Este 2 de septiembre, en las elecciones nacionales de CTERA, votá la Multicolor en todo el país por:
– Un salario docente que cubra la canasta básica familiar por un cargo, y que todas las sumas vayan al básico.
– Triplicar el presupuesto educativo. Basta de pagar la deuda externa ilegal e ilegítima, basta de beneficiar de manera impositiva a los sectores más concentrados de la economía: que toda esa plata vaya para educación, salud, vivienda y empleo.
– Equipos socioeducativos y de ESI en cada escuela, para abordar las problemáticas sociales producto de esta crisis, y la violencia de género generada por las políticas de ajuste y por este sistema patriarcal.
– Urgente inversión en edificios escolares seguros, con conectividad, para garantizar el derecho de todas y todos.
– Partidas presupuestarias que garanticen una alimentación nutritiva y saludable para todas nuestras infancias y adolescencias.
– Boleto educativo gratuito para estudiantes y docentes.
– Unificación nacional del sistema educativo, gestionado por universidades, sindicatos, organizaciones estudiantiles y de la comunidad.
Los secundarios porteños empiezan a coordinarse
Mario Hernandez
Estudiantes de escuelas secundarias cortaron Corrientes y Darwin para rechazar la reforma educativa de Jorge Macri y Mercedes Miguel. La convocatoria reunió a estudiantes del Lola Mora, Lengüitas, Yrurtia, Comercial N.º 35, Nacional Buenos Aires, Técnica Sarmiento, la René Favaloro y la Niní Marshall, en una de las primeras acciones que expresa un intento concreto de coordinar las distintas luchas que vienen desarrollándose contra la reforma educativa impulsada por el Gobierno porteño.
Varios artículos de Martín Suárez para Tiempo Argentino completan el panorama de la educación en CABA.
El corte contó con el acompañamiento de docentes, familias, integrantes de las comunidades educativas, el sindicato Ademys y Centros de estudiantes terciarios como el del Joaquín V. González, el Alicia y el Normal N.º 1, cuyos estudiantes destacaban que, como futuros docentes, se sienten interpelados por el ejemplo que están dando los secundarios. “Los chicos nos están mostrando el camino”, señalaba una estudiante terciaria. “Nosotros queremos poner nuestros centros de estudiantes al servicio de defender la educación pública, apoyarlos y coordinar.”
Hasta hace pocas semanas, muchas de estas escuelas enfrentaban la reforma por separado.
El Yrurtia protagonizó una toma que terminó obligando al Ministerio de Educación a firmar un acta comprometiéndose a que la escuela no ingresaría a BA Aprende.
El Lola Mora realizó un pernocte para impedir el avance de la reforma. La Nini Marshall viene desarrollando distintas medidas y al finalizar el corte recibió el acompañamiento de las demás escuelas en una concentración frente al establecimiento.
El Comercial 35 denunció que BA Aprende ya está teniendo consecuencias concretas: reorganización de cursos, pérdida de puestos de trabajo docentes y modificaciones que deterioran las condiciones de enseñanza.
Cada escuela tiene su experiencia, pero todas empiezan a identificar que enfrentan una misma política. “El Yrurtia demostró que sí se puede frenar la reforma”, comentaban varios estudiantes durante la jornada. “Ahora la pelea es que ninguna escuela tenga que enfrentarla sola.”
La movilización también mostró algo que empieza a repetirse en distintos conflictos educativos: la incorporación activa de docentes, familias y estudiantes terciarios. Madres y padres acompañaban el corte sosteniendo carteles contra BA Aprende y conversando con quienes se acercaban a preguntar por la protesta.
Docentes de distintas escuelas insistían en que el ataque no afecta solamente a quienes hoy cursan el secundario. “La educación de las futuras generaciones es algo que toda la sociedad tiene que defender”, explicaba una mamá. “No podemos mirar para otro lado cuando el Gobierno modifica la escuela sin consultar a nadie.”
En ese sentido, los centros de estudiantes terciarios remarcaron que también sienten propia esta pelea “Somos futuros docentes. Lo que hoy está pasando en las secundarias también define las condiciones en las que vamos a enseñar mañana.”
Uno de los aspectos más significativos de la jornada fue justamente ese intento de coordinar entre escuelas. Mientras crece el rechazo a BA Aprende en distintas comunidades educativas, estudiantes vienen cuestionando la orientación de la Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB), cuya conducción sostiene en los hechos que no hay posibilidad de enfrentar la reforma. Una posición similar viene adoptando la conducción peronista de UTE, que tampoco impulsó un plan de lucha unificado frente al avance de BA Aprende y brilló por su ausencia hoy en la jornada, así como en muchas otras acciones que brotan desde abajo.
Sin embargo, la realidad parece ir en otro sentido. Las experiencias del Yrurtia, el Lola Mora, la Niní Marshall y otras escuelas muestran que el descontento no dejó de crecer y que cada vez son más las comunidades educativas que buscan encontrarse para debatir acciones comunes. El corte de Corrientes y Darwin expresó precisamente esa búsqueda: pasar de conflictos aislados a una coordinación construida desde abajo por estudiantes, docentes y familias.
Al terminar la actividad, se dirigieron hasta la Escuela Niní Marshall para acompañar la concentración que allí realizaba su comunidad educativa. La escena sintetizaba el sentido de toda la jornada. Ya no está cada escuela sola defendiendo su conflicto. Son varias comunidades educativas empezando a reconocerse como parte de una misma pelea. Entre abrazos, bombos y cantos, una mamá resumía el clima que atravesó toda la movilización: “Que no bajemos los brazos. La salida es colectiva. Los secundarios están siendo un ejemplo para todos nosotros.”
La experiencia del Yrurtia mostró que BA Aprende puede frenarse. La pregunta que empieza a recorrer cada vez más escuelas es cómo extender esa fuerza para derrotar la reforma en toda la Ciudad.
¿Qué es y quiénes son los funcionarios que impulsan la reformulación de la educación pública en CABA?
Mientras el Gobierno de Jorge Macri presenta BA Aprende como una “modernización” de la escuela pública, escuelas como el Yrurtia y otras tantas se organizaron para rechazarla. La reforma significa más que algunos cambios administrativos o curriculares y abarca todos los niveles. Los documentos oficiales del Ministerio de Educación, junto con la trayectoria de quienes hoy conducen la política educativa porteña, evidencian relaciones entre el Estado, universidades privadas, fundaciones empresarias, ONG y organismos internacionales que desde hace años elaboran qué debe enseñar la escuela y para qué. Se trata de una redefinición del sentido de la educación pública.
El Plan Estratégico Buenos Aires Aprende organiza toda la política educativa de la Ciudad alrededor de conceptos como liderazgo; innovación; competencias; evidencia; capacidades; habilidades para el siglo XXI; aprendizaje personalizado; bienestar socioemocional; transformación digital; aprendizajes fundacionales, capital humano, habilidades para el futuro y gestión basada en datos. Estos conceptos aparecen en documentos de organismos internacionales como la UNESCO, el Banco Mundial y la OCDE, en investigaciones de centros como el CIAESA -Centro de Investigación de la Universidad de San Andrés -, en propuestas de think tanks como CIPPEC [1] y en programas impulsados por organizaciones como Teach For All, Enseñá por Argentina o el Instituto Natura, auspiciadas por ONG y empresas que distan mucho de apoyar una escuela “para todos”.
¿De dónde provienen esas ideas y quiénes las traducen en políticas públicas?
Veamos el perfil de los principales funcionarios del gabinete que conduce el “Plan estratégico BA Aprende 2024-2027”:
Mercedes Miguel
Se formó como periodista en la Universidad Católica Argentina (UCA), completó estudios en la Universidad Iberoamericana y se autodefine como maestra. Sin embargo, en su currículum no se registra un solo paso por el ámbito académico público o estatal. Ni la Universidad de Buenos Aires (UBA) ni ningún Profesorado público nacional moldearon su visión pedagógica.
Antes de convertirse en ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel desarrolló una trayectoria ligada a espacios de cooperación internacional participando de actividades del IIPE-UNESCO vinculadas al debate sobre políticas educativas. Durante su gestión se consolidaron programas como BA Aprende, Escuelas en Foco [2] , ESCA [3] y la incorporación de los Profesionales de Enseñá por Argentina en escuelas públicas. También promueve la participación de la Universidad de San Andrés en el diseño, asesoría y evaluación de las reformas educativas de la Ciudad, además de la capacitación de supervisores y directivos. Integró el Comité Directivo de la Agenda Educación 2030 de UNESCO representando a la región, donde se discuten las orientaciones generales de las políticas educativas internacionales.
Oscar Ghillione
El actual subsecretario de Planeamiento e Innovación Educativa fue uno de los fundadores y director ejecutivo de Enseñá por Argentina, la filial local de Teach For All, la red internacional creada por Wendy Kopp que impulsa un modelo de formación docente basado en liderazgo y gestión. Más tarde fue secretario de Gestión Educativa durante el gobierno de Mauricio Macri y hoy conduce el área encargada de los diseños curriculares y de implementar BA Aprende. También dirige una maestría en Dirección de Instituciones Educativas en la Universidad Austral del Opus Dei y de su cartera depende Escuela de Maestros. Su recorrido sintetiza una circulación frecuente entre ONG, universidad privada y Estado.
Inés Cruzalegui
La actual subsecretaria de Gestión del Aprendizaje se formó en la Universidad de San Andrés, realizó una maestría en Princeton y fue directora de Educación del Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE), espacio que reúne fundaciones empresarias y articula programas educativos con organizaciones como Enseña por Argentina. Antes de llegar a la Ciudad integró el Ministerio de Educación nacional, donde participó de la Secundaria Federal 2030, antecedente de las reformas actuales.
Samanta Bonelli
Al frente de la UEICEE, el organismo responsable de las evaluaciones educativas porteñas, Bonelli pasó por CIPPEC, realizó una maestría en la Universidad de San Andrés y fue directora nacional de Evaluación Educativa durante el gobierno de Mauricio Macri. Hoy produce buena parte de la información estadística que sustenta el discurso oficial sobre la necesidad de reorganizar el sistema educativo.
Ignacio Sanguinetti
Actualmente se desempeña como Subsecretario de Tecnología Educativa -formado en Administración de Empresas en la Universidad Torcuato Di Tella, una de las universidades privadas ligadas al círculo rojo y al empresariado local- tiene bajo su órbita la implementación de la infraestructura digital en las escuelas y el control de los Centros TUMO de Tecnologías Creativas (un modelo de centros de tecnología nacido en el exterior que la Ciudad copia para tercerizar la enseñanza de habilidades digitales). Su subsecretaría es la encargada de justificar el reemplazo de las clases presenciales, los materiales físicos y la infraestructura edilicia tradicional por plataformas de aprendizaje en línea y contenidos enlatados. Bajo el discurso de la “modernización digital”, se oculta el recorte de recursos.
Axel Rivas
Los CEOs del ministerio necesitan un discurso académico y “progre” para justificar sus políticas de ajuste y reformas. La Universidad de San Andrés (UdeSA) y la figura de Axel Rivas -director de la Escuela de Educación de dicha universidad de élite y ex-CIPPEC- es el autor intelectual cuyos artículos son citados en los anexos y resoluciones del Plan BA Aprende para justificar la desaparición de las materias tradicionales. Bajo el concepto de la “integración de saberes” y la “innovación educativa”, los manuales de Rivas proponen sustituir asignaturas científicas e históricas por un abordaje multidisciplinar “por áreas”. En el papel y en los foros, esto se vende como una superación de la escuela “anacrónica y aburrida”.
Esta teoría sirve de sustento al ajuste y la flexibilización laboral. Agrupar materias en “áreas” (como unificar Física, Química y Biología en un solo taller) le permite al Ministerio fusionar horas cátedra, recortar cargos docentes específicos y disolver contenidos científicos. Rivas aporta el lenguaje políticamente correcto del “aprender a aprender”, ocultando que, para los sectores populares, esto significa una brutal pérdida de capital cultural y científico, ensanchando la brecha con los colegios privados de élite que sí preservan una formación académica integral.
Más allá de las trayectorias individuales, todos expresan una determinada manera de pensar la educación. Mientras históricamente quienes defendemos la escuela pública lo hacemos desde su rol social en la transmisión del conocimiento, la formación de sujetos críticos y el derecho social a la educación, BA Aprende se basa en el desarrollo de competencias, la gestión por resultados, la producción de evidencia y la preparación para un mercado laboral cambiante.
Fundamentos teóricos: La ideología de la resignación y el “Capital Humano”
El plan estratégico se fundamenta discursivamente en un diagnóstico de los organismos internacionales: América Latina vive realidades complejas, inciertas y adversas, y el mercado laboral es volátil. Ante esto, la filosofía tecnocrática concluye que la escuela ya no debe enseñar contenidos científicos ni universales estables, sino dotar al sujeto de habilidades de adaptación.
Mientras la pedagogía crítica latinoamericana históricamente concibió a la educación como una herramienta para que los sectores populares comprendan su realidad y se organicen colectivamente para transformarla, el modelo BA Aprende busca que el individuo acepte la adversidad y la precarización como hechos naturales a los que debe “adaptarse”.
Si las condiciones de vida son miserables y las escuelas se caen a pedazos, el problema se individualiza: el alumno o el docente deben ser “resilientes”, “gestionar sus emociones” y “autorregularse”. La resiliencia pasa a ser la herramienta psicológica para tolerar la escasez y la explotación sin rebelarse.
Por eso, uno de los cambios de BA Aprende es el lugar central que ocupa la educación socioemocional y el bienestar socioemocional como uno de sus ejes. A primera vista podría parecer incuestionable. ¿Quién podría estar en contra del bienestar de niños y adolescentes? Sin embargo, la discusión no pasa por negar la importancia de la salud mental o las emociones en la escuela. La pregunta es qué concepción de las emociones se promueve y para qué proyecto educativo.
Buena parte de los materiales impulsados por organizaciones como Teach For All y otros programas de liderazgo ponen el acento en categorías como resiliencia, actitud, adaptación, “liderazgo personal” o “proyecto de vida”. En testimonios difundidos por estos programas, por ejemplo, una estudiante recuerda a un docente porque “siempre nos quería ver con una sonrisa”. En una Ciudad donde miles de estudiantes llegan a la escuela después de atravesar situaciones de pobreza, desalojos, problemas habitacionales o alimentarios, el desafío pedagógico sería desarrollar capacidades individuales para adaptarse mejor a esa realidad. El concepto de “resiliencia” termina convirtiéndose en una herramienta del sistema para aceptar las injusticias como inevitables. En lugar de preguntarse por las causas sociales de esas desigualdades, el eje es la capacidad individual de “gestionarlas emocionalmente”.
El avance de la educación socioemocional dentro de BA Aprende va en detrimento de la formación ciudadana, el pensamiento crítico, la ESI y otras áreas disciplinares. La escuela lejos de ser un lugar donde comprender el mundo para transformarlo, comienza a pensarse como un espacio donde aprender a “gestionar emocionalmente” las incertidumbres de un “mercado laboral cambiante”. A este “desafío” corresponde el enfoque del “currículo por competencias”. Frente a problemas como la pobreza, la precarización laboral, la crisis habitacional o el deterioro de las condiciones de vida, la nueva propuesta pedagógica pretende ignorar las causas estructurales y políticas, para centrarse en el desarrollo de competencias individuales.
Esta reconversión se traduce en cada nivel del sistema educativo estatal:
Nivel Inicial y Primario: Bajo el rótulo de “Aprendizajes Fundacionales”, el plan reforma los currículums y reduce la riqueza de la experiencia escolar a métricas de Lengua y Matemática orientadas a las pruebas estandarizadas. Se abandona la integralidad pedagógica de estos ciclos bajo la lógica de objetivos medibles y rendimiento de saberes. Se instala la educación emocional como respuesta a las realidades adversas.
Nivel Secundario “Secundaria Aprende”: Es el desarme absoluto de las disciplinas. Las materias tradicionales (Historia, Física, Química, Literatura) se licúan y desaparecen dentro de “áreas de conocimiento” interdisciplinares. El objetivo real de este “currículum por competencias” es que los hijos de la clase trabajadora no accedan al conocimiento complejo y abstracto que permite el pensamiento crítico; en su lugar, reciben talleres genéricos de “habilidades blandas” y “aprender a emprender”, complementados con pasantías obligatorias (mano de obra gratuita) en las empresas socias del gobierno.
Nivel Terciario y Formación Docente: Es el sector más afectado por la baja presupuestaria. La filosofía de Teach For All sostiene abiertamente que los profesorados tradicionales de 4 años están “obsoletos” y que cualquier graduado universitario con un curso exprés de liderazgo corporativo puede dar clases. En la Ciudad, esto se traduce en el vaciamiento y cierre de comisiones en los 29 profesorados e institutos como el ISTLyR, para concentrar la formación en la UniCABA (un ente al servicio del ministerio) y abrirle las puertas a las ONGs privadas para que metan a sus “co-docentes” precarizados. El cambio en el rol docente se traduce en ser “líderes” que miden datos y aplican soluciones mágicas en un contexto de crisis, como hacen los “líderes de empresas”.
El plan regional ¿La escuela como espacio de reflexión y pensamiento crítico o como desarrollo de habilidades y competencias?
Hay que dejar en claro que esta reconversión no busca la privatización clásica de los años 90. El plan inunda las escuelas con plataformas virtuales de aprendizaje, Inteligencia Artificial enlatada y convenios con fundaciones. Mientras subsecretarios como Ignacio Curti (Gestión Administrativa) aplican la “motosierra” presupuestaria en infraestructura física —dejando a los pibes sin calefacción en invierno o sin viandas dignas—, el Ministerio utiliza el presupuesto para pagar licencias de software y plataformas privadas.
Es un laboratorio que responde a una estrategia de los grandes organismos financieros internacionales para toda América Latina. El objetivo es claro: en una región proveedora de materias primas con economías primarizadas y plataformas de servicios (repartidores, call centers, empleo informático básico), el capitalismo no necesita científicos, historiadores, ni profesionales críticos. Necesita una masa laboral barata, híper-flexible, que sepa usar herramientas digitales básicas y que esté emocionalmente entrenada para saltar de un trabajo precario a otro sin cuestionar las reglas del juego.
El propio Plan Estratégico BA Aprende afirma que uno de sus propósitos es desarrollar capital humano y formar personas capaces de insertarse en escenarios laborales cambiantes. Los dispositivos de medición de resultados como Escuelas en Foco y Evaluaciones por nivel reorganizan la planificación escolar alrededor de indicadores, monitoreo y proyectos institucionales construidos por el propio Ministerio.
La formación docente también cambia de sentido: se orienta cada vez más a implementar las prioridades definidas centralmente por la reforma. Alcanza con ingresar a ver la oferta que brinda la página de las capacitaciones gratuitas de Escuela de Maestros, que depende de Ghillione: El docente como líder: nuevas habilidades para nuevas realidades y Liderar la transformación: gestionando escuelas innovadoras, Puertas de entrada a la educación emocional en la Escuela, Docencia en tiempos sintéticos: resignificar el rol y las tareas. No se trata solamente de modificar programas o materias. Con la reforma BA Aprende se está redefiniendo qué significa enseñar, qué conocimientos son considerados prioritarios y cuál debe ser el papel social de la escuela pública y sus docentes.
La reconversión que ejecutan Mercedes Miguel y su gabinete no es sólo ideológica, es un negocio que funciona para que multinacionales como Google for Education entren en las escuelas públicas. La Gerencia de Educación Digital envía a sus funcionarios a las cumbres de Google en Chile y están utilizando los recursos del Estado para entrenar de forma gratuita a los docentes y pibes de la Ciudad como usuarios cautivos del software de Silicon Valley.
El ajuste y la reforma responden a un mismo proyecto
Como vimos, el equipo de funcionarios que hoy conduce la educación porteña comparte una trayectoria e ideología común con instituciones que desde hace años promueven esta agenda educativa que privilegia la gestión basada en evidencia, el liderazgo, las competencias, las necesidades del sector productivo y la formación de capital humano. Cuando esas ideas se convierten en diseños curriculares, dispositivos de evaluación, reformas, cambios en la formación docente y reorganización de las escuelas, se transforman en política pública, donde los únicos que no intervienen son los y las docentes, lxs estudiantes y la comunidad educativa a través de sus organizaciones.
Los cierres de cargos en la modalidad de Adultos, el vaciamiento de la Formación Técnica Superior, los ataques a la ESI, las modificaciones curriculares, BA Aprende y las evaluaciones estandarizadas junto a las evaluaciones diagnósticas en los terciarios, aparecen en nuestra realidad como medidas aisladas que se van enfrentando en forma fragmentada. Sin embargo, de conjunto son parte de lo mismo: un ajuste presupuestario que reduce recursos, cargos y oferta educativa, a la vez que transforma los objetivos pedagógicos hacia el desarrollo de competencias medibles, la gestión por resultados y la formación para un mercado laboral flexible.
No se trata de “modernizar” la escuela, sino de definir para qué y para quién educa. Mientras el Gobierno de la Ciudad busca consolidar una educación regida por las necesidades del mercado y gestionada con criterios del management empresarial, la organización de docentes y estudiantes – muchas veces a pesar de sus organizaciones- muestran que existe otra perspectiva: la defensa del derecho a una escuela pública crítica, científica, democrática y al servicio de las grandes mayorías.
Por eso la discusión sobre BA Aprende pone en debate al servicio de qué proyecto social educa hoy la escuela pública. Mientras docentes y estudiantes de escuelas como el Lola Mora, el Yrurtia y otras tantas que rechazan la reforma y defienden otra concepción de la educación, el Gobierno de la Ciudad busca avanzar en el ajuste presupuestario y una orientación pedagógica al servicio de su ideología y la de sus empresas y universidades afines, que hasta ahora sólo han podido demostrar el deterioro de la educación.
Es necesario organizarnos y coordinar para el rechazo entre todos los niveles educativos, pero también abrir un debate profundo y democrático entre la comunidad educativa para pensar qué educación queremos, al servicio de qué intereses y quiénes son nuestros aliados. Como mencionamos, la educación está atravesada por la crisis social que golpea a las familias de nuestras escuelas, ninguna solución podrá llegar por fuera de pensar en común esa realidad. La dirección de los sindicatos mayoritarios como UTE, no puede hacerse la distraída de su responsabilidad en coordinar y dar esta pelea. Tomemos el ejemplo del Yrurtia o en su momneto el Comercial 5, y enfrentemos la reforma con asambleas y organizándonos desde abajo.
[1] CIPPEC se financia en su gran mayoría mediante aportes de grandes empresas privadas nacionales y transnacionales, organismos financieros internacionales (como el Banco Mundial o el BID) y embajadas extranjeras. La función de CIPPEC en la educación es instalar la lógica gerencial basada en datos y eficiencia de recursos. Son los principales promotores de: Las evaluaciones estandarizadas (pruebas censales donde se mide el rendimiento numérico de escuelas y alumnos). Los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) basados en algoritmos y nominalización de datos, que aíslan la deserción escolar como un problema de “trayectoria individual” detectable por software, ocultando las causas de fondo como la pobreza o la falta de trabajo en las familias. La “reforma institucional” de los ministerios bajo criterios de achique del gasto público administrativo y digitalización.
[2] Escuelas en Foco es un programa educativo del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires centrado en Lengua y Matemática con materiales y propuestas pedagógicas estandarizados. Este programa está inspirado en la experiencia realizada por el Ministerio de Educación de la Nación entre 2015 y 2019. Es la reedición de lo que en ese momento se conoció como “Escuelas Faro”: una política focalizada que, en lugar de aumentar el presupuesto general de infraestructura y salarios de todas las escuelas, “interviene” desde arriba solo en los establecimientos con peores estadísticas para maquillar los resultados a corto plazo de cara a las elecciones.
[3] Por sus siglas: Escenarios de Cierre y Apertura. Se trata del núcleo operativo del programa Escuelas en Foco y consisten en dispositivos de evaluación estandarizada aplicados de forma obligatoria en los años considerados críticos por el Ministerio de Educación: el 6.° y 7.° grado de la escuela primaria, y el 1.° y 2.° año de la secundaria.
Victoria estudiantil: el gobierno porteño firmó un acta que excluye al Yrurtia de la reforma educativa
Por Martín Suárez
La firma ocurrió durante la toma de la escuela. En otros secundarios organizan acciones similares para que el Ministerio de Educación de marcha atrás con la iniciativa que promueve recortes y despidos.
Muchos tratan de restarle importancia a la movilización y en especial a la lucha estudiantil. Históricamente, desde el poder de turno intentaron (e intentan) instalar la idea que los chicos a la escuela tienen que ir a estudiar y “no a hacer política”. Pero los Centros de Estudiantes tienen una posición muy clara: “si defender la educación pública es un acto político, entonces hacemos política”.
Pero más allá de los artilugios discursivos que utilizan las autoridades circunstanciales, en la práctica la realidad siempre favorece a quienes resisten y sostienen el reclamo. Tal es así que en las últimas horas, el Centro de Estudiantes de la Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales Rogelio Yrurtia, tras la toma realizada, logró que el Ministerio de Educación porteño diera marcha atrás con la aplicación de la reforma educativa de Jorge Macri en ese establecimiento.
“Se les comunica que en el día de hoy, se presentó en la puerta del establecimiento personal de la Dirección de Educación Artística, y luego de conversar con las/los estudiantes, familias y docentes, se labró un acta dejando constancia que la ESEAAV Rogelio Yrurtia no ingresará a Secundaria Aprende, que no va a ser modificada la POF (Planta Orgánico Funcional) de bachiller, ni de RAV (Red de Apoyo y Fortalecimiento Educativo) como tampoco será reestructurado el trayecto artístico”, informó el equipo de conducción de la escuela a toda la comunidad educativa.
En ese sentido no solo frenaron la reforma educativa de Jorge Macri, sino que obligaron a las autoridades del Ministerio a mantener una conversación constante con las y los estudiantes.
“Se abre una mesa de diálogo con la comunidad educativa y el Ministerio de Educación para atender las necesidades de la escuela”, termina.
No fue solo la toma
La resistencia de estudiantes y docentes del Yrurtia al vaciamiento que propone la reforma educativa de Jorge Macri llevó consigo varias semanas de organización y la puesta en marcha de diferentes acciones.
Si bien la lucha estudiantil no se da solo en la Escuela Yrurtia, hasta ahora la organización de los centros de estudiantes de las diferentes instituciones educativa está desperdigada, cada comunidad lucha por su lado aunque, en las últimas semanas, varios secundarios iniciaron encuentros y actividades para reorganizar a toda la comunidad educativa y emprender acciones de manera conjunta.
Tras la notica de suspender la reforma educativa en el Yrurtia, varios Centros de Estudiantes que fueron consultados por este medio adelantaron que llevarán adelante medidas similares como la toma para frenar la iniciativa.
El Gobierno porteño modificó por decreto la reglamentación del Estatuto Docente
Mientras gran parte de la atención pública estaba puesta en el Mundial y en la previa del receso invernal, el Gobierno de Jorge Macri y la ministra de Educación Mercedes Miguel firmaron el Decreto 256/2026, que modifica la reglamentación del Estatuto Docente. Aunque la implementación plena está prevista para 2027, la reforma ya quedó establecida y representa un ataque grande a las condiciones laborales de la docencia porteña en los últimos años.
Lejos de tratarse de una “modernización” y “mejora”, como intenta presentarla el Gobierno, la reforma constituye una verdadera reforma laboral sobre el conjunto de la docencia. El eje ya no es garantizar mejores condiciones para enseñar, sino disciplinar a quienes trabajan en las escuelas mediante un régimen de premios y castigos que recuerda a las reformas laborales impulsadas por Javier Milei para el resto de los trabajadores.
Uno de los cambios más cuestionados es la incorporación de un presentismo encubierto.
Con la nueva reglamentación, quienes no alcancen el 90 % de asistencia ya no podrán acceder a las calificaciones de “Sobresaliente” o “Muy Bueno”, salvo excepciones muy restringidas. En los hechos, enfermarse, utilizar determinadas licencias o incluso ejercer el derecho de huelga podrá afectar directamente la carrera docente.
La reforma también reduce de cinco a tres días la licencia por examen, restringe las licencias por razones particulares para quienes tienen más de un cargo y concentra en el Ministerio decisiones que hasta ahora tomaban las propias escuelas.
Desde distintos sectores docentes denuncian que el objetivo es instalar un régimen donde ir a trabajar enfermo se transforme en una norma. Mientras hablan de “profesionalización”, castigan a quienes estudian para seguir formándose, dificultan el acceso a licencias y aumentan el control burocrático sobre la tarea docente.
Otro de los aspectos centrales de la reforma es la modificación de la carrera docente. La antigüedad pierde peso en los concursos; desaparecen antecedentes pedagógicos y culturales como publicaciones o investigaciones; aumenta la incidencia de la Licenciatura en Gestión – de la UNicaba y otras facultades probadas como la San Andrés- para acceder a cargos directivos; los concursos pasan a realizarse cada dos años y se limitan los traslados durante los primeros años de desempeño.
La misma lógica meritocrática que se viene promoviendo para toda la sociedad. Se reemplaza el reconocimiento de la trayectoria construida en las escuelas por un sistema de evaluación individual que desconoce las condiciones reales en las que trabaja la docencia.
La reforma también tiene un fuerte impacto de género. La docencia es uno de los sectores más feminizados de la clase trabajadora. Miles de docentes sostienen, además de su trabajo en las escuelas, las tareas de cuidado en sus hogares.
En ese contexto, imponer un régimen de presentismo y restringir licencias significa castigar especialmente a quienes enfrentan una doble o triple jornada laboral. Lejos de valorar el trabajo cotidiano que sostiene la escuela pública, el Gobierno busca más control, disciplinamiento y menos derechos para sus trabajadoras.
El decreto forma parte de la misma orientación que expresa BA Aprende, los cierres de cargos en la educación de adultos, el recorte de comisiones en los Institutos de Formación Técnica Superior, los ataques a los docentes de EDI en los terciarios y el vaciamiento de distintos programas educativos.
En todos los casos, el Gobierno de Jorge Macri y Mercedes Miguel avanza sobre los derechos laborales docentes y modifica la organización escolar sin consultar a quienes enseñan y estudian todos los días. Al mismo tiempo, estos cambios buscan debilitar la organización colectiva. Así como la declaración de la educación como servicio esencial pretende limitar el derecho de huelga, la reforma del Estatuto utiliza el presentismo y la carrera docente como mecanismos de disciplinamiento para limitar la protesta.
Las experiencias en las escuelas secundarias muestran que es posible enfrentar estas políticas. Los estudiantes del Yrurtia lograron frenar el ingreso de su escuela a BA Aprende mediante una toma y la organización de toda la comunidad educativa.
El Lola Mora, la Nini Marshall, el Comercial 35, el Lengüitas y otras escuelas secundarias comenzaron a coordinar acciones comunes contra la reforma educativa, acompañados por docentes, familias, estudiantes terciarios y Ademys. Ese camino marca una perspectiva también para la docencia. No alcanza con rechazar el decreto en declaraciones como viene haciendo ante los útlimos años de ataques la conducción de UTE.
Hace falta discutir esta reforma en cada escuela, convocar asambleas, exigir plenarios de delegados con mandato, impulsar un plan de lucha y coordinar con estudiantes y familias que ya vienen enfrentando el ajuste educativo. No podemos volver a clases después del receso como si nada hubiera pasado.
La reforma del Estatuto y BA Aprende forman parte de un mismo proyecto político que busca una escuela más regimentada y con menos derechos para docentes y estudiantes. Frente a esa ofensiva, la salida no puede ser individual. Como vienen mostrando las comunidades educativas que hoy enfrentan BA Aprende, la fuerza para derrotar estas reformas está en la organización desde abajo y en la coordinación y unidad entre docentes, estudiantes y familias para defender el derecho a la educación pública.
Jorge Macri pretende pagar entre $4.725 y $6.662 la hora a las trabajadoras de colonias de invierno
Docentes que trabajan en el programa Vacaciones en la Escuela denunciaron que el Gobierno porteño las contrató prometiéndoles un salario que luego no cumplió. Al momento de convocarlas, se les informó que cobrarían $758.091,22 en el caso de las docentes y $533.163,05 en el de las auxiliares. Pero una vez comenzado el programa y tras una semana de trabajo, se notificaron de que en realidad percibirán apenas $538.000 y $378.000, respectivamente. Es decir, el Gobierno de Jorge Macri no solo mantiene la precarización laboral en el programa, sino que además recurrió al engaño para garantizar la cobertura de las colonias de invierno y sugirió que quienes no estén conformes pueden renunciar.
Vacaciones en la Escuela funciona en 27 sedes distribuidas en toda la Ciudad, y cada una recibe entre 150 y 180 niños y niñas. Esto significa que miles de familias trabajadoras encuentran allí un espacio indispensable durante el receso invernal, donde sus hijos e hijas pueden acceder a propuestas educativas, deportivas, recreativas y culturales mientras sus familias continúan con sus jornadas laborales.
Las colonias de invierno no son un gasto: son una inversión social y educativa. Son un derecho de las niñeces y una herramienta fundamental para las familias trabajadoras. Si el Gobierno realmente quisiera fortalecer la educación pública, garantizaría condiciones laborales para las y los docentes y destinaría los recursos necesarios para que estos programas crezcan, en lugar de precarizarlos.
La mayoría de quienes sostienen las colonias son mujeres. Muchas llegan después de trabajar durante todo el año en dos o incluso tres turnos porque el salario docente no alcanza para vivir. Lejos de representar un ingreso que alivie esa situación, las colonias terminan reproduciendo y agravando la misma lógica de precarización y salarios de pobreza.
La situación resulta todavía más escandalosa cuando se compara con el año pasado. En 2025, quienes trabajaron en las colonias cobraron $445.849,34 como docentes y $313.564,37 como auxiliares. Aunque los montos de este año son nominalmente superiores, el aumento está muy por debajo de la inflación acumulada y representa una fuerte pérdida del poder adquisitivo. A esto se suma que el Gobierno prometió salarios mucho más altos para lograr que las trabajadoras aceptaran el cargo y luego lo incumplió.
Si existiera una verdadera equiparación con un cargo docente común, quienes trabajan en este programa deberían percibir $1.000.881, muy lejos de los $538.000 que finalmente recibirán. La brecha muestra el enorme nivel de precarización al que están sometidas las y los trabajadores de este programa.
Mientras Jorge Macri destina millones a publicidad y hace de la “ley y el orden” el eje de su discurso con el que avanza desalojando niños y niñas junto a sus familias, la educación pública sigue perdiendo presupuesto. Ajusta sobre quienes enseñan y también sobre las infancias que deberían poder acceder a la educación, al juego, al cuidado y a la recreación.
Defender este programa con plenos recursos y presupuesto no es solamente defender el salario de quienes trabajan en él. Es defender el derecho de miles de chicos y chicas a disfrutar de vacaciones con actividades pensadas para su desarrollo, el juego, la creatividad y el encuentro con otros. Cuando el Gobierno ajusta sobre estos programas, también ajusta sobre las infancias y sobre las familias trabajadoras.
Menos marketing de “ley y orden”, más presupuesto para educación. Basta de precarización y salarios de pobreza para las y los docentes. Defender las colonias es defender el derecho de las niñeces a una educación pública y a divertirse.
La inversión en personal de salud y docentes porteños está en su nivel más bajo de los últimos cuatro años
Por Martín Suárez
Un informe del Observatorio Económico de la Ciudad del CEPA confirma la falta de presupuesto para trabajadores de ambos sectores. Además, hubo fuertes caídas del 42% en Vivienda y 47% en Desarrollo PyME.
Nada es más esclarecedor respecto a una buena o mala gestión de gobierno que poner el foco en la ejecución presupuestaria. En ese sentido, el macrismo porteño es un caso de estudio ideal para las facultades de Economía y Comunicación. Mientras sostiene un discurso de fuerte inversión en Educación y Salud pública, ambos sectores resultan históricamente afectados por la falta de ejecución presupuestaria.
El último análisis del Gobierno de la Ciudad, realizado por el Observatorio Económico de la Ciudad del CEPA, puso el foco en la ejecución presupuestaria del primer trimestre del 2026 y lo comparó con las ejecuciones de los primeros trimestres desde el 2022 hasta el 2026. Lo hizo en términos reales, es decir, quitándole el componente inflacionario. En los sectores mencionados detectó un fuerte recorte en gasto de personal.
El Ministerio de Educación resalta que el gasto en personal mantiene una trayectoria descendente y acumula una caída cercana al 1% respecto al año 2022. Por su parte, el Ministerio de Salud continúa ejecutando recursos por debajo de los niveles de 2022 (-12%). El gasto en personal en Salud mantiene una tendencia descendente y acumula una reducción cercana al 6% respecto de 2022 y del 8% frente al máximo registrado en 2023.
“En el caso de Educación y Salud también resaltan las caídas en el gasto en personal, de esos dos ministerios, y esto es notable por lo siguiente, porque educación y salud son dos ministerios obviamente críticos en términos de servicios sociales, pero además son dos sectores que siempre que vos quieras mejorar la calidad o cantidad del servicio que vos das, necesitas incrementar la dotación de personal”, detalló Juan Pablo Costa, titular del Observatorio Económico de la Ciudad del CEPA.
“En materia de educación y salud tenemos también caídas, en el caso del Ministerio de Educación cae 1% interanual, y en el caso del Ministerio de Salud cae 12% versus 2022, es una caída en el caso de salud muy notable”, agregó.
El desagregado en Educación y Salud
Durante el primer trimestre de 2026 la función Educación registra un incremento real del 3% respecto de 2025; sin embargo, la recuperación no se verifica de manera homogénea. Educación Inicial y Educación Primaria continúan ejecutándose por debajo de los niveles observados en 2022 (-2% y -5%, respectivamente).
En Primaria continúa concentrando el mayor volumen de recursos, con un gasto devengado cercano a $131.000 millones, seguida por la Educación Media ($58.000 millones), la Educación Inicial ($56.000 millones) y la Educación Técnica ($48.000 millones).
Sin embargo, al comparar con el primer trimestre de 2022, tanto la Educación Primaria (-5%) como la Educación Inicial (-2%) presentan niveles de ejecución inferiores a los registrados al inicio de la serie. En contraste, la Educación Media exhibe un leve incremento (3%), mientras que la Educación Técnica mantiene un nivel de ejecución prácticamente sin cambios en términos reales.
En la Salud se nota un fuerte recorte en presupuesto de la red hospitalaria de agudos. El Hospital Durand retrocede un -4,1 % respecto de 2022, el Argerich -4,1 %, el Pirovano -4,7 %, el Penna -3,7 % y el Ramos Mejía -2,8 %.
En el ámbito materno-infantil, el Hospital Gutiérrez (-3,2%) y la Maternidad Sardá (-5,5%) también presentan reducciones, mientras que el Hospital de Niños Pedro de Elizalde constituye la excepción, con un incremento cercano al 2% respecto de 2022.
En los hospitales de patologías específicas también predominan las disminuciones: el Hospital Muñiz y el Hospital Udaondo registran caídas del 4%, mientras que el Hospital María Curie retrocede un 5%. La única excepción corresponde al Hospital de Quemados Arturo Illia, cuya ejecución supera en un 3% la observada al inicio de la serie. En salud mental, el Hospital Alvear disminuye un -3,9 %, el Borda -4,6 % y el Moyano -2,9 %.
Fuerte recorte en Vivienda y PyMES
“Por un lado, en términos generales, hay una política de recorte equivalente a la que realiza Milei a nivel nacional: desde el 2022 hay un recorte del 10% del gasto público, Es cierto que en el 2025 y en el 2026 hay un leve incremento en el margen en este punto, pero que no logra recuperar la ejecución que solía tener la ciudad”, explicó Costa.
En Vivienda, al comparar con el inicio de la serie, la ejecución del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) acumula una caída cercana al 42%, mientras que respecto del máximo alcanzado en 2023 la reducción es de casi 50%. En consecuencia, el IVC registra en 2026 el menor nivel de ejecución de todo el período analizado, evidenciando una significativa reducción de los recursos destinados a las políticas habitacionales ejecutadas por el organismo.
El programa de integración y transformación de villas sufre un recorte del 68% respecto al máximo que ejecutó en 2023.
“Jorge Macri dice que no da créditos hipotecarios y demás, porque la plata se gastó en urbanizar villas, bueno, los números no indican eso, porque el recorte en todo lo que es los programas de urbanización, integración y transformación han sufrido de los recortes más importantes”, resaltó Costa.
El programa Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa presenta una marcada reducción de su ejecución presupuestaria en términos reales a lo largo del período analizado. Durante el primer trimestre de 2026, el gasto devengado alcanzó aproximadamente $94 millones, lo que representa una disminución del 6% respecto del mismo período de 2025.
En comparación con el primer trimestre de 2022, el programa acumula una reducción real cercana al 47%, sin evidenciar una recuperación significativa tras el fuerte ajuste observado en 2024. La persistencia de estos niveles de ejecución resulta particularmente relevante considerando el papel que las micro, pequeñas y medianas empresas desempeñan en la generación de empleo y en la actividad económica de la Ciudad.
“No vamos a naturalizar que nuestros compañeros, amigos y familiares sean blancos de la violencia estatal”
La Policía de la Ciudad le disparó en el ojo a un adolescente durante los festejos mundialistas en el Obelisco, tras la victoria de la Selección de Argentina sobre la de Suiza. El joven Se encontraba junto a sus amigos en la Avenida 9 de julio cuando comenzó el operativo policial. Desde el Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires, donde cursa sus estudios, expresaron su repudio: “Exigimos justicia por nuestro compañero”, plantearon, “que los responsables materiales e intelectuales de esta represión sean identificados y sancionados. Pero también exigimos políticas de seguridad que garanticen la vida y el libre ejercicio de nuestros derechos, no que los supriman a balazos”.
Compartimos el comunicado del Centro de Estudiantes del Nacional de Buenos Aires:
Ante el brutal episodio de represión que sufrió un compañero nuestro, quien recibió el impacto de una bala de goma en el párpado superior que pudo haberle costado un ojo, el CENBA expresa su más absoluto repudio y su profunda solidaridad con toda su familia.
Lo ocurrido la madrugada del pasado domingo en la Av. 9 de Julio no es un hecho aislado; es la cara visible de un modelo de seguridad que criminaliza la alegría popular, que no duda en apuntar sus armas contra su pueblo cuando sale a festejar, del mismo modo que no duda en reprimir a nuestros abuelos cada miércoles en la lucha por sus jubilaciones, o en cargar contra estudiantes y docentes cada vez que nos movilizamos en defensa de la educación pública. La lógica es la misma: disuadir, castigar y sembrar miedo en quienes ocupan el espacio público.
La brutalidad del aparato represivo del gobierno de Milei se hace carne en nuestra propia comunidad. No vamos a naturalizar que nuestros compañeros, amigos y familiares sean blancos de la violencia estatal, sea en un festejo deportivo, en una plaza o frente a un Congreso.
Exigimos justicia por nuestro compañero: que la denuncia radicada ante el Ministerio Público Fiscal tenga celeridad y resultados concretos, y que los responsables materiales e intelectuales de esta represión sean identificados y sancionados. Pero también exigimos políticas de seguridad que garanticen la vida y el libre ejercicio de nuestros derechos, no que los supriman a balazos.
Hacemos un llamado a toda la comunidad educativa a no callar, pero especialmente a nosotros, los estudiantes, a hablar entre pares, a compartir esta información en los cursos y a mantenernos alertas. Porque hoy es nuestro compañero, pero mañana puede ser cualquiera de nosotros. La única manera de frenar esta escalada represiva es con organización estudiantil, memoria y lucha. No vamos a permitir que nos arrebaten la calle, la alegría ni la dignidad.
Reclaman por calefacción en la Escuela de Cerámica 1
La comunidad educativa realizó actos de protesta como frazadazos, sentadas y semaforazos ante la falta de calefacción durante la ola de frío. Afirman que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires promete reparaciones que nunca llegan, a pesar de los pedidos que desde abril efectúa la escuela por vía oficial para que la calefacción del taller de cerámica, espacio central de la escuela, sea reparada.
Denuncian que excusas y dilaciones postergaron el arreglo, por lo que la ola de frío encontró a la escuela sin calefacción. Es por esto que estudiantes del nivel secundario y terciario debieron cancelar sus clases prácticas en el taller.
Desde la comunidad señalan que la Escuela de Cerámica sufre hace años la falta de inversión en infraestructura por parte del Gobierno porteño. Primero intentaron mudarla del barrio de Almagro y un fallo judicial lo impidió, y como castigo evidente el Ejecutivo decidió no invertir en mejoras de una de las dos únicas escuelas especializadas en la producción cerámica.
El Instituto de Tiempo Libre y Recreación denuncia el cierre de comisiones y reclama en la Legislatura porteña
El conflicto que atraviesa el Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación (ISTLyR) continúa profundizándose. Luego de la movilización realizada días atrás frente al ministerio de Educación de la Ciudad, la comunidad educativa volverá a salir a las calles este jueves para denunciar el ajuste que impulsa el gobierno porteño sobre la única tecnicatura pública de la Ciudad dedicada a la formación en Tiempo Libre y Recreación.
La convocatoria fue en la Legislatura porteña, donde estudiantes, docentes, graduadxs y organizaciones realizaron una jornada de visibilización con propuestas recreativas, juegos y dinámicas lúdicas para mostrar el valor pedagógico y social de la carrera. Paralelamente, una delegación recorrió los despachos de legisladores y legisladoras para acercar el reclamo y luego participó de la reunión de la Comisión de Educación, donde solicitaron un espacio para exponer la situación.
Desde la comunidad educativa denuncian que el ministerio de Educación, bajo la gestión de Mercedes Miguel, inició un proceso de cierre de comisiones que pone en riesgo la continuidad de la carrera, afecta la formación de cientos de estudiantes y deja a decenas de docentes sin trabajo.
Asimismo, sostienen que la reducción de la matrícula utilizada como argumento para justificar el ajuste es consecuencia de las propias políticas oficiales, entre ellas la implementación de exámenes de ingreso y la falta de difusión de la oferta educativa, medidas que —afirman— restringen el acceso a la educación superior pública.
«Cuando recortan en el ISTLyR, recortan el derecho al juego, a los vínculos saludables y a una educación pública inclusiva que no mire a los estudiantes como números», expresaron desde la organización de la jornada.
Entre los principales reclamos se encuentran:
- No al cierre de comisiones.
- Ningún despido docente.
- Eliminación de las trabas para el ingreso.
- Titularización docente.
La movilización buscará además instalar el debate sobre el rol de la recreación como un derecho y como un campo de formación profesional vinculada a la educación, la salud comunitaria y el desarrollo social.
La jornada se enmarca en un proceso de organización de la comunidad educativa que viene realizando acciones públicas para frenar el ajuste y defender la continuidad de una institución con décadas de trayectoria en la formación de profesionales del tiempo libre y la recreación.
Una empresa denunciada por contaminar con asbesto dicta clases en escuelas porteñas sobre el cuidado del ambiente
Por Martín Suárez
La intrusión de corporaciones en escuelas públicas fue naturalizada por el macrismo, la novedad es que, EMOVA, una firma que está acusada de contaminar con un producto altamente cancerígeno, de clases del cuidado ambiental
En la Ciudad de Buenos Aires desde el 2007, la intromisión de corporaciones privadas, fundaciones y ONG´s en la educación pública no es algo nuevo. Y en el país, esta matriz se profundizó durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019).
Bajo la premisa del “trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado”, el PRO logró instalar en el pensamiento colectivo de un sector de la comunidad educativa, que los privados debe tener injerencia en la formación de los chicos. Las firmas y monopolios de diversos sectores, hoy en día están enquistados en los programas educativos de la las escuelas porteñas y cobran generosos ingresos por ello.
En los últimos días, varias familias acercaron su preocupación debido a que la empresa EMOVA dicta clases en 1er. año de varias escuelas técnicas públicas de la Ciudad.
“Nos enteramos porque los chicos nos contaron, porque de parte de la escuela no hubo ningún anuncio previo, cuando es habitual que cualquier actividad que hagan y que no forme parte de lo cotidiano lo anuncien por las vías oficiales”, expresó la madre de una alumna de una escuela técnica de Belgrano.
Ante la inquietud de decenas de madres y padres, las autoridades escolares confirmaron que las clases de EMOVA dentro de las escuelas están habilitadas por la Dirección de Educación Técnica del Ministerio de Educación, y que apuntan al cuidado del ambiente.
“Resulta bastante contradictorio, por no decir cínico, que EMOVA de cursos en escuelas públicas sobre medio ambiente, porque el subte desde el 2018 al día de hoy tiene asbesto en sus instalaciones. En flotas de trenes, en la línea B y en las líneas C. Y también en distintos equipos, como por ejemplo tableros eléctricos, subestaciones de energía, centros de potencia, hasta hay asbesto en depósitos de agua de los baños”, contó Francisco Ledesma, Secretario de Salud Laboral y Condiciones en el Medio Ambiente en el Trabajo, de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro.
El metrodelegado y especialista del sector recordó las denuncias que el sindicato viene realizando desde hace varios años por el asbesto, un producto altamente cancerígeno que contamina los lugares de trabajo y pone en riesgo la salud de usuarios y trabajadores.
“Nosotros en 2019 presentamos un recurso de amparo, y la justicia nos dio la razón en primera instancia y en cámara y la causa sigue firme. La justicia obliga a la Ciudad de Buenos Aires, (el subte depende de la jefatura del gabinete, en este caso de Sánchez Zinny) a sacar el asbesto lo más pronto posible. Hasta el día de hoy se sacaron 500 toneladas pero hay mucho más. Entre otros puntos la justicia ordenó al GCBA a poner cartelería en todos los andenes, empezando por los nodos de combinaciones entre líneas y ferrocarriles, dónde está el asbesto, y qué es lo que falta sacar, y poner etiquetas visibles al pasajero. Todo esto no lo ha cumplido”, agregó.
“Si EMOVA da clases sobre medio ambiente en escuelas públicas, también le tiene que decir a la comunidad educativa cuánto asbesto hay todavía instalado en los diferentes espacios y formaciones”, termina el metrodelegado.
Hasta la fecha, se ha confirmado el fallecimiento de 6 trabajadores como consecuencia de la exposición al asbesto en el subte de la Ciudad de Buenos Aires. Las últimas muertes registradas por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) incluyen a operarios con diagnósticos de cáncer de pulmón y mesotelioma, como Walter Berhovet (Línea D), Jorge Navarro, Jorge Gabriel Pacci, Juan Carlos Palmisciano y Jorge Visquet.
De acuerdo a datos oficiales relevados por la Asociación de Trabajadores del Subte, hay más de 1800 empleados del sector que cada año deben realizarse un control neumonológico por exposición al asbesto y falta ingresar alrededor de 1.700 trabajadores al seguimiento médico.
La intromisión de las privadas en las escuelas públicas
Desde hace varios años, empresas monopólicas, trasnacionales, Fundaciones y ONG´s irrumpieron en la educación pública de la Ciudad.
En 2021, el Grupo Ledesma, empresa del linaje Blaquier-Arrieta, cómplices de la última dictadura cívico-militar, dictó un curso virtual a docentes porteños sobre energías renovables y los biocombustibles.
Desde el año 2020, firmas privadas como Ualá, Mercado Libre, la Cámara de Fintech de Argentina, Ripio, Balanz, Afluenta y Poincenot, comenzaron con el dictado de clases a estudiantes porteños sobre “educación financiera”.
Cabe recordar que mientras el ex presidente Mauricio Macri desmantelaba el Programa “Conectar Igualdad”, en el Foro Económico de Davos 2016 se reunía con el CEO de Microsoft, Satya Nadella, que le ofreció Shape The Future: paquetes de software educativo para 10 millones de alumnos y programas de capacitación online para un millón de docentes. Durante su gobierno también se firmaron convenios con la Fundación CONIN, del polémico Abel Albino.
En 2016, la gobernadora María Eugenia Vidal permitió el ingreso a las aulas de capacitadores de la ONG Conciencia, presidida Magdalena “Beby” Lacroze Sánchez Elía, patrocinada por Pepsico, Bayer, Pampa Energía, HSBC, Telefónica y Shell, entre otras multinacionales. Otro actor permanente en los colegios es Coca-Cola, cuya última iniciativa es ProgramON, “un curso a distancia para afrontar los desafíos del mundo del trabajo”, destaca la empresa.
Repudian declaraciones de la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio
Las recientes declaraciones de la vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio, generaron un amplio rechazo de organizaciones sociales, educativas y de Derechos Humanos. Durante una entrevista, la funcionaria afirmó que «hay dos sexos: el masculino y el femenino, y uno nace con eso», sostuvo que la Educación Sexual Integral (ESI) «le destrozó la cabeza a los niños», calificó a la ESI como una «ideología siniestra» y negó la existencia de las personas trans.
En respuesta, diversas organizaciones difundieron un pronunciamiento público titulado «Repudio a las declaraciones contra las diversidades y las infancias de la vicejefa de Gobierno porteño Clara Muzzio», que reúne adhesiones y denuncia el carácter discriminatorio de las expresiones de la funcionaria.
«Lxs abajo firmantes manifestamos nuestro enérgico repudio a las recientes declaraciones públicas de la Vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio, en las que ataca el derecho a la identidad de género, a la Educación Sexual Integral (ESI) y descalifica las infancias diversas bajo la etiqueta de ‘ideología woke’», expresa el documento.
El texto sostiene que las declaraciones, realizadas desde una alta responsabilidad institucional, «resultan maliciosas y discriminatorias, promotoras del odio y la violencia contra las identidades diversas», además de presentar una visión distorsionada del desarrollo infantil y vulnerar derechos garantizados por leyes nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires.
Las organizaciones firmantes también exigen la plena implementación de la Educación Sexual Integral, con contenidos laicos, científicos y respetuosos de las diversidades sexuales y de género en todos los niveles educativos porteños, junto con presupuesto suficiente para su aplicación efectiva y el respeto de los derechos sexuales y reproductivos en el sistema de salud de la Ciudad.
La respuesta desde la comunidad educativa
Frente a las afirmaciones de Muzzio, docentes y referentes de la ESI remarcaron que la Educación Sexual Integral no busca definir identidades ni promover estereotipos, sino garantizar derechos y brindar herramientas para el cuidado y la convivencia democrática.
En ese sentido, desde la comunidad ESI en Secundaria difundieron un texto en el que desmienten una de las frases utilizadas para desacreditar la política educativa: la idea de que la ESI le diría a un niño que juega con una muñeca que «nació en un cuerpo equivocado».
«La frase es falsa. Pero, sobre todo, es interesante. Porque la ESI jamás podría decir algo así. Hacerlo sería reforzar exactamente el estereotipo que busca desarmar: creer que un juguete puede decirnos quién es una persona», señalaron.
El documento advierte que adjudicarle a la ESI afirmaciones que nunca sostuvo construye una caricatura destinada a generar miedo y desinformación. «Mientras discutimos eso, dejamos de hablar de la ESI real: la que trabaja sobre derechos, cuidados, afectividad, consentimiento, prevención de las violencias, diversidad y pensamiento crítico», sostienen.
Finalmente, convocan a responder frente a las campañas de desinformación mediante el conocimiento de los lineamientos oficiales y la defensa de una educación basada en derechos. «La mejor respuesta frente a la desinformación sigue siendo la misma: más educación», concluye el texto.
Mientras continúa la recolección de adhesiones al pronunciamiento, organizaciones y docentes advierten que los discursos estigmatizantes emitidos por funcionarios públicos no solo desconocen el marco legal vigente, sino que contribuyen a profundizar la discriminación hacia las personas LGBTIQ+ y las infancias diversas.
La paradoja porteña: escuelas con falta de docentes, pero con Inteligencia Artificial
Por Martín Suárez
Mientras la Ciudad impone a la IA en la currícula obligatoria, cada semana los estudiantes tienen varias horas libre por carencia de docentes. ¿Se puede pensar una escuela del futuro precarizando la profesión y sin agilizar los trámites de suplencia?
Las escuelas públicas de la Ciudad se encuentran atadas de pies y manos. La falta de docentes en materias específicas, en especial vinculadas a las ciencias duras; junto a la imposibilidad de contar con herramientas dinámicas que permitan ocupar los cargos de docentes que se encuentran con licencia médica, es una de las problemáticas más acuciantes del sistema educativo.
El discurso del oficialismo porteño y algunos medios aliados apuntan al ausentismo docente como una de las problemáticas que provocó la crisis educativa en la Ciudad. Una premisa que hizo carne en gran parte de la sociedad, incluso en aquellos sectores supuestamente privilegiados, cultural e intelectualmente, que repiten una y otra vez que “los docentes faltan mucho”.
Pero el tema es mucho más complejo. La cantidad de horas libres que las y los estudiantes porteños tienen cada semana, es consecuencia de una decisión política que tiene como horizonte el recorte constante en la educación pública.
En líneas generales, existe una especie de déficit programado de docentes por parte del ministerio de Educación porteño, que se da como consecuencia de magros salarios, de una precarización constante en el sector y la negativa sistemática, por parte de las autoridades, a agilizar los trámites burocráticos para una suplencia de docentes rápida y efectiva.
Mientras el Ejecutivo porteño se niega a agilizar este punto, se escuchan discursos futuristas de una escuela moderna, brillante y efectiva que acompaña los procesos tecnológicos para una Argentina resplandeciente. En ese marco, en las últimas el ministerio de Educación de la Ciudad, difundió una gacetilla donde informaba “incorpora la inteligencia artificial a la currícula obligatoria de las escuelas”.
Esta medida alcanza a estudiantes de primaria y secundaria y propone una incorporación gradual de contenidos para aprender a comprender, utilizar y cuestionar las herramientas de inteligencia artificial. La iniciativa también aborda riesgos como las alucinaciones, los sesgos algorítmicos y las deepfakes.
Si bien la iniciativa es relevante, ninguna medida educativa puede ser efectiva con una precarización docente que se profundiza año tras año.
La carencia de docentes en la Ciudad es un problema histórico que la gestión PRO no pudo o no quiso solucionar. Incluye todos los niveles y se profundiza semana a semana en los llamados a coberturas de cargos.
Según cifras oficiales de la web de “Acto Público” de CABA, hay un promedio diario de 450 vacantes de docentes que no se cubren. Son asignaturas sin nadie que las dicte. Sobre el final del mandato de Mauricio Macri como jefe de Gobierno porteño, comenzó el descalabro, con decisiones políticas que afectaron la falta de continuidad: en octubre de 2015 la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) denunciaba que el Gobierno de la Ciudad no quería «dar continuidad a los Docentes Itinerantes». Un cargo que los gremios lograron conformar en 2013 y que permitía a las escuelas cubrir los distintos grados ante la carencia de maestros.
El Ministerio de Educación porteño discute estas cifras y sostiene que el porcentaje de cobertura es alto, atribuyendo los faltantes temporales a licencias o complejidades en los listados. Si bien la problemática no inició en la gestión actual, Jorge Macri profundizó la ausencia de docentes en las aulas y todo indica que la modificación del Estatuto docente agravará la situación.
En 2022, se estimaba que en la Ciudad de buenos Aires había alrededor de 35 mil docentes sin titularizar. Por entonces, sobre el final de cada Acto Público, la cantidad de vacantes vacías es abrumadora.
Bajos salarios y despidos de docentes
Cuando era posible obtener datos oficiales de la inscripción de los actos semanales, Tiempo realizó un relevamiento como muestra concreta de una situación general, por ejemplo: el 31 de mayo de ese año hubo 482 ofertas sin cubrir; el 2 de junio, 380; el 7 de junio, 558; y el jueves 9, casi 400.
Las mayores dificultades para cubrir cargos y horas cátedra se concentran en el nivel secundario y en áreas específicas de especialidad. Las materias más afectadas son inglés, informática, física-química y matemática. En el nivel primario, la mayor carencia se registra en la cobertura de maestros de grado.
Entre los principales reclamos de los gremios se encuentran: los bajos salarios y la suma de tareas, que desmotivan el interés por la profesión, la falta de difusión de las carreras docentes en los Institutos de Formación; la inestabilidad laboral reflejada en una gran cantidad de cargos interinos y suplentes sin titularizar.
Mientras el Ejecutivo porteño se sigue resistiendo a agilizar la suplencia de docentes, profundiza la crisis en el sector con el despido de maestros.
En la edición impresa del domingo 22 de febrero, Tiempo contó que el jueves pasado mientras se trataba la reforma laboral, el GCBA tomó la decisión de despedir al 20% de las trabajadoras y trabajadores del programa Maestro+Maestro. Un total de 50 docentes que se dedicaban a alfabetizar niños y niñas en las escuelas más postergadas de la Ciudad, una política educativa iniciada en 1998. Muchas de las maestras despedidas estaban con licencia médica y otras con licencia por maternidad.
Si bien el GCBA se niega a brindar datos oficiales sobre la cantidad de docentes que quedan activos dentro del programa de alfabetización, de acuerdo a un relevamiento realizado por los trabajadores del sector, se estima que, tras los despidos, quedan alrededor de 220 docentes en funciones, apenas entre 100 y 130 fueron titularizados y quedan entre 90 y 100 maestros precarizados.
La versión del Gobierno
El Ministerio de Educación porteño anunció cambios en la carrera docente modificando el estatuto unilateralmente. Estos “cambios” incluyen una evaluación para los ingresantes a los profesorados, residencias pagas para los mejores estudiantes y nuevos criterios en la evaluación de desempeño.
La medida forma parte del plan Buenos Aires Aprende y se anuncia en un contexto marcado por la caída de las vocaciones docentes en CABA. Aunque este año los ingresantes a los profesorados crecieron 5,9%, la tendencia de los últimos años muestra que en los últimos seis años la cifra de nuevos estudiantes cayó 24% y la cantidad de egresados se redujo 30% entre 2021 y 2024. Solo el 28% de los estudiantes logra completar la carrera en el tiempo previsto (4 años), según datos del ministerio.
Jorge Macri se retira de sus responsabilidades y delega limpieza y cuidado de escuelas a familias y estudiantes
Por Martín Suárez
Basándose en un estudio de la Universidad de San Andrés, la Ciudad creó un protocolo para que la limpieza, algunos arreglos de infraestructura y los actos de vandalismo sean solucionados por la comunidad educativa.
Bajo un título llamativo “La cultura del cuidado”, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, dio el visto bueno de un nuevo protocolo de la cartera Educativa que comanda Mercedes Miguel, con el objetivo de delegar sus responsabilidades del “cuidado, orden y limpieza de las escuelas” en familias, estudiantes, equipo de conducción y cooperadoras.
En muchos casos, la falta de personal auxiliar en las escuelas porteñas se ve reflejada en el estado de abandono en los que se encuentran varios edificios escolares. Entre las consecuencias se encuentran la aparición de roedores, mugre acumulada, calderas que explotan y desmoronamiento de techos y paredes, en muchos casos por la inoperancia de las empresas tercerizadas que realizan (o deberían realizar) las tareas de mantenimiento e infraestructura escolares.
Quienes integran la comunidad educativa desde hace años señalan que “este protocolo responsabiliza a los estudiantes del deterioro y estado de abandono que atraviesan las escuelas públicas”, señaló a este medio una mamá que integra la cooperadora de una escuela de Barracas que pidió resguardar su anonimato.
El protocolo se denomina “marco general para la cultura del cuidado en establecimientos educativos”, y establece que estudiantes, familias, cooperadoras y el equipo de conducción deberán conformar un “comité ambiental” y manejar un plan de manejo de residuos, incluidos restos de obras o podas, verificar de forma rotativa la limpieza de los distintos sectores del colegio y realizar “jornadas de reparación” del mobiliario y espacios comunes.
Entre otros puntos destaca que los objetos que sufran roturas “intencionales” deberán ser reparados por la propia comunidad.
“No queremos adelantar nada pero apenas conocimos algunos detalles de este protocolo hablamos entre diferentes organizaciones que agrupan a cooperadoras para realizar acciones y rechazar esta medida”, adelantaron a este medio desde una cooperadora de una escuela de Palermo.
La Resolución N°1284/2026 crea tres nuevos marcos específicos para la “cultura del cuidado”, la “gestión integral de residuos” y el “cuidado edilicio y de equipamiento” en las escuelas porteñas. En el último apartado el gobierno porteño apunta a las “incidencias intencionales” entendidas como “hechos de vandalismo, intrusión o falta intencional de cuidado de las instalaciones edilicias o el mobiliario”.
“Yo me pregunto, quién es el que va a decidir que se rompió algo intencionalmente y que se rompió por el paso del tiempo y deterioro”, agregaron desde la cooperadora.
En líneas generales, el protocolo indica que la rotura intencional de bancos o puertas y daño en los baños, entre otros, demandará la intervención del equipo de conducción de la escuela que, junto a la cooperadora escolar, deberá elaborar una estrategia para reparar o subsanar el daño. Las acciones propuestas pueden ser jornadas de reparación y recuperación con participación estudiantil.
La descentralización de la descentralización
Si bien las cooperadoras escolares durante todo este tiempo venían ocupando la ausencia del Estado porteño, con este marco general, el Ministerio de Educación de la Ciudad blanquea el abandono de la educación pública respecto al cuidado de los edificios escolares y delega sus responsabilidades.
En nuestro país la educación está descentralizada del Estado Nacional, es decir, cada jurisdicción se hace cargo de la administración económica, pedagógica y de recursos en sus respectivos distritos. Con este nuevo protocolo, el gobierno porteño descentraliza parte de sus deberes en la comunidad educativa. Una descentralización dentro de otra descentralización educativa.
“A partir del nuevo protocolo cada integrante de la comunidad educativa tendrá un rol concreto. La medida alcanza a todos los niveles y modalidades educativas, tanto de gestión estatal como privada. Los alumnos, además de mantener ordenados los espacios comunes, deberán cuidar el mobiliario y evitar la vandalización de paredes, baños y espacios verdes; además, los docentes deberán acompañar la construcción de estos hábitos y los equipos directivos serán responsables de liderar la implementación”, detalla la información oficial publicada por el gobierno.
Desde las diferentes comunidades educativas consultadas por este medio, aseguran que este es un nuevo ajuste encubierto por parte de la Ciudad
El nuevo marco crea también diversas figuras dentro de los establecimientos, como los “embajadores del cuidado”, con divisiones que deberán asumir semanalmente, y con sistema rotativo, la responsabilidad de verificar las “condiciones ambientales y de gestión de residuos” de sectores determinados del establecimiento. También se establecen “campañas de despapelización” como “una estrategia institucional orientada a preservar la calidad de los espacios educativos mediante la revisión periódica, actualización y retiro de cartelería, afiches y otros materiales que hayan perdido vigencia”.
Quién determina qué fue vandalismo
La cartera educativa que conduce Mercedes Miguel basa su análisis sobre este punto mediante un “diagnóstico de conducta sobre el cuidado escolar realizado por la Universidad de San Andrés junto al Ministerio de Educación de la Ciudad”, donde analizaron “las causas y condiciones que inciden en el cuidado de la infraestructura escolar identificó una relación directa entre el clima institucional y el cuidado de la infraestructura”.
De acuerdo a la información oficial del GCBA, el estudio realizado por la Universidad de San Andrés combinó una etapa cualitativa de entrevistas a estudiantes y directivos, docentes, preceptores y auxiliares, con una etapa cuantitativa y la participación de 3000 estudiantes de 1º a 3º año de 42 escuelas secundarias de las 15 comunas de la Ciudad.
Una de las conclusiones de este supuesto relevamiento, es que el protocolo se basa en el efecto del contagio social: cuando los estudiantes perciben que sus compañeros cuidan los espacios, aumenta el compromiso individual.
Gestión integral de residuos
Con el nuevo protocolo cada escuela deberá implementar un Plan Institucional de Gestión Integral de Residuos en cuatro etapas: la designación de un Referente Ambiental que coordine su implementación; la correcta ubicación del equipamiento de separación (cestos de 25 o 50 litros para residuos reciclables y basura; y contenedores verdes de 240 litros para acopio); y la conformación de un Comité Ambiental (con directivos, docentes, estudiantes y familias) encargado de realizar auditorías periódicas y promover campañas de sensibilización.
El plan incluirá la gestión de las distintas corrientes de residuos que se generan en una escuela: reciclables (papel, plástico, vidrio, metales), orgánicos (con posibilidad de compostaje), residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, bienes en desuso, restos de obra y de poda, aceite vegetal usado, y residuos de talleres y laboratorios, cada uno con su circuito específico de disposición.
Fuente: Tiempo Argentino
Jorge Macri deberá responder por qué recortó más de $3.300 millones en viandas escolares
Por Martín Suárez
Fue la Legislatura porteña quien aprobó un Pedido de Informe que indaga sobre este nuevo ajuste en Educación. ¿Qué otros proyectos fueron sancionados y cuáles favorecen a los porteños?
Ley Hojarasca, endeudamiento millonario para la construcción de la Línea F y endurecimiento de penas a los “Trapitos”. Tras una extensa sesión en la Legislatura porteña el macrismo decidió los temas de su interés y cuáles proyectos de Ley aprobados deberían ser difundidos en los medios. Como contrapunto, el PRO intenta ocultar cuáles son los otros proyectos de Ley o pedidos de informes que fueron aprobados y que cuestionan la gestión de Jorge Macri.
Uno de ellos es un proyecto del peronismo, el de desfinanciamiento de familias porteñas que, pese a haber sido sancionado también con votos del oficialismo y otros sectores, no tuvo mucha relevancia en la agenda oficial.
Esto hace suponer que la reglamentación y puesta en marcha por parte del macrismo va a ser compleja, algo semejante a lo ocurrido con la extensión del Boleto Estudiantil Gratuito a la educación superior que tardó más de 9 meses en ser reglamentado tras firmar la resolución N° 1052/MEDGC/25.
“El modelo económico de Javier Miliei en Nación y de Jorge Macri en la Ciudad, obliga a las familias a endeudarse para poder llegar a fin de mes. Hoy dimos un paso: La Legislatura reconoció que la deuda es un problema y aprobó una ley para aliviar a familias porteñas. Pero falta todavía una ley que alcance a los vecinos y vecinas de los barrios populares y contemple las deudas informales”, dijo el legislador porteño de Fuerza por Buenos Aires (FxBA) Pitu Salvatierra quien redactó éste proyecto que fue aprobado por 42 votos positivos y 8 abstenciones.
Otro proyecto tiene que ver con un Pedido de Informes presentado por la Legisladora de Izquierda Vanina Biasi que indaga sobre un fuerte recorte en la alimentación de estudiantes de escuelas públicas que supera los 3.300 millones de pesos.
Este nuevo ajuste del gobierno de Macri fue informado el 1° de abril de este año tras una publicación realizada por el Ministerio de Educación porteño, que conduce Mercedes Miguel, donde informaba un nuevo recorte en el Programa 51 de Asistencia Alimentaria por un total de 2.450.000.000 de pesos, que se sumaban a otra quita presupuestaria del mismo programa realizada 96 horas antes por un monto que superó los 860 millones de pesos y que fueron derivados a otro sector.
En ese sentido, la diputada porteña Maru Bielli, de Fuerza por Buenos Aires (FxBA), también presentó un pedido de informe donde le exige al GCBA que detalle los motivos nutricionales y pedagógicos por los que se quitaron los desayunos y almuerzos del programa Club de Chicos; que detalle la matrícula de las 32 sedes de Centros de Actividades Infantiles (CAI), el personal docente de cada una de ellas y la situación laboral de los maestros.
Jorge Macri le pone la soga al cuello de la educación
Cabe destacar que estos recortes en la alimentación de las y los estudiantes, se suman a un fuerte ajuste en Educación como el cierre de jardines maternales, el despido de docentes de alfabetización, la eliminación de las orquestas juveniles y a la quita de las viandas en los clubes de chicos. Pero también al desfinanciamientos en diferentes sectores que incluyen despidos de estatales y hasta la eliminación de organismos del Estado porteño, y que integran el plan de ajuste firmados por la alianza PRO-LLA en mayo del año pasado.
Como informó este medio a inicios del 2026, el Ministerio de Educación porteño publicó la resolución 153 que propone «nuevos lineamientos para la implementación de la política socioeducativa”, en la cual se desagregan una serie de responsabilidades de la autoridad de aplicación por sobre el área, haciendo hincapié en la posibilidad de reorganizar y refuncionalizar las sedes, el personal docente y los recursos de acuerdo a objetivos de la gestión.
Recorte en viandas: poca comida y baja calidad
En 2023 un informe sobre viandas escolares basado en un relevamiento de la Universidad Popular Barrios de Pie. La institución educativa eximió que el 64% de las familias dijo estar disconforme con la calidad de la comida
De la encuesta participaron 247 familias de estudiantes que asisten a 65 instituciones educativas de distintos niveles inicial, primario y secundario, en las Comunas 1, 4, 7, 8, 9 y 15.. Del mismo se desprende que 1 de cada 2 familias recibe beca alimentaria, de las cuales el 15% está en nivel inicial, el 70% en nivel primario y el 15%, en secundario. Respecto a las viandas, el 64% de las familias dijo estar disconforme, mientras el 77% cree que la calidad podría mejorar. Por último, más de la mitad contestó que no recomendaría la alimentación que sus hijos e hijas recibe en el ámbito escolar.
El Ejecutivo porteño, al mandado de Jorge Macri, mantiene el monopolio de la concesión de las becas alimenticias y las viandas escolares. En la Ciudad de Buenos Aires, sólo 4 de las 1783 escuelas de gestión pública autogestionan el servicio de comedor; y reparte ganancias millonarias entre empresas 19 empresas privadas.
El gobierno porteño restringe el acceso a estudiantes con discapacidad
Por Martín Suárez
Denuncian que la plataforma Aprende BA no permite la inscripción de alumnos mayores de 22 años en Escuelas Especiales con formación integral. Allí se capacitan en oficios que les permiten una salida laboral.
Todo había empezado como un rumor y parte de la comunidad educativa porteña especuló con que el cierre de escuelas y jardines maternales era un límite que el actual jefe de Gobierno porteño no iba a cruzar. Sin embargo, el año pasado Jorge Macri cerró una escuela primaria, más tarde suprimió centenares de secciones y grados escolares y este año cerró al menos cinco jardines maternales de los barrios más postergados.
Pese a la resistencia de organizaciones sociales, familiares y movimientos estudiantiles, también el gobierno porteño logró avanzar con la reforma educativa BA APRENDE en 2025 y, en estas últimas semanas, comenzó a hacer carne el ajuste que representa tal medida: despidos de docentes en el nivel medio, eliminación de materias y quite de horas cátedras.
En ese sentido, los secundarios denunciaron aprietes y persecución del gobierno porteño a quienes se oponen a la reforma educativa. Y este sábado familias, docentes y estudiantes se reunieron en la Facultad de Sociales para frenar la reforma educativa del PRO.
Ahora el mandatario porteño profundiza el vaciamiento en el sector. Desde las Escuelas Especiales denuncian que Jorge Macri restringe el acceso de estudiantes mayores de 22 años. Denuncian que la plataforma Aprende BA no permite la inscripción de alumnos mayores de 22 años en cuatro Escuelas Especiales con formación integral.
Exigen la ampliación de la plataforma Aprende BA para garantizar el derecho a la educación de personas sordas y con discapacidad mayores de 22 años. Específicamente y de acuerdo a la denuncia recibida por este medio, los afectados son estudiantes que asisten a cuatro establecimientos educativos: la Escuela para Jóvenes y Adultos con Discapacidad Visual y Formación Integral N° 34 «Gral. San Martín; la Escuela para niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad mental y formación integral N° 3 D.E. 17 “Tobar García”; a la Escuela Bilingüe con Discapacidad Auditiva y Formación Integral Nº 28 «Prof. Bartolomé Ayrolo»; y la Escuela Bilingüe para Niños, niñas, Jóvenes y Adultos con Discapacidad Auditiva y Formación Integral Nº 29 «Dr. Osvaldo Magnasco”.
Analía tiene 46 años y es ciega hace cuatro años. Es intérprete de lengua de señas hace más de 15 años y alumna de una de las cuatro escuelas especiales de adultos mayores dentro de CABA.
“Hoy nos vemos obligados a salir a las calles, a golpear las puertas de la legislatura, del Ministerio de Educación. Ya que empezaron con un rumor, el cual dice que la discapacidad solo está asignado a un grupo etario de 18 a 23 años, sin querer ver realmente que la discapacidad le puede tocar a cualquiera, que la discapacidad está fuera esperando por cualquiera”, contó Analía.
Estudiantes y referentes de las cuatro escuelas especiales en cuestión, fueron a la legislatura porteña y plantearon su situación. En ese momento, el legislador Sergio Siciliano del bloque del oficialismo porteño dijo desconocer el tema.
“Nos dijo que nos quedáramos tranquilos, que no pasaba nada, que no va a pasar de que el adulto mayor se quede sin estos lugares para su reeducación. Al día de hoy estamos esperando por escrito esto que el legislador Sergio Siciliano afirmó, solo de palabra”, sumó Analía.
También las y los estudiantes con discapacidad llevaron miles de firmas a la cartera educativa que conduce Mercedes Miguel para que no avance con esta iniciativa.
“Ya juntamos más de 4.200 firmas, las llevamos al Ministerio de Educación y dijeron que íbamos a tener una respuesta. Tenemos también un número expediente, pero no tenemos la respuesta y estamos esperando que se acerquen a hablarnos porque tampoco lo hacen. Tanto la persona ciega como la persona sorda, tenemos que salir a luchar por nuestros derechos sabiendo que está la ley que nos ampara”, agregó Analía.
Cabe destacar que, de avanzar con esta medida, el gobierno porteño afectará seriamente a las trayectorias educativas de los alumnos y podrían constituir medidas regresivas que afectan particularmente a personas sordas y con discapacidad.
“Yo viajo desde Devoto, estoy cerca de la cárcel, hasta la escuela. Cuando yo me quedé ciego me encontré con que no podía viajar, era una persona muy autónoma. Se hizo muy difícil tener que depender de alguien para salir y cuando ingresé a la escuela, en breve tiempo, pude empezar a salir a la calle. Acá me brindan la orientación y movilidad, cómo moverte por la calle, como referenciar, esquivar, cruzar una avenida, cómo cruzar si no hay un semáforo, si no hay gente que te ayude, cómo parar un colectivo, etc.,” dijo a éste medio Darío Tomasi, estudiante de la escuela que tiene 42 años
Darío señaló que la escuela para él resultó fundamental. “A uno lo reinsertan de vuelta en la sociedad. En mi caso, por ejemplo, yo pude seguir trabajando, ahora estoy jubilado por invalidez. Pero acá hay muchas personas que debido a los talleres que hacen en el establecimiento pueden tener su mango propio, pueden hacer distintas cosas. Hay talleres de costura, de tejido, infinidades de cosas”, detalló.
Para el caso del Proyecto de inclusión de la Escuela de Educación Especial y Formación Integral Nº 3 (D.E. 17º), funciona desde el año 2010. Pero, de acuerdo a la denuncia de integrantes de la comunidad educativa junto a referentes del sector, en todos estos años el macrismo no firmó la Resolución que formalice su creación e institucionalización.
Este 2 de septiembre, en las elecciones nacionales de CTERA, votá la Multicolor en todo el país por:
– Un salario docente que cubra la canasta básica familiar por un cargo, y que todas las sumas vayan al básico.
– Triplicar el presupuesto educativo. Basta de pagar la deuda externa ilegal e ilegítima, basta de beneficiar de manera impositiva a los sectores más concentrados de la economía: que toda esa plata vaya para educación, salud, vivienda y empleo.
– Equipos socioeducativos y de ESI en cada escuela, para abordar las problemáticas sociales producto de esta crisis, y la violencia de género generada por las políticas de ajuste y por este sistema patriarcal.
– Urgente inversión en edificios escolares seguros, con conectividad, para garantizar el derecho de todas y todos.
– Partidas presupuestarias que garanticen una alimentación nutritiva y saludable para todas nuestras infancias y adolescencias.
– Boleto educativo gratuito para estudiantes y docentes.
– Unificación nacional del sistema educativo, gestionado por universidades, sindicatos, organizaciones estudiantiles y de la comunidad.
Fuentes: Indymedia Derechos Humanos, La Izquierda Diario, ANRed, Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino, Perfil