El 5 de mayo pasado la Cámara Federal de Casación Penal revirtió los fallos previos de impunidad y ordenó investigar la represión que dejó al jubilado Ramón Contreras fracturado en el piso, tras el ataque de cuatro efectivos de la Policía Federal, que actuaron en el marco del Protocolo antiprotesta de Patricia Bullrich. Hoy, Ramón fue junto a María del Carmen Verdú, de CORREPI, a reclamar el apartamiento del fiscal Eduardo Taiano.
La grave agresión tuvo lugar el 22 de octubre del año pasado ante el Congreso de la Nación, en el marco de la lucha de jubilados y jubiladas por sus derechos.
Desde entonces, con el acompañamiento de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), Ramón intentó que se individualice y sancione penalmente a los policías que lo atacaron. La jueza María Romilda Servini y la Sala I de la Cámara Penal Federal consideraron que no hubo delito, describiendo la conducta policial como una “actuación funcional de los agentes … conforme a las atribuciones conferidas por las normas y protocolos de actuación vigentes para este tipo de escenarios”, es decir, el inconstitucional Protocolo contra la protesta del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Pero el 5 de mayo, con el voto de los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, y el dictamen en el mismo sentido del fiscal Javier De Luca, la Cámara de Casación revocó las decisiones previas y mandó seguir adelante la investigación.
El fallo, además, apartó a los jueces que habían convalidado el archivo de la causa y cuestionó la actuación del fiscal Eduardo Taiano.
En su voto, el camarista Slokar describió la “truculencia policial (sic)” como “inaceptable para un Estado constitucional de derecho” y consideró que “no puede ser validada judicialmente”, y señaló que “el Poder Judicial no puede tolerar el ilícito institucional practicado mediante la ejecución de un dispositivo brutal”.
Video: Karina Díaz @karinadiaz2408
Hoy, con la presencia de jubiladas, jubilados y manifestantes solidarios, se realizó un breve acto antes de ingresar a los Tribunales Federales.
“Estamos acá con el compañero Ramón Contreras, previo a entrar a la audiencia en la que vamos a sostener que debe apartarse del trámite el fiscal Taiano, porque ya prejuzgó, ya dictó una resolución en la que consideró que no había delito. Porque para ellos no es delito romperle el brazo a un jubilado”, dijo María del Carmen Verdú de CORREPI.
“Afortunadamente, gracias al fallo de la Cámara de Casación, después de nuestra tercera apelación, logramos la reapertura de la causa, y ahora vamos por todo, porque queremos juicio y castigo a los policías que lo lesionaron”, aseguró.
Foto: Karina Díaz @karinadiaz2408
La audiencia finalmente no se realizó, porque la jueza no asistió por problemas de salud. El pedido de apartamiento de Taiano se resolverá por escrito, informaron desde la CORREPI.
