LA LEY DE INVIOLABILIDAD COMO SIMULACRO
El proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” se presenta con un título solemne, casi litúrgico, como si invocar la palabra “inviolabilidad” pudiera blindar la tierra contra el tiempo, contra el fuego, contra la historia. Pero lo que late debajo de esa retórica es otra cosa: un dispositivo para abrir las compuertas a la extranjerización de la tierra, para desmantelar las defensas ambientales y para reducir la noción de utilidad pública a un cálculo de mercado.
En el estilo de gobierno de Milei nunca se expone la realidad tal como es, sino que lo que emerge es siempre un paisaje saturado de signos: la palabra “inviolabilidad” como máscara, el Senado como escenario donde se cruzan gestos rituales, la tierra como mercancía que se desliza hacia manos invisibles. La ley no protege, sino que desprotege. No brinda inviolabilidad, sino libre disponibilidad.
En esta nueva ley cipaya de entrega de soberanía, el texto legal elimina el límite del 15% de tierras en manos extranjeras y el tope de 1.000 hectáreas en zona núcleo. En términos narrativos, es como si el mapa del país se fragmentara en parcelas que se venden al mejor postor. La propiedad privada se convierte en un tablero de especulación donde los actores son empresas extractivas, millonarios extranjeros, fondos de inversión.
La tierra deja de ser territorio, memoria, comunidad, para convertirse en un activo financiero. En ese desplazamiento, los campesinos y pueblos originarios aparecen como figuras desdibujadas, cuerpos que pueden ser desalojados con procedimientos exprés, allanamientos, cerraduras forzadas. La ley habilita la violencia burocrática, la expulsión rápida, el desalojo como espectáculo administrativo.
Ya en octubre de 2021, el «prócer» del periodismo Jorge Lanata estigmatizaba a los mapuches en una nota titulada “Indios al ataque”. Pero el informe de 10 minutos no mostró nada. O en realidad sí: a personas mapuche negando el incendio del Club Andino Piltriquitrón. Precisamente, en esa época pandémica, eran los grandes medios los que se esforzaban por instalar el miedo al “terrorismo mapuche” y advertían del “peligro de perder la Patagonia”.
Antes de la masacre de Napalpí la prensa advirtió sobre “los riesgos de malón” y las “tropelías de los indios”. Policías y gendarmes reprimieron a las familias qom y moqoit mientras un avión disparaba desde el aire.
Hoy, como ayer, el periodismo hegemónico estigmatiza y el Estado adquiere legitimidad para reprimir. En silencio, los sectores empresarios se frotan las manos y esperan la resolución del “problema indígena” para apropiarse los territorios en disputa.
CUANDO LA EXTRANJERIZACIÓN ES LEY
Asimismo, la modificación de la Ley de Manejo del Fuego es un punto neurálgico. Se elimina la prohibición de cambiar el uso del suelo durante 60 años tras un incendio. El fuego, entonces, deja de ser catástrofe para convertirse en herramienta. Quemar bosques, arrasar humedales, abrir paso a la soja o a los emprendimientos inmobiliarios.
En la lógica de quienes observamos con postura crítica el neoliberalismo, el fuego es un signo de la era: un resplandor que anuncia la conversión de lo natural en mercancía. La devastación se vuelve inversión. La ceniza es capital.
La ley relativiza la noción de utilidad pública en las expropiaciones. El Estado pierde la capacidad de decidir estratégicamente sobre represas, caminos, barrios. La indemnización se calcula según el mercado, incorporando lucro cesante. La utilidad pública se convierte en utilidad privada.
Aquí aparece la paradoja: el Estado se priva de herramientas para actuar en nombre de todos, mientras fortalece las prerrogativas de los que más tienen. La “inviolabilidad” es, en realidad, la inviolabilidad del capital.
El proyecto habilita la compra de tierras ribereñas, nacientes de agua, zonas de frontera. El 78% de los lagos y el 65% de los ríos quedarían sin protección. El agua, ese recurso estratégico, se convierte en propiedad privada. En el imaginario de cualquier ser humano racional, el agua es un símbolo de futuro, de supervivencia. Privatizarla es privatizar el porvenir.
En este sentido, la llamada “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” no protege nada. Es un simulacro, un gesto retórico que encubre la desposesión. La inviolabilidad se convierte en disponibilidad absoluta para el capital extranjero.
No hace falta ser un estratega político para darse cuenta de que todo esto se percibe como un ruido de fondo plagado de hipocresías:
a) Senadores que discuten mientras se aumentan las dietas un 6,7 por ciento, llegando a percibir un sueldo de casi 12 millones de pesos mensuales.
b) Empresarios que esperan que se eliminen los límites a la compra de tierras por extranjeros, que se agilicen los desalojos y se modifique el régimen de expropiaciones para facilitar la inversión.
c) Comunidades que se resignan a arder en el fuego de la voracidad insaciable del ultracapitalismo salvaje mientras son «hablados» por un periodismo con total desconocimiento del tema desde un punto de partida ideológico, dada la extrañeza que le producen los indígenas.
La tierra se convierte en un signo vacío, un objeto de transacción. La inviolabilidad es apenas una palabra, un eco hueco en un país donde el fuego, el agua y la frontera se negocian como mercancías, mientras el país se deshoja como un árbol incendiado: cada parcela vendida es una hoja caída, cada río privatizado es un cauce vacío.
Todo lo que pueda venderse, se intentará vender. Todo lo que pueda destruirse, será destruido.
La tierra arde, el agua se fuga, la frontera se disuelve y en ese crepúsculo de cenizas, lo único inviolable es la memoria que resiste bajo ese residuo ancestral.
Allí es donde germinará quizá, con la toma de conciencia colectiva, la semilla profunda de la soberanía.
Alejandro Lamaisón
Fuente: Agencia de Noticias «Tierra Viva», por Nahuel Lag / Mensaje Nº 22/26 y proyecto de Ley sobre inviolabilidad de la propiedad privada. Senado de la Nación. Número de expediente 13/26.