Franco Oscari es un joven jujeño de 26 años y está detenido por expresarse en redes sociales en forma crítica contra la ex ministra de Seguridad y actual senadora, Patricia Bullrich. La PFA allanó su vivienda rural de madrugada y lo trasladaron a la capital de Jujuy, luego a Salta, a Tucumán y pretendían llevarlo a Buenos Aires. Durante largas horas no se conoció su paradero. Tras el planteo de sus abogadas defensoras, el juez Ariel Lijo, que ordenó la detención a instancias de Bullrich, suspendió el traslado, pero continúa detenido.
La Policía Federal allanó en la madrugada del miércoles 24 de junio el hogar de Franco Oscari, una vivienda rural que se encuentra en el paraje Las Goteras, en el departamento Santa Bárbara, provincia de Jujuy. Tiraron al suelo a su familia y se lo llevaron detenido sin explicación alguna.
La medida fue ordenada por el juez federal Ariel Lijo, con sede en la Ciudad de Buenos Aires, a raíz de una denuncia de la exministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich, por presuntas amenazas publicadas en redes sociales.
Se trataría de un único mensaje por Facebook al perfil personal de la senadora Patricia Bullrich, el 16 de abril de 2026.
A partir de ese hecho, el Estado puso todos sus recursos para iniciar una investigación por el delito de amenazas coactivas. Dos meses después, allanaron su domicilio en la provincia de Jujuy, le secuestraron el celular y lo detuvieron en plena madrugada. Rechazaron su excarcelación por ser pobre, y la Policía Federal decidió primero trasladarlo a la Ciudad de Buenos Aires y, luego de que esa medida fuera suspendida por el juzgado por la creciente presión social y política en torno al caso, lo llevaron a una cárcel en Salta.
Una persecución intolerable
“En Jujuy tuvimos presos por tuitear y ahora un joven campesino detenido por expresarse en Facebook contra Patricia Bullrich. Para atacar a los pobres bastante rapidito el juez Ariel Lijo”, definió Natalia Morales, legisladora jujeña del PTS/FITU, que rápidamente denunció la situación y apuntó que Franco Oscari integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) – La Vía Campesina.
En Jujuy tuvimos presos por tuitear y ahora un joven campesino detenido por expresarse en facebook contra Patricia Bullrich.
Para atacar a los pobres bastante rapidito el juez Ariel Lijo.
Desde las bancas del PTS FITU exigimos la libertad de Franco Oscari. Aquí mi intervención https://t.co/ZhhytBZzIb pic.twitter.com/fTg4jN3z8R— Natalia Morales (@NatuchaMorales) June 24, 2026
En el mismo sentido, la CTA Autónoma indicó que la detención se produjo al día siguiente de que la familia campesina obtuviera un fallo favorable que frenó el desalojo de las tierras que habitan y trabajan.
A su vez, la madre de Franco es firmante de un amparo colectivo ambiental presentado en abril contra el Estado jujeño por el daño al bosque nativo, provocado por la mina “Martín Bronce” (empresa Mom Mining SRL) en Palma Sola.
“El contexto revela una persecución intolerable”, denunciaron desde la central sindical.
Preso por pobre
La CTA Autónoma también marcó otro dato de gravedad: la justicia federal denegó la excarcelación de Franco Oscari apelando a argumentos abiertamente discriminatorios, que criminalizan sus condiciones de vida.
“Franco sigue detenido por el solo hecho de ser campesino: vive en el campo, trabaja la tierra, reside en una zona rural de difícil acceso, carece de señal telefónica y conexión a internet, y habita cerca de la frontera. Estos criterios, lejos de constituir riesgos procesales válidos, revelan un profundo sesgo social y territorial. Que permanezca privado de su libertad por estas razones no sólo configura un disparate jurídico, sino que sienta un gravísimo antecedente que atenta contra los derechos más elementales de las comunidades rurales e indígenas”, señalaron en un comunicado.
De la misma manera se pronunció el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), cuestionando “la interpretación que muchas veces hacen los funcionarios judiciales acerca de las condiciones precarias de vida de una persona como un ‘riesgo’ para la causa”.
“En el caso de Franco Oscari, el hecho de que vive en el campo y no tiene conectividad fue usado como argumento para negarle la excarcelación. Es decir: las mismas razones que podrían llevar a la conclusión de que Franco Oscari no tiene las condiciones materiales necesarias como para materializar una agresión contra la senadora Bullrich, terminan dando lugar a una decisión de castigo anticipado (porque eso es la prisión preventiva en estos casos) basada en su modo de vida. Así, desde la centralidad de la Ciudad de Buenos Aires las condiciones de vulnerabilidad social y territorial pasan a operar como fundamentos para mantener la privación de la libertad”, apuntaron desde el CELS.
Un Poder Judicial arbitrario y sin control
En el contexto de una profundización sostenida del incumplimiento de las garantías democráticas y constitucionales de los tres poderes del Estado en los últimos años, el accionar de Ariel Lijo en la detención del joven jujeño destaca por su particular gravedad.
Desde el CELS advierten por el uso del derecho penal frente a expresiones contra altos funcionarios públicos. “Que sean ubicadas bajo el delito de amenazas coactivas es preocupante ya que no se realiza un análisis básico que establezca la seriedad de una amenaza, es decir, qué posibilidades reales existen de que esas expresiones puedan materializarse en una agresión”.
También expresan su preocupación por la forma en que se ejecutó su traslado. “Hubo una decisión inicial de mandar a Oscari a Buenos Aires, que tuvo escalas en Salta y Tucumán, antes de que el juzgado la suspendiera y resolviera enviarlo a una cárcel en Salta. Y resulta especialmente grave que, según denunció su defensa, no les informaron dónde permanecía alojado, por lo que promovió un hábeas corpus”.
Franco Oscari es un campesino jujeño de 26 años y está detenido por escribirle un mensaje en Facebook a la ex ministra de Seguridad.
Le negaron la excarcelación y lo envían a un penal federal en Salta. La intervención estatal es completamente desproporcionada respecto del hecho… pic.twitter.com/k1TvStxcOJ— CELS (@CELS_Argentina) June 26, 2026
“Las decisiones sobre el traslado, el lugar de alojamiento y las condiciones de detención inciden directamente sobre las posibilidades de defenderse, de mantener sus vínculos y sobre su dignidad personal. La falta de información sobre el paradero de una persona detenida es una situación grave que provoca una justificada alarma entre sus familiares y allegados. Corresponde extremar el control judicial sobre la ejecución de ese tipo de medidas”, agregan desde el organismo.
Y se preguntan “sobre el alcance de las medidas de investigación. La orden de extracción forense del teléfono celular es desproporcionada. Le da al Estado acceso total a datos y comunicaciones que son totalmente ajenos a la investigación”.
“Resulta preocupante el débil o nulo control de estas prácticas abusivas por parte de algunos funcionarios judiciales”, expresan desde el CELS, y aseguran que “sin el reclamo generalizado de familiares y organizaciones, la decisión de trasladarlo a CABA tomada por la Policía Federal de manera discrecional se habría implementado sin que la justicia se expidiera sobre el tema”.
Por su parte, desde la CTA Autónoma denuncian que “esta detención no constituye un hecho aislado, sino que se inscribe en un preocupante patrón de criminalización sistemática de la lucha campesina y la defensa del territorio”.
“Frente a los conflictos sociales que atraviesan nuestras provincias, el Estado responde invariablemente con una única lógica: represión y criminalización. Esta mecánica se ha convertido en la regla, y el caso de Franco Oscari es apenas el último eslabón de una cadena de persecución que busca silenciar a quienes reclaman por sus derechos más básicos y por la soberanía sobre sus tierras”, advierten desde la central sindical.
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