MILITANTE POLÍTICO REEMPLAZA INGENIERO NUCLEAR
La intención de Javier Milei de desmantelar el sistema nuclear argentino junto al INTI, al INTA, al CONICET y a la Universidad Pública no sólo lleva tiempo, sino también sofisticados operativos de represión setentista.
El eco de los pasos metálicos sobre el mármol de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) recuerda a la Noche de los Bastones Largos, pero ahora bajo un gobierno que se proclama libertario y que convierte la clásica represión en protocolo administrativo.
La escena de represión es casi cinematográfica: gendarmes con cascos y bastones irrumpiendo en un organismo científico, desalojando a investigadores que defendían sus puestos de trabajo. El relato distópico es brutal: despidos masivos, contratos no renovados, científicos expulsados, mientras se instalan funcionarios sin formación, con sueldos siderales, designados a dedo por la administración de los hermanos Milei.
Finalmente, el desenlace de la película -repetida hasta el artazgo por las políticas neoliberales- es el de la entrega del patrimonio nuclear. La Argentina, que durante décadas construyó un complejo nuclear reconocido internacionalmente, capaz de diseñar reactores propios y exportar conocimiento, hoy se ve reducida a un escenario de vaciamiento.
Los despidos en la CNEA -más de 170 en una sola jornada, sobre un universo ya precarizado- son apenas la superficie de un proceso más profundo: la sustitución del saber científico por la lógica del negocio privado.
Los nombres de los vaciadores seriales, elegidos a dedo para puestos estratégicos, tanto por Javier Milei, como por el autoexpulsado Manuel Adorni son casi grotescos en su contraste: Martín Porro, Federico Ramos Napoli, José Ignacio Bruera, Felipe Randle. Funcionarios sin trayectoria técnica, algunos sin siquiera estudios universitarios, con sueldos que rondan los 13 millones de pesos, ocupando cargos estratégicos en un área que exige décadas de formación.
Científicos veteranos que sostuvieron el desarrollo nuclear durante décadas son reemplazados por Martín Porro y Federico Ramos Nápoli, dos militantes de LLA que no tienen la menor idea de lo que es una central atómica.
Mientras tanto, investigadores con quince años de experiencia son expulsados por correo electrónico. La asimetría es obscena: quienes sostuvieron el desarrollo nuclear argentino con años de formación científica son reemplazados por operadores políticos legos, inexpertos, con privilegios salariales y beneficios bancarios.
EL SISTEMA NUCLEAR ARGENTINO DE REMATE
El anuncio de un reactor nuclear-modular privado en Atucha, financiado por capitales estadounidenses, funciona como la pieza final del rompecabezas. La narrativa oficial lo presenta como “la inversión más importante en 20 años”, pero en realidad es la confirmación de que el Estado abdica de su rol en un sector estratégico.
La paradoja es cruel: mientras se desfinancia el proyecto CAREM -un reactor modular íntegramente argentino, con un 70% de avance- se celebra que una empresa extranjera “elija” al país para instalar un reactor privado. El conocimiento acumulado durante décadas se entrega a manos externas, y los científicos nacionales son desplazados por la lógica del mercado.
El resultado que se desprende de esta situación es el de un país que retrocede sesenta años en su historia científica. La represión en la CNEA, los despidos masivos, la sustitución de profesionales por improvisados, la privatización encubierta de la energía nuclear: todo compone un paisaje de coloniaje explícito. La Argentina, que alguna vez fue pionera en la región, se convierte en un territorio subordinado, donde la ciencia se desprecia y el futuro se negocia en dólares.
La atmósfera distópica es la marca registrada del gobierno de Milei: un edificio tomado por fuerzas de seguridad, científicos desalojados como si fueran terroristas, funcionarios que huyen escoltados, mientras en las pantallas se anuncian inversiones privadas celebradas como modernización. El ruido de los bastones largos se mezcla con el silencio de los laboratorios vacíos. La pregunta que queda flotando es cruel: ¿qué significa soberanía en un país que entrega su patrimonio nuclear a cambio de negocios privados?
La conclusión es inevitable: la ciencia argentina está siendo desfinanciada menos por error que por diseño. El desprecio por los científicos, la asimetría entre quienes producen conocimiento y quienes lo reemplazan con credenciales vacías, la subordinación al capital extranjero, todo responde a una lógica de vaciamiento. La energía nuclear, pilar de cualquier proyecto de desarrollo, se convierte en mercancía. Y el país, en colonia.
Hoy nos quieren convencer de que la ciencia es un lujo y que el conocimiento puede ser reemplazado por improvisados con sueldos inmorales. Pero lo que está en juego no es un laboratorio ni un contrato: es la soberanía misma de la Argentina.
Defender nuestro patrimonio nuclear es defender la historia de un país que supo construir tecnología propia, exportar conocimiento y formar generaciones de científicos que hoy son despreciados y expulsados.
El desmantelamiento y la entrega es responsabilidad de Milei.
Reaccionar a tiempo es exclusivamente nuestra responsabilidad.
Alejandro Lamaisón