Panorama sindical actualizado al 4.8.2026
La CGT se plegará a la movilización contra la Ley de Extranjerización de la tierra. También se sumarán las dos CTA y los movimientos sociales
Mario Hernandez
La convocatoria de una manifestación frente al Congreso el próximo 6 de agosto contra la intención del Gobierno de avanzar con la extranjerización de la tierra suma un actor de peso: la CGT. La central obrera se sumará a las dos CTA, los movimientos sociales de la UTEP y un sinfín de organizaciones de izquierda y de agrupaciones de autoconvocados que están detrás de la marcha para el jueves.
Ese día el oficialismo espera sesionar para aprobar la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, craneada por el ministro Federico Sturzenegger para desregular la venta de tierras. El debate ya fue pospuesto cuatro veces y fue la senadora Patricia Bullrich la que decidió convocar a un cuarto intermedio de la Cámara alta para el próximo 6 al entender que no tenía los apoyos suficientes de los aliados.
“Vamos a acompañar”, confirmó una alta fuente de la CGT sobre la acción de la Central por la Ley de propiedad privada. Se trata de un paso más en la agenda de acciones escalonadas que armó el triunvirato para este segundo semestre del año, en busca de sumar fuerzas contra el ajuste de Javier Milei.
El Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) también confirmó su presencia en la manifestación del 6 de agosto.
El miércoles de la semana pasada la CGT movilizó junto a los jubilados frente al Congreso. Y ya tiene programado acompañar el viernes 7 la peregrinación de San Cayetano desde Liniers a la Plaza de Mayo en su décimo aniversario.
La marcha del 6 no nace de cero: viene precedida por una semana de acción coordinada bajo la consigna “Argentina no se vende”, que la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda vienen desplegando con talleres, radios abiertas y banderazos en distintos puntos del país, así como recolección de firmas y distintas actividades. El sábado 1º de agosto hubo un banderazo en el Obelisco de autoconvocados como antesala a la marcha del jueves. El reclamo también sumó una carta abierta a los legisladores firmada por la Iglesia, la Pastoral Social y Cáritas, un comunicado del Movimiento Nacional de Capellanes y otro del Llamamiento Argentino-Judío, todos en rechazo al proyecto.
Lo que el oficialismo intentará votar ese día es la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un proyecto de 48 artículos que modifica cinco normas distintas y que Sturzenegger negoció originalmente con los gobernadores en el Consejo de Mayo. Además del capítulo sobre tierras, la iniciativa endurece el régimen de expropiaciones —fija la indemnización al valor de mercado, con un tope del 30% para el lucro cesante, y prohíbe transferir el dominio sin pago previo—, acelera los desalojos por la vía del juicio sumarísimo y deroga parte de la Ley de Manejo del Fuego que impedía, por 30 años, cambiar el uso de tierras incendiadas.
Las dos CTA ya plantearon días atrás su convocatoria para el 6 de agosto.
El capítulo que más resistencia genera reescribe la Ley de Tierras Rurales 26.737, sancionada en 2011, que hoy limita al 15% la tierra en manos extranjeras, prohíbe que una misma nacionalidad supere el 30% de esa proporción, veda comprar más de mil hectáreas en las zonas más fértiles y prohíbe adquirir inmuebles con cuerpos de agua permanentes.
El Gobierno ya había intentado derogarla por decreto a fines de 2023, pero una cautelar judicial la mantuvo vigente; ahora insiste por ley, dejando la potestad de fijar límites en manos de cada provincia y manteniendo solo la prohibición de compra por Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera.
Bullrich lo resumió así: “un extranjero que vive en la Argentina tiene los mismos derechos” que un argentino para comprar tierra, pero “un Estado extranjero no puede, de ninguna manera”. Con el resultado todavía incierto, todas las miradas —las del oficialismo y las de quienes organizan la marcha— están puestas en los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, presionados en su provincia para votar en contra. A esa presión se sumará también la CGT.
Parazo docente nacional
Con un paro contundente, la medida de fuerza unificó reclamos por salarios, presupuesto educativo y la restitución del FONID. En Tucumán, Jujuy, Neuquén, Catamarca y otras provincias el acatamiento fue superior al 90%. Los docentes desafiaron y lograron vencer el intento de implementar en este paro, la reforma laboral de Milei y Petovello con la esencialidad educativa.
El paro nacional docente mostró una fuerza contundente en todo el país, de norte a sur. Durante todo el fin de semana, el gobierno de Javier Milei a través de su ministra, Sandra Petovello, dio a conocer que para este paro regía la reforma laboral y la esencialidad educativa donde los docentes deberían garantizar un 75% por asistencia a los colegios. La contudencia del paro, demostró que no pudieron amedrentar a la docencia.
En Tucumán, ante la profundización del malestar social, la bronca se hizo sentir y el acatamiento llegó al 95% de la docencia.
En CABA, al reclamo nacional se sumaron la defensa del Estatuto docente y en contra del BA Aprende, dos medidas de ajuste. El primero como forma de aplicar la reforma laboral en la docencia y el segundo una reforma reaccionaria que enfrentan los estudiantes secundarios y sus familias. Como así también la defensa de la ESI atacada por el gobierno porteño con su vicejefa Clara Muzio a la cabeza. Los docentes porteños se expresaron con fuerza en las calles.
En Jujuy, en el inicio de la segunda semana de conflicto y en el marco del paro nacional de CTERA, la medida de fuerza mantuvo una altísima adhesión en las escuelas de toda la provincia, alcanzando en varios establecimientos hasta un 90%. Ni los medios afines al gobierno provincial pudieron ocultar la fuerza del reclamo. En las calles, la simpatía popular con las y los maestros no para de crecer frente al ajuste de Milei y Sadir.
En otros lugares del país como en San Juan y Neuquén el acatamiento fue muy elevado, y en Río Negro, en muchas escuelas de Bariloche el acatamiento llegó al 100%. Mientras en Catamarca se habla de un 95% de adhesión a la medida de lucha.
En Córdoba el acatamiento llegó al 75% de la docencia, siendo un poco mayor en la Capital. De conjunto, a lo largo y ancho del país, el gran parazo docente mostró que frente al ajuste en curso que deteriora las condiciones de vida de las y los trabajadores, hay una enorme fuerza social para enfrentarlo.
A pesar de esta fuerza, la conducción celeste de CTERA no convocó a darle ninguna continuidad. Hace falta exigir a todas las centrales sindicales un verdadero plan de lucha nacional, con continuidad y la perspectiva de una huelga general que derrote el plan de Milei y el FMI.
En Cresta Roja reclaman por suspensiones y salarios adeudados
Obreros de la planta II de Cresta Roja, realizaron este lunes una protesta en El Jagüel. Es con corte de tránsito de la autopista Ezeiza-Cañuelas, frente a la planta.
Si bien ya venían con un “esquema rotativo”, el lunes se les informó que permanecerían suspendidos durante todo el mes de agosto sin cobrar salarios. Denunciaron que además tienen una deuda acumulada dos meses de sueldos.
Por eso cortan parcialmente la autopista Ezeiza-Cañuelas, frente al establecimiento.
La planta de la (ex) Cresta Roja de Esteban Echeverría hoy es controlada por la la firma Wade, subsidiaria del grupo empresario GTA, perteneciente al “Zar del Pollo”, Joaquín de Grazia.
Recordemos que la empresa, que ganó fortunas en la última década, viene realizando recortes desde al menos el verano de 2025 en las 8 plantas de GTA. En este momento hay reclamos en Pilar, Capitán Sarmiento y Concepción del Uruguay, donde el conflicto se desató por el cierre de la planta “La China”.
Las fábricas están encuadradas en la Federación de la Alimentación, conducida por la Lista Verde de la que es parte Rodolfo Daer.
La cúpula gremial se ha limitado a realizar las acciones que permitan contener la bronca de las familias obreras, pero nada más. Incluso se ha reunido con sectores patronales en la CGT, pero no ha convocado ninguna asamblea general o un plan de lucha de todas las fábricas atacadas. Esa política solo está llevando al desgaste, los retiros voluntarios y nuevos ataques.
Hay que terminar con esa tregua: que la FTIA convoque un plenario de delegados y asambleas de planta para discutir un plan de lucha en defensa de las y los trabajadores avícolas. Que la crisis la paguen los grupos empresarios millonarios.
Vacaciones forzadas a 350 trabajadores en Avex
350 trabajadores de Avex Río Cuarto recibieron ‘vacaciones obligatorias’ ante las dificultades productivas del establecimiento, el cual estará paralizado por quince días, funcionando con una guardia mínima.
El grupo Granja Tres Arroyos (GTA), actual propietario de la planta, definió el receso forzoso aduciendo falta de suministros, sumando otro conflicto al ya existente por la falta de pago de salarios y el medio aguinaldo de junio.
Desde el Sindicato de la Carne, Claudio Moreno (flamante secretario general), explicó que la empresa planteó ‘falta de insumos’: tras los conflictos salariales de mayo y junio, “se quedaron sin pollos y ahora tienen que recuperar el ciclo, es decir más tiempo para darle peso y poder colocar el producto”.
El conflicto de Avex (y de Granja Tres Arroyos) se remonta a fines del año 2024, cuando el grupo solicitó un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) y se agravó con el cierre del mercado chino a las importaciones argentinas tras un brote de gripe aviar.
“Están esperando que su principal mercado, que es China, se abra nuevamente”, dijo Moreno en una entrevista, y describió la crisis de la empresa como una “situación financiera compleja” y comentó que existe un potencial comprador de las instalaciones locales: “ACA es el inversor supuestamente interesado”.
ACA es la Asociación de Cooperativas Argentinas. De origen nacional, es una de las principales agroexportadoras del país. En febrero de este año, GTA acordó una operación de venta con sistema de “lease back” sobre los activos de Avex, cediendo el inmueble donde funciona la planta y estableciendo un contrato de alquiler que le permitía a Granja Tres Arroyos seguir utilizando todas las instalaciones, incluyendo una opción de recompra, en el caso de que se acomodase financieramente.
La paralización de la planta coincide con otro factor crítico: la imposibilidad de la empresa de afrontar regularmente el pago de salarios y cargas sociales. Y es que los trabajadores han cobrado sólo el 10% de lo correspondiente a junio y no hay noticias del medio aguinaldo que debió ser abonado en junio.
Ya en enero, tras diez días de paro, el Sindicato logró que la empresa cumpla con el pago de diciembre y el correspondiente aguinaldo, todo en cuotas.
A fines de mayo también hubo diez días de asambleas y hasta impidieron el ingreso a 150 trabajadores a la planta. En esa instancia se adeudaba el 40% del mes de abril.
En el mes siguiente (mayo, que se paga en junio) el pago se realizó en diez cuotas, sumado a que la patronal descontó los días de asamblea a los trabajadores. “Más allá de que el ministerio de Trabajo nos da la razón y se tiene que pagar, nos arrincona como sindicato y nos impide pensar en nuevas acciones directas”.
Prácticos, pilotos y baqueanos de todo el país iniciaran un cese de tareas por tiempo indeterminado
La protesta comenzó tras la entrada en vigencia de la nueva normativa, que busca desregular el servicio de practicaje y pilotaje. Los trabajadores resolvieron suspender sus tareas para impedir la aplicación del decreto, mientras que la Prefectura Naval Argentina (PNA) comenzó a intimarlos individualmente para que retomen sus funciones. Hay “150 barcos paralizados” por la medida de fuerza.
Uno de los casos afectados es el del White Marlin, un buque de transporte pesado que debía realizar operaciones relacionadas con Vaca Muerta Oil Sur. Se trata del proyecto de un oleoducto que construye un consorcio integrado por YPF, Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Tecpetrol.
La obra conectará la cuenca neuquina con la costa de Río Negro, desde Allen hasta Punta Colorada, a través de casi 600 kilómetros. Actualmente supera el 75% de avance y se prevé que para mediados de 2027 alcance una capacidad de transporte cercana a los 390.000 barriles diarios. Con ese nivel de producción, las exportaciones de energía de ese año podrían superar los USD 18.500 millones.
El impacto de la medida también se extendió a otros puertos. El Centro de Navegación (CNAV), que reúne a las agencias marítimas responsables de más del 80% de las cargas del comercio exterior argentino, presentó una nota ante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y la Prefectura para advertir sobre la situación.
El CNAV alertó que algunas operaciones previstas en puertos argentinos fueron derivadas a Montevideo y a terminales del sur de Brasil. Entre los puertos afectados aparecen La Plata, Dock Sud, Buenos Aires, Zárate-Campana, Quequén y Bahía Blanca.
La Cámara advirtió que el conflicto podría provocar “pérdidas millonarias en divisas” debido al incumplimiento de contratos, lucro cesante y mayores costos logísticos. Además, señaló el riesgo de que algunas plantas productivas lleguen a quedarse sin capacidad de almacenamiento y cuestionó el impacto sobre la imagen de la Argentina como destino para la actividad marítimo-portuaria.
Ante la interrupción del servicio, la Prefectura comenzó a enviar intimaciones individuales a los profesionales habilitados para que retomen de inmediato sus tareas. Desde el Gobierno sostienen que el practicaje es un servicio público regulado por la Ley de Navegación y que su interrupción puede derivar en denuncias penales y sumarios administrativos.
El conflicto se originó a partir del Decreto 690/2026, que modifica un esquema regulatorio vigente desde 1991. El Ejecutivo sostiene que la reforma busca reducir costos y aumentar la competencia en una actividad que considera excesivamente regulada.
La nueva normativa establece un registro abierto de prácticos habilitados bajo administración de la Prefectura Naval Argentina y permite que los usuarios contraten libremente a los prestadores.
Además, elimina restricciones para el ingreso de nuevos profesionales y establece que la ANPYN fijará tarifas máximas. También obliga a publicar los precios para favorecer la competencia.
El decreto elimina, a su vez, la segmentación geográfica que obligaba a cambiar de práctico durante determinados recorridos, flexibiliza las condiciones para el traslado de estos profesionales y amplía las situaciones en las que algunos buques pueden quedar exceptuados de contratar el servicio obligatorio.
La reforma también incorpora mecanismos destinados a garantizar la continuidad de la actividad en situaciones excepcionales.
El Ejecutivo sostiene que la modificación forma parte de su estrategia para reducir el denominado “costo argentino” y eliminar regulaciones que, según su diagnóstico, restringen la competencia y encarecen la logística.
“La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”, afirmó Sturzenegger al anunciar la reforma.
El ministro cuestionó el régimen anterior y sostuvo que había generado barreras de ingreso para nuevos prestadores, reduciendo la competencia y elevando los costos del comercio exterior.
El conflicto se produce en un sector estratégico para la economía argentina. Por el puerto de Rosario, uno de los principales puntos de salida de la producción agroindustrial, circula cerca del 80% de las exportaciones de granos del país.
ULTIMO MOMENTO
El Gobierno suspendió la aplicación del decreto 690/2026 que desregula la actividad de practicaje en los puertos y que había generado un paro en todos los puertos del país.
La suspensión forma parte acuerdo con los representantes del sector de practicaje que contempla una reducción del 20% en las tarifas del servicio e informó el restablecimiento inmediato de las tareas de asistencia a la navegación de buques en las vías navegables del país que se encontraban paralizadas.
Vaca Muerta inauguró el “salario dinámico” de la reforma laboral
Por Lucho Aguilar
Parte del salario vendrá de achicar los llamados “tiempos muertos”. Además, el convenio se firmó sin intervención del Estado, como también habilita la Ley. Otra vez, el “boom capitalista” será con sudor, sangre y menos descanso de la clase trabajadora.
La reforma laboral tendrá uno de sus primeros hitos en Vaca Muerta. El lugar elegido no es casualidad. Si la ley esclavista era un pedido de las grandes empresas, qué mejor que ofrecerlo como ofrenda para las multinacionales petroleras. Mucho más en medio de la crisis mundial.
Eso fue lo que pactaron el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa con las dos Cámaras que representan a las petroleras que actúan en Vaca Muerta.
Lo llamaron “Programa de Incentivo Variable por Resultados Operativos para la actividad de perforación en la Cuenca Neuquina”. Se trata de una aplicación concreta del salario dinámico incluído en la Ley de Modernización Laboral a través del Artículo 104 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
¿En qué consiste? Un acuerdo paritario donde parte del salario queda atado a la productividad, la flexibilidad de la jornada y los turnos. Como explica el sitio especializado Energía y Transporte, “el acuerdo de los petroleros establece un haber básico garantizado al que se le adiciona un componente variable ligado a métricas de productividad, tales como la cantidad de metros perforados por día, el cumplimiento de tiempos de maniobra y la reducción de tiempos no operativos o de inactividad”.
Por ejemplo, si el equipo reduce entre 12 y 30 horas por pozo, cada trabajador tendrá un bono de $300.000. Si “lo da todo” y reducen más de 30 horas, el bono se duplica.
Parece muy moderno, pero podríamos decir que es un eufemismo para traer el trabajo a destajo o por pieza (pozos por día) y “bajar tiempos muertos” (reducción de tiempos no operativos). Tan viejo como el capitalismo.
El problema es que ataca las condiciones laborales conquistadas por los petroleros durante décadas. El trabajo en exploración y su régimen de turnos tienen que ver no solo con las características de la actividad y las distancias de la región, sino con cuestiones elementales para cuidar el cuerpo y la mente de quienes hacen funcionar la actividad en esas condiciones.
“El marco de la Ley de Modernización Laboral nos brinda la flexibilidad necesaria para maximizar el uso de equipos de última generación. Vincular el salario al rendimiento operativo no solo motiva a las cuadrillas, sino que reduce sustancialmente las horas muertas en el equipo de perforación”, dijo Damián Mindlin, uno de los empresarios que formó parte del acuerdo.
El acuerdo tiene otra trampa. Ataca el criterio de “derecho adquirido” que rige hace décadas: si un empresario paga un bono o plus de manera “reiterada o habitual”, se convertía en un “derecho adquirido” por una regla de costumbre y continuidad. Pero el nuevo sistema aclara que no rige ni la ultraactividad ni la costumbre, “cualquiera fuere el tiempo transcurrido en su mantenimiento”.
Festejan Petroleras y Pettovello
El acuerdo cuenta con otra (relativa) novedad. Se trata de una negociación colectiva sobre productividad firmado por las partes, sin intervención del Estado, que supuestamente debería velar por un marco legal y/o razonable.
El Ministerio de “Capital Humano” así lo destacó en un tuit.
Tampoco hubo “intervención” de los trabajadores, que no pudieron opinar del acuerdo que firmó el Sindicato.
Vaca muerta, tiempos muertos, peligro de muerte
Hay que decir algo que puede molestar a algunos. La flexibilización en Vaca Muerta no es un invento de Milei.
El 1º de febrero de 2017 Mauricio Macri inauguró la nueva era de los convenios flexibles. Junto a Guillermo Pereyra (Petroleros Privados) y los CEO de las petroleras (algunos son los mismos que hoy), firmó un anexo al Convenio colectivo petrolero que incluía cambios en los esquemas de trabajo, generalizaba los contratos a término, extendía las jornadas y flexibilizaba las condiciones de operación nocturna y con viento.
Las consecuencias fueron brutales. Y se contaron con vidas. Ocho trabajadores petroleros muertos en un año.
Pero, como se decía en esa época, hubo “cambios con continuidad”. En octubre de 2020, otra vez el Sindicato de Petroleros conducido por Guillermo Pereyra aceptó la precarización de las condiciones de trabajo, a cambio de sumas no remunerativas. No solo mantuvo el convenio macrista, sino que lo extendió a los pozos convencionales, como los que explotaba la estatal YPF.
Por eso Alberto Fernández fue parte del acuerdo.
Parece que en eso no tienen grieta sino más bien mucho fracking de los derechos obreros. Todos están de acuerdo en la brutal ofrenda que reclaman las empresas extranjeras pero también “nacionales” para invertir en “el negocio del siglo”.
Paolo Rocca despide ilegalmente a 164 trabajadores e incumple la conciliación obligatoria
Mientras avanza la aplicación de hecho de la Reforma Laboral, la empresa de Paolo Rocca deja en la calle a 164 familias amparándose en contratos fraudulentos. El ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y el municipio de Lanús pueden poner límites y demostrar que Rocca no gobierna el territorio bonaerense.
Paolo Roca, el hombre más rico de la Argentina, dueño de la Fábrica Tenaris – Siat de Valentín Alsina, Provincia de Buenos Aires, está llevando la delantera en la intención de aplicar la nefasta nueva reforma laboral 27.802. Esta ley básicamente consiste en el retroceso de conquistas de derechos laborales favoreciendo los mayores niveles de explotación y peores condiciones para el trabajador. Para ello necesita descartar al personal que se encuentra contratado durante varios años en fraude a la ley laboral llamada de plazos fijos.
La contratación durante varios años de un mismo trabajador con sucesivos contratos renovados de manera periódica y consecutiva cada dos y tres meses constituye lisa y llanamente fraude laboral, por ende nulo debiendo ser considerados contratos por tiempo indeterminado (efectivos). SIAT ya fue condenada abonar una multa millonaria por la utilización de estos contratos en la planta de Campana. El ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires por la ley 12.415 al ratificar el pacto federal de la Ley 25.212 es entonces el organismo encargado de fiscalizar las normas laborales. En la ley se enumeran muchísimas infracciones que cometen las empresas y que se describen como infracciones laborales leves, graves y muy graves.
El ministerio de Trabajo tiene plenas facultades para ingresar en los lugares de trabajo sin pedir permiso, exigir libros, registros documentos, etc., es decir, inspeccionar establecimientos, registro de trabajadores con contratos laborales y condiciones laborales y corroborar esto mismo que se denuncia públicamente acerca de los contratos laborales fraudulentos de SIAT. Denunciamos que el avance de estas grandes empresas sin ningún tipo de límite en territorio bonaerense permite que se profundicen los ataques a las conquistas históricas del movimiento obrero.
Téngase en cuenta que los contratos de plazo fijo fraudulentos está considerado como infracción grave en el inciso e) de la Ley 25.212: violación de la normativa relativa a modalidades contractuales”. El ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires previa inspección al establecimiento podría corroborar el fraude e intimar a la empresa SIAT a que revea estos contratos fraudulentos y por ende que queden sin efecto la decisión empresaria de descartar y dejar en la calle a 150 trabajadores “contratados” ya que como dijimos antes son contratos nulos por lo que previo a todo se debe intimar a SIAT a dar cumplimiento con la legislación laboral.
Además, Paolo Roca con los 164 despidos descarta trabajadores violando el tope legal permitido para efectuar despidos masivos establecidos por el art. 98 de la ley 24.013 (no se puede despedir más del 15% del personal en plantas donde hay hasta 400 trabajadorxs sin instar preventivo de crisis), lo cual también consideramos que se plantea la nulidad de esta decisión empresaria. La Cartera Laboral provincial también podría tomar las medidas necesarias frente al incumplimiento de la conciliación obligatoria por parte de la empresa SIAT, lo cual fue denunciado en las reuniones por parte de la uom y la comisión interna cuando ante una clara violación a la conciliación obligatoria, la empresa tiene el descaro de despedir 14 trabajadores efectivos.
Límites de este tenor también podrían hacerse desde la propia gobernación para demostrar que en verdad Paolo Rocca no gobierna en la Provincia de Buenos Aires. Lo mismo podría pensarse también para el municipio de Lanús evitando que las empresas hagan lo que quieran en la provincia.
Desde el CeProDH acompañamos a lxs trabajadorxs en su pelea contra estos contratos fraudulentos y la reincorporación definitiva de todxs evitando que sigan quedando familias en la calle. No podemos permitir que se avance con la implementación de la regresiva reforma laboral ya que a pesar de ser una ley votada en el Congreso Nacional esta tiene que imponerse en los hechos a toda la clase trabajadora. Por eso acompañamos toda lucha por tirar abajo esta ley como todo el plan anti-obrero del Gobierno cipayo de Milei.
Paro total en Industrias Zapla
Desde las 6:00 de la mañana del jueves 30 de julio, los trabajadores de Industrias Zapla, en la ciudad de Palpalá, llevan adelante un paro total de actividades con permanencia en la puerta de la fábrica.
El acatamiento a la medida de fuerza es prácticamente total. El conflicto escaló luego de que la empresa presentara una oferta salarial estructurada exclusivamente en base a “premios por meta cumplida” —condicionando los ingresos a topes de producción mensuales y metas parciales por turnos en áreas críticas como Acería, Laminación, Acondicionado, PSA y Usina—, dejando los salarios completamente congelados y escudándose en la falta de acuerdo de la paritaria a nivel nacional.
La patronal pretende extorsionar a los trabajadores condicionando cualquier recomposición a metas de producción extraordinarias (exigiendo, por ejemplo, 4.000 toneladas mensuales en Acería o Laminación), ofreciendo sumas por fuera del básico que funcionan como un mecanismo de mayor exigencia y precarización. Todo lo ofertado es meramente “a cuenta” de lo que se firme en paritarias, desatendiendo por completo el reclamo de un aumento del orden del 60% planteado por el gremio.
Frente a la intransigencia empresaria, que intentó desgastar la negociación con propuestas miserables, los trabajadores decidieron en asamblea cortar la producción y sostener la permanencia en el turno de mañana en los portones de la planta en defensa de sus salarios y condiciones de trabajo.
Cierre y vaciamiento de la planta de impresión de Clarín
Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) denunciaron que, con personal policial, Clarín prohibió el ingreso a sus funciones a los trabajadores. A su vez, la empresa hizo trascender el cierre total de la planta pero sin emitir ninguna comunicación oficial.
“Tras más de 80 años de historia y trayectoria gráfica, la empresa tomó la decisión unilateral de tercerizar por primera vez la impresión de sus productos, poniendo en riesgo directo la fuente de sustento de decenas de familias trabajadoras”, informaron y apuntaron: “AGEA S.A. busca recortar costos mediante un fraude laboral”.
“Trasladaron nuestra producción a un taller externo donde la mayoría de los trabajadores se encuentran precarizados y sin registrar, destruyendo los derechos conquistados en los Convenios colectivos”, señalaron desde la organización gremial, mediante un comunicado que también firma la Comisión Interna de AGEA/Zepita.
En los últimos días, y sin ningún anuncio oficial por parte de la gerencia de la planta, los diarios Clarín y Olé pasaron a imprimirse en la empresa ColorPress de la localidad de Avellaneda. Y en la noche del lunes ya no permitieron el ingreso a los trabajadores de la planta.
La única información que dio la gerencia es que estarán abiertas las oficinas de Recursos Humanos para que los trabajadores “acuerden” una salida.
Desde el sindicato exigieron el cese inmediato del vaciamiento de la planta de impresión, el respeto irrestricto de las leyes laborales vigentes y del Convenio colectivo, y el resguardo de los puestos de trabajo y la continuidad operativa.
Y reclamaron la intervención urgente de las autoridades laborales y judiciales para impedir los despidos. De igual manera, se declararon en estado de alerta y asamblea permanente.
Este nuevo ataque a los Convenios colectivos de trabajo de parte del principal grupo mediático del país se da en el marco de una sostenida precarización de las condiciones laborales y del salario que afecta al gremio de prensa con particular énfasis, pero es una realidad que sufre el conjunto de la clase trabajadora argentina. En este contexto, la reciente aprobación de la regresiva reforma laboral marcó un punto de inflexión que aceleró el deterioro.
Anuncian paros y movilizaciones en la UOM Río Grande
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Seccional Río Grande resolvió profundizar su plan de lucha frente a la crisis que atraviesa la industria fueguina y el riesgo de nuevos despidos. En una reunión de la Comisión Directiva y el Congreso de Delegados, el gremio definió la realización de medidas de fuerza y movilizaciones durante esta semana para defender los puestos de trabajo.
Según informó el sindicato, el cierre de líneas de producción en empresas del sector amenaza más puestos de trabajo, con impacto no solo sobre los trabajadores metalúrgicos, sino también sobre personal jerárquico, contratistas, logística y mantenimiento.
El Secretario General de la UOM Río Grande, Oscar Martínez, advirtió que el conflicto continúa agravándose y sostuvo que el gremio está dispuesto a profundizar las medidas de fuerza. Anticipando un paro con movilización para el 5 de Agosto, en el marco de un plan de lucha que también cuestiona las políticas nacionales y provinciales que afectan a la industria fueguina y al empleo.
Carrefour: cuarto intermedio y más incertidumbre para 19 familias de Río Gallegos
El miércoles 29 de julio se realizó una audiencia clave en el ministerio de Trabajo de Santa Cruz por los despidos en el Carrefour Market de Río Gallegos. La sala, cargada de bronca y expectativa, reunió a los trabajadores despedidos, representantes del Sindicato de Empleados de Comercio y abogados de la empresa. Sin embargo, la instancia terminó sin una resolución concreta: pasó a cuarto intermedio hasta el viernes 31 al mediodía. La angustia de las familias crece y la situación sigue sin definirse.
Los despedidos tomaron la palabra y manifestaron su rechazo a la decisión patronal, exigiendo ser incorporados al Hipermercado Carrefour ubicado sobre la Autovía. La respuesta empresarial, hasta ahora, es apenas una promesa difusa: se habla de “absorber” a parte del personal, pero nadie garantiza la reincorporación de todos. Mientras tanto, el gremio encabezado por Claudio Silva intenta mostrarse activo tras haber llegado tarde a la defensa de los puestos de trabajo, una actitud que ya genera críticas desde las bases.
Afuera del Ministerio, un grupo de despedidos y despedidas sostuvo un corte y una manifestación. No solo exigen trabajo: dejan claro que la pelea es por la dignidad. Carmen, con 20 años en la empresa y a punto de jubilarse, todavía espera una respuesta de Recursos Humanos. O compañeras con más de dos décadas de servicio que denuncian lo difícil que es, siendo mujeres de 46 o 50 años, reinsertarse en un mercado laboral cada vez más precarizado y expulsivo. La bronca también apunta contra la burocracia y el formalismo patronal: los despidos se comunicaron mediante actas notariales, un método legal pero inusual, que incluso complicó trámites en ANSES. El reclamo es claro: la pelea no es por la indemnización —que se esfuma en un suspiro— sino por el empleo y el futuro de las familias trabajadoras.
El cierre del Carrefour Market dejó en la calle a 19 trabajadores directos y a decenas de empleados tercerizados. Detrás de la excusa de la “falta de rentabilidad”, la empresa ajusta por el lado de quienes menos tienen. No es un caso aislado: Carrefour viene discontinuando sucursales en varias provincias, blindando sus ganancias y descargando la crisis sobre la espalda de sus empleados. La política del gobierno de Milei y el FMI, sumada a la complicidad empresarial y sindical, avanza en la destrucción de cientos de empleos en supermercados de todo el país.
Los trabajadores de Carrefour organizaron su reclamo y llaman a la comunidad, sindicatos y organizaciones sociales a acompañar la lucha. La consigna es sencilla: si tocan a uno, tocan a todos. Basta de despidos, reincorporación ya.
En un contexto de ofensiva patronal, ajuste y precarización, la pelea de los despedidos de Río Gallegos es la de toda la clase trabajadora. Porque la dignidad no se negocia y el futuro se defiende en las calles y en cada lugar de trabajo.
Córdoba: continúa el conflicto salarial judicial
El conflicto judicial por reclamos salariales y un amplio abanico de reivindicaciones continúa al rojo vivo. Las asambleas y manifestaciones son cada vez más numerosas. El abandono de tareas también se siente en todos las sedes de los tribunales provinciales.
En el sistema de liquidación de haberes ya se puede ver el impacto en los sueldos de bolsillo de los descuentos que sufrirán este mes los empleados: entre $200.000 y $400.000, según el cargo.
El concepto representa un cuarto de los 25 días de medidas de acción directa realizadas en lo que va del año. Es decir, que en los próximos meses, los judiciales provinciales verán menguados sus haberes en cifras similares. La decisión fue hacer los descuentos en cuatro cuotas.
El rechazo a la última oferta que formalizó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dinamitó la mesa de negociación en la secretaría de Trabajo, donde había un acuerdo recíproco que consistía en esperar la propuesta sin realizar medidas de acción directa.
La asamblea extraordinaria de comienzos de julio resolvió por mayoría no aprobar el ofrecimiento por insuficiente.
En relación a los descuentos, el gremio rechazó la medida al considerarla un disciplinamiento económico inaceptable y habilitó un formulario para que los empleados puedan efectuar los reclamos por la vía administrativa.
Un aspecto neurálgico del conflicto es el 8% de descuento a todos los haberes del personal, funcionarios y magistrados en concepto de aportes a la Caja de Jubilaciones. La Ley de emergencia previsional subió este año dos puntos al porcentaje que ya venía absorbiendo como aporte, lo que neutraliza los aumentos que se otorgan por el enganche con las mejoras que dispone la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El Tribunal Superior de Justicia ya fijó criterio y fijó como tope una quita del 6% por la emergencia previsional. El gremio denuncia el incumplimiento de ese lineamiento.
Fuentes de la Provincia y del Tribunal Superior de Justicia confirmaron que la segunda cuota de la equiparación salarial será liquidada en los próximos días por planilla complementaria. También está pendiente la incorporación como suma remunerativa de la primera cuota que se venía cobrando desde el año pasado. Hay que recordar que se estipularon cuatro tramos que se completarán en 2028.
En las últimas horas se impartieron las directivas a la Dirección de Administración del Poder Judicial, luego de que Economía envió las partidas.
El lunes hubo una nueva movilización hacia Tribunales I en Capital entre las 10 y las 12:30 horas, con retorno a los lugares de trabajo. El martes, 4 de agosto, se realizó una nueva asamblea general extraordinaria del gremio.
Trabajadores de la fábrica Sabri denunciaron despidos y graves condiciones laborales
Los trabajadores de la empresa Sabri ubicada en Recreo, Catamarca, aseguraron que fueron despedidos sin previo aviso y que la firma mantiene deudas millonarias por sueldos, vacaciones y aguinaldos. Los obreros afirmaron que en varios casos fueron desvinculados mediante mensajes de WhatsApp y que trabajaban en condiciones inhumanas.
La empresa se dedica a la fabricación de indumentaria de trabajo, telas y prendas para marcas internacionales como Zara y Puma, y tenía 92 trabajadores.
Según testimonio de los trabajadores, la empresa despidió a unos 80 empleados que se encontraban en la informalidad a través de mensajes de WhatsApp, y a unos 30 trabajadores contratados, sin ninguna notificación formal ni el pago de las indemnizaciones correspondientes. Un claro ejemplo que la reforma laboral esclavista de Milei no impulsó la reducción de la informalidad laboral.
Los trabajadores también advirtieron que las jornadas de trabajo se extendían hasta 12 horas diarias sin el pago de horas extras ni nocturnas. Entre los reclamos sostuvieron que no contaban con obra social ni representación gremial. La empresa controlaba los tiempos de descanso y las salidas al baño, y los trabajadores que se enfermaban eran obligados a seguir trabajando.
Según medios locales, la empresa recibió asistencias crediticias de distintos organismos, entre ellas de las líneas PyME Federal y CreAr Federal, y el Gobierno provincial de Raúl Jalil visitó recientemente la fábrica en el marco de recorridas por establecimientos industriales.
Daiana Basso, una de las trabajadoras despedidas señaló que son 30 los contratados afectados y que la empresa “Siempre nos dice lo mismo. Ya les pago para la otra semana, no tengo dinero”.
La trabajadora detalló que la mayoría llevaba casi cuatro años trabajando y que decidieron comenzar acciones judiciales porque no les quieren pagar indemnizaciones y aseguró que la deuda ronda los $2 millones para cada trabajador, entre salarios, vacaciones, aguinaldo y otros conceptos.
Basso relató las condiciones inhumanas que vivían día a día. “Nos hacían trabajar ocho horas, descansábamos ocho horas y volvíamos otras ocho horas. A veces trabajábamos 16 horas seguidas”, describió la trabajadora. “Nos controlaban las idas al baño, teníamos una cámara directa al baño y todo el tiempo estábamos bajo amenazas”, agregó. La trabajadora advirtió que los despedidos van a continuar luchando frente a la planta hasta obtener una respuesta.
Cargill paraliza su planta en Arribeños
La paralización de la planta de acopio de Cargill en la localidad bonaerense de Arribeños, General Arenales, profundiza una crisis que ya lleva varios meses y que hoy deja a 30 transportistas sin actividad, además de afectar a talleres, estaciones de servicio, comercios y pequeños proveedores que dependen del movimiento generado por la empresa. Esto no es otra cosa más que un Lockout patronal para extorsionar a los trabajadores camioneros.
El conflicto se originó por el reclamo de un grupo de fleteros, quienes denuncian irregularidades en el sistema de asignación de cargas y el presunto cobro de comisiones para acceder a los viajes. Tras negarse a aceptar esas condiciones, sostienen que dejaron de recibir trabajo. La protesta frente a la planta ya supera las tres semanas y el conflicto lleva alrededor de diez meses sin una solución.
Desde Cargill afirman que los transportistas no tienen relación laboral con la empresa, sino que son prestadores independientes, y aseguran que la contratación de fletes responde a criterios comerciales propios. La compañía también informó que la planta retomará sus actividades cuando considere que existen condiciones de seguridad para operar.
El cierre de la planta vuelve a mostrar el enorme poder que concentran las grandes agroexportadoras sobre las economías regionales. Cuando una multinacional detiene sus operaciones, las consecuencias recaen sobre la población de la zona.
La defensa del empleo y la organización de los trabajadores siguen siendo herramientas fundamentales frente al poder de las grandes corporaciones.
Un nuevo golpe a la salud pública nacional
El viernes por la noche, en medio del más absoluto hermetismo y sin explicaciones oficiales, 64 trabajadores del Hospital Posadas se enteraron de que sus contratos habían sido dados de baja. Esta jugada, que en la práctica funciona como una ola de despidos directos, elevó a más de 200 el número de cesantías en el centro médico desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada y desató la furia de las organizaciones gremiales.
La encargada de visibilizar la situación fue Victoria Rodríguez, secretaria general de CICOP-Posadas. La dirigente sindical reveló cómo se manejaron los recortes en las sombras y apuntó contra el silencio del Gobierno. “Nos enteramos el viernes a la noche de una lista de 64 no renovaciones de contratos que, en los hechos, son despidos. El hospital no emitió ningún comunicado que explique los motivos”, cuestionó la referente, quien ya anticipó la organización de inminentes medidas de fuerza.
El comunicado de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa)
El impacto de este achique no es un dato estadístico más. El Posadas funciona como una de las instituciones nacionales de mayor complejidad, absorbiendo todos los días a pacientes críticos derivados de distintos puntos del país y de la provincia de Buenos Aires. Desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa) advirtieron que limpiar la planta de personal perjudica directamente la capacidad de atención en quirófanos y consultorios.
A la par de esta situación, los pasillos de los hospitales atraviesan un escenario de presión récord. La propia federación marcó que esta reducción de profesionales se ejecuta en el peor momento posible: cuando las guardias públicas desbordan de pacientes que ya no logran sostener una cobertura médica privada, comprar remedios o pagar tratamientos de sus bolsillos. En lugar de reforzar el sistema para contener ese éxodo social, el ajuste achica los márgenes operativos.
Esta postal de tensión está lejos de ser un caso aislado. Fesprosa explicó que la asfixia del Posadas se replica en otros organismos nacionales, donde los equipos de salud conviven con sueldos licuados por la inflación, contrataciones sumamente precarias y un presupuesto general que no da abasto.
Asambleas urgentes y un plan de lucha conjunto
Frente al avance de los despidos, el gremio nacional decidió cerrar filas con la seccional de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) y pidió avanzar de inmediato hacia una asamblea. La estrategia es juntar en una misma mesa a todos los sindicatos con representación dentro del hospital para armar una protesta contundente. Para darle mayor peso al reclamo, también convocaron a organismos de derechos humanos, movimientos sociales y a la comunidad entera para blindar la protesta.
A través de un documento difundido, los representantes de la salud pusieron sobre la mesa sus exigencias innegociables. Primero, reclamaron la restitución inmediata a sus puestos de las 64 personas afectadas este fin de semana. Segundo, exigieron que el Estado dé marcha atrás con todas las cesantías aplicadas desde que arrancó la gestión libertaria.
El mensaje final de los médicos y enfermeros va directo al corazón de la política económica oficial. Con la bandera de la atención pública en alto, el frente sindical exigió el fin inmediato de los recortes en el Posadas y reclamó que se protejan tanto las fuentes de trabajo como las partidas presupuestarias necesarias para garantizar el derecho a la salud.
Tregua en el conflicto por despidos en Pampa Energía
Cerró la única fábrica de caucho sintético del país, impactada por el cierre de Fate, su principal cliente. La empresa, propiedad del grupo Mindlin, inició “negociaciones individuales” con sus más de 130 trabajadores para hacerlos firmar retiros voluntarios. Tras una audiencia, habrá conciliación voluntaria hasta el 3 de agosto.
El conflicto inició el pasado martes 21, cuando las autoridades del holding que conduce Marcelo Mindlin notificaron al Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos (SOEPU) sobre el cierre de la única fábrica de caucho sintético del país, ubicada en la localidad de Puerto San Martín, en el cordón industrial de Rosario. Al mismo tiempo, empezaron los aprietes a los trabajadores para hacerlos firmar retiros voluntarios.
“No llegó ningún telegrama, pero están llamando gente para tratar de que lleguen a un arreglo”, denunció el secretario gremial del SOEPU de Puerto General San Martín, Rodrigo Jordana, al portal local Conclusión. Y agregó que las ofertas varían entre empleados que cumplen la misma función: “Hay trabajadores con la misma categoría, misma actividad, a los que les ofrecieron diferentes números”.
En medio del conflicto, los delegados también frenaron tareas dentro del complejo por cuestiones de seguridad. Explicaron que la planta debe mantener una dotación mínima de brigadistas y que, tras los despidos, esa condición no se estaría cumpliendo.
“La planta está enclavada en una zona donde hay un barrio alrededor. Siempre fuimos respetuosos de la seguridad del complejo”, remarcó.
En este contexto, el jueves 23 de julio se realizó la primera audiencia en el ministerio de Trabajo. Hacia ese edificio se dirigieron los trabajadores de la empresa a protestar y reclamar respuestas. A la esquina de Ovidio Lagos y San Lorenzo también se acercaron el secretario general de la CGT Rosario, Miguel Vivas, la titular de la CTA Autómoma Rosario, Lorena Almirón, y los diputados provinciales Carlos del Frade y Lucila Del Ponti, entre otros referentes.
En la audiencia se llegó a una conciliación voluntaria -y no obligatoria- que frenó los despidos hasta el 3 de agosto. Se aclaró que quedan fuera del retroceso temporal aquellos acuerdos de retiro ya firmados de manera individual y privada entre operarios y la empresa.
La firma alegó una caída drástica en la demanda de su principal cliente local y problemas de mercado para justificar el freno de la unidad productiva.
La planta de Pampa Energía en el cordón industrial nuclea a cinco unidades productivas, que producen insumos para distintos mercados, desde solventes aromáticos hasta etileno, estireno y propileno.
El cierre de la fábrica de caucho sintético es consecuencia directa del cierre de la fábrica de neumáticos Fate, su principal cliente.
Tras la lucha de sus trabajadores volverá a abrir el Frigorífico Euro
Después de casi nueve meses de incertidumbre, los empleados del Frigorífico Euro de Villa Gobernador Gálvez volverán a sus puestos de trabajo, ya que en la jornada del lunes 27 de julio se firmó en el ministerio de Trabajo de Santa Fe un acta acuerdo para que una empresa de Buenos Aires se haga cargo de la planta.
“Luego de varias charlas entre los titulares del frigorífico, los hermanos Salimei (dueños de la firma) y una empresa de Buenos Aires, encabezada por Sergio García, se llegó a un acuerdo que se firmó hoy”, contó Walter Navarro, delegado de los trabajadores.
El acta firmada tiene una extensión de cinco años, con una opción de compra, manteniendo la misma antigüedad y misma categoría para cada trabajador.
“En una primera etapa ingresarán unas 30 personas, quienes realizarán trabajos de limpieza y ordenamiento, pero la idea es que se vayan sumando el resto, porque se acordó que el resto de los compañeros tiene prioridad”, manifiesta Navarro.
La tripería Euro SA -luego rebautizada Europlus– fue creada en 1999 y sus propietarios eran empresarios de Villa Gobernador Gálvez, la familia Lequio, un grupo frigorífico que se dedicaba a los chacinados y embutidos.
La idea del nuevo grupo inversor es reabrir la primera semana de agosto. “Según los nuevos titulares, entre martes y miércoles llegaría algo de mercadería, como para arrancar y el lunes 3 ya iría empezando la producción, porque hay que hacer algunas conexiones de cableado y de agua”, asegura el delegado gremial.
El conflicto en la planta de Villa Gobernador Gálvez lleva unos nueve meses. A fines del año pasado, los trabajadores dejaron de percibir sus suelos y la producción se detuvo.
Protesta en el frigorífico ex Sadowa por falta de pagos e indemnizaciones
Los obreros del frigorífico ex Sadowa se manifiestaron en las puertas de la planta, en Mar del Plata. Denuncian despidos a los que además no les cumplen con el pago de indemnizaciones. Así lo dijo a medios locales Osvaldo Quiroga, secretario general del Sindicato de la Carne de Mar del Plata: “Algunos compañeros fueron despedidos el pasado 24 de junio; aunque se les entregó la liquidación final, todavía no se les ha abonado”.
“Asimismo -dijeron desde el gremio- ya hemos realizado la denuncia correspondiente ante el ministerio de Trabajo de la provincia, reclamando también la falta de pago del aguinaldo correspondiente al primer semestre del año”.
Las deudas de parte de la empresa se siguen sumando. “Los compañeros en actividad están sin cobrar el aguinaldo y con atraso en la quincena”, dijeron desde el gremio. Además ya se acumulan unos 40 despidos.
La ciudad de Mar del Plata es una de las más afectadas por la crisis y la recesión industrial. En la pesca, la carne, el comercio, incluso el turismo. Lejos de unificar los reclamos para evitar que la crisis la pague el pueblo trabajador, las cúpulas gremiales siguen haciendo acuerdos que llevan a una sangría lenta pero continua. Hay que coordinar todos esos reclamos, junto a los del resto de los sectores castigados por las políticas económicas, para derrotar el ajuste.
Arietto y Lustramax incumplen la Conciliación Obligatoria una vez más
Después de 10 despidos discriminatorios que la empresa efectuó contra los trabajadores, a quienes les quería pagar la indemnización en 12 cómodas cuotas y con papel higiénico, el ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, a pedido del Sindicato de Empleados de Comercio, dictó la Conciliación Obligatoria, que fue incumplida por la empresa Lustramax, patrocinada por la senadora provincial Florencia Arietto.
Ambos continúan en una situación de ilegalidad, por lo cual se le abrió una causa penal a la senadora Arietto y se remitió la denuncia a la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, el ministerio de Trabajo informó al delegado Leandro Gómez que realizará una intimación a la empresa exigiendo la reincorporación de Gómez y de Ferreyra, ambos electos como delegados en diciembre del año pasado. En caso de que la patronal no cumpla con la orden, el expediente será remitido a la Justicia laboral por incumplimiento de una orden ministerial.
Lustramax y Arietto ya vienen incumpliendo tres órdenes judiciales dictadas por los tribunales laborales de Pilar. Además, las causas penales que habían iniciado contra los delegados fueron archivadas por la Justicia penal. La patronal y Arietto ya no tienen ninguna causa contra los delegados y, aun así, no los quieren dejar ingresar, incumpliendo con las resoluciones de la Justicia laboral y con la Constitución Nacional, que protege la actividad sindical.
El plan de aplicar la reforma laboral por parte de las patronales tiene en Lustramax a su laboratorio de avanzada, persiguiendo a los trabajadores e intentando destruir su organización. Los delegados y los trabajadores resisten con el apoyo y la solidaridad de la Mesa de Coordinación de Zona Norte, activistas y delegados, estudiantes y organizaciones sociales y políticas que vienen acompañando meses de lucha. Además, ya se están preparando nuevas acciones contra la patronal de Lustramax y contra Florencia Arietto.
Protestas en el Parque Pesquero de Puerto Madryn
Volvieron los piquetes en los principales accesos al Parque Industrial Pesquero de Puerto Madryn. Fue luego del fracaso de la reunión del miércoles 15 de julio entre dirigentes y delegados del STIA (Alimentación) y representantes de Conarpesa, una de las empresas más importantes del sector.
Se trata de operarios de temporada que tenían como fecha límite el 15 de julio, tal como estableció un acta homologada por la secretaría de Trabajo de Chubut.
Sin embargo, el gigante pesquero no cumplió con el acuerdo. Se trata de 85 trabajadores y trabajadoras.
Por eso desde primeras horas de la mañana comenzaron una quema de cubiertas en la rotonda principal del Parque industrial.
La empresa dice que la incorporación del personal se concretaría el próximo 1° de agosto, pero la mayoría no le cree. Se trata de una provocación sin sentido, salvo que complicar el bolsillo y la vida de los obreros pesqueros.
La Secretaría de Trabajo de la Nación homologó el acuerdo paritario celebrado por la UOCRA
La medida estableció la pauta de aumentos salariales aplicables a las distintas categorías comprendidas dentro de los Convenios Colectivos de Trabajo N° 76/75 y N° 577/10 para los meses de junio, julio y agosto de 2026.
El entendimiento selló para el mes de agosto un incremento salarial del 1,9% acumulativo sobre los sueldos básicos vigentes al 31 de julio de 2026. Asimismo, la norma dispuso la incorporación por absorción en las planillas del período de la suma no remunerativa correspondiente al mes de julio.
En lo que respecta a las contribuciones obligatorias, los empleadores alcanzados retendrán un 2% mensual en concepto de aporte extraordinario solidario sobre las remuneraciones sujetas a aportes legales con destino a la organización sindical.
Se firmó el acuerdo en la paritaria salarial desmotadora 2026
Los paritarios de la Federación Aceitera y Desmotadora (FTCIODyARA) y del Sindicato de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón del Chaco (STADYCA) alcanzaron un acuerdo con los representantes de la parte empresaria en la negociación paritaria salarial de los obreros y empleados desmotadores de algodón. En términos porcentuales, durante 2026 habrá un incremento de 44,5 %, distribuido en 26,7 % en mayo a lo que se le agrega un 14% acumulativo distribuido en 8 % en julio, 3 % en Agosto y 3 % septiembre. Además las partes acordaron reunirse en octubre para revisar lo acordado.
A partir del presente acuerdo, el salario (básico + adicionales) de un trabajador de una jornada legal llegará a partir de septiembre de 2026 a 1.822.493,35 pesos para la Categoría C); 1.969.097,90 para la Categoría B), y 2.105.368,0284 para la Categoría A).
Se estableció, además, el cobro de una Suma no Remunerativa de 90.000 pesos para la categoría C); 100.000 para la categoría B) y 120.000 para la categoría A) a abonarse en julio.
Desde la Federación y el Sindicato explicaron que esta negociación se inició inmediatamente tras haberse cerrado en abril pasado el reajuste pendiente de la paritaria desmotadora del 2025/2026; un reajuste que incluyó además el pago de una suma extraordinaria de 150.000 pesos que fue liquidada con el salario de junio de 2026.
“Compañeras y compañeros, esta conquista se obtuvo gracias a la unidad de acción que sostienen nuestras organizaciones gremiales FTCIODyARA y STADYCA, que trabajan en defensa de los derechos de las y los trabajadores desmotadores de algodón de todo el país. En la negociación defendimos el reclamo paritario de nuestras organizaciones gremiales, fundamentado en el derecho a un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, que asegure a los trabajadores sin carga de familia, en su jornada legal de trabajo, la satisfacción de las 9 necesidades: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión. Los compañeros paritarios negociaron sabiendo que incluso en el difícil contexto que atravesamos como clase trabajadora, donde el gobierno y el poder económico disponen políticas que atacan todos nuestros derechos, la voluntad de los trabajadores desmotadores los sostenía, porque estaban dispuestos a llevar adelante las medidas que fueran necesarias para lograr el objetivo. Seguiremos adelante con la misma unidad, solidaridad y conciencia de clase, trabajando por la dignidad de la familia desmotadora”, afirmaron desde la Comisión Directiva de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina.
En congreso virtual, Cicop aceptó paritarias a la baja
Un Congreso plagado de irregularidades aceptó la propuesta paritaria del 7 % en dos cuotas para profesionales y técnicos de la provincia de Buenos Aires.
Con tres ejemplos graficamos algunas de las tantas irregularidades que hubo: En primer lugar, se incumplió con los 5 días previos reglamentados en el estatuto, para la convocatoria, ni su difusión en un medio masivo, congreso “super express” y exclusivamente virtual, algo que tampoco permite el Estatuto.
En segundo lugar, la limitación del ingreso a la videoconferencia por ZOOM de los afiliados y congresales de la Pluricolor, impidiendo del derecho democrático de participar de todo el Congreso (los congresos son abiertos), como es el caso de una afiliada de la seccional José Ingenieros a quien le respondieron que “el mandato de su seccional ya estaba pasado” como si fuera eso lo único que importa discutir.
No solo eso, además también la alteración en el orden de los oradores. En tercer lugar, la imposición de un temario único de “evaluación de la propuesta paritaria”, sin siquiera, incluir la situación política general.
Quisieron impedir a las y los congresales de la Marrón la inclusión de reclamos híper sentidos por la base, como el inmediato pase a planta de les becaries del Vacunate que solo perciben entre 500.000 y 600.000 pesos por mes. Compañeros y compañeras nuestras con quienes sostenemos hospitales y CAPS codo a codo y sufren la precarización en carne propia, enorme mayoría mujeres y jefas de hogar, obligadas a doble o triple jornada laboral para llegar a fin de mes.
Es cierto que un sector importante de las llamadas “becas de contingencia” (que perciben un salario cercano al millón de pesos y en su mayoría son profesionales) tienen la promesa del pase a la planta permanente antes del 1º de septiembre. Pero lo que la Dirección del sindicato omite decir, es que quedan miles y miles sin ningún tipo de garantías sobre su pase.
Alarmante excusa puso la secretaria adjunta de la CICOP durante el congreso diciendo que : “no son del ministerio de Salud, pertenecen a otras dependencias, tampoco son profesionales”.
Es que en muchos casos, trabajadores que sostienen tareas en hospitales y CAPS bajo “becas de capacitación” ni si quiera dependen del ministerio de Salud, ya que a eso tuvo que recurrir la Provincia frente a la alarmante falta de personal.
Pero es inadmisible la respuesta por parte de la dirección del sindicato, pues con más razón entonces tenemos que levantar un plan de lucha por su inmediata incorporación a la planta permanente de los hospitales, sin dilaciones ni maniobras. Son nuestros compañeros, igual trabajo, iguales derechos!
Asimismo, otros temas estratégicos no querían ser abordados, y fue la oposición combativa la que logró ponerlos en la agenda como impulsar la solidaridad y coordinación con les trabajadores en lucha de FATE, CNEA, Docentes de la provincia cuyo paro provincial (convocado por los Suteba Multicolor) fue masivo la semana pasada, así como la exigencia de la reincorporación de las compañeras despedidas del Astillero Río Santiago.
Desde una perspectiva clasista los sindicatos deberían estar al servicio de los intereses del conjunto de la clase trabajadora y de sus luchas, sin importar sus fronteras. El caso de los terremotos en Venezuela que dejaron más de 5.000 muertos, decenas de miles de desaparecidos y millones de damnificados tiene que se emblemático en esta práctica solidaria.
Si bien el sindicato sacó un pronunciamiento en su red social de Instagram en donde dice “desde nuestra organización sindical nos ponemos a disposición para colaborar en todo aquello que sea necesario, convencidxs de que la solidaridad es fundamental frente a las tragedias de esta magnitud”, por ahora eso quedó congelado en un flyer. Es por eso que como opisición combativa se propuso impulsar una campaña de solidaridad activa por Venezuela que parta de asambleas de base, fondos de lucha, solidaridad con les trabajadores afectades, con les que nos une el enfrentamiento al imperialismo y el FMI que, con la colaboración de los gobiernos de turno y el silencio cómplice de las direcciones sindicale, nos estan hundiendo en la miseria.
Se planteó también que el sindicato apoye económica y políticamente a nuestros compañeros profesionales afiliados y referentes de la CICOP Iara Salerno, Pame Ariel Galina y Juan Porto quienes se encuentran actualmente en Caracas, poniendo sus conocimientos y capacidades para ayudar a les damnificades por el terremoto en Venezuela. A pesar de haber utilizado vías formales e informales para recibir una respuesta de la actual conducción del sindicato, la actitud fue el completo silencio.
Lamentablemente no sorprende. Apenas unos meses atrás, mientras Iara y Raul Laguna Bosch (Ex miembros del CDP y referentes de la oposición de Cicop) se encontraban en aguas internacionales siendo parte de la Flotilla que intentaba abrir un corredor humanitario hacia Gaza donde ocurre un genocidio, asesiados por fuerzas sionistas, escribían una solicitud por vías institucionales formales para que CICOP bregue por la seguridad física de sus afiliados y referentes. El silencio es inadmisible y repudiable. Bregamos por una inmediata reconsideración de esta posición, contra los genocidios y contra el imperialismo no puede haber ni doble vara ni medias tintas.
Fueron varias las seccionales que llevamos el mandato de rechazo y plan de lucha y, aunque quedamos en minoría, es relevante destacar que algunas corresponden a las más grandes de la provincia como la de Florencio Varela, Paroissien, Eva Perón de San Martín, entre muchas otras.
El reclamo no parte de un porcentaje si no de una obviedad. Las y los trabajadores de la salud junto al resto de los estatales necesitan un salario igual a la canasta basica familiar, de ingreso, para todo el equipo de salud. Lo correspondiente a 2.5 millones segun ATE INDEC, no es lo óptimo ni lo deseable, es lo mínimo e indispensable para no vivir de trabajo en trabajo y llegar a fin de mes.
Sobre el final también, en la segunda ronda de intervenciones que la oposición combativa logró arrancar, se manifestó la necesidad de estar en las calles el próximo 6 de agosto cuando el Congreso Nacional llame a tratar la mal llamada “ley de inviolabilidad de la propiedad privada” pero que es realmente una “ley de extranjerización” o como definió Octavio Crivaro: Ley de violabilidad de la propiedad pública.”
Acuerdo salarial minero
La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), la Federación Argentina de la Piedra y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) definieron el nuevo esquema de salarios básicos para los operarios comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo № 36/89. Las partes modificaron los valores de los jornales mediante incrementos mensuales acumulativos del 3,5% fijados para el período que va desde mayo hasta septiembre de 2026.
El acta acuerdo determinó las remuneraciones vigentes en todo el país para la rama “Cal, Piedras y Afines”, las cuales quedaron sujetas a la homologación oficial de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Mientras se gestiona dicho trámite administrativo, las empresas abonan la suba de forma separada bajo el concepto “A cuenta acuerdo Fecha 29/05/2026”.
Fuentes: Perfil, La Izquierda Diario, CeProDH Zona Sur, Indymedia Trabajadoras/es, Karne de Máquina, Resumen Latinoamericano, Conclusión, El Megáfono