La presión popular hizo retroceder al Gobierno y hoy se moviliza por la caída de toda la ley

A pocas horas del debate en el Senado, la fuerte presión social consiguió un primer triunfo y el gobierno de Javier Milei se vio obligado a retirar el capítulo que habilitaba la extranjerización de la tierra de la llamada “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. Sin los votos suficientes para sostener uno de los puntos más cuestionados del proyecto y en medio de una creciente campaña de rechazo en todo el país, la Casa Rosada resignó una de sus principales apuestas legislativas. Sin embargo, las organizaciones ratificaron la jornada federal de movilización prevista para hoy, jueves 6, frente al Congreso Nacional y en distintas provincias, alertando que el proyecto continúa representando un grave retroceso al mantener artículos que habilitan desalojos sumarios, modifican la Ley del Fuego, restringen las expropiaciones y fortalecen las garantías para grandes propietarios y capitales. A este escenario se sumó un nuevo foco de conflicto político: el senador oficialista Joaquín Benegas Lynch, hermano de «Bertie», quedó expuesto por conflicto de intereses al participar del tratamiento la ley mientras a la vez es fundador y director de Glocal Terra SRL, una empresa que se dedica a gestionar la venta de tierras argentinas a extranjeros.

La presión social consiguió un primer triunfo. A pocas horas del tratamiento en el Senado de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el gobierno de Javier Milei debió retirar el capítulo que eliminaba las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros. Sin los votos necesarios para aprobar uno de los puntos más cuestionados de la iniciativa y frente a una creciente campaña nacional impulsada por organizaciones campesinas, indígenas, ambientales, sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos, artistas, deportistas y referentes sociales, el oficialismo sufrió una derrota política que expuso las dificultades para avanzar con uno de los proyectos más controvertidos de su agenda.

Sin embargo, el conflicto está lejos de cerrarse: sosteniendo la consigna «La tierra no se vende, no se quema, ni se desaloja», las organizaciones ratificaron la jornada federal de movilización convocada para este jueves 6 de agosto desde el mediodía frente al Congreso Nacional y en distintos puntos del país con un objetivo claro: impedir la aprobación del resto de la ley y lograr el retiro de todo el proyecto.

Las organizaciones convocantes sostienen que esta disputa excede ampliamente el capítulo finalmente retirado y señalan que el proyecto forma parte de una arquitectura legislativa más amplia que incluye el RIGI, la flexibilización de normas ambientales y la consolidación de un modelo orientado a garantizar seguridad jurídica para las grandes inversiones extractivas e inmobiliarias. En ese sentido, advierten que los artículos que permanecen en el texto continúan debilitando herramientas de protección de los territorios y fortaleciendo los intereses de los grandes propietarios por sobre los derechos de comunidades campesinas, indígenas e inquilinos.

Por eso, consideran que la retirada del capítulo sobre extranjerización constituye apenas una primera victoria, y la jornada de este jueves buscará convertir ese retroceso del oficialismo en un nuevo paso para impedir la aprobación de toda la ley completa. Para las organizaciones convocantes, el desenlace de esta discusión marcará mucho más que el destino de un proyecto legislativo y pondrá en juego el modelo de país, la defensa de los bienes comunes y la posibilidad de frenar nuevas políticas de ajuste, concentración de la tierra y avance del extractivismo impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

Ante el sostenimiento de la jornada nacional de lucha y movilización por la caída completa de toda la ley, se volvió a activar la guardia jurídica de organismos de derechos humanos y antirrepresivos ante la posibilidad de quienes se movilicen sufran algún tipo de abuso, maltrato o represión por parte de las fuerzas represivas con las que el gobierno habitualmente blinda el Congreso nacional.

¿Joaquín Benegas Lynch es el nuevo Adorni o Espert del gobierno?

En paralelo, el debate legislativo quedó atravesado por un nuevo escándalo, luego de que el senador oficialista Joaquín Benegas Lynch, hijo de Alberto «Bertie» Benegas Lynch, guitarrista de la banda de Milei y uno de los legisladores que acompaña el proyecto, quedó bajo cuestionamiento por su conflicto de intereses debido a que es el fundador y director de Glocal Terra SRL, una firma fundada en 2020 junto con su esposa Eloisa Perea Muñoz, con domicilio en la avenida Santa Fe al 700 (Ciudad de Buenos Aires) y que se presenta como dedicada al asesoramiento de inversores y administración de campos.

En su sitio web, que está en inglés, la empresa de Benegas Lynch destaca que tiene experiencia de «más de 3 millones de hectáreas en transacciones» en Latinoamérica y que su «cartera y servicios de búsqueda incluyen terrenos agrícolas exclusivos y fuera del mercado, tierras forestales, grandes extensiones de terrenos protegidos y fincas de lujo«, detallan. También ofrece el servicio de gestionar las tierras de extranjeros, «actuando en nombre y bajo la dirección de los propietarios de las tierras».

Y a modo de declaración de principios ideológicos, la empresa remarca: «es un hecho que las empresas rentables del sector privado, sobre todo cuando operan en un contexto de libre mercado y sistemas no regulados, generan beneficios sostenibles a largo plazo, directos e indirectos para la comunidad local y global. Las políticas, regulaciones e intervenciones de los gobiernos locales en el sector privado tienen un impacto negativo en la economía, lo que se traduce en un aumento de la pobreza y, como consecuencia directa, en problemas de nutrición infantil», remarca la compañía, en clara alineación con el discurso gubernamental.

En este marco, la Senadora Nacional bonaerense por el Bloque Justicialista, Juliana di Tullio, presentó una impugnación contra el senador Benegas Lynch por «severo conflicto de intereses entre su Empresa Glocal y la Ley de Inviolabilidad». La presentación, que llegó a manos de Victoria Villarruel, vicepresidenta y presidenta del Senado, establece la «abstención e inhabilitación inmediata del legislador libertario para intervenir, debatir, firmar dictámenes y emitir su voto respecto del Proyecto de Ley denominado ‘Inviolabilidad de la propiedad privada’.

De esta manera, en el marco de la inminente discusión del resto de la cuestionada ley, el conflicto alrededor de Benegas Lynch abre un nuevo frente de desgaste para el Gobierno. Luego de las polémicas que involucraron a Manuel Adorni y José Luis Espert también en conflictos entre sus funciones públicas e intereses particulares, ahora las miradas se posan sobre uno de los principales impulsores de la reforma, tras conocerse su vinculación con una empresa dedicada a la comercialización y administración de tierras para inversores extranjeros. Aunque se trata de situaciones diferentes, los tres episodios alimentan cuestionamientos sobre la existencia repetida y constante de conflictos de intereses dentro del oficialismo.


Fuente: https://www.anred.org/la-presion-popular-hizo-retroceder-al-gobierno-y-hoy-se-moviliza-por-la-caida-de-toda-la-ley/

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