El operativo represivo pudo completar sólo una parte de su agresión contra las Lof Kinxikew (Quintriqueo) y Melo el miércoles 19, y el pueblo mapuche se mantiene en su territorio ancestral. Pero hoy, el juez Francisco Astoul Bonorino rechazó el pedido de la comunidad mapuche Lof Kintxikew para suspender la medida. Según el magistrado, cuya familia es propietaria de una inmobiliaria, es válido expulsar a la comunidad de su territorio aunque no haya un fallo de fondo sobre la propiedad comunitaria mapuche, beneficiando de facto a la familia belga Broers.
Reporte de Maitén Cañicul de la FM Che.
Con información de FM Che, Agencia FARCO y Confederación Mapuche de Neuquén.
Luego de un enorme operativo desplegado en la mañana del miércoles 19 de agosto promovido por el juez Francisco Bonorino, se efectivizó el desalojo a la comunidad mapuche Kinxikew de uno de los predios que comparte con la comunidad mapuche Melo.
Sin embargo, a las 14 horas, las fuerzas represivas se retiraron del paraje El Pedregoso sin poder desalojar a la comunidad Melo, argumentando que no estaban dadas las condiciones para llevar adelante un desalojo con presencia de menores y adultos mayores en el lugar. El operativo desplegado solo incluía fuerzas represivas y no había ninguna otra institución para garantizar el procedimiento.
Por eso el territorio comunitario de las comunidades Melo y Kinxikew (Quintriqueo), a aproximadamente 30 kilómetros de la ciudad de Villa La Angostura, aún se encuentra bajo su resguardo. Pero la amenaza persiste. La Confederación Mapuche de Neuquén informó este jueves que las fuerzas represivas del Estado volvieron a desplegarse en el lugar, específicamente en el sector del Pedregoso que fue desalojado de manera sorpresiva, ilegal y violenta el 19 de agosto.
Astoul Bonorino reafirmó el desalojo
Este viernes, el juez Francisco Astoul Bonorino rechazó el pedido el pedido de la comunidad Kinxikew para frenar la ejecución de desalojo. El fallo no define el reclamo de fondo sobre la propiedad comunitaria mapuche, pero permite que continúe la ejecución de una sentencia firme mientras ese otro juicio sigue en trámite.
La decisión fue adoptada por el juez Francisco Astoul Bonorino, titular del Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Villa La Angostura, quien resolvió que la ejecución de la sentencia de desalojo puede continuar mientras sigue tramitando la causa principal iniciada por la comunidad. En términos prácticos, el fallo significa que la Justicia no frenó el desalojo y que la medida solicitada por la comunidad fue rechazada.
Bonorino beneficia de esta manera a la familia de origen belga Broers, que reclama la titularidad del territorio ancestral mapuche. Villa La Angostura no es cualquier lugar en la Patagonia: ubicada en el corazón del Corredor de los Lagos, rodeada por el Parque Nacional Nahuel Huapi, es una locación codiciada por su alto valor turístico.
En este contexto, este sábado 22 las comunidades convocan a una caravana de los pueblos en solidaridad que tendrá dos puntos de concentración: uno a las 14 horas desde el Puente de las Piedritas en Villa de la Angostura, y otro a la misma hora en el estacionamiento ferroviario en la terminal de Bariloche para confluir en el territorio en resguardo.
Amancay Quintriqueo Lonco de la Lof Kinxikew (Quintriqueo) y Noelia Huenumir Pigen, lonco de la Lof Melo, convocaron a movilizar: “El día de ayer (por el miércoles 19) fue desalojada nuestra comunidad pero el objetivo de esta caravana es también demostrar la resistencia y que no nos van a mover de acá, que hoy hay que resguardar también el territorio de la Lof Melo porque no podemos seguir entregando un metro cuadrado más a todos estos extranjeros que hace tiempo vienen quedándose con nuestros territorios”.
“Hay que evidenciar todo lo que viene haciendo este gobierno junto con el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, que son ellos quienes hoy entregaron nuestro territorio a un extranjero de descendencia. El pedido desde el territorio comunitario es acompañar de manera presencial el resguardo, hacen un llamado a organizaciones sociales, colectivos y vecinos y vecinas que deseen acercarse al lugar”, expresaron.
Además, denunciaron la complicidad del gobierno provincial de Rolando Figueroa y del ministro Jorge Tobares. Las comunidades denuncian que el poder político de la provincia, lejos de intervenir para evitar el desalojo violento y teniendo las herramientas, decidió avalar un procedimiento ilegal que pone en riesgo a las familias mapuche, a infancias, adolescencias y adultos mayores que se encuentran en el lugar.