El presidente dejó de lado su admiración por Thatcher y anunció que ahora defenderá Malvinas con herramientas legales que ya existían. También convocó a la “unidad nacional”.
Por Mario Hernandez
Después de casi tres años de esconder el tema, el Presidente, que se declaró fanático de Margaret Thatcher y reivindicó el derecho a la autodeterminación de una población implantada, se vio obligado a sobreactuar una agenda de defensa de la soberanía inexistente hasta ahora para la Casa Rosada. Milei anunció el endurecimiento de las medidas para evitar la explotación ilegal de hidrocarburos en las islas, próxima a comenzar por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en la cuenca norte de las islas. Se trata de un marco normativo que ya existe y que el gobierno desestimó en sus casi tres años de gestión. Además, dijo que avanzará con la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego en un predio estratégico que el gobierno puso en venta.
Malvinas se convirtió para Milei en “la causa sagrada” recién cuando Donald Trump decidió usar la disputa como instrumento de presión sobre el Reino Unido. La bandera que desplegó la Selección Nacional en la semifinal del Mundial, luego de derrotar a Inglaterra y en medio de la discusión por la extranjerización de la tierra, dejó mal parado al presidente que hace de la entrega el centro de su política exterior.
Asediado por la caída en las encuestas y por la confirmación —salida de su propia boca— de que su programa económico “nunca funcionó”, Milei encontró en las palabras de Trump una oportunidad para recuperar la agenda y cambiar el tono confrontativo de las últimas dos semanas. Milei llamó a la dirigencia “política, económica y social” a mostrar un “frente unido” por Malvinas. “Hay causas que están por encima de cualquier diferencia política y Malvinas es una de ellas”, dijo en Cadena Nacional. La última dictadura militar también apeló a la causa Malvinas cuando el deterioro económico, la conflictividad y la pérdida de legitimidad arrinconaban al régimen. El dictador Leopoldo Fortunato Galtieri fue el último argentino en creer que Estados Unidos podría ayudar a la Argentina a recuperar las Malvinas.
El presidente anunció que endurecerá las sanciones “contra proyectos unilaterales que exploten recursos en las Malvinas”. “El Gobierno desplegará todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violentan la soberanía sobre las Islas Malvinas”, dijo Milei con tono marcial y rodeado de su gabinete.
Además, el presidente adelantó la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, casualmente un predio estratégico del cual el Estado estaba a punto de desprenderse. Por último, dijo que creará un Consejo de Seguridad Nacional encargado de coordinar una estrategia común para todo el Estado. El paquete también incluirá un régimen específico para resguardar la infraestructura crítica de la zona.
Milei improvisó la cadena nacional luego de que Donald Trump expresara livianamente que podría “revisar” el respaldo de su país a la postura británica respecto de las islas Malvinas. Una declaración superficial de la que el Gobierno se agarró para usar el tema políticamente después de casi tres años de desmalvinización. El viraje de Estados Unidos está lejos de responder al interés de los argentinos. La Casa Blanca utiliza la causa Malvinas como instrumento coercitivo para exigirle a Londres un incremento de su contribución a la OTAN y como represalia por el escaso acompañamiento británico a la ofensiva norteamericana contra Irán.
¿Causa Sagrada?
Durante el gobierno de Milei no solo no hubo avances en la negociación por las Islas Malvinas, sino que la gestión libertaria debilitó el reclamo argentino de soberanía. En estos años, el presidente acumuló declaraciones contrarias al interés nacional. Habló del derecho de autodeterminación de los isleños y se declaró admirador de Margaret Thatcher, responsable política del hundimiento del ARA General Belgrano, entre otros.
La diplomacia argentina pasó a votar en Naciones Unidas y en otros organismos multilaterales en contra de decisiones impulsadas por países que históricamente acompañaron a la Argentina en su reclamo por Malvinas. Un ejemplo fue la votación sobre la esclavitud, un tema central para los países africanos, aliados históricos de la Argentina en la cuestión Malvinas.
Además, el gobierno de Milei legitimó el entendimiento Foradori-Duncan, alcanzado durante el gobierno de Mauricio Macri y desestimado durante la administración de Alberto Fernández, que se comprometía a remover los obstáculos que limitaran el crecimiento económico de las islas, particularmente en áreas como pesca, navegación e hidrocarburos. También contemplaba una mayor conectividad aérea entre las islas y terceros países de América Latina, sin necesidad de pasar por territorio continental argentino.
Sea Lion
Hasta ahora, el Gobierno no había tomado ninguna medida concreta para frenar Sea Lion, el megaproyecto petrolero offshore que avanza en la cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros al norte de las islas, sin autorización de la Argentina. El proyecto es operado por la israelí Navitas Petroleum, que posee el 65%, en sociedad con la británica Rockhopper Exploration, que controla el 35%. Las obras de infraestructura en las islas ya comenzaron y la perforación de los primeros pozos está prevista para principios de 2027.
Ante la inacción del Estado argentino, esta semana ambientalistas y los ex combatientes del Cecim de La Plata denunciaron el proyecto ante la Justicia Federal de Tierra del Fuego y reclamaron la suspensión de las obras y de su financiamiento.
En 2010, Cristina Kirchner denunció la instalación de una plataforma petrolera en el Atlántico Sur durante una cumbre de la Celac. Treinta y dos países aprobaron un documento que condenó a Gran Bretaña por violar las disposiciones de la ONU. Fue el año en que Sea Lion fue descubierto por la británica Rockhopper Exploration.
La sanción, en 2011, de la Ley 26.659, modificada dos años después, estableció sanciones para las compañías que realizaran actividades de exploración o explotación sin autorización del Estado argentino. Las penalidades incluyen la inhabilitación para operar en el país por períodos de entre 5 y 20 años, con responsabilidad penal para personas físicas y jurídicas. Entre 2011 y 2015 fueron sancionadas ocho empresas y se abrió una causa en el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego. Rockhopper fue declarada clandestina en 2012 e inhabilitada para operar en Argentina durante 20 años.
En 2020, cuando Navitas se incorporó al negocio y aportó el capital necesario para reactivar Sea Lion, la Argentina le envió a la compañía israelí una nota de desaliento para advertirle que operaba sobre territorio argentino sin autorización y exigirle que se abstuviera de financiar o participar del proyecto. Un año después, las secretarías de Energía y de Malvinas avanzaron con un proceso de sanciones contra Navitas, Chrysaor Holdings Limited y Harbour Energy por sus actividades en la cuenca Malvinas Norte.
Los especialistas coincidieron en que la desmalvinización de estos tres años deja un antecedente difícil de revertir. El ex secretario de Malvinas, Daniel Filmus, recordó las dificultades que enfrentó el país para “conseguir votos de respaldo después del gobierno de Mauricio Macri”.
Sancionan personas y empresas vinculadas con hidrocarburos en Malvinas
El Gobierno avanzó el viernes con una de las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei en la cadena nacional del jueves y dispuso el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas por presuntas actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
Según informó la Oficina del Presidente, la decisión fue tomada por instrucción del mandatario y ejecutada por la Cancillería argentina, que investigará la posible violación de las prohibiciones establecidas por el artículo 2° de la Ley N° 26.659.
Los procedimientos no alcanzarán únicamente a las empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina. También incluirán a accionistas de esas compañías y empresas que les prestaron servicios para llevar adelante sus operaciones.
La medida se conoce un día después de la cadena nacional en la que Milei anunció una serie de acciones vinculadas con la cuestión Malvinas. Entre ellas, el Presidente adelantó que el Gobierno endurecería las medidas contra las empresas que participen de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las islas y anunció además la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego.
Rockhopper y Navitas no acumulan sanciones bajo el gobierno de Milei
Entre 2012 y 2022, la República Argentina sancionó una decena de veces a las firmas petroleras Rockhopper Exploration, de Gran Bretaña, y Navitas Petroleum, de Israel, que juntas llevan adelante la búsqueda de petróleo bajo el mar al norte de las islas Malvinas.
En todos los casos, las autoridades nacionales aplicaron el régimen previsto en la ley 26.659, sancionada en 2011 y que prohíbe las actividades petroleras (exploración y explotación) en Malvinas sin permiso oficial de la Secretaría de Energía.
A pesar de que las dos petroleras extranjeras continuaron con su actividad, desde que asumió en diciembre de 2023 el gobierno de Javier Milei no sancionó ni una vez a las petroleras ni buscó poner en práctica las sanciones anteriores. Recién emitió una comunicación en diciembre de 2025 ante un hecho trascendental: las dos petroleras anunciaron que ponían en marcha el proceso para empezar la producción de petróleo en el yacimiento Sea Lion en marzo de 2028.
En su discurso de la noche del jueves, el presidente dijo que firmará un decreto “para dotar de mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios que impone la Ley 26.659 contra quienes participan de iniciativas de extracción de petróleo en territorio argentino bajo ocupación británica.” No aclaró cómo piensa lograr ese objetivo de “dotar de mayor celeridad” a los procedimientos que, en última instancia, dependen de su propia voluntad política.
En junio de 2012, la Secretaría de Energía de la Nación publicó la Resolución 133/2012 que declaró “ilegales y clandestinas” las actividades de exploración y producción petrolera desarrolladas por Rockhopper en la Cuenca de Malvinas Norte por carecer de concesión, permiso o autorización de la autoridad administrativa argentina competente.
Posteriormente, en agosto de 2013, la misma secretaría emitió la Resolución 456/2013 por la que el Estado nacional sancionó a Rockhopper con la inhabilitación para operar en la República Argentina por un período de 20 años. Adicionalmente, se dispuso su inscripción en el Registro de Empresas Inhabilitadas para desarrollar actividades petroleras en el territorio nacional.
Dos años después, en julio de 2015, el Juzgado Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, ordenó un embargo preventivo por más de U$S 156 millones sobre bienes, buques y activos de un conjunto de empresas petroleras británicas e internacionales que operaban clandestinamente en la Plataforma Continental, incluyendo a Rockhopper. Las otras empresas eran: Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited y Premier Oil.
Por su parte, el Estado argentino ha sancionado a Navitas Petroleum en diversas ocasiones, aunque éstas son más cercanas en el tiempo porque Navitas pagó su derecho de expoliar suelo malvinense recién en febrero de 2020.
En julio de ese año, la Secretaría de Energía de la Nación la notificó formalmente e inició un procedimiento administrativo sancionatorio tras el acuerdo comercial por el cual adquirió una participación en el proyecto petrolero Sea Lion sin autorización formal.
En abril de 2022, el gobierno nacional declaró ilegales las actividades de Navitas y le aplicó la sanción de inhabilitación por 20 años para realizar cualquier tipo de actividad de exploración o explotación de hidrocarburos en todo el territorio argentino, incluyendo la Plataforma Continental (Resolución 240/2022 de la Secretaría de Energía).
En tanto, la única acción del gobierno de Javier Milei fue expresar, dos años después de asumido en la Casa rosada, en diciembre de 2025, “su más enérgico rechazo” al anuncio de que las dos petroleras habían tomado la Decisión Final de Inversión (FID).
En ese comunicado la Cancillería argentina expresó: “En consecuencia, quienes intervengan o faciliten dichas actividades (exploración o explotación de petróleo) quedarán expuestos a la adopción de medidas administrativas, legales y judiciales, incluyendo sanciones, restricciones operativas, inhabilitaciones y acciones en jurisdicciones nacionales e internacionales”. Agrega: “La República Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”.
¿El gobierno inhabilitará a Mercado Libre?
El giro abrupto de la administración Javier Milei hacia una postura de mano dura contra la explotación hidrocarburífera en las Islas Malvinas chocó de inmediato con una realidad financiera compleja: fondos israelíes clave en la petrolera Navitas también son dueños de participaciones millonarias en Mercado Libre, la compañía emblemática del empresario Marcos Galperín, cercano al presidente. La superposición de capitales pone a prueba la viabilidad y el alcance real de las sanciones anunciadas el jueves, que prometían inhabilitar a cualquier empresa vinculada directa o indirectamente a los proyectos en el archipiélago.
La tensión no es solo diplomática, sino bursátil. Meitav Investment House, una de las firmas de servicios financieros más relevantes de Israel, mantiene una doble exposición: posee acciones significativas en Navitas Petroleum, la compañía liderada por el magnate Gideon Tadmor que opera el yacimiento Sea Lion en aguas disputadas y, al mismo tiempo, registra tenencias en Mercado Libre (MELI) por más de 9,7 millones de dólares.
No es un caso aislado. Harel, el grupo asegurador y financiero más grande de Israel, también aparece como accionista tanto en la estructura de Navitas como en el ecosistema de inversiones relacionadas con la plataforma de comercio electrónico argentina. Según información de mercado, estos fondos israelíes inciden junto con otros inversores en aproximadamente el 40% de las acciones de Rockhopper, la petrolera británica socia de Navitas en el proyecto controvertido.
Esta maraña accionaria complica la aplicación literal de la amenaza presidencial. Si el Gobierno cumple con sancionar a toda la “red de firmas vinculadas”, tal como anunció el canciller Pablo Quirno, el radio de impacto podría extenderse inesperadamente hacia actores del sector tecnológico local altamente valorados por la propia administración libertaria.
Desde la Casa Rosada buscan cerrar filas ante la evidencia de estas conexiones transversales. Quirno adelantó que se trabaja en un decreto reglamentario para acelerar las penalidades, ampliando el blanco más allá de las operadoras directas. El objetivo es alcanzar a proveedores de servicios petroleros, entidades financieras, aseguradoras y cualquier eslabón de la cadena logística que facilite la extracción ilegal. El universo inicial de compañías bajo la mira asciende a unas 180.
Sin embargo, tanto Navitas como Rockhopper emitieron comunicados desestimando la gravedad de las advertencias de Milei. “Creemos que los anuncios no tendrán efecto en las operaciones en Sea Lion”, señalaron, confiando en que la interdependencia económica global y la complejidad de las estructuras corporativas blinden sus actividades frente a las medidas unilaterales argentinas.
Ex combatientes de Malvinas responden a la cadena de Milei
Unas horas después de la cadena nacional a cargo de Javier Milei, ex combatientes de Malvinas analizaron el discurso y cuestionaron al Presidente pese a que remarcó el reclamo de soberanía sobre las islas. Desde el Cecim marcaron al episodio como un “Galtierazo” y además señalaron que se fundamenta en la admiración del líder de La Libertad Avanza por Margareth Thatcher. “Es la mayor expresión de hipocresía del Presidente y su gabinete», afirmó Rodolfo Carrizo, titular de esta organización.
Carrizo señaló que «el discurso de ayer se explica con su admiración por Margareth Thatcher” y agregó: «Creo que a Estados Unidos siempre le interesó Malvinas. Es un lugar ultra estratégico y lleno de riquezas naturales».
En tanto, Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del CECIM, también evaluó la presentación de una medida cautelar para frenar el proyecto petrolero «Sea Lion» en Malvinas. “Nosotros lo caracterizamos como un Galtierazo”, describió.
A su vez, el abogado remarcó que el discurso se choca con las políticas que llevó adelante La Libertad Avanza durante su gestión, entre otras contradicciones. «Busca un endurecimiento de penas, sobre una ley que ya existe y sobre la que el Gobierno no ha echado mano. La ley que Milei dijo querer reformular es la ley vigente y cuando habló de perseguir a quienes brinden apoyo logístico ya está previsto en las normativos, incluso con penas muy duras», evaluó.
El alcalde de Punta Arenas desafía a Milei con una ruta comercial a Malvinas
Por Natalia López Gómez
Claudio Radonich defendió la nueva conexión marítima con Puerto Argentino y buscó despegarla de cualquier implicancia diplomática. El proyecto apunta a disputar el negocio del abastecimiento de las islas y llega justo cuando Javier Milei y José Antonio Kast ratificaron su sintonía sobre la cuestión Malvinas.
Una nueva ruta marítima entre Punta Arenas y Puerto Argentino amenaza con convertirse en un nuevo cortocircuito diplomático entre Argentina y Chile. El alcalde de la ciudad chilena, Claudio Radonich, salió a defender la iniciativa y eligió una fórmula contundente para quitarle peso político: “Es un acuerdo entre privados”.
La frase resume la estrategia del funcionario; presentar el proyecto como una operación comercial entre empresas y no como una decisión vinculada con la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas.
La conexión comenzaría a operar en noviembre y permitiría trasladar mercaderías desde el extremo sur de Chile hacia las islas. El negocio tiene un atractivo evidente: Punta Arenas está mucho más cerca del archipiélago que Montevideo, que actualmente concentra buena parte de la logística de abastecimiento.
Para la ciudad chilena, el movimiento representa una oportunidad económica. Para la Argentina, en cambio, el problema es otro: el destino de esa nueva ruta es Puerto Argentino, en un territorio cuya soberanía reclama Buenos Aires y que permanece bajo administración británica.
“Un acuerdo entre privados”
Radonich buscó separar deliberadamente el negocio de la política exterior chilena. Su argumento es que la Municipalidad no está tomando una posición sobre la soberanía de las islas, sino facilitando una operación comercial.
El planteo intenta establecer una frontera entre los negocios y la diplomacia: si son empresas las que compran, venden y transportan, el Estado no tendría responsabilidad sobre el vínculo.
Pero esa separación es precisamente la que genera el ruido en Buenos Aires.
La nueva conexión puede convertirse en una vía de abastecimiento más directa para las Islas y, por lo tanto, tener consecuencias que exceden a las empresas involucradas. La discusión ya no pasa solamente por quién vende y quién compra, sino por qué infraestructura y qué puertos del continente quedan conectados con las Islas.
Un negocio que puede llegar a US$20 millones
Detrás del argumento comercial hay un mercado concreto. El abastecimiento de Malvinas mueve millones de dólares al año entre alimentos, materiales, repuestos y otros productos.
Punta Arenas busca aprovechar su ubicación geográfica para disputar parte de ese negocio. Para Magallanes, además, la iniciativa puede significar mayor actividad portuaria, movimiento comercial y nuevos contratos para empresas de la región.
La apuesta tiene una lógica económica difícil de ignorar: acortar las distancias y reducir los costos logísticos.
Pero el mapa comercial vuelve a cruzarse con el mapa de la soberanía.
El Decreto 256/2010 argentino establece un régimen de autorización para determinados buques que se dirijan a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur atravesando aguas jurisdiccionales argentinas. Por eso, un punto clave será determinar el recorrido concreto que utilizarán las embarcaciones y si la operación queda alcanzada por la normativa argentina.
La contradicción con el acuerdo Milei-Kast
La polémica aparece, además, en un momento particularmente sensible. Javier Milei y José Antonio Kast acaban de reafirmar la cooperación entre ambos países y el respaldo chileno a la posición argentina sobre la cuestión Malvinas.
En ese contexto, la aparición de una ruta comercial desde territorio chileno hacia Puerto Argentino introduce una zona gris: el Gobierno de Chile sostiene una posición diplomática favorable al reclamo argentino, mientras una autoridad política de Magallanes impulsa una conexión comercial con las Islas.
Radonich sostiene que no existe contradicción porque se trata de un acuerdo privado.
El interrogante es hasta dónde puede considerarse “privada” una operación que puede fortalecer la infraestructura logística de las islas.
La disputa que recién comienza
La Argentina deberá ahora evaluar el alcance concreto de la iniciativa y si corresponde llevar el reclamo al terreno diplomático.
Chile, por su parte, tendrá que convivir con dos posiciones que pueden parecer compatibles en el papel, pero que empiezan a chocar en la práctica: el respaldo oficial a la reivindicación argentina de soberanía y el interés económico de Punta Arenas por convertirse en un nuevo proveedor de Malvinas.
Radonich eligió una frase para cerrar la discusión: “Es un acuerdo entre privados”.
El gobierno de Xi Jiping le pone los puntos a Milei por la campaña anti China
Por Celeste del Bianco
El país asiático presentó una “fuerte queja” por las declaraciones del tuitero y funcionario Juan Pablo Carreira sobre la tragedia de Nepal. Se suma a una larga lista de reclamos producto del alineamiento con Donald Trump.
El gobierno de Xi Jinping expresó su enojo y le marcó los límites a la gestión libertaria por la campaña anti China. La Cancillería del país asiático convocó a una reunión de urgencia a la que asistió el segundo del embajador Marcelo Suárez Salvia por las declaraciones del director de Comunicación Digital del Gobierno, Juan Pablo Carreira —conocido como Juan Doe en las redes sociales—, quien responsabilizó a la administración china por la catástrofe en Nepal, que dejó alrededor de 1.400 muertos. Se trata de un nuevo conflicto diplomático con el segundo socio comercial de Argentina en medio del alineamiento de la Casa Rosada con las políticas de Donald Trump.
Después de las expresiones de Carreira en las redes sociales, donde responsabilizó a “los típicos fallos de la organización estatal de la actividad industrial” por el desprendimiento de un glaciar en el Himalaya que dejó 1.280 muertos y más de 5.000 desaparecidos, la Cancillería, a cargo de Wang Yi, convocó al embajador argentino, Marcelo Suárez Salvia, a una reunión de urgencia. Como estaba de vacaciones, en su lugar fue Guillermo Alberto Simunovich, quien tuvo que escuchar una “fuerte queja” por la actitud del tuitero y funcionario libertario.
Pero no solo eso: los reclamos del gobierno de Xi Jinping al representante de la embajada argentina se extendieron hacia otros temas. Las quejas a Simunovich también fueron por la exclusión de compañías chinas de licitaciones internacionales y “las crecientes hostilidades’ hacia el país asiático. Además, le remarcaron las molestias por los contactos anteriores que integrantes del gobierno de Javier Milei mantuvieron con representantes de Taiwán durante la gestión de Diana Mondino al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La reacción desde Beijing se suma al comunicado que el martes difundió la Embajada de China en Argentina, en el que exhortó “al funcionario en cuestión a que cambie de actitud de inmediato, ponga fin a las especulaciones malintencionadas carentes de fundamento y deje de politizar o instrumentalizar las catástrofes naturales, con vistas a evitar daños a las relaciones y las cooperaciones sino-argentinas”. Sin nombrar a Carreira, desde la sede diplomática indicaron que “cierto funcionario argentino, movido por prejuicios ideológicos sesgados, difunde maliciosamente rumores para difamar al Partido Comunista de China y manchar la imagen internacional de China”.
Lejos de intentar calmar el conflicto, la estrategia del Gobierno a través de su vocero, Adrián Ravier, fue contradecir a la Embajada china. “Nosotros damos respuesta en relación a nuestras cuentas oficiales, la de Vocería y la Oficina del Presidente de la República Argentina, y nada más. No hay ningún funcionario que haya hecho alguna afirmación al respecto. Es una tragedia lo de Nepal. El Gobierno no se pronunció negativamente para nada”, dijo al ser consultado.
Con ese artilugio discursivo, Ravier intentó despegar al Gobierno de lo que el encargado de la Oficina de Respuesta Oficial dijo en sus redes sociales. “El comunismo mata. El Partido Comunista vestido de ‘empresario’ mata”, posteó días atrás en su cuenta de X el integrante de Las Fuerzas del Cielo. “Se suma a los mayores desastres humanitarios que generó la gestión del Partido Comunista de la actividad industrial en la historia, como Chernobyl, el Mar Aral, el Gran Salto Adelante y el Holodomor. Y esto no es algo de hace 20 años, esto ocurrió esta misma semana”, agregó el funcionario que responde al asesor presidencial Santiago Caputo.
Una lista de reclamos
Las declaraciones de Carreira se sumaron a un cúmulo de actitudes del gobierno argentino que cayeron muy mal en Beijing: la exclusión de compañías chinas en licitaciones internacionales y “las crecientes hostilidades” hacia el país. A fines de agosto se publicaron los pliegos para avanzar en la privatización del Belgrano Cargas con una cláusula anti-China, lo que encendió las alertas en medio de las declaraciones del Embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, en contra de los intereses chinos en la región y de las presiones a la cooperativa eléctrica CALF de Neuquén para que diera de baja sus acuerdos con Huawei.
Desde la Cancillería asiática también le recordaron a Simunovich los “contactos de funcionarios de Milei con los representantes de Taiwán”, que contradicen directamente la política de “una sola China” que sostiene el gobierno de Xi Jinping. En enero de 2024, se generó malestar entre ambos países por la información de un encuentro entre la entonces canciller Diana Mondino y la representante de Taiwán en el país, Miao-hung Hsie, en la sede de la Cancillería.
Las explicaciones en el Congreso
El diputado socialista Esteban Paulón presentó un Proyecto de resolución para que Carreira dé explicaciones a la Cámara Baja. “Provocó un conflicto diplomático con la República Popular China al exhibir su ignorancia y crueldad”, dijo el legislador santafesino. Y apuntó directo contra el argumento de Ravier: “Juan Doe no es ‘Juan nadie’, es funcionario nacional y un irresponsable. En la Cámara de Diputados queremos explicaciones urgentes sobre este nuevo frente de conflicto abierto por los funcionarios digitales de Javier Milei”.
Fuentes: Tiempo Argentino, Página 12, Resumen Latinoamericano