La Cruzada ultraderechista de EEUU contra la izquierda mundial

Sobre la indignante participación del gobierno de Uruguay en la denominada “Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político”, celebrada en Washington y convocada por el Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

LA CUMBRE DE ULTRADERECHA. Y LA VERDADERA ACTITUD DEL GOBIERNO URUGUAYO.

Es una falsa afirmación del MPP sostener que en la cumbre realizada en Estados Unidos se mencionó al extinto MLN‑T. Esa narrativa sirve para evitar reconocer que el verdadero foco del encuentro apunta contra la izquierda real, representada hoy en Uruguay por el Partido Comunista, el Partido Socialista y las fuerzas de izquierda del Frente Amplio.

La narrativa central de la cumbre no apunta al MLN‑T —actor histórico ya disuelto— sino a algo mucho más amplio: una agenda ideológica impulsada desde sectores del establishment estadounidense. El discurso que equipara izquierda, comunismo, radicalismo y terrorismo político es parte de una línea que Estados Unidos ha promovido desde hace tiempo:

Presentar movimientos de izquierda latinoamericanos como potenciales focos de “inestabilidad”.

Reescribir conflictos históricos de la región bajo el prisma del “terrorismo político”.

Construir una narrativa donde cualquier actor político que cuestione la hegemonía estadounidense aparece asociado a “radicalismo” o “terrorismo”.

Esto no es nuevo, pero sí es significativo y repudiable que Uruguay haya participado en una instancia donde ese marco conceptual se utiliza abiertamente. Con su presencia, el gobierno uruguayo avaló una cumbre y una cruzada ideológica de ultraderecha, liderada por figuras como Donald Trump y Marco Rubio.

 

El MLN‑T no fue mencionado en la cumbre. Es un grupo que dejó de existir en 1973, cuando fue derrotado militarmente. No tiene actividad armada desde hace décadas y no está catalogado como organización terrorista por Uruguay ni por organismos internacionales. Por lo tanto, si la cumbre no lo mencionó, el foco no está en el MLN‑T, sino en una narrativa más amplia que busca asociar “izquierda” con “amenaza”.

Y desprestigiar a todo lo que sea izquierda autentica, equiparándola a una amenaza contra la “libertad” y EEUU.

La insistencia en vincular la cumbre con el MLN‑T es un invento mujiquista, funcional al Uruguay de hoy, donde el gobierno busca tomar distancia de todo lo que sea izquierda para congraciarse con la administración de Trump. Esta actitud se ha repetido en varias ocasiones por parte del gobierno de Orsi y su cancillería, mostrando un cipayismo extremo hacia el Comando Sur de Estados Unidos y una disposición a integrarse al llamado “Escudo de las Américas”.

La preocupación no surge por el MLN‑T —que no fue mencionado— sino por la narrativa general de la cumbre, que apunta directamente a:

Comunismo

Izquierda latinoamericana

Movimientos sociales “críticos”

Gobiernos progresistas de la región

Todo bajo el paraguas del “terrorismo político”.

Una izquierda verdadera —inexistente en el gobierno de Orsi— es precisamente lo que esta cumbre busca estigmatizar. Por eso el emepepismo no la condena, sino que participa y adhiere: porque no quiere saber nada con cambios sociales profundos ni con una política exterior que condene el imperialismo.

La tradición estadounidense de “doctrinas” para América Latina

Desde el siglo XIX, EE.UU. ha construido marcos ideológicos para justificar su intervención política en la región:

Doctrina Monroe (1823): “América para los americanos”, que en la práctica significó “América para los intereses de EE.UU.”

Corolario Roosevelt (1904): derecho a intervenir militarmente en países latinoamericanos para “estabilizarlos”.

Guerra Fría (1947–1991): cualquier movimiento de izquierda era considerado una amenaza comunista.

Este patrón histórico es fundamental para entender por qué hoy se vuelve a utilizar el concepto de “terrorismo político” para referirse a fuerzas de izquierda.

La equiparación entre izquierda y “amenaza” durante la Guerra Fría

Durante décadas, EE.UU. consideró:

movimientos sindicales,

partidos comunistas,

organizaciones sociales,

gobiernos progresistas

como potenciales “focos subversivos”.

Esto derivó en:

Apoyo a golpes de Estado (Brasil 1964, Chile 1973, Uruguay 1973, Argentina 1976).

Financiamiento de operaciones de inteligencia y contrainsurgencia.

Programas de vigilancia y propaganda contra partidos de izquierda.

La cumbre actual reactualiza esa lógica, pero con un nuevo lenguaje: “terrorismo político”.

La narrativa post‑11 de septiembre

Después de 2001, EE.UU. expandió el concepto de “terrorismo” más allá de grupos armados:

Se empezó a aplicar a movimientos políticos considerados “radicales”.

Se justificaron intervenciones diplomáticas y sanciones bajo ese paraguas.

Se creó un marco donde “terrorismo” puede significar desde violencia real hasta disidencia ideológica.

La cumbre se inscribe en esta ampliación conceptual, donde “terrorismo político” puede incluir actores no armados.

Marco Rubio y la línea dura hacia América Latina

Marco Rubio, halcón macartista y figura clave del Partido Republicano, ha impulsado:

sanciones contra gobiernos de izquierda,

campañas mediáticas contra movimientos progresistas,

la idea de que América Latina enfrenta un “resurgimiento del extremismo político”.

Rubio ha sido uno de los principales articuladores de:

la narrativa anti‑comunista contemporánea,

la presión diplomática sobre países con gobiernos progresistas,

la vinculación entre izquierda y “amenaza hemisférica”.

El rol del Comando Sur y la militarización de la política exterior

En los últimos años, el Comando Sur ha:

aumentado su presencia en la región,

promovido alianzas de seguridad,

impulsado el concepto de “Escudo de las Américas”,

presionado para que países latinoamericanos se alineen con la política de seguridad de EE.UU.

Esto explica por qué Uruguay aparece en la foto:

no es solo diplomacia, es geopolítica militarizada.

La estrategia interna: desviar el debate

El planteo del MPP se fortalece en este contexto:

En vez de discutir la alineación del gobierno con la agenda de EE.UU.,

se recurre a un actor histórico extinto para evitar hablar de la izquierda actual,

y para evitar confrontar la narrativa anti‑izquierda que la cumbre realmente impulsa.

 

 

La actitud del gobierno no puede pasar inadvertida ni ser minimizada. El Frente Amplio y todas las fuerzas populares y democráticas del país tienen la responsabilidad de reaccionar ante un hecho de esta gravedad. Es indispensable que el Poder Ejecutivo dé explicaciones públicas claras y directas, detallando por qué decidió participar en esa instancia y comprometiéndose ante la ciudadanía a que Uruguay no volverá a incurrir en este tipo de cipayismo y concesiones en el plano internacional.

La actitud asumida por el gobierno uruguayo rompe de manera evidente con la reclamada postura histórica o “tradición de neutralidad y equilibrio” que, aparentemente, caracterizó a la política exterior del país durante décadas. En lugar de sostener una posición independiente y soberana, Uruguay aparece ahora alineado como un simple furgón de cola dentro del tren del imperialismo estadounidense y de la ultraderecha internacional, cuyos intereses estratégicos han sido, históricamente, la intervención en países con gobiernos soberanos, populares o de izquierda.

Este alineamiento no es un gesto menor. Implica un giro (uno más, en varios) diplomático que coloca a Uruguay en una posición subordinada frente a una agenda geopolítica que busca justificar intervenciones, presiones y condicionamientos bajo el pretexto del “terrorismo político”. Esa narrativa —que equipara izquierda, comunismo y movimientos sociales con radicalismo o amenaza— ha sido utilizada repetidamente para deslegitimar proyectos políticos soberanos en América Latina.

Al participar en esta cumbre, el gobierno uruguayo se distancia de su programa de izquierda y del propio Frente Amplio, y se acerca y subordina peligrosamente a una estrategia hemisférica que históricamente ha servido para intervenir en países que optan por caminos propios. Esta decisión no solo contradice la identidad diplomática del país, sino que abre la puerta a que Uruguay sea percibido como un actor funcional, cómplice, a intereses ajenos, en lugar de defender su soberanía y su lugar en un nuevo mundo multipolar.

Exigimos respuestas claras y rectificaciones urgentes. Todo el Frente Amplio —y con él, las fuerzas populares y democráticas del país— reclama explicaciones inmediatas ante un hecho que compromete la tradición histórica de la política exterior uruguaya.

Sebastian Bestard Molina.

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