El turismo social durante la primera presidencia del peronismo (1946-1952) constituyó una política pública vital en el marco de un proceso de democratización del bienestar que procuró extender el acceso al ocio y las vacaciones a la clase trabajadora, segmento social históricamente excluido de esta práctica. Esta política no se visibilizó como una iniciativa aislada, sino que fue parte de un proyecto político mayor que promovía la justicia social y el acceso de los obreros a derechos y prácticas exclusivamente alcanzables, hasta ese momento, por el sector oligárquico.
El turismo social peronista no se limitó a una planificación del tiempo libre. Fue concebido como una herramienta de consolidación de la conciencia nacional y la identidad cultural argentina, promoviendo que el ciudadano, al conocer plenamente el territorio nacional con su cultura, su identidad y su patrimonio natural, sedimentara su pertenencia a una comunidad organizada. En este sentido, la pregunta que guía esta investigación es: ¿qué alcance, respecto de la capacidad estatal, han tenido las políticas públicas del peronismo en materia de turismo social para el fortalecimiento de la conciencia nacional, la identidad cultural y la pertenencia a una comunidad organizada?
El presente artículo se inscribe en la corriente de la sociología del turismo, una perspectiva interdisciplinaria que estudia el turismo como fenómeno social, y se nutre de los aportes de la teoría de las capacidades estatales. La hipótesis central sostiene que las políticas de turismo social del primer peronismo alcanzaron plena capacidad estatal, manifestada a través de tres dimensiones interrelacionadas: una capacidad institucional evidenciada en la creación de agencias y burocracias especializadas; una capacidad técnico-operativa materializada en la planificación y ejecución de infraestructura hotelera y de transporte a escala nacional; y una capacidad de alcance territorial que logró incluir a la clase trabajadora en la práctica turística, expandiendo el mapa turístico nacional y consolidando una nueva ciudadanía social.
El peronismo y la filosofía de la comunidad organizada
La filosofía peronista que se consolida durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón se estructura en torno a ideas nucleares que guiaron tanto la doctrina como la acción del gobierno. La Doctrina Justicialista, fundamentada en las tres banderas de Justicia Social, Independencia Económica y Soberanía Política, se reflejó en una política social y de derechos laborales que incluyó las vacaciones pagas y el aguinaldo como condiciones de posibilidad del turismo obrero.
El concepto de Comunidad Organizada fue central para comprender el turismo social peronista. Orientada a superar el conflicto de clases mediante una armonía social, donde el bien común prima sobre el individuo, esta idea se materializó a través de la articulación entre el Estado nacional, los sindicatos y la Fundación Eva Perón. Esta trilogía institucional permitió la masificación del turismo social, combinando la capacidad de inversión estatal con la capilaridad territorial y la legitimidad de las organizaciones obreras.
El Humanismo Cristiano y Nacional, basado en una concepción integral del ser humano tanto material como espiritual, y la Democracia Social como verdadera democracia, que revalorizaba el poder popular, completaban el entramado filosófico que sustentaba las políticas de turismo social. La idea de que la democracia no se limita al voto, sino que el gobierno ejecuta la voluntad del pueblo encontró en el turismo social una vía de concreción: el acceso a las vacaciones se transformó en un derecho que el Estado debía garantizar a todos los ciudadanos.
El turismo social como política de Estado
La inserción del turismo social en la agenda pública argentina durante el primer peronismo representó un quiebre histórico. Hasta entonces, la actividad turística había sido abordada por el Estado desde una lógica territorial vinculada a la soberanía nacional, pero sin una orientación social definida. Con Perón, el turismo se incorporó a los procesos de planificación centralizada del Estado y se convirtió en una política de masas.
El andamiaje legal que institucionalizó el turismo social fue robusto. El Decreto Nº 1740/45 (vacaciones pagas) y el Decreto Nº 33.302/45 (aguinaldo) sentaron las bases económicas que permitieron a los trabajadores acceder al turismo. A esto se sumó la creación de la Dirección Nacional de Turismo, la Administración General de Parques Nacionales y Turismo (AGPNyT), y el rol de la Fundación Eva Perón y los sindicatos como agentes implementadores. La reforma constitucional de 1949 consolidó estos derechos al incorporar el artículo 14 bis, que garantizaba el derecho de los trabajadores al descanso y las vacaciones pagadas.
El Primer Plan Quinquenal (1947-1951) y el Segundo Plan Quinquenal (1953-1957) definieron al turismo social como política de Estado, estableciendo metas de infraestructura hotelera y programas específicos para estudiantes, familias y la tercera edad. La dimensión simbólica de esta política quedó expresada en la consigna “conocer la patria es un deber”, que transformaba el conocimiento abstracto del territorio en una vivencia concreta de identidad nacional.
Capacidades estatales desplegadas
El análisis de la capacidad estatal constituye el eje vertebral de este artículo. Siguiendo a Carlos María Vilas, la capacidad estatal se entiende como la habilidad del Estado para penetrar la sociedad, implementar decisiones y extraer recursos. En el caso del turismo social peronista, estas capacidades se desarrollaron de manera notable en tres dimensiones interrelacionadas.
Capacidad institucional: El primer peronismo creó una burocracia especializada para la gestión del turismo social. La Dirección Nacional de Turismo, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, y la AGPNyT diseñaron las políticas y supervisaron su ejecución. La Fundación Eva Perón, por su parte, se constituyó en el brazo ejecutor del turismo social, gestionando colonias de vacaciones y programas para los sectores más vulnerables. Esta estructura institucional permitió que el turismo social adquiriera una magnitud y visibilidad que no se repitió en ningún otro período de la historia argentina.
Capacidad técnico-operativa: La planificación y ejecución de infraestructura compleja fue otro pilar del modelo. La construcción de las Unidades Turísticas de Chapadmalal y Embalse Río Tercero , junto con la red de hoteles y colonias de vacaciones sindicales, transformaron el mapa turístico nacional. La nacionalización de los ferrocarriles y la creación de Aerolíneas Argentinas garantizaron el transporte de los contingentes obreros. La inversión en estas obras fue financiada a través de descuentos del aguinaldo y subsidios estatales, lo que evidenció una notable capacidad de extracción y asignación de recursos.
Capacidad de alcance territorial: El turismo social peronista logró incluir a la clase trabajadora y expandir el mapa turístico hacia provincias del interior. Destinos como Mar del Plata, que hasta entonces eran exclusivos de la oligarquía, comenzaron a recibir contingentes obreros en masa. La expansión hacia la Patagonia tuvo también una dimensión geopolítica, vinculada al fortalecimiento de la soberanía territorial.
Nudos críticos y tensiones en la implementación
A pesar de su notable desarrollo, la capacidad estatal en turismo social durante el primer peronismo no fue homogénea ni exenta de tensiones. La dependencia del liderazgo personalista —tanto de Perón como de Eva Perón— y la centralidad de la Fundación como “máquina de gobierno” generaron una vulnerabilidad institucional. El fallecimiento de Eva Perón en 1952 y la posterior caída de Mercante afectaron la continuidad de las políticas.
La relación Nación-provincias fue otro punto de fricción. La progresiva centralización de la gestión turística generó tensiones con los gobiernos provinciales, que veían limitada su autonomía en la definición de prioridades turísticas . El caso de Salta, analizado por Carlos Rodríguez, ejemplifica las tensiones entre el proyecto nacional hegemónico y las estrategias locales.
La sostenibilidad financiera del modelo también fue cuestionada. La dependencia de los descuentos del aguinaldo y los subsidios estatales para financiar el sistema de colonias y hoteles lo hacía vulnerable a las crisis económicas y a los cambios de orientación política. La saturación de la capacidad hotelera en destinos como Mar del Plata evidenció las limitaciones operativas de un modelo que crecía más rápido que su infraestructura.
La ruptura de 1955 y el fin del ciclo
El golpe de Estado de 1955 interrumpió abruptamente el ciclo del turismo social peronista. La “Revolución Libertadora” desarticuló el sistema implementado por el peronismo, transfiriendo la gestión de las Unidades Turísticas y reorientando la política turística hacia una lógica mercantilista. Los hoteles y colonias de vacaciones que habían sido construidos para el disfrute de los trabajadores pasaron a ser administrados por el Estado con criterios de rentabilidad, perdiendo su carácter social.
Este quiebre institucional marcó el inicio de un proceso de reconversión de la política turística argentina hacia el turismo de mercado, en el que el Estado se retiró de su rol de promotor del acceso al ocio para los sectores populares. Si bien algunos gobiernos posteriores intentaron reinsertar el turismo social en la agenda, ninguna experiencia alcanzó la magnitud y sistematicidad del período peronista.
Conclusiones
El turismo social peronista constituyó un caso paradigmático de despliegue de capacidades estatales, combinando una fuerte voluntad nacional de intervención con una implementación que logró transformar el acceso a las vacaciones de un privilegio elitista a un derecho social garantizado. Las políticas implementadas durante la primera presidencia de Perón alcanzaron una notable capacidad institucional, técnico-operativa y de alcance territorial, consolidando una nueva ciudadanía social que incluía el derecho al ocio y al conocimiento del territorio nacional.
Sin embargo, este proceso no estuvo exento de tensiones. La dependencia del liderazgo personalista, los conflictos Nación-provincias y la insostenibilidad financiera del modelo evidenciaron límites estructurales que, sumados a la ruptura institucional de 1955, impidieron la consolidación de un sistema de turismo social autosostenible. El golpe de Estado interrumpió una experiencia que, a pesar de sus contradicciones, había transformado la relación de los trabajadores argentinos con el ocio, el territorio y su identidad nacional.
El legado del turismo social peronista trasciende el período histórico en el que se desarrolló. Ofrece lecciones para el presente: la posibilidad de concebir el turismo no como una mera mercancía sino como un derecho social; el rol activo del Estado en la democratización del acceso al ocio; y la función del turismo como herramienta de integración nacional y construcción de identidad. A lo largo de más de treinta años de ejercicio profesional en turismo, es notable observar cómo el turismo social ha ido desapareciendo de las políticas públicas, reemplazado por una concepción mercantilista que beneficia a las grandes operadoras turísticas. Recuperar la experiencia peronista implica no solo un ejercicio de memoria histórica, sino también la posibilidad de pensar políticas públicas actuales que reinstalen el turismo como un derecho social y una herramienta de desarrollo nacional.
Héctor Andrés Basavilbaso