Boletín de informaciones sindicales actualizado al 7.9.2026

La película que ven los trabajadores es de terror

Mario Hernandez

 

Fate cumplió 90 días de lucha. Trabajadores de Arsat contra congelamiento salarial y desguace. Despiden delegada del Garrahan. 6ta. semana de paro docente en T. del Fuego. Actos por despidos en Will Der. Paro general petrolero en Santa Cruz y metalúrgico en Tierra del Fuego. ATE rechazó propuesta salarial. Paro del personal civil de las FF AA. Paro en aeropuertos. Causa por “asociación ilícita” contra trabajadores del Subte. Carrefour y Autofarma despiden en Río Gallegos (Santa Cruz). Movilización y paro docente en PBA. Muere en Corrientes líder contra cierre de Alal. Quiebra fábrica en Córdoba. Y la única fábrica de aviones al borde del concurso. Podría concluir el conflicto en la Justicia cordobesa. Trabajadores no médicos de Coseme (Córdoba) de paro. Suspensiones en Pauny. El Hípermercado Libertad cierra en Mendoza y Godoy Cruz. Cierran sucursales de Musimundo en Corrientes y el Nordeste. Cierre definitivo de Clan Issime en La Plata, Pampa Energía, Fábrica Argentina de Porcelana Armanino y Granja Tres Arroyos Capitán Sarmiento. Universitarios rechazan aumento salarial. Paro de los judiciales porteños.

 

Los trabajadores de FATE realizaron un festival en Plaza de Mayo

A seis meses del cierre de FATE, realizaron un festival en Plaza de Mayo para insistir en la continuidad de los puestos de trabajo. Capturas de Video

A más de seis meses de la decisión del empresario Javier Madanes Quintanilla de cerrar las puertas de la fábrica de neumáticos FATE y dejar a 920 trabajadores en la calle, los trabajadores despedidos junto con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna) realizaron un festival en Plaza de Mayo para insistir en que se garantice la continuidad de los puestos de trabajo, poner fin al lock out empresarial y lograr la reapertura de la planta.

Los trabajadores del neumático fueron acompañados en Plaza de Mayo por gremios como Suteba Tigre, GPS-Aerolíneas y distintos agrupamientos de jubilados y jubiladas en un festival que contó con la participación de las bandas Horcas y Las Manos de Filippi.

“Hay que confiar en la fuerza de los trabajadores, por eso es indispensable salir a la calle, llamar a la coordinación de todos los sectores y dar una pelea denunciando el lock out y por la reapertura de la planta”, sostuvo, en Plaza de Mayo, el operario Sebastián Tesoro, uno de los que sostiene la ocupación pacífica dentro de la empresa de Madanes Quintanilla.

“Estamos en el acampe, dentro de la fábrica, sosteniendo la pelea por los puestos de trabajo. Es importante la confianza en nuestra propia fuerza. Si la Justicia no nos da la razón, si la Legislatura no quiere atender nuestro reclamo, tenemos que tomarlo los trabajadores en nuestras manos”, sostuvo .

Entre los 920 trabajadores despedidos en febrero pasado, cuando algunos de ellos regresaban de vacaciones, estaba Cristian, quien trabajó 17 años en la empresa y después de meses consiguió otro empleo como repartidor de agua. “Yo tengo fe en que vamos a lograr que la fábrica vuelva a abrir, pero no nos podemos quedar de brazos cruzados, la vida me enseñó a trabajar”, comentaba en diálogo con C5N.

Cristian relató lo que significó perder todos los beneficios de estar con un empleo en blanco, entre ellos una obra social para toda su familia, y lamentó la actitud de la empresa Madanes Quintanilla: “Da bronca que una fábrica como esta haga un lock out patronal y cierre por interés propio, porque son tipos muy poderosos, nuestros salarios son migajas para ellos”.

Los trabajadores de Fate enfrentan procesamientos por “usurpación” por mantener la ocupación de la fábrica en resguardo de la maquinaria y las más de 50 mil cubiertas que quedaron sin vender en stock. También consiguieron fallos favorables de la justicia en contra de la orden de desalojo y por el reconocimiento de sus salarios caídos. En tanto, esperan que el parlamento bonaerense trate un proyecto de ley a favor de la ocupación temporal de la planta.

Los trabajadores del Sutna, encabezado por Alejandro Crespo, sostienen que Fate no era cualquier fábrica, sino la única fabricante de neumáticos para camiones y colectivos del país, por lo que su cierre también implica una cuestión de soberanía para la logística del país.

En el reclamo que sostienen hace más de seis meses, lograron la adhesión de otros gremios enrolados en la CGT, las CTA y el Fresu, como también de los trabajadores informales enrolados dentro de la UTEP.

Acompañaron al SUTNA: Consejo Directivo CGT – CTA Autónoma (Cachorro Godoy) – CTA de los Argentinos (Hugo Yasky) – FRESU – PSC (Plenario del Sindicalismo Combativo) – Rodolfo Aguiar, ATE Nacional – Daniel Yofra, ACEITEROS – Pablo Biró, ASOCIACIÓN DE PILOTOS – Pablo Moyano, CAMIONEROS – Laura Carboni, AGD UBA – Rubén (Pollo) Sobrero, Unión Ferroviaria Haedo – Romina Del Plá, Secretaria General SUTEBA La Matanza – SUTEBA Tigre – Soledad Mosquera, Secretaria General de Ademys (CABA) – Franco Boczkowski, Secretario General Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) Capital – Alejandro Lipcovich, Secretario General Junta Interna ATE Hospital Garrahan – Carolina Goycochea, Secretaria General del SAE (La Rioja) – Adriana Astolfo, Secretaria Adjunta Asociación Docente de Santa Cruz (ADOSAC) – Miguel Del Plá, Secretario Administrativo ADOSAC Provincia – Micalel Marota, Secretaria Gremial Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) – Federico Wagner, Secretario Gremial de Media, Adultos, Especial y superior UEPC Capital (Córdoba) – Pablo Almeida, Delegado General ATE Ministerio de Economía y dirigente de la corriente sindical A Luchar Capital – Norberto Calducci, Secretario Adjunto ATEN Plottier – Pablo Eibuszy miembro CD de FOETRA Sindicato Bs. As.- María del Carmen Díaz, Secretaria General Sindicato de Trabajadoras/es de Casas Particulares (SiTraCP) – Sebastián Rodríguez, Secretario General Comisión Interna Gráfica de Anselmo Morvillo (ocupada por sus trabajadores), entre otros.

Compartimos comunicado del SUTNA:

LOCK OUT DE MADANES QUINTANILLA EN FATE

La Cámara de Apelación reafirma y sentencia que deben pagarse todas las quincenas pendientes a los trabajadores (que son de mínimo 6 y hasta 9 quincenas), reafirma que los despidos no podían llevarse a cabo, pero se limita a opinar solo hasta el 1º de julio, por el alcance de la cláusula de prohibición de todo despido sin causa.

Ahora, el SUTNA y los trabajadores exigimos el pago inmediato y continuamos con la presentación del amparo por nulidad de despidos y continuidad laboral, que tiene como argumento irrefutable el Procedimiento Preventivo de Crisis, donde la patronal de FATE no comunicó la pretensión de realizar la medida de despidos masivos tal como exige la ley en Argentina. Por lo que reclamamos a la justicia que ahora, en este expediente sin límite alguno, se falle en favor de los trabajadores y como medida cautelar se continúe pagando los salarios que tienen carácter alimentario a todos los trabajadores mientras dure este proceso judicial.

La sentencia de la paga de salarios, dictada por la justicia, muestra a las claras el carácter de lock out. Esta injusticia debe terminar de inmediato, seis meses de lucha así lo demandan y los tiempos de la justicia no deben imponerse sino la clara razón de los trabajadores.

La Dra. Andrea E. García Vior dijo: “Dadas las especiales particularidades de la causa y el modo de entablarse la contienda, adheriré en el caso a la solución propiciada en el voto antecedente, sin que ello implique en modo alguno sentar posición definitiva sobre el eventual conflicto subsistente entre las partes”.

Ahora, ante este nuevo planteo, los jueces tienen la oportunidad de pronunciarse en forma definitiva en favor del justo reclamo de los trabajadores.

Este miércoles 26 de agosto, todos a Plaza de Mayo.

¡FATE NO SE CIERRA!

Granja Tres Arroyos suspendió las operaciones de su fábrica ubicada en Capitán Sarmiento

 

La planta ubicada al noroeste de la provincia de Buenos Aires informó en un comunicado interno que las tareas quedaban “paralizadas hasta nuevo aviso a partir del 31 de agosto de 2026″. El documento detalla que la decisión provino de “la falta de suministro eléctrico” y a otras cuestiones productivas derivadas de circunstancias de fuerza mayor.

Desde la notificación, el personal fue instruido a no concurrir a prestar servicios salvo expresa convocatoria del encargado o supervisor.

Según trascendieron los datos, las máquinas concesionadas (alquiladas a terceros) como zorras y equipos de armados de cajas ya no se encuentren en el establecimiento. A su vez, se indicó que los miembros del directorio habían vaciado sus oficinas y retirado sus pertenencias del depósito.

Los trabajadores expresaron su preocupación por la posibilidad de que la empresa no afronte el pago de indemnizaciones.

El cierre de la planta en Capitán Sarmiento se suma a una serie de cierres, suspensiones y despidos que afectaron durante los últimos meses a la estructura productiva de Granja Tres Arroyos.

En diciembre de 2024 la situación se agravó cuando la empresa solicitó ante la Secretaría de Trabajo de la Nación la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis. El expediente no se llegó a formalizar, pero se realizaron recortes internos.

Granja Tres Arroyos cerró su planta en Tristán Suárez, lo que generó el despido de 200 trabajadores sobre un plantel de 270 empleados. A su vez, cerraron la fábrica en Concepción del Uruguay y trasladó a sus 270 empleados a la planta La China.

Granja Tres Arroyos Pilar: 50 despidos

 

Tras permanecer durante todo el mes de agosto bajo un esquema de suspensiones con el compromiso patronal de abonar el 65% del salario, la realidad económica golpeó de lleno a los hogares: los pagos prometidos nunca se concretaron de forma regular, limitándose a dos liquidaciones parciales que oscilaron entre los 30.000 y 70.000 pesos.

La confirmación de las cesantías no llegó mediante una notificación formal, sino a través de la imposibilidad de acceder a los beneficios internos. Los trabajadores se percataron de la situación cuando se les impidió retirar los bolsones de mercadería que la firma descuenta habitualmente del sueldo y que constituían su principal sostén para subsistir durante el período de inactividad.

Uno de los trabajadores afectados, detalló la maniobra ejecutada durante las semanas de inactividad: “El lunes teníamos que volver a nuestros puestos de trabajo tras estar suspendidos todo agosto con un supuesto arreglo del 65% del sueldo que nunca se pagó completo. Solo depositaron dos cuotas miserables de entre 30.000 y 70.000 pesos; en mi caso, cobré apenas 56.000 pesos.”

Según relataron los propios trabajadores , durante una asamblea informativa realizada por la Comisión Interna y referentes del Sindicato de la Alimentación (STIA) de la seccional Pilar comunicaron el trasfondo de la reestructuración.

Para absorber la producción de aves proveniente de la planta de General Sarmiento, la dirigencia sindical habría avalado la desvinculación de un cupo de entre 40 y 50 operarios en Pilar, comprometiéndose a no llevar adelante medidas de fuerza bajo la amenaza patronal del cierre definitivo del establecimiento.

“El sindicato trajo la carga de pollos a Pilar con la condición de permitirle a la empresa despedir hasta 50 compañeros sin ningún tipo de reclamo. Nos dejaron con las manos atadas: los despedidos no podemos protestar porque chantajean con que la fábrica cierra y nadie cobra, ni los que nos vamos ni los que se quedan. Obligan a los que están adentro a aceptar salarios en cuotas y condiciones deplorables”, señaló uno de los trabajadores.

La situación en la planta de Pilar evidencia una vez más cómo las patronales avícolas descargan la crisis sobre las espaldas de las familias trabajadoras, contando con la complicidad de las conducciones sindicales que entregan conquistas sin convocar a un solo plan de lucha. Ante el chantaje patronal, se vuelve urgente impulsar la más amplia solidaridad con las familias despedidas, repudiar el accionar de la burocracia sindical y avanzar en la coordinación desde abajo para defender cada puesto de trabajo.

 

Granja Tres Arroyos: trabajadores se encadenan en la sede del Juzgado Laboral y el Municipio

La empresa ya lanzó cerca de 500 despidos y los obreros de GTA llevan meses de lucha. El miércoles 2 de setiembre un grupo de ellos, acompaños por sus compañeros, se instalaron en el Centro Cívico para exigir soluciones al juzgado laboral. También piden respuesta al intendente José Lauritto (PJ).

La protesta comenzó a la mañana con una concentración frente al edificio judicial, alojado en el Centro Cívico junto a la Municipalidad. Lo hicieron bajo la consigna “La necesidad no espera a la Justicia”. Es un mensaje también al intendente José Lauritto, que tiene relación con la empresa y ha transmitido muchos compromisos que no se han cumplido, como los que marcaba el acta de 2025.

480 los despedidos en Granja Tres Arroyos de Concepción del Uruguay

 

Entre el 1º y el 3 de septiembre 210 trabajadores más recibieron el telegrama de despido, con lo que suman un total de 480 operarios de la planta “La China” que fueron despedidos arbitrariamente.

El día miércoles algunos de los trabajadores decidieron encadenarse frente al Municipio para exigir respuesta del estado ante una situación desesperante de casi 950 familias que son víctimas de que la industria cierre su fuente de trabajo.

Maximiliano Zalazar es delegado y trabajador de La China, el miércoles 2 realizaron una concentración frente al Municipio de la ciudad de Concepción del Uruguay, para exigir respuestas y acompañamiento: “Tuvimos un acercamiento del intendente José Eduardo Lauritto que vino a dialogar, a hablar con nosotros. Lo que nos promete es poder llegar a un diálogo, a una reunión con Joaquín de Gracia, o con Marcelo de Gracia, que son los dueños de la empresa”.

Lo que nosotros exigimos es la reapertura de la empresa, la reapertura de la fábrica, que vuelvan a tomar nuevamente a los compañeros despedidos, que los que no están despedidos reingresen a trabajar nuevamente, y que a quienes ya no quieren volver a ingresar, se les pague debidamente su indemnización, como corresponde”, aseguró el delegado.

Le deben a todos los trabajadores desde la segunda quincena de abril, los salarios de mayo, junio, julio y agosto, y el aguinaldo. La falta de pagos afectó tanto a los empleados desvinculados como a quienes continuaron integrando la plantilla. Estos 480  despidos se suman a 1.000 trabajadores en sus plantas bonaerenses de Capitán Sarmiento, Esteban Echeverría y Pilar.

El gobernador Axel Kicillof intervino este lunes en el conflicto laboral

A través del ministerio de Trabajo bonaerense, se dictó la conciliación obligatoria para Granja Tres Arroyos, lo que implica la reinserción forzosa de 1.200 trabajadores despedidos en las plantas de Capitán Sarmiento, Pilar y Esteban Echeverría. La medida busca detener la escalada de despidos masivos y establecer una mesa de diálogo urgente ante la crítica situación financiera de la compañía.

La resolución gubernamental establece un marco de negociación de 15 días hábiles, prorrogables por cinco días más. Durante este período, la empresa está obligada a mantener la actividad y preservar los puestos de trabajo. Además, se convocó a una nueva audiencia para el próximo jueves entre los representantes de Granja Tres Arroyos, la firma Wade y el Sindicato de la Industria de la Alimentación (STIA), con el objetivo definido de evitar nuevas bajas en la plantilla.

La conciliación obligatoria no solo exige la vuelta al trabajo de los empleados cesanteados, sino que también impone condiciones económicas inmediatas para mitigar el impacto social de la crisis. Como parte del acuerdo alcanzado en la audiencia inicial, la compañía deberá donar 1.000 cajones de pollo destinados específicamente a los trabajadores afectados por los despidos.

Además, se estableció el otorgamiento de un pago de dinero a cuenta, cuyo desembolso está programado para la próxima semana. Esta medida financiera busca aliviar la urgencia económica de las familias que quedaron sin ingresos tras el cierre repentino de sectores de la planta y el vaciamiento de oficinas ocurrido días atrás. La reincorporación efectiva se presenta como condición sine qua non para abrir cualquier instancia de negociación futura entre las partes.

El conflicto afecta directamente a 700 operarios en Capitán Sarmiento, 450 en Esteban Echeverría y 50 en Pilar. Sin embargo, la crisis es de alcance nacional: en la planta de Concepción del Uruguay (Entre Ríos), conocida como “La China”, ya se registraron aproximadamente 480 despidos sobre una plantilla de 930 personas. En total, el grupo GTA ha realizado cerca de 1.730 desvinculaciones entre ambas provincias, dejando varios establecimientos paralizados.

La dirección de la empresa justificó las medidas citando una caída en las exportaciones, el impacto de la gripe aviar y una presunta sobre oferta de pollo en el mercado interno. Desde el sindicato STIA, su secretario general, Julio Chamorro, rechazó categóricamente estos argumentos. “Ellos dicen que hubo una disminución en las ventas de exportación, eso es riesgo empresarial”, afirmó Chamorro, destacando que otros actores del sector atravesaron las mismas dificultades sanitarias sin recurrir a despidos masivos.

Para la representación gremial, la tesis de la sobre oferta doméstica no se sostiene, ya que el consumo de pollo continúa en crecimiento, favorecido incluso por la pérdida de poder adquisitivo que desplaza a la carne vacuna. Según indicó el sindicato, la maniobra tendría como único fin intentar pagar la mitad de las indemnizaciones correspondientes mediante la aplicación del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. Actualmente, la compañía enfrenta una delicada situación operativa con salarios atrasados, deudas millonarias y múltiples reclamos judiciales de acreedores, mientras emplea a 6.500 trabajadores en relación de dependencia en tres provincias.

Comienza sexta semana de paro docente en Tierra del Fuego

En Tierra del Fuego comenzaron el lunes 7 de septiembre su sexta semana consecutiva de paro provincial por tiempo indeterminado.

La medida de fuerza impulsada por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina, sigue afectando el desarrollo normal de las clases en toda la provincia. Este lunes 7 de septiembre habrá una nueva reunión paritaria entre los representantes sindicales y las autoridades del Gobierno provincial en la Casa de Gobierno, desde las 14:00.

Al mismo tiempo, se llevará a cabo una concentración del gremio frente a la Casa de Gobierno en Ushuaia. Las principales exigencias son la recomposición salarial urgente ante la crisis económica, una mejora en las condiciones laborales y de la educación pública y soluciones a los reclamos del sector pasivo y cese de conflictos administrativos.

El Secretario General del gremio SUTEF, Horacio Catena, ratificó la continuidad del paro sin no hay una recomposición salarial y respondió las críticas de algunos medios provinciales:

“Esos que nos sacan titulares, esos que nos difaman, esos que piden que los pibes vuelvan a la escuela, esos cobran la pauta todos los meses compañeros y compañeras. Y si piensan que nos vamos a callar la boca porque nos operen, porque nos difamen, ellos no nos conocen. Los vamos a enfrentar como nos enfrentamos siempre, con la verdad”.

 

Sindicato de Telecomunicaciones y trabajadores de Arsat marchan contra el congelamiento salarial y el desguace

El miércoles, delegados de Foetra y trabajadores de Arsat se movilizaron hacia la Jefatura de Gobierno para reclamar por los atrasos salariales acumulados en los últimos cuatro meses. Desde que el Presidente Javier Milei asumió, los salarios de los empleados de la empresa estatal de telecomunicaciones están congelados. Aunque se logró un pago inicial, después el gobierno frenó los pagos.

El conflicto expone que mientras los trabajadores de telecomunicaciones bajo convenio de FOETRA recibieron los aumentos pactados, el gobierno incumple los aumentos para los trabajadores de ARSAT que también se encuentran bajo convenio de ese gremio y los últimos meses ni siquiera recibieron el aumento que sí habían recibido trabajadores estatales aunque corresponde el aumento de FOETRA.

Detrás del conflicto salarial está la política de desguace de Arsat que el gobierno nacional impulsa. El plan es privatizar la conectividad a través de negocios con Starlink para 6.000 escuelas rurales, generando un aumento en ese servicio desproporcional a que podría brindar la empresa estatal que se equipara en calidad del acceso a internet. Este es el este contexto en el cual desarrollan la movilización.

Previo a la movilización, el Sindicato de las Telecomunicaciones FOETRA realizó un plenario de delegados. Allí, Soledad Domenichetti, miembro de la lista Violeta por la oposición en el gremio, intervino planteando la solidaridad con “los compañeros de Gesnext y Arsat. Contra el congelamiento salarial, el desfinanciamiento y la desinversión de Arsat. Vamos por la defensa de la soberanía satelital, de la ciencia y de la técnica que el gobierno de Milei viene atacando. En defensa de las condiciones y los puestos de trabajo ante la fusión de Telecom Personal y Telefónica Movistar”. Asimismo, aseguró que hay que ir por una gran movilización del conjunto del gremio, que unifique todas nuestras peleas”.

Hospital Garrahan: persecución del gobierno contra Norma Lezana

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, lanzó una campaña contra la Secretaria General de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) difundiendo que la misma habría sido despedida, lo que nunca ocurrió. “Me quieren usar como cortina de humo para tapar los negociados turbios que estamos descubriendo”, declaró Lezana, refiriéndose al reciente informe que reveló que la cartera de Lugones desvió casi 60.000 millones de pesos del hospital Garrahan a inversiones financieras.

En un acto en la puerta del Garrahan, tanto la propia Norma como su gremio aclararon que no recibió ninguna notificación formal de cese, que continúa ingresando a trabajar con normalidad y cuenta con la protección de sus fueros gremiales.

“Sin que haya mediado ninguna notificación formal a la licenciada Lezana, el ministro Mario Lugones en su cuenta de X, la página del Hospital Garrahan y en el medio A24 el periodista Eduardo Feinmann, informaron y “festejaron” el “presunto despido de la emblemática profesional del hospital”, explicaron desde el sindicato, mediante un comunicado, en tanto que la misma Lezana lo desmintió también.

Lezana denunció que “es mentira que esté despedida. Primero, porque no fui notificada (y Lugones, Feinmann y la intervención lo anuncian como una “primicia”) y luego porque soy Secretaria General electa del sindicato que representa 24 profesiones del hospital y al conjunto de técnicos y trabajadores, y tengo protección gremial que sigue vigente, aunque Lugones y sus acólitos en el Garrahan crean que esto es una dictadura. No puede decidir ninguna cesantía, a pesar de no soportar que sea la única Secretaria General mujer, independiente y que no calla ante ninguna gestión”.

Lezana aseguró que “es evidente que están montando una cortina de humo atacándome a mí, para que no se sepa lo que estamos denunciando y empezamos a descubrir: contrataciones directas sin concurso, licitaciones millonarias sin rendición de cuentas de una empresa privada de seguridad o el uso de fondos por casi 60.000 millones de pesos del Garrahan en especulación financiera, mientras niegan la compra de prótesis y medicamentos para nuestros pacientes. No nos vamos a callar. No les tenemos miedo. Ninguna intervención autoritaria me va a sacar del Hospital”.

En este contexto, se realizó un acto el miércoles pasado en la puerta del nosocomio, en defensa de Norma y del Hospital Garrahan.

Este ataque contra Lezana persigue un claro doble objetivo, plantearon desde el gremio. Por un lado, responde a una política de revanchismo del gobierno, que busca castigar a una de las referentes del histórico conflicto que el año pasado logró quebrar la pauta salarial oficial.

Al mismo tiempo, los trabajadores denunciaron que esta persecución, avalada por la dirección designada por Lugones, funciona como una cortina de humo para tapar graves irregularidades: contrataciones directas millonarias en seguridad privada y el desvío de casi 60.000 millones de pesos del presupuesto hacia la especulación financiera, todo mientras se niega la provisión de prótesis y medicamentos básicos para los pacientes.

Aquella lucha en el Garrahan demostró que es posible frenar las políticas de ajuste de Javier Milei mediante la más amplia unidad en la diversidad, la participación directa de las bases y la independencia política de todas las gestiones.

La plata de la salud de las infancias desviada a la bicicleta financiera

Un informe basado en documentos oficiales reveló que el Hospital Garrahan acumulaba más de 58.000 millones de pesos en inversiones financieras.

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) criticó al Ejecutivo por destinar fondos a la bicicleta financiera en lugar de volcar los recursos de forma directa a las necesidades urgentes y salarios del personal.

Voceros y cuentas oficiales del Gobierno intentaron desmentir la información, calificaron la noticia como falsa y aseguraron que se tergiversó la información contable y el desglose de los rubros del hospital.

Alejandro Lipovich, trabajador del Hospital Garrahan y secretario general de la Junta Interna de ATE, explicó: “Es algo similar a lo que sucedió el año pasado, a partir de distintos pedidos de información pública, en uno en particular surgió que había 40.000 millones de pesos retenidos en inversiones financieras que no se destinaban a recomponer los salarios, que era el motivo central de la lucha del año pasado”.

Además, detalló que “ahora en un momento también de gran opacidad, en uno de los diversos pedidos que hubo, se filtró una información por parte del hospital en la cual admiten tener parte de los fondos propios en estas inversiones”.

 

Acto en Wiil Der

Se llevó adelante el viernes 28, a las 12:00, en la puerta de la textil, ubicada en José Ingenieros 2387, Ricardo Rojas, El Talar, provincia de Buenos Aires. Las 120 obreras de Will Der siguen esperando una respuesta por parte de la empresa, luego de que el 7 de agosto pasado se les informara el cierre de la planta, sin asegurarles ni siquiera el pago de una indemnización.

Pampa Energía confirmó el cese definitivo de las operaciones en su planta de caucho sintético ubicada en Puerto General San Martín

 

Luego de varias semanas de negociaciones y de prorrogase las instancias de conciliación en el Ministerio de Trabajo, provincia de Santa Fe.

La medida marca la desaparición de la única fábrica dedicada a este insumo en el país, tras perder su sustento comercial por la parálisis previa del sector de neumáticos.

El proceso de cierre concluyó sin despidos directos, tras alcanzarse un acuerdo formal con el Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (Soepu).

Un centenar de operarios aceptó acogerse a esquemas de retiro voluntario con indemnizaciones superiores a las previstas por ley, mientras que un grupo menor mantendrá tareas de mantenimiento en el predio.

La drástica resolución responde de forma directa a la crisis y posterior cierre de Fate, la histórica fabricante de neumáticos que bajó sus persianas a principios de año.

Al quedarse sin su principal cliente en el mercado interno, la línea de caucho sintético del complejo petroquímico se volvió inviable desde el punto de vista comercial.

Desde la compañía aclararon que se evaluaron distintas alternativas antes de definir el cese definitivo, aunque precisaron que el resto de las unidades productivas que operan dentro del predio de Puerto General San Martín continuarán funcionando con total normalidad.

Dentro del plan de contención acordado con la representación gremial, cerca de 25 trabajadores de la planta santafesina serán reubicados en otras firmas pertenecientes al mismo grupo económico:

Los operarios serán absorbidos por empresas del holding como la constructora SACDE, Transportadora de Gas del Sur (TGS) y la distribuidora eléctrica Transener.

Cerró la histórica Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino (FAPA)

La empresa, fundada en 1938, era la única productora local de estos componentes para líneas de baja, media y alta tensión. A través de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y de Iluminación, se confirmó que ya no quedan productores nacionales de aisladores eléctricos de porcelana.

La compañía había nacido como Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino (FAPA) y atravesó distintas etapas de la industria nacional. Durante la Segunda Guerra Mundial, la interrupción de las importaciones impulsó su reconversión para atender la demanda interna.

Su principal actividad era la elaboración de aisladores eléctricos de porcelana, piezas que permiten sostener conductores y evitar pérdidas de corriente en distintos sistemas eléctricos.

Según información del sector, FAPA llegó a cubrir una parte significativa de la demanda argentina y concentraba la totalidad de la producción nacional de estos componentes.

El cierre definitivo de FAPA modifica por completo el escenario del mercado interno. Argentina ya no tendrá un fabricante nacional de aisladores eléctricos de porcelana, por lo que el abastecimiento dependerá de proveedores extranjeros.

Entre los principales países de origen de estos productos aparecen China, Brasil y Colombia. La situación adquiere especial relevancia debido a que se trata de componentes utilizados en infraestructura vinculada con el sistema eléctrico.

Al mismo tiempo, el Gobierno avanzó con una modificación sobre las condiciones de importación. La Resolución 345/2026 estableció por seis meses la suspensión de los derechos antidumping para estos productos, con el argumento de garantizar el abastecimiento ante la falta de fabricación local.

 

Los docentes universitarios rechazaron la oferta salarial del 3%

La negociación se desarrolló en el ámbito de la paritaria nacional de la docencia universitaria y preuniversitaria, pero concluyó sin acuerdo. La distancia entre el porcentaje ofrecido por el Gobierno y las exigencias sindicales impidió acercar posiciones y abrió un nuevo escenario de tensión en las universidades.

Emiliano Cagnasi, secretario general de ADUBA y representante de Fedun en la reunión, confirmó que no hubo avances significativos.

“La paritaria ha quedado inconclusa. El ofrecimiento formal por parte del Gobierno nacional fue de un 3% de aumento para los salarios de los docentes universitarios”, afirmó.

La principal demanda de los sindicatos está vinculada con la actualización salarial prevista en la Ley de Financiamiento Universitario. Según explican, todavía existe una diferencia cercana al 30% respecto de los montos que deberían percibirse en función de esa norma.

“Hay que tener en cuenta que existe una Ley de Financiamiento Universitario que establece una actualización de los salarios docentes y no docentes, además de las becas estudiantiles, tomando como referencia diciembre de 2023”, señaló Cagnasi.

De acuerdo con el dirigente, el aumento del 3% ofrecido por el Ejecutivo representa apenas una porción menor de la recomposición pendiente. En ese sentido, aseguró que equivale aproximadamente al 10% de lo que todavía resta recuperar.

Los gremios también apoyan su reclamo en la situación judicial de la ley. Cagnasi recordó que la Corte Suprema dejó firme la cautelar vinculada con los artículos quinto y sexto de la norma y sostuvo que esa decisión obliga al Gobierno a avanzar en su aplicación.

El rechazo a la oferta oficial fue compartido por otras organizaciones sindicales. Desde CONADU Histórica calificaron de manera negativa el resultado de la reunión y remarcaron que la propuesta quedó muy lejos de las expectativas del sector.

La secretaria general de la federación, Francisca Staiti, sostuvo que la negociación había “fracasado” al finalizar el encuentro.

“El Gobierno trajo una propuesta de 3% de recomposición para septiembre, muy lejos del 31,2% que se nos está adeudando a julio por la cautelar de la Justicia que establece el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, más la inflación que corresponde a agosto”, expresó.

La organización reclamó además recuperar el deterioro salarial acumulado y establecer mecanismos de actualización mensual que acompañen, al menos, el avance de la inflación. También cuestionó que la propuesta oficial no contemplara una recomposición por la pérdida de poder adquisitivo registrada en los últimos meses.

Cagnasi adelantó que durante este miércoles podrían anunciarse nuevas medidas de fuerza: “Seguramente, una vez que termine la paritaria, esta situación nos va a llevar a definir una medida de fuerza para el día de mañana”, señaló.

En paralelo, CONADU Histórica confirmó un paro nacional de 24 horas para este miércoles.

La continuidad del conflicto volverá a analizarse el jueves 3 de septiembre en Bariloche, durante un encuentro del Frente Gremial Universitario en el marco del plenario del Consejo Universitario Nacional. Allí se debatirán los próximos pasos del plan de lucha y la posibilidad de impulsar nuevas medidas gremiales.

 

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) confirmó un paro nacional de 24 horas para el viernes 4 de septiembre

 

En rechazo al traspaso de la Justicia Laboral Nacional a la Ciudad de Buenos Aires. La medida comenzará a las 00:00 y se extenderá durante toda la jornada.

El paro afectará principalmente el funcionamiento de los tribunales y dependencias judiciales en todo el país.

El reclamo surgió luego del avance del proyecto para transferir la Justicia Laboral Nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

El gremio también plantea reclamos vinculados con los salarios, la obra social y la defensa de la Justicia Nacional.

Por lo tanto, el principal impacto del paro estará en la atención y actividad judicial, con suspensión de las tareas habituales de los trabajadores que adhieran a la medida.

El conflicto se intensificó después de que la Legislatura porteña aprobara el traspaso de la Justicia Laboral Nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Según la información publicada sobre la convocatoria, la UEJN decidió responder con una huelga nacional de 24 horas para expresar su rechazo al proceso y defender la continuidad de la Justicia Nacional.

 

Paro general petrolero paraliza los yacimientos de Santa Cruz

La producción de hidrocarburos en Santa Cruz se encuentra totalmente interrumpida a raíz de un paro general por tiempo indeterminado convocado por el Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER) en la totalidad de los yacimientos de la provincia.

La medida gremial, encabezada por el secretario general Rafael Güenchenen, responde a la denuncia de cancelaciones de contratos comerciales, paralización de equipos y recorte de personal por parte de las firmas contratistas y operadoras que actúan en la zona.

De acuerdo a lo expresado desde la conducción sindical, la postura de la compañía Patagonia Resources de no restituir a operarios desafectados desencadenó la intensificación del plan de lucha, al que se sumaron bloqueos e intervenciones en las vías de acceso a los bloques productivos.

Desde la entidad sindical manifestaron su rechazo a lo que consideran una estrategia de desinversión gradual en los campos petroleros y demandaron garantías sobre la vigencia de los puestos de trabajo.

En ese marco, exhortaron a la petrolera YPF a acelerar los planes de saneamiento ambiental y el sellado de pozos inactivos, con el requisito de emplear mano de obra de la región para absorber a los trabajadores afectados.

Paro metalúrgico en Río Grande

Por Lucho Aguilar

En el mediodía del miércoles comenzó un paro en el polo electrónico de Río Grande, donde se fabrican el 90% de celulares y televisores del país. La empresa de Nicolás Caputo no solo quiere echar 300 trabajadores y trabajadoras, sino que los amenazó a través de su CEO con dejar más familias en la calle mientras impide el ingreso de sus delegados. Hubo un importante acto con apoyo de otros gremios.

El conflicto de Mirgor es un caso testigo. Un gigante ligado al gobierno decidió desatar una ofensiva contra quienes hacen funcionar el polo electrónico más austral del mundo. Y se plantaron. Te contamos lo que está pasando.

¿La empresa Mirgor tiene crisis?

No. Es una “multilatina” con negocios en logística, electrónico, agroindustria, tecnología militar y otros rubros, todos creados a partir de sus plantas en Río Grande y los beneficios del Estado. En el primer trimestre de 2026 tuvo una ganancia consolidada de ARS$22.882 millones.

Cayó la venta de celulares, por la política del gobierno que Caputo apoya, pero aumentaron sus ventas de televisores, autopartes y otros de sus productos fueguinos, traccionados también por la venta minorista en América Latina.

El CEO de Mirgor ratificó despidos y la UOM anunció el paro de todas las plantas en Tierra del Fuego: “Nos plantearon 339 despidos exactamente, 314 compañeros de base y, pasando por encima de la ley, la desvinculación de 25 representantes, la totalidad de los delegados”.

¿Por qué quiere dejar en la calle a 314 familias?

Porque los Caputo han hecho su fortuna a costa del sudor y los músculos de sus miles de trabajadores y trabajadoras. Quieren aprovechar la recesión industrial y los efectos de la “apertura indiscriminada” de exportaciones sobre las espaldas de sus “esclavos”. Quiere aplicar la reforma laboral pero también aplicar golpes directos y brutales.

Esto incluye el despido de todo el Cuerpo de Delegados, incluídos integrantes de la Comisión Directiva de la UOM, en un claro ataque antisindical. En este momento está incumpliendo la conciliación obligatoria que obliga al ingreso de los representantes gremiales.

¿Qué métodos utiliza Mirgor para concretar sus medidas?

Primero, presionó con retiros voluntarios y aprietes. Luego envió 314 telegramas de despido. En estos días se suma un apriete en vivo, con la aparición del CEO, José Luis Alonso, hombre de confianza de “Nicky” Caputo, en la planta de calle Epztein. Allí, con toda la prepotencia de los millonarios, dijo que si no acataban la decisión de la empresa habría más despidos. La empresa tiene 1200 empleados. ¿A cuántos quiere llegar? El terrorismo patronal generó mucho malestar, con compañeras desmayadas en las instalaciones.

¿Qué están haciendo los trabajadores y el gremio?

Los despidos abrieron un conflicto y la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación. Ante la nueva provocación patronal la UOM Río Grande convocó un paro en todas las empresas de la seccional desde las 11 horas. El mismo arrancó con un acto multitudinario en una de las plantas del grupo, con la participación de cientos de metalúrgicos y metalúrgicas pero también con el respaldo de gremios como ASIMRA, Camioneros y SUTEF, junto a fuerzas políticas y movimientos sociales.

Desde el gremio aseguraron que “el día D” será el 1º de septiembre, la jornada siguiente al fin de la conciliación. “Una vez superada la instancia de conciliación, las partes quedarán liberadas. Si hubiera algún tipo de acción como las que ha anunciado o con las que ha amenazado la empresa, estaremos en condiciones de actuar con la mayor dureza posible”.

Es la única opción posible. Ante la sangría que vienen haciendo las grandes empresas electrónicas (Mirgor, BGH, NewSan) y el plan económico del gobierno, la respuesta tiene que ser contundente. Porque además está en juego más que los puestos de trabajo. Los y las metalúrgicos del fin del mundo son quienes defienden la soberanía en el territorio continental más cerca de Malvinas y la Antártida. Junto a la docencia que hace semanas hace una huelga por tiempo indeterminado, junto a los portuarios y petroleros que también quieren ser arrasados por las multinacionales.

¡Viva la huelga metalúrgica y la lucha de Mirgor!

¡Apoyémoslos para que triunfen!

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la nueva propuesta salarial

 

La oferta contempla aumentos de 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre, además de una suma fija no remunerativa de $80.000 por única vez en diciembre.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó duramente la propuesta y sostuvo que el Gobierno avanza hacia una política de salarios por debajo de la inflación. “Milei está más cerca de lograr la paritaria cero que la inflación cero”, afirmó.

Según Aguiar, el acuerdo implica nuevos incrementos por debajo de la inflación y profundiza el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores estatales. “Para nosotros esta negociación es inaceptable”, sostuvo.

El dirigente también cuestionó la suma fija ofrecida para diciembre. Según planteó, los $80.000 “no alcanzan ni siquiera para llenar un tanque de nafta” y perderán todavía más poder adquisitivo hacia fin de año.

Tras rechazar la propuesta, el sindicato convocará para la próxima semana a un Plenario federal de delegados, donde analizará un nuevo plan de acción contra la política salarial del Gobierno.

“Tenemos que definir nuevas medidas de fuerza y lograr que el Gobierno se siga debilitando. O se terminan de debilitar ellos, o nosotros desaparecemos. No hay término medio”, afirmó Aguiar.

Desde ATE sostienen que los trabajadores estatales acumulan una pérdida significativa de poder adquisitivo desde la asunción de Javier Milei. Según el sindicato, el deterioro supera el 44% en la administración pública nacional bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 214/06.

La organización sindical también cuestionó el rol de UPCN, que viene aceptando las propuestas salariales del Gobierno mientras ATE las rechaza. Aguiar apuntó contra ambos sectores al señalar que, tras la firma de los acuerdos, “deben estar festejando juntos”.

El gremio viene planteando que las sucesivas paritarias no permiten recuperar la pérdida salarial acumulada y que los incrementos acordados quedan por debajo de la evolución de los precios.

En paralelo al rechazo de la propuesta, ATE difundió los resultados de una encuesta realizada entre trabajadores de organismos y ministerios de distintas provincias. Según el relevamiento, el 87% de los consultados tiene deudas vigentes y, dentro de ese grupo, el 73% mantiene compromisos con varias entidades.

El informe señala además que el 40% de quienes se endeudan utiliza ese dinero para afrontar urgencias médicas, gastos de educación, alquiler o expensas, mientras que el 37% lo destina al pago de otras deudas o a la compra de alimentos y ropa.

Por otra parte, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), integrado por ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros, Molineros, movimientos sociales y otras organizaciones sindicales, difundió un informe sobre el nivel de ingresos de los trabajadores.

Según ese relevamiento, elaborado a partir de datos oficiales del INDEC y ponderado en función de las necesidades básicas, el Salario Mínimo, Vital y Móvil debería alcanzar los $3.065.161 para evitar que un trabajador sea considerado pobre.

El mismo informe sostiene que, en promedio, cada trabajador de la Administración Pública perdió $14,9 millones durante la gestión de Javier Milei.

Con el rechazo de ATE a la nueva oferta salarial, el conflicto entre el Gobierno y uno de los principales sindicatos estatales vuelve a quedar abierto. El próximo plenario federal de delegados será el ámbito en el que el gremio definirá cómo continuará su reclamo y qué medidas de fuerza impulsará.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro del personal civil de las Fuerzas Armadas

 

La protesta comenzó a las 11:00 en la Plaza de Armas de la cartera, en Azopardo 250, CABA, y tuvo además como uno de sus ejes el rechazo al cierre y traslado de la Base Aeronaval de Punta Indio, una decisión que, según el sindicato, pone en riesgo cientos de puestos de trabajo.

La medida de fuerza fue anunciada en medio de los cuestionamientos de ATE por el deterioro de los ingresos del sector. “El 99% de los trabajadores de las Fuerzas Armadas son pobres y se encuentran endeudados. La situación no da para más. Por eso, tomamos esta medida extrema”, aseguró el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar. El gremio señaló que el reclamo involucra a administrativos, técnicos, docentes civiles y trabajadores de la obra social.

El sindicato sostiene que los ingresos resultan insuficientes para afrontar los gastos cotidianos y vinculó esa situación con un mayor nivel de endeudamiento. “Las familias de quienes trabajan en las fuerzas entraron todas en crisis. Sus ingresos mensuales son insuficientes para cubrir los gastos de alimentos, alquileres, servicios y además cancelar otros compromisos”, afirmó Aguiar.

Entre las principales demandas aparece la reapertura de la discusión salarial. “Se deben reabrir inmediatamente las paritarias para discutir salarios, para atacar la precarización extrema y además el vaciamiento y el deterioro prestacional de la obra social”, sostuvo Aguiar. ATE indicó que el salario del personal civil se determina por nivel y grado de antigüedad sobre la base de una Unidad Retributiva actualizada por paritaria, según el Decreto 2539/15, y señaló que en julio de 2026 existen básicos que rondan los $402.396, según la categoría.

El gremio también advirtió sobre consecuencias que exceden el nivel de ingresos. Según el comunicado, la pérdida de poder adquisitivo obliga a las familias a endeudarse para afrontar necesidades básicas y se registra un aumento sostenido de licencias psiquiátricas por depresión, angustia y agotamiento. A esto sumó la pérdida de profesionales en hospitales de las Fuerzas Armadas y en la planta docente civil, donde aseguró que existen dificultades para cubrir vacantes por la falta de salarios competitivos.

El “plan motosierra” llega a las Fuerzas Armadas: venta de tierras, traslados de bases y malestar militar

Otro de los reclamos está relacionado con el funcionamiento de IOSFA, actualmente OSFA. ATE denunció un desfinanciamiento que, según señaló, repercute sobre las prestaciones destinadas a trabajadores civiles, personal militar y sus familias. En ese marco, el sindicato reclamó una investigación sobre una deuda denunciada que supera los $223.000 millones.

El conflicto planteado por ATE se produce mientras la escala salarial informada para agosto establece diferentes haberes según la jerarquía del personal militar. Los montos van desde $732.452 para un Voluntario de Segunda o Marinero de Segunda hasta $3.371.170 para un Teniente General, Almirante o Brigadier General.

ATE denunció un desfinanciamiento de IOSFA, según señaló, repercute sobre las prestaciones destinadas a trabajadores civiles, personal militar y sus familias.

 

El cierre de la Base Aeronaval de Punta Indio, el otro eje del conflicto

Además de los salarios y las condiciones laborales, ATE llevará al Ministerio de Defensa su rechazo al anunciado cierre de la Base Aeronaval de Punta Indio. De acuerdo con el sindicato, la medida pone en riesgo la continuidad laboral de más de 180 trabajadores civiles y 250 efectivos militares, además de tener consecuencias sobre Punta Indio y Verónica.

El gremio estima que el impacto económico y social podría alcanzar a más de 14.000 personas de la zona. “No vamos a permitir el cierre y traslado de la Base Aeronaval de Punta Indio, ya que esto no solo implicaría una afectación para los trabajadores y sus familias, sino que arrasaría con el entramado económico y social de la propia Punta Indio y Verónica. Haría desaparecer directamente al pueblo”, sostuvo Aguiar.

El Gobierno avanzó en una recomposición salarial para el personal de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas federales de Seguridad el martes 18 de agosto.

El Gobierno avanzó en una recomposición salarial para el personal de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas federales de Seguridad el martes 18 de agosto.

Con esos reclamos, ATE convocó al paro total de actividades y a la movilización del jueves desde las 11:00 al Ministerio de Defensa. “El Gobierno tiene que saber que sin trabajadores y docentes civiles no hay defensa ni seguridad y se pone en riesgo nuestra soberanía nacional”, concluyó Aguiar, al justificar una protesta que combinará las demandas salariales, laborales y previsionales con el rechazo al cierre y traslado de la base de Punta Indio.

El Gobierno prepara un aumento para las Fuerzas Armadas y de Seguridad

El Gobierno avanzó en una recomposición salarial para el personal de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas federales de Seguridad, luego de los reclamos que se profundizaron en los últimos meses por la pérdida de poder adquisitivo de los haberes.

La decisión fue analizada este martes 18 durante una reunión de la Mesa Política en Casa Rosada, donde la conducción del oficialismo repasó además la agenda legislativa de las próximas semanas. Tras el encuentro, fuentes oficiales anticiparon que en los próximos días se anunciarán medidas vinculadas con los ingresos de ambos sectores.

Por ahora, no está definido públicamente cuál será el porcentaje de aumento ni desde qué mes comenzará a aplicarse. El Ejecutivo trabaja sobre las alternativas presupuestarias y el alcance de la recomposición, que abarcaría al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y también a las fuerzas federales bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.

El planteo salarial cobró fuerza ante el deterioro de los ingresos de parte del personal uniformado. En el Gobierno admiten que los haberes quedaron rezagados frente a la evolución de los precios y buscan avanzar ahora con una mejora específica que permita recomponer al menos una porción del poder adquisitivo perdido.

 

Paro en aeropuertos

 

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), a través de su representación en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), realizará este jueves y viernes una jornada nacional de protesta en aeropuertos de todo el país, con asambleas, movilizaciones y paros que podrían generar demoras o alteraciones en algunos vuelos.

La medida responde a reclamos salariales, pedidos de apertura de paritarias y demandas de mayores recursos para áreas operativas del sistema aeroportuario. La protesta se desarrollará en dos franjas horarias por día, de 9 a 12 y de 18 a 21.

Según informó el gremio, quedarán garantizados los vuelos que se encuentren en desarrollo, los servicios sanitarios y los vuelos oficiales.

La modalidad de la medida fue comunicada previamente a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para que las empresas y los distintos actores del sector puedan tomar previsiones frente a eventuales cambios en las operaciones.

Entre los principales planteos figura la apertura de la paritaria sectorial y la incorporación a los salarios de aumentos correspondientes a conceptos extraparitarios acordados previamente.

El sindicato también reclama mayores recursos para sectores considerados estratégicos dentro de la actividad aeroportuaria, especialmente para el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios y para las áreas de Fiscalización en Aeropuertos.

Desde ATE/ANAC sostienen que esos pedidos fueron planteados en distintas instancias de negociación sin que hasta el momento se haya alcanzado una respuesta satisfactoria.

En ese contexto, el gremio señaló que “el incremento de la tasa aeroportuaria debe fortalecer áreas operativas y sostener el funcionamiento de sectores como el de los bomberos aeronáuticos y la Fiscalización”.

Marcelo Belelli, coordinador nacional de ATE/ANAC, explicó que la falta de avances en las conversaciones llevó al sindicato a profundizar el conflicto.

“Los reclamos efectuados continúan sin una respuesta concreta que permita avanzar en su resolución”, afirmó Belelli en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.

El dirigente también justificó la decisión de avanzar con el paro. “Nuestra entidad sindical se ve en la necesidad de profundizar las medidas de acción gremial”, sostuvo.

La protesta tendrá alcance nacional y abarcará las tareas desarrolladas por trabajadores de ANAC durante las franjas establecidas para el jueves y el viernes.

Aeroparque y Ezeiza se encuentran entre los puntos donde podría registrarse algún impacto. Sin embargo, la convocatoria no significa que todos los vuelos programados vayan a ser suspendidos.

La eventual afectación estará vinculada con las operaciones que coincidan con los horarios de la medida y con las modificaciones que puedan disponer las compañías aéreas para sus servicios de esos días.

 

Causa penal contra los trabajadores del Subte por “asociación ilícita”

 

El lunes, desde las 9:30 en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires en Paseo Colón y Avenida Juan de Garay comenzaron las declaraciones de trabajadores del Subte en el marco de la causa penal impulsada por Emova y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La empresa concesionaria junto a la administración de Jorge Macri acusan a miembros de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro de “asociación ílilícita” por haber llevado adelante distintas medidas de fuerza a lo largo de 2024 y 2025. Acciones gremiales que se realizaron claramente dentro del marco de los derechos otorgados por la Constitución y de la Ley de Asociaciones Sindicales, por otra parte.

Este bochorno jurídico, pero que tiene un trasfondo de ataque a la organización gremial, es llevado adelante por Celsa Ramírez a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº35 de la Ciudad de Buenos Aires. Una fiscal con un historial de ataque a los Metrodelegados y a otros trabajadores como los de la Economía Popular y con clara afinidad con el aparato macrista porteño.

El abogado que acompañó a los trabajadores, Nahuel Berguier, definió la causa como “una payasada” llevada adelante por una fiscal famosa por llevar adelante denuncias contra gremios y cooperativas y que lo que hizo fue agrupar un conjunto de medidas gremiales y decir que esas medidas constituyen delitos y que detrás de eso lo que hay es una asociación “armada para cometer delitos”.

El mamarracho llega al punto de que cada nueva medida gremial que se realizó luego de la denuncia es incorporada al expediente por Ramírez.

Asimismo, advirtió que los trabajadores en el marco de la declaración van a presentar un repudio ante esta acusación que no resiste ningún análisis desde el punto de vista jurídico.

Los trabajadores citados recibieron el apoyo de sus compañeros quienes se hicieron presentes desde la mañana junto a miembros de otros sectores como los docentes de Ademys, telefónicos de Foetra, referentes sindicales de la CTA, la legisladora (MC) por el PTS en el FIT-U y fundadora de la agrupación de mujeres Pan y Rosas, Andrea D’Atri, entre otros.

El gobierno porteño inició causas penales a dirigentes del sindicato docente Ademys

Se trata de la secretaria general, Soledad Mosquera; la secretaria de Derechos Humanos, Vanesa Gagliardi; y Eugenio Ariza, miembro del actual Consejo Directivo actual, a quienes se persigue por acompañar la lucha de estudiantes, familias y docentes de la escuela Nini Marshall contra el programa BA Aprende, que impulsa la gestión de Jorge Macri

“Es un intento burdo y bruto – es Jorge Macri, no se puede esperar otra cosa- de aleccionar a docentes y estudiantes que enfrentan el BA Aprende. Quieren que Ademys ‘baje el copete’ y se retire de las luchas. Lo decimos claramente: no va a pasar, vamos a redoblar nuestro esfuerzo y compromiso en defensa de la escuela pública. Es lamentable la torpeza del gobierno que, perdido en su interna con los libertarios, se lanza contra el sindicato combativo y democrático de CABA”, afirman desde Ademys y aclaran que no es la primera vez que el gobierno judicializa a sus miembros: “Es una política sistemática de persecución al único sindicato docente que actúa como oposición a los distintos gobiernos del macrismo. Nos persigue porque denunciamos las políticas anti educativas del macrismo y rechazamos los acuerdos salariales o laborales -porque son todos regresivos, la docencia lo sabe”.

La reforma BA Aprende / Secundaria Aprende que impulsa el gobierno porteño fue cuestionada desde un comienzo por gran parte de la comunidad educativa al considerar que precariza los contenidos educativos y las condiciones laborales. Muchas escuelas secundarias ya han votado el rechazo a su implementación. Una es la Nini Marshall, en la que es docente Vanesa Gagliardi, una de las integrantes de Ademys denunciada.

Marcha por la reincorporación de un delegado

La Comisión Interna de Trabajadores de GPS, la principal empresa tercerizada de Aerolíneas Argentinas, marcharán este jueves 9 de septiembre, a las 6:00, desde el Aeroparque Jorge Newbery hasta las instalaciones de GPS en Avenida Libertador

La acción es parte de un plan de lucha que exige la inmediata reincorporación de Luciano Corradi, delegado elegido por sus compañeros desde 2011, que fue desvinculado a principios de agosto. Denuncian que su despido es ilegal, antisindical y persecutorio. También exigen la reincorporación de todos los trabajadores que fueron despedidos por al empresa desde 2024 y que pelean por sus puestos de trabajo.

Advierten que el despido de Corradi es un mensaje que intenta disciplinar a los trabajadores, y que es la antesala de un recorte mucho mayor, y que se inscribe también en las intenciones del gobierno de avanzar con la privatización de Aerolíneas Argentinas, línea de bandera que quedó afuera de las privatizaciones de empresas estatales que incluía la Ley Bases.

Cierres, despidos y 250 familias esperan soluciones urgentes

 

El lunes 24 de agosto las puertas del Ministerio de Trabajo de Río Gallegos volvieron a ser escenario de reclamo e incertidumbre. En las últimas semanas se realizaron allí las audiencias clave de lxs trabajadorxs despedidxs de Autofarma y Carrefour, dos empresas que, a fuerza de ajuste y cierre, dejaron a 250 familias en una situación de angustia absoluta.

El 22 de julio, el Carrefour Market del centro bajó la persiana y dejó en la calle a 30 trabajadorxs directos y 10 tercerizadxs. La empresa intentó justificar el cierre con el argumento de la “baja rentabilidad”, pero los hechos muestran otra cosa: los despidos no son producto del azar ni de una crisis aislada, sino parte del ajuste patronal que recorre el país descargando el peso sobre quienes laburan.

Mientras en otras provincias la patronal ofrecía traslados o retiros voluntarios, en Río Gallegos el cierre fue directo, sin anestesia. Lxs laburantes quedaron atados a una conciliación obligatoria que solo estiró los plazos sin resolver la demanda central: la reubicación. La empresa sostiene los despidos, se muestra “abierta a negociar”, pero no garantiza reincorporaciones ni traslados. Entre lxs afectadxs hay trabajadorxs a punto de jubilarse, arrinconadxs por una situación que no les deja alternativas reales.

En esta última audiencia y pasado el mediodía, el Ministerio de Trabajo extendió la conciliación por una semana más. Sin embargo, Carrefour no presentó ninguna propuesta favorable para los 13 trabajadorxs que se mantienen firmes exigiendo la reincorporación en el Hipermercado. La espera de más de un mes expresa un cinismo patronal intolerable: quienes sostienen el supermercado con su trabajo no pueden seguir esperando porque deben pagar alquileres, sostener familias y vivir.

A esto se suma el penoso desempeño del Sindicato de Empleados de Comercio, que no está a la altura del conflicto y no impulsa medidas de fuerza que respalden el reclamo.

Autofarma: incertidumbre, deudas y promesas vacías

El panorama en Autofarma no es menos desesperante. El cierre definitivo arrastró a más de 200 trabajadorxs de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Las audiencias giraron en torno a adelantos de haberes adeudados y la posibilidad —todavía incierta— de que un nuevo grupo empresarial absorba parte del personal.

Pero, según la Asociación de Empleados de Farmacias de la Zona Austral (ADEFZA), la situación sigue igual que al inicio: mucha promesa, pocos avances reales. El gremio también quedó duramente cuestionado por lxs despedidxs: no haber previsto el desenlace aceleró amenazas de desalojos y endeudamientos, ya que les deben tres meses de sueldo y el medio aguinaldo.

La próxima audiencia será el 3 de septiembre. Mientras tanto, lxs trabajadorxs se enteran de las novedades al salir de cada reunión, esperando que al menos se cumpla el pago de lo adeudado. Los fondos de la Caja de Servicios Sociales podrían empezar a distribuirse en las próximas semanas, pero no hay cifras claras ni fechas concretas. Quienes enviaron telegramas dándose por despedidos —muchxs por pura desesperación— podrían rever su situación si aparece una nueva empresa dispuesta a contratar, pero el escenario es todo menos seguro.

Otra alternativa que se baraja es que el gobierno provincial absorba al personal y lance una empresa farmacéutica estatal. Es la opción menos probable, pero fue planteada por ADOSAC y también por el Comité de Santa Cruz en apoyo a Myriam Bregman.

La crisis laboral que atraviesan Autofarma, Carrefour, YPF y la Administración Pública santacruceña no es casualidad: es consecuencia directa de las políticas de ajuste del gobierno nacional y de la falta de respuestas estructurales del gobierno provincial.

Hasta ahora, la intervención del Ministerio de Trabajo no garantizó continuidad laboral ni en Carrefour ni en Autofarma. Las negociaciones, lejos de resolver el problema de fondo, dejan a las familias colgando de un hilo mientras la patronal gana tiempo y empuja a la resignación. Por eso la apuesta sigue siendo la organización desde abajo, la acción colectiva y la solidaridad activa.

La consigna de lxs protagonistas es clara: la solución tiene que ser con todxs adentro. El sálvese quien pueda solo beneficia a las patronales y a quienes gobiernan para unos pocos. La pelea continúa, y cada jornada de reclamo suma fuerza para frenar la avanzada sobre los derechos de quienes sostienen el país con su trabajo.

Miles de docentes marcharon a La Plata

El martes 17 de agosto un plenario impulsado por las seccionales conducidas por la Lista Multicolor de Suteba, con la participación desde los mandatos de escuelas de 7.833 compañeres de 36 distritos de la Provincia de Buenos Aires, resolvió nuevas medidas: 48 horas de lucha, con movilización a La Plata el martes (con constancia gremial) y un paro de 24 horas el miércoles en coordinación con otros sectores de estatales bonaerenses.

Los motivos de las medidas son la acumulación de bronca y malestar en la comunidad educativa ante los salarios de miseria que mantiene la gestión de Axel Kicillof y el deterioro de las condiciones de infraestructura de la educación pública producto del desfinanciamiento. Todo ello agravado por el castigo a quienes protestan por parte del gobierno peronista a través del descuento compulsivo de los días de paro en los haberes mensuales.

En la capital bonaerense unas 3.500 trabajadoras y trabajadores de la educación se concentraron frente a la Gobernación provincial. Además de las seccionales de Suteba recuperadas por la Lista Multicolor, como las de La Matanza, Tigre y la minoría de Ensenada, en la movilización participaron las seccionales recuperadas de ATE Sur y ATE Brown-Pte. Perón.

A su vez se hicieron presentes Vicky y Vero, obreras víctimas de violencia de género que luchan por su reincorporación en el Astillero Río Santiago tras ser despedidas por la administración kicillofista, acompañadas por una delegación de sus compañeras y compañeros.

Cierre de fábrica en La Plata

Clan Issime, emblema de la industria textil y del calzado de La Plata durante más de cinco décadas, confirmó su cierre definitivo. La fábrica bajó las persianas el lunes 31 de agosto, apenas unos días antes de cumplir 53 años de actividad ininterrumpida en el barrio de Tolosa.

La empresa fue fundada el 9 de septiembre de 1973 y funcionaba en la calle 526, entre 14 y 15.

En su mejor momento, allá por 2007, Clan Issime llegó a tener 129 empleados distribuidos entre la planta de Tolosa, 14 locales propios y un centenar de puntos de venta tercerizados en todo el país. Era una de las marcas más reconocidas del sector.

Desde diciembre pasado esa cifra se derrumbó hasta nueve trabajadores, a medida que se fueron acordando las indemnizaciones. Varios de los empleados despedidos llevaban tres décadas dentro de la firma.

“Producimos, pero es imposible con las importaciones”, resumió Jorge Bizet al explicar el escenario que terminó de sellar el destino de la fábrica. Para los dueños, el ingreso masivo de productos textiles del exterior fue determinante en el deterioro del negocio.

A ese frente se sumó el peso de las obligaciones fiscales. La caída en las ventas impidió a la empresa cubrir tres períodos de los planes de pago vigentes ante ARCA, lo que derivó en el inicio de un proceso de embargo sobre la firma platense.

Esto terminó de complicar el panorama financiero de una empresa que ya venía golpeada por el retroceso de sus ventas. La combinación de deudas impositivas y bajo consumo dejó a la firma sin margen para sostener su estructura productiva.

¿Qué medidas tomó la empresa para pagar las indemnizaciones?

Para afrontar el pago de las indemnizaciones de los últimos empleados, la familia Bizet decidió rematar tanto el stock como las las maquinarias de la planta de Tolosa antes del cierre definitivo.

Antes del cierre, los locales de la marca ya venían reduciéndose progresivamente en distintos puntos de la región. Este año dejaron de funcionar dos sucursales de City Bell, reflejo de una retracción sostenida durante los últimos años de la firma.

El último local propio que quedaba en pleno centro platense, sobre la calle 49, bajó sus persianas apenas unos días antes que la fábrica. En la actualidad restan cerrar alrededor de cuarenta puntos de venta tercerizados en todo el país.

La UOM anunció el paro de todas las plantas electrónicas en Río Grande

La jornada del martes en la planta del Grupo Mirgor de calle Epztein fue un símbolo de lo que es capaz la prepotencia patronal. El CEO José Luis Alonso, hombre de confianza de Nicolás Caputo, llegó a prepotear a las trabajadoras y trabajadores, avisando de lo que es capaz la empresa.

El discurso altanero y terrorista generó bronca entre los cientos de metalúrgicos que estaban allí.

La conducción del gremio tuvo que responder. El secretario general, Oscar Martínez, dijo que “el CEO vino a ratificar la postura de la empresa, a amenazar, y vino a presionar planteando que a los delegados los va a echar. Nos plantearon 339 despidos exactamente, 314 compañeros de base y, pasando por encima de la ley, la desvinculación de 25 representantes, la totalidad de los delegados”.

Una medida ilegítima, tratándose de una empresa que ganó millones gracias a sus obreras, pero también ilegal: hace 10 días no deja ingresas a los delegados y directivos, a pesar de la conciliación obligatoria que lo ordena.

Marcos Linares, dirigente también de la UOM Río Grande y uno de los despedidos, señaló que “para cualquier tipo de resolución que tengamos que llevar adelante será el conjunto de trabajadores el que defina si es posible o no. Así es como funcionamos en la bendita democracia obrera que hemos aplicado durante toda nuestra larga historia”.

En el lugar se realizó una asamblea, donde participaron también delegados de otras empresas.

Allí se definió un paro de todas las empresas del Polo electrónico, entre las que están BGH, Solnik, otras empresas del Grupo Mirgor, entre otras. “Hemos resuelto en este mismo momento que mañana, a partir de las 13:00, paralizamos las actividades en todo el Parque industrial para venir a la planta. Esta es una pelea de todos los metalúrgicos, de todas las obreras y de todos los obreros”, señalaron desde la UOM.

Hay que pararle la mano a Caputo y todas las patronales, nacionales y extranjeras, que atacan no solo el empleo sino la soberanía, dejando en la calle a la clase trabajadora que labura y habita Tierra del Fuego. Con la coordinación con la docencia, los estatales y portuarios, y todos los sectores atacados en la isla, se puede derrotar el ajuste.

La muerte de un operario despedido tras el cierre de la hilandería Alal

Profunda conmoción atraviesa a la comunidad correntina de Goya tras conocerse la muerte de Silvio Ortíz, un ex trabajador de 62 años de la hilandería Emilio Alal, quien había liderado los primeros reclamos laborales tras el cierre definitivo de la planta en enero.

El operario contaba con más de 30 años de servicio en la firma textil, una de las industrias emblemáticas de la provincia de Corrientes, que dejó a más de 200 familias en la calle tras cesar sus operaciones operativas a comienzos de año.

Según el testimonio de sus ex compañeros de trabajo, el impacto de la desocupación afectó gravemente la salud de Ortíz. David González, también despedido de la fábrica, relató que si bien en un principio participó activamente de las manifestaciones, debió alejarse por recomendación médica.

“Estaba muy sobrepasado”, explicó González, quien detalló que en este último período el hombre sufrió un principio de accidente cerebrovascular (ACV) y debió ser internado.

El ex trabajador vinculó la decisión de Ortiz de quitarse la vida al cuadro de angustia sostenida con la imposibilidad de reinsertarse en el mercado laboral, tras haber desarrollado prácticamente toda su vida adulta dentro de la hilandería.

“En Goya no hay fuentes laborales, así que son pocos los compañeros que están trabajando y el resto se amaña”, alertó.

Ante la vulnerabilidad económica en la que quedó la familia de Ortíz, sus ex compañeros iniciaron una campaña de colaboración financiera.

La paralización definitiva de la hilandería Emilio Alal en enero pasado respondió a un severo deterioro de sus condiciones operativas. En aquel momento, la administración de la empresa emitió un comunicado oficial donde responsabilizó a la política económica nacional y a la apertura de las importaciones de textiles y prendas provenientes de Asia.

Desde la firma señalaron que la contracción del mercado interno, la caída del poder adquisitivo, el ingreso de ropa usada y la suba de los costos energéticos y financieros volvieron inviable la producción nacional, desencadenando el despido masivo de su personal en Corrientes.

Musimundo concretó el cierre de sus sucursales en la provincia de Corrientes y de la región del Noreste Argentino (NEA)

 

La medida fue comunicada de manera verbal a los empleados el sábado 30 al cierre de la jornada laboral, generando un escenario de incertidumbre por la falta de telegramas formales de desvinculación.

En la capital correntina, al menos 36 trabajadores resultaron afectados por la clausura del histórico local ubicado en la intersección de la Peatonal Junín y San Juan, a los que se suman las bocas de venta situadas en la avenida 3 de Abril y Maipú, avenida Cazadores Correntinos y Juan José Castelli, y el Shopping Centenario.

Ante la falta de telegramas o notificaciones de la empresa, el personal decidió presentarse en sus puestos de trabajo a primera hora del lunes para labrar actas y requerir asesoramiento legal.

La medida de la firma impactó con la misma severidad en las ciudades del interior de Corrientes. Se confirmó el cese de operaciones en las filiales de Curuzú Cuatiá, Paso de los Libres y Goya, al tiempo que se evalúa la situación operacional en plazas como Bella Vista, Monte Caseros, Mercedes, Ituzaingó y Gobernador Virasoro.

El repliegue comercial de la empresa afectó en simultáneo a otras provincias de la región. En el Chaco se notificó el cierre de locales en Resistencia y Barranqueras, mientras que en Misiones dejaron de operar las sucursales de Posadas, Leandro N. Alem, Apóstoles y Jardín América.

El testimonio de los empleados dio cuenta del deterioro del esquema comercial previo al desenlace. “El sábado a la noche el gerente nos dijo que la compañía dejaba de existir y que estábamos despedidos”, relató César, quien tenía 22 años de antigüedad en la firma.

“Nos dijeron fíjense si consiguen algo porque a esta gente no le vamos a poder sacar un mango”, agregó el comerciante en referencia a las advertencias que les brindaron sobre las dificultades financieras de la patronal para afrontar las indemnizaciones de ley.

De acuerdo a las declaraciones de los operarios, el flujo comercial se vio afectado a lo largo del año debido al proceso de concurso de acreedores de la firma, limitaciones operativas para el cobro con tarjetas de crédito, la migración del consumidor hacia el comercio electrónico y el impacto de la competencia de productos importados en el rubro de la tecnología y los electrodomésticos.

La firma Ananda Pack anunció su quiebra y dejó a más de 30 familias sin trabajo

Según la empresa, la suba de costos fijos, el aumento en los alquileres de los galpones y la recesión general terminaron por llevar a la compañía a una crisis definitiva imposible de remontar.

Por su parte, los operarios denuncian que se enteraron al terminar su jornada laboral y que, al momento, no cobraron la quincena ni recibieron los justos telegramas de despido.

La histórica fábrica de cartón y embalajes de Córdoba, ubicada entre la zona de barrio San Vicente y barrio Müller, frenó sus actividades por completo tras declararse en quiebra.

La medida, comunicada de manera sorpresiva por la conducción de la empresa, dejó a más de 30 trabajadores en la calle, la mayoría con antigüedades de entre 18 y 25 años en la planta.

Según explicaron los operarios la noticia llegó sin previo aviso: “El viernes a última hora, 10 minutos antes de salir, se le avisó a los compañeros que a partir del martes la empresa no abría más sus puertas, que se daban a quiebra”, relató Guillermo Vega, uno de los trabajadores afectados.

Al regresar el siguiente día hábil, los trabajadores se encontraron con los portones cerrados y la producción paralizada.

Los trabajadores denuncian que hasta el momento la empresa no abonó la última quincena, no se habló de indemnizaciones y ni siquiera se enviaron los telegramas formales de despido.

Ananda Pack operaba abasteciendo a diversos sectores de la economía regional con cajas para calzado, pizzerías, locales gastronómicos y comercios.

Aunque la firma ya atravesaba un concurso preventivo de acreedores, el disparador definitivo del colapso fue la imposibilidad de afrontar la estructura operativa.

Desde la administración de la pyme argumentaron que la suba de los costos fijos, sumada a la caída en las ventas y un aumento que duplicó el valor de los alquileres de los galpones, volvió insostenible el negocio.

“Se veía que el movimiento de la fábrica era otro, que estaba levantando. Unos meses antes hubo una choripanada en agradecimiento. A esta altura del año estábamos mucho mejor que a fines del año pasado”, lamentaron los trabajadores, quienes no se esperaban la quiebra.

Tras la formalización de la quiebra ante la Justicia, los operarios esperan la intervención urgente del síndico judicial para inventariar o rematar bienes que permitan cubrir los salarios impagos y las indemnizaciones correspondientes.

La única fábrica de aviones del país está al borde del concurso de acreedores

La deuda de FAdeA con proveedores ronda los u$s22 millones y la empresa cerraría 2026 con un pasivo superior a $152.000 millones. Sin producción sostenida, sin capital de trabajo y con dos contratos clave todavía sin firmar desde la gestión de Luis Petri, crece el riesgo de que acreedores reclamen judicialmente lo que les deben. Mientras el Estado envía eventuales transferencias, la fábrica cordobesa se desangra en recursos humanos y capacidades estratégicas.

La crisis financiera de la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (FAdeA) entró en una zona de riesgo que hasta hace poco parecía difícil de imaginar: un grupo cada vez más amplio de proveedores y contratistas evalúa recurrir a la Justicia ante la imposibilidad de cobrar las deudas acumuladas por la compañía, mientras comienza a tomar forma el escenario de un eventual pedido de concurso preventivo.

Luego de casi dos años de actividad reducida, falta de capital de trabajo y ausencia de decisiones del ministerio de Defensa, tanto durante la gestión de Luis Petri como con su sucesor, teniente general Carlos Presti, sobre los principales contratos que deberían garantizarle ingresos, la situación llegó a un punto en el que la paciencia de quienes sostienen la cadena de producción comienza a agotarse. Si los acreedores deciden avanzar judicialmente, el Estado deberá enfrentar una situación incómoda: explicar cómo una empresa pública estratégica, con capacidades industriales reconocidas y con un mercado potencial concreto, llegó al límite de un eventual concurso preventivo mientras espera que se firmen los contratos que deberían haber sido el punto de partida de su recuperación.

El reloj financiero corre y la deuda no la están reclamando solamente los balances: la están reclamando los proveedores que ya no tienen margen para seguir financiando a FAdeA. El propio presupuesto oficial reconoce el deterioro financiero y proyecta para 2026 un pasivo total de $152.003,8 millones, cifra superior a los ingresos operativos previstos para todo el ejercicio. La fábrica, en los hechos, viene funcionando con el financiamiento involuntario de contratistas y proveedores nacionales y extranjeros que entregaron bienes y servicios sin recibir los pagos correspondientes, entre los que se cuentan empresas críticas como Elbit, Israel Aerospace Industries (IAI), Liebherr Aerospace, Honeywell, Lockheed Martin, Prodismo, MBA S.A, Inmeba SRL, DTA S.A, AOG, ADE SRL y otros nucleados en la Cámara Argentina Aeronáutica y Espacial (CArAE).

El Ministerio de Economía aprobó mediante la Resolución 1289/2026 el Plan de Acción y Presupuesto de FAdeA para este año, que proyecta ingresos operativos por $135.090 millones frente a gastos de operación por $149.610 millones, lo que genera un resultado operativo negativo de $14.519 millones. La aparente mejora emerge cuando se incorporan las transferencias y recursos corrientes del Estado, de donde surge un resultado financiero final proyectado positivo de apenas $104,1 millones. Pero el equilibrio presupuestario depende de recursos que no provienen de la generación genuina de fondos de la empresa, sino de las transferencias de la Administración Nacional, lo que expone un problema estructural: la actividad propia de la fábrica no alcanza para financiar su funcionamiento, y el Estado evita por ahora una crisis de caja inmediata pero no está resolviendo el problema industrial.

La paradoja es que FAdeA tiene capacidades industriales que podrían permitirle recuperar actividad y generar ingresos, pero las decisiones que deberían ponerlas en marcha permanecen demoradas. Dos acuerdos considerados centrales, la actualización de los IA-63 Pampa y el mantenimiento de los C-130 Hércules, están sin formalizar, y el cliente, la Fuerza Aérea Argentina, atribuyó esa situación a restricciones presupuestarias. Sin órdenes de trabajo de largo plazo, FAdeA no puede planificar producción, compras, inversiones ni contratación de proveedores con previsibilidad, y la cadena industrial se rompe. La planta permanece prácticamente paralizada, con una excepción relevante: la producción de partes para el avión de transporte estratégico brasileño C-390 Millennium, dentro del programa desarrollado junto con Embraer, que tuvo un pago reciente de unos 3 millones de dólares que el nuevo presidente de FAdeA, ingeniero Oscar López, aplicó en parte a compromisos salariales.

El deterioro financiero adquiere mayor gravedad porque FAdeA no es una empresa industrial cualquiera, sino una sociedad anónima cuyo único accionista es el Estado Nacional, bajo la órbita del Ministerio de Defensa. El escenario de un eventual concurso preventivo tendría un impacto político e institucional mucho mayor que el de una empresa privada con problemas de liquidez, y el costo oculto es perder capacidades que llevan décadas construir. El presupuesto contempla una dotación de 705 trabajadores, de los cuales 519 corresponden a personal técnico y profesional especializado, pero la reducción de actividad y los pagos salariales fragmentados ya están produciendo una fuga de talentos que pone en riesgo la soberanía tecnológica adquirida. Desde Córdoba, el ministro de Industria provincial, Fernando Sibilla, sostuvo que la empresa tiene un “potencial enorme” pero está condicionada por las decisiones de su accionista estatal, mientras el dirigente gremial Marcelo Bertorello fue tajante: “FAdeA necesita saber qué quiere hacer el Estado con ella, si será una herramienta estratégica, una empresa con capacidad exportadora o simplemente una sociedad estatal destinada a sobrevivir mediante transferencias”. Cada mes sin contratos significa menos producción, menor facturación, más deuda y un deterioro creciente de la relación con proveedores y trabajadores, un interrogante que Defensa ya no puede postergar.

Los trabajadores no médicos de los sanatorios del grupo COSEME iniciaron un paro por tiempo indeterminado

 

La medida afecta al Sanatorio Santo Tomás, al Laboratorio Biolab y al Sanatorio Aconcagua, que mantiene únicamente guardias mínimas para atender urgencias y emergencias.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), Ricardo López, explicó que el conflicto se arrastra desde hace dos años. “Ahora se ha agravado un poco más la situación, es la falta de pago de lo que es el salario de los trabajadores, de lo que es el aguinaldo y de las sumas no remunerativas correspondientes al año pasado”, señaló. Según detalló el dirigente gremial, los trabajadores recibieron solamente el 35% del salario vigente correspondiente al último período.

El conflicto alcanza al personal no médico de las instituciones que integran el grupo COSEME. De acuerdo con López, el conflicto alcanza a alrededor de 350 familias.

El Sanatorio Concagua tiene a PAMI como su principal financiador, aunque también mantiene convenios con obras sociales y otros prestadores. En ese sentido, aclaró que el reclamo no se origina en una demora de PAMI: “PAMI normalmente paga, por lo menos aquí en Córdoba, los pagos de PAMI impactan los 25 de cada mes”.

López también vinculó el conflicto con la situación general que atraviesa el sistema de salud. “Hoy la salud no es un tema de agenda pública, ya sea sector público o privado, más o menos, pero no es un tema de agenda a nivel nacional”, sostuvo.

El secretario general de ATSA cuestionó además la situación financiera de las instituciones y remarcó que “quienes sostienen el sistema son los trabajadores, las manos de obra son las de los trabajadores, quienes atienden a los pacientes son los trabajadores”, afirmó.

En ese contexto, reconoció que las medidas de fuerza generan dificultades para los pacientes, pero defendió la decisión sindical. “Nosotros entendemos que cuando uno toma este tipo de medidas son antipáticas para la sociedad, porque es la realidad. Pero si nosotros no lo hacemos de esta forma, nadie sabe lo que pasa”, explicó.

El paro es por tiempo indeterminado, aunque la medida contempla la continuidad de las prestaciones esenciales. “Lo que nosotros en nuestro sector nos compete es garantizar las guardias mínimas, las urgencias y las emergencias”, explicó López. La medida continuará mientras persistan los incumplimientos salariales y el gremio espera una respuesta de las autoridades de las instituciones para avanzar en una solución al conflicto.

 

Crisis en una reconocida empresa de Córdoba

 

La crisis que atraviesa buena parte de la industria vinculada al campo volvió a golpear a Las Varillas, uno de los principales polos metalúrgicos de Córdoba. En las últimas horas, Pauny, histórica fabricante de tractores radicada en esa localidad, presentó ante el ministerio de Trabajo provincial una propuesta para reducir la actividad de su planta.

La medida, que alcanza a unos 500 trabajadores directos, generó un fuerte rechazo de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y abrió una negociación contrarreloj para evitar que el ajuste termine impactando todavía más sobre los ingresos de los empleados.

La empresa solicitó implementar un esquema de emergencia que contempla reducir la jornada laboral a tres días por semana. El planteo establece que los trabajadores cobren la totalidad de las jornadas efectivamente trabajadas y el 50% de los salarios correspondientes a los días en los que la planta permanezca paralizada.

La propuesta fue presentada formalmente ante el ministerio de Trabajo de Córdoba, en el marco de la caída de la demanda de maquinaria agrícola. Pauny, con sede en Las Varillas, es una de las principales fabricantes de tractores del país y ocupa el cuarto lugar en volumen de ventas dentro de ese segmento, según datos citados en el marco de la negociación.

La respuesta del gremio metalúrgico fue contundente. La UOM rechazó la reducción de la jornada y cuestionó que una nueva disminución de los ingresos pueda ser absorbida por los trabajadores.

Desde el sindicato señalaron que los empleados ya atravesaron durante el último tiempo suspensiones y esquemas de reducción salarial, por lo que consideran que el margen para afrontar otro recorte es prácticamente inexistente.

La organización gremial, de todos modos, reconoce la situación económica planteada por la empresa y la necesidad de encontrar una alternativa que permita sostener los puestos de trabajo.

El principal punto de discusión es cómo repartir el impacto de la caída de la actividad sin que el ajuste recaiga nuevamente sobre los salarios.

El conflicto actual tiene como antecedente las dificultades que Pauny ya atravesó durante 2025, cuando la empresa implementó un esquema de contingencia frente a la caída de las ventas.

En aquel momento, la fábrica había reducido las horas de trabajo y los trabajadores percibieron alrededor del 70% de los haberes correspondientes a las jornadas no trabajadas.

Después del receso de enero y del reinicio de la actividad en febrero, la expectativa estaba puesta en una recuperación progresiva del mercado de maquinaria agrícola.

Sin embargo, la mejora esperada no llegó con la intensidad prevista y la empresa volvió a plantear la necesidad de adoptar medidas para atravesar el escenario.

La situación tiene además un impacto que excede a los empleados de Pauny: alrededor de la planta funciona una importante red de proveedores y empresas vinculadas a la actividad metalúrgica, por lo que cualquier reducción significativa de la producción puede repercutir sobre otros puestos de trabajo de la región.

Ante el rechazo sindical, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio y continuar las negociaciones en una nueva audiencia ante el ministerio de Trabajo provincial.

El encuentro será determinante para definir si Pauny avanza con el esquema propuesto, si la UOM modifica su posición o si aparece una alternativa para sostener la actividad sin aplicar una reducción tan fuerte sobre los salarios.

Mientras tanto, en Las Varillas crece la preocupación por el futuro de los 500 trabajadores directos de la fábrica y por el impacto que una eventual reducción de la producción podría tener sobre toda la cadena industrial vinculada a la empresa.

 

El extenso y profundo conflicto salarial de la Justicia Provincial cordobesa 2026 podría concluir

 

El secretario de Trabajo Omar Sereno  convocó a las partes. Irán autoridades del oficialismo del sindicato y delegados de las agrupaciones opositoras para garantizar una amplia representatividad. Por la patronal, directivos de Administración y Recursos Humanos dependiente del Tribunal Superior de Justicia, encargados de poner sobre la mesa la nueva propuesta en base a la habilitación de fondos por parte del Poder Ejecutivo.

Uno de los aspectos que se espera es la ejecución de un fallo del Tribunal Superior de Justicia de fines de mayo de este año. Ante un caso concreto fijó el límite del 6% para la retención por aportes a la Caja de Jubilaciones en los haberes de jubilados y -por extensión- del personal de la Administración pública provincial. Por la Ley de emergencia previsional, se retenían dos puntos porcentuales más. Eso generó no sólo la reacción de los trabajadores, sino también de los funcionarios y magistrados, que -inéditamente- se manifestaron en los pasillos todos los martes y jueves e iniciaron reclamos administrativos porque afectaba la intangibilidad de sus salarios.

Uno de los aspectos sensibles es el cumplimiento de la Ley de equiparación salarial con los trabajadores de la Justicia Federal. En 2025 se acordó un nuevo escalafón con equivalencias y la ejecución de aumentos proporcionales para que los sueldos del personal judicial provincial llegue al 90% de sus pares federales. Eso se dividió en cuatro tramos. El año pasado se ejecutó el primero, el mes pasado el segundo y la oferta que se pondría sobre la mesa incluiría el adelanto de los dos tramos restantes. Con esto, se completaría la ejecución de la Ley de equiparación.

Además, podría haber un monto permanente para las categorías bajas, que podría consistir en un adelanto de la mitad de permanencia -5% para auxiliares- u otra herramienta dentro del sistema salarial vigente.

Si efectivamente los puntos señalados se ponen mañana sobre la mesa, sería una oferta superadora a la de julio que solo contempló adelantar solo una cuota de equiparación y un bono no remunerativo por única vez.

Otro aspecto a negociar es qué pasará con los descuentos por los días de paro. En la liquidación de los sueldos de julio se descontaron 5 jornadas -una cuota de cuatro- con un impacto en los haberes de bolsillo de hasta $450.000.

El gremio solicitó la devolución de esos montos y la no realización de descuentos de las tres restantes.

Un conocido supermercado anunció su cierre definitivo en Mendoza

 

La decisión fue tomada en un contexto de menor consumo y reestructuración del sector comercial, lo que dejará a 75 empleados sin sus puestos de trabajo.

La firma surgió en 1989 como un autoservicio y pasó por distintos dueños internacionales. Bajo estas direcciones, se convirtió en una de las cadenas más reconocidas del interior y llegó a tener propuestas recreativas como cines.

El comercio en cuestión es el Hipermercado Libertad ubicado en Mendoza, quien inició su actividad en 2003. El local empleaba a 75 personas y atravesó sus últimos días con una liquidación de stock que llegó a ofrecer hasta 80% de descuento en algunos artículos.

La compañía que actualmente pertenece a Callejas confirmó el cierre del local y sus propietarios señalaron la baja en sus ventas como unos de los principales motivos. Los dueños mantienen conversaciones con empresarios interesados en parte del inmueble, pese a que 12 de sus 24 sucursales del interior fueron vendidas a los propietarios de La Anónima.

Si bien esta fue una de las cadenas que no se pudo revender, el objetivo del predio es continuar vinculado a la actividad comercial y preservar parte de las fuentes laborales.

El Hipermercado Libertad de Godoy Cruz bajó definitivamente sus persianas

 

El cierre de la sucursal ocurre en medio de una caída en el consumo y otros cambios fuertes que atraviesa el sector de los supermercados y comercios minoristas. La empresa tomó la decisión tras más de 20 años de funcionamiento.

La situación generó preocupación entre los empleados, especialmente entre quienes acumulan extensos años de antigüedad. Cerca del 40% de los trabajadores presta servicios al local desde 2003.

La empresa y el gremio mantienen diferencias respecto al esquema de indemnizaciones de los trabajadores desvinculados.

Uno de los principales conflictos tras el cierre del Híper Libertad de Godoy Cruz son las indemnizaciones y condiciones de salida de los trabajadores. De los 75, 68 prestaban servicios bajo convenio y 7 eran empleados jerárquicos.

El Centro Empleados de Comercio de Mendoza cuestionó la propuesta de la empresa, que contempla pagar distintos porcentajes de la indemnización legal en cuotas. Según explicó Fernando Ligorria, secretario general del gremio, la oferta incluye el 75% en seis cuotas, el 80% en nueve cuotas o el 100% en 12 cuotas.

Fuentes: Resumen Latinoamericano, Perfil, La Izquierda Diario, Red Eco Alternativo, argentina.indymedia, InfoGremiales