiene medidas de fuerza en distintas facultades del país.
En este contexto, desde el rectorado de la UBA señalaron que en la mayoría de las facultades se intentó sostener la actividad académica durante los paros, ya sea mediante el uso de plataformas virtuales o la reprogramación de contenidos.
Sin embargo, admiten que la situación en Ciencias Exactas presenta particularidades por la extensión del conflicto en algunas cátedras específicas.
Fuentes del rectorado de la UBA, encabezado por Ricardo Gelpi, remarcaron que el objetivo general fue evitar que las medidas de fuerza afecten el desarrollo de las cursadas.
En ese sentido, explicaron que en varias unidades académicas se adoptaron alternativas como clases virtuales, materiales en campus o esquemas de dictado parcial para sostener el calendario académico.
También se aplicaron modalidades conocidas como “huelga a la japonesa”, donde las actividades continúan sin afectar exámenes ni contenidos centrales.
Aun así, reconocen que en la Facultad de Ciencias Exactas persisten situaciones puntuales donde algunas materias aún no iniciaron o lo hicieron de forma parcial.
Uno de los puntos que más preocupación genera en la facultad es la salida de docentes e investigadores en los últimos años.
Según datos de la propia unidad académica, desde fines de 2023 renunciaron más de 400 docentes e investigadores, lo que redujo la planta de aproximadamente 3.000 a poco más de 2.500 profesionales.
En Exactas advierten que la situación impacta directamente en la calidad académica y en el funcionamiento de las carreras, especialmente en aquellas que requieren alta dedicación, como las vinculadas a Ciencias de Datos y Computación.
También señalan que, en muchos casos, los docentes dependen exclusivamente de su salario universitario, lo que profundiza el efecto del deterioro salarial en el sistema.
Milei fue a “dar una clase” y los profesores le reclamaron que aplique la Ley de Financiamiento Universitario
En otro acto de provocación, luego de la masiva movilización en defensa de la universidad pública el pasado 12 de mayo, el presidente Javier Milei acudió a la Universidad de San Andrés (UDESA), de carácter privado, para dar una exposición que sería a su vez cerrada a la prensa.
Estuvo acompañado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien antes de la presentación de Milei dio una clase en el mismo auditorio. También el rector de la universidad, Lucas Grosman.
Frente a ello, profesores e investigadores de UdeSA firmaron una carta “en ocasión de la visita del presidente de la Nación a nuestra casa de estudios” donde reafirman su “compromiso con el sistema universitario argentino.”
A su vez, la carta plantea una reivindicación al “rol indispensable de las universidades nacionales y del sistema científico-tecnológico público en el desarrollo del país, y reclamamos el pleno cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso de la Nación.”
Por último, expresan que: “El diálogo entre el sector público y el privado es parte constitutiva de nuestra tradición universitaria. Sostener ese diálogo requiere, antes que nada, garantizar las condiciones materiales para que las universidades públicas donde nos formamos nosotros, nuestros colegas y muchos de nuestros estudiantes, puedan cumplir su misión.”
El Gobierno profundizó el ajuste a la Ciencia
Por Eugenia Muzio
Economía activó más recortes como parte del pedido de Manuel Adorni. Ajustes e inversión en niveles del 2002.
Becas de investigación, proyectos nucleares, compras de libros, digitalización e innovación tecnológica. Además de los gastos comunes que mantienen en pie a las universidades nacionales, el Gobierno volvió a pasar la motosierra por gastos dedicados al desarrollo estratégico del conocimiento. Un recorte que responde a un pedido expreso del jefe de Gabinete, HYPERLINK “https://www.perfil.com/noticias/politica/manuel-adorni-la-justicia-investiga-movimientos-del-funcionario-en-criptomonedas.phtml”Adorni, y que ocurrió en la previa de la cuarta marcha federal en la que las casas de estudio de todo el país reclamarán por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario que actualiza por inflación los salarios y las cuentas corrientes para que las aulas sigan en funcionamiento.
Entre transferencias a universidades, educación y ciencia y tecnología, el Gobierno recortó gastos por casi $110.000 millones, según se desprende de la Decisión Administrativa 20/2026 publicada en el Boletín Oficial, como parte de lo solicitado por el jefe de los ministros al titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo. De acuerdo a fuentes oficiales, se trata de una medida tomada para “atender la exigencia de cubrir leyes que no tienen un respaldo financiero”. Se refirieron así a la normativa vigente que el Ejecutivo suspendió de hecho luego de idas y vueltas en el Congreso y que este martes motivó una movilización bajo la consigna de la crisis presupuestaria.
Solo en la Secretaría de Educación, el bisturí pasó por áreas sensibles: se le restaron $35.288 millones al Plan Nacional de Alfabetización y otros $21.686 millones a Infraestructura y Equipamiento. A esto se le suma un ajuste de $6.649 millones en Gestión Educativa —que incluye un recorte directo de $559 millones al rubro de becas— y bajas en el área de evaluación. En paralelo, el Ministerio de Economía bloqueó $5.303 millones en transferencias de capital destinadas a obras y recursos de las casas de estudio, impactando de lleno en instituciones clave como la UNLP, la UNSAM y la Universidad de Avellaneda.
En el ecosistema científico, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) lideró los recortes con una reducción de $19.742 millones en sus contribuciones figurativas, seguida por una quita de $8.763 millones a la Secretaría de Innovación. La CONAE, en tanto, perdió $4.409 millones, mientras que al CONICET se le recortaron $3.263 millones, paralizando la formación de nuevos talentos con una baja de $2.049 millones exclusiva para becas de investigación. El fortalecimiento de las TIC ($2.560 millones), la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación (I+D+i) y el parque Tecnópolis también sufrieron la motosierra.
Presupuesto de subsistencia y fuga de cerebros
“Muchas universidades están funcionando al límite de sus posibilidades”, planteó un directivo de una casa de altos estudios. Ocurre que, mientras que los presupuestos universitarios se mantuvieron casi congelados desde hace dos años, los gastos corrientes como la luz, el gas y el agua para el funcionamiento mínimo de las clases aumentaron sin freno. Desde que asumió Javier Milei la Presidencia, el presupuesto universitario cayó un 45,6%: el año 2023 pesaba el 0,72% del PBI y ahora apenas alcanza el 0,47% del PBI, de acuerdo a relevamientos que manejan en las universidades nacionales.
Se trata de un mínimo en dos décadas que sitúa al financiamiento por debajo de los niveles de la hiperinflación de 1989 (0,44%). Se acerca a los pisos absolutos de la dictadura militar de 1976 y 1977, de acuerdo a un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en CTI (CiiCTi).
Uno de los dramas de mediano plazo es la situación docente. Los salarios de los profesores cayeron un 32% en lo que va de la gestión de La Libertad Avanza y hubo alrededor de 10.000 renuncias, de acuerdo al conteo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Quedaron vacantes puestos de docencia en áreas más que estratégicas en términos del modelo económico que primó en lo que va del Gobierno de Milei, con sectores como la energía, la tecnología y la minería traccionando la actividad económica. A modo de ejemplo, sólo en Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), renunciaron 438 docentes e investigadores desde diciembre de 2023 hasta abril de 2026. “Se pierde uno cada dos días”, resaltan. En Ingeniería, se sumaron otros 342 profesores.
Un retroceso histórico: peores niveles que en 2002 y 1976
En el caso de los gastos dedicados a la Ciencia y la Tecnología, el panorama es el de un virtual desmantelamiento de la matriz de investigación. La Función Ciencia y Técnica (FCyT) acumula una caída de ejecución del 39,3% en el primer cuatrimestre frente al mismo período de 2023, perfilando un retroceso real del 47,7% para el cierre del trienio, señaló la entidad que estudia los gastos del área. Este hachazo sostenido ubicará al presupuesto del sector en apenas un 0,149% del PBI, lo que representa el nivel más bajo de toda la serie histórica iniciada en 1972.
Para dimensionar la magnitud del ajuste, la asfixia actual perfora incluso los pisos de financiamiento registrados durante la peor etapa de la crisis de 2002 (0,177%) y el inicio de la dictadura en 1976 (0,194%). Los números oficiales, además, sepultan por completo el cumplimiento de la suspendida Ley de Financiamiento del sector, que obligaba al Estado a alcanzar una inversión del 0,520% del PBI para este año.
Además del desplome del 40,3% en el poder adquisitivo de salarios y becas del CONICET desde noviembre de 2023, los fondos destinados a mantener activos los proyectos están al borde de la parálisis: la Agencia I+D+i (principal fondo sectorial de inversión) sufre una brutal caída del 86,3% en los últimos tres años. A esto se suma el ahogo a organismos de punta, con recortes que alcanzan el 61,2% para la CONAE —clave en la participación nacional dentro de la misión aeroespacial Artemis de la NASA— y cercanos al 47% para la CNEA y el INTA.
La postal del apagón científico se agrava al revisar la caja diaria: del escaso presupuesto ejecutado en concepto de transferencias, el 43,3% figura hoy como “deuda flotante”. Es decir, de los pocos fondos aprobados para sostener al sistema, casi la mitad se encuentra impaga.
Se extienden las protestas universitarias en Perú
Desde hace más de una semana estalló la crisis universitaria que a lo largo de los días se profundizó en distintas regiones del país y empieza a mostrar un elemento cada vez más importante, la tendencia a la coordinación y unidad entre estudiantes, trabajadores y sectores populares frente al deterioro de las condiciones educativas, el autoritarismo de las autoridades y la mercantilización de la universidad.
La crisis universitaria continúa profundizándose en distintas regiones del país. A las recientes tomas y movilizaciones en San Marcos, la PUCP, Jaén, Quillabamba y la Universidad Nacional del Centro del Perú, ahora se suman nuevas acciones de lucha en la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) de Puno y en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, “La Cantuta”, donde estudiantes mantienen ocupaciones y protestas contra autoridades universitarias, precarización y medidas consideradas antidemocráticas.
Desde Puno hasta Lima, pasando por Jaén y La Cantuta, las tomas universitarias, movilizaciones y acciones directas expresan un cuestionamiento creciente al modelo universitario consolidado bajo la Ley Universitaria 30220 (ley que destruye la autonomía universitaria) y las políticas neoliberales que transformaron progresivamente a las universidades en espacios subordinados a criterios empresariales y burocráticos.
En la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, estudiantes confirmaron que mantendrán la toma pacífica del campus universitario tras las jornadas de resistencia frente a la represión policial, que dejaron al menos tres estudiantes heridos.
Los sectores movilizados exigen explicaciones sobre la creación de nuevas escuelas profesionales y denuncian que las autoridades intentan imponer reformas académicas sin consulta real a la comunidad universitaria. El conflicto se desarrolla mientras estudiantes de Ingeniería Civil y Administración rechazan proyectos impulsados desde el Consejo Universitario que consideran lesivos para sus carreras y para la propia estructura académica de la universidad.
La continuidad de la toma refleja cómo el conflicto ya desborda una simple disputa administrativa. Lo que aparece es un cuestionamiento al manejo vertical de las autoridades universitarias y a una lógica institucional donde las decisiones fundamentales se toman de espaldas de los estudiantes y trabajadores.
En la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), luego de dos semanas de protestas y ocho días de toma del edificio Dintilhac, comenzó el retiro voluntario de estudiantes tras la firma de un acuerdo con las autoridades universitarias.
El pacto contempla la suspensión del nuevo sistema de pensiones previsto para 2027 y la instalación de una mesa de diálogo con representación paritaria entre estudiantes y autoridades, cuyos acuerdos deberán elevarse al Consejo Universitario.
La Federación de Estudiantes de la PUCP sostuvo que la movilización permitió frenar parcialmente la reforma y abrir una revisión del sistema de escalas, además de obtener mayores garantías frente a posibles procesos disciplinarios contra estudiantes movilizados.
Pero el conflicto dejó algo más profundo. Los estudiantes comenzaron a cuestionar abiertamente la lógica empresarial dentro de la universidad. “La PUCP no puede comportarse como una empresa”, señaló la FEPUC, exigiendo además transparencia sobre los ingresos y recursos económicos de la institución.
La experiencia demuestra nuevamente que incluso concesiones parciales solo aparecen cuando existe organización y presión desde abajo, no mediante negociaciones aisladas ni confianza pasiva en las autoridades universitarias.
La toma estudiantil en la Universidad Nacional de Jaén también sumó nuevos apoyos. Las rondas urbanas y hasta el alcalde provincial José Tapia tuvo que salir a respaldar públicamente la movilización iniciada por la crisis del comedor universitario.
Los estudiantes mantienen la protesta exigiendo la reactivación inmediata del servicio alimentario, fundamental para cientos de jóvenes de bajos recursos que dependen del comedor para sostener su permanencia en la universidad.
El respaldo de organizaciones populares y sectores de la comunidad local muestra cómo el conflicto universitario comienza a conectarse con demandas sociales más amplias vinculadas al abandono estatal y la precarización de derechos básicos.
Mientras tanto, en San Marcos, la Federación Universitaria de San Marcos denunció un posible intento de ingreso de grupos de choque o “matones” al campus universitario durante la noche de este último jueves, en medio de la toma estudiantil que continúa dentro de la universidad.
Según denunciaron estudiantes movilizados, existiría preocupación por posibles intentos de desalojo. La FUSM responsabilizó a las autoridades universitarias por cualquier hecho de violencia que pudiera producirse.
Las denuncias aparecen en un contexto marcado por el creciente rechazo contra la rectora Jerí Ramón y por la exigencia de nulidad del proceso electoral universitario, vacancia rectoral y derogatoria de la Ley Universitaria 30220 levantadas por el Frente Único Triestamental (un frente conformado por trabajadores, estudiantes y organizaciones sociales).
A ello se suma una nueva denuncia pública difundida por la FUSM, donde se señala que el sobrino del esposo de la rectora habría obtenido contratos cercanos al millón de soles con la Universidad de San Marcos, profundizando las acusaciones de redes de favores y corrupción dentro de la gestión universitaria.
En la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, la protesta estudiantil escaló hacia la toma total del campus universitario. La medida, iniciada alrededor de la residencia estudiantil, exige que estos espacios vuelvan a ser destinados a jóvenes de bajos recursos y estudiantes provenientes de regiones alejadas que dependen de la vivienda universitaria para poder sostener sus estudios.
La radicalización de la protesta refleja un descontento más profundo frente al deterioro de las condiciones materiales dentro de la universidad y al manejo burocrático de las autoridades. Distintos sectores estudiantiles se han sumado a la toma señalando que la residencia debe recuperar su función histórica al servicio de los hijos de trabajadores y sectores populares.
Hacia una coordinación nacional desde abajo
Las recientes protestas muestran que la crisis universitaria ya no puede interpretarse como una suma de conflictos aislados. Lo que comienza a emerger es un proceso más amplio de cuestionamiento al régimen universitario construido durante décadas bajo criterios neoliberales, burocráticos y antidemocráticos.
También empieza a aparecer una tendencia importante hacia la coordinación entre federaciones y organizaciones estudiantiles. La participación conjunta de FEPUC (Federación de la Pontificia Universidad Católica) y FUSM (Federación Universitaria San Marcos), el apoyo logístico a de la FEPUC a La Cantuta son muestras de solidaridad y lucha que reflejan los primeros intentos de articulación nacional entre sectores movilizados.
La experiencia reciente deja una conclusión central. Ninguna transformación real de la universidad vendrá desde las autoridades, el Congreso o las reformas administradas desde arriba. Las conquistas parciales obtenidas hasta ahora fueron producto de la movilización, la acción directa y la organización democrática desde las bases.
Por eso, la perspectiva sigue siendo fortalecer asambleas estudiantiles, coordinadoras universitarias y espacios unitarios entre estudiantes, trabajadores y docentes, capaces no solo de enfrentar medidas concretas, sino de disputar el sentido mismo de la universidad frente a un modelo subordinado al mercado y a los intereses de las clases dominantes.
Fuentes: Perfil, La Izquierda Diario