Este jueves 10 de septiembre comenzará en el Tribunal Oral Federal N°2 de La Plata el juicio oral y público contra Emilio Parodi, exjefe de Personal de la planta de Molinos Río de la Plata en Avellaneda durante la última dictadura cívica, eclesiástica y militar. Está acusado por su participación en los secuestros y desapariciones de los trabajadores aceiteros Francisco Fernández, Santos Ojeda y Roberto José Rivolta, ocurridos el 7 de julio de 1976. El proceso llega después de más de una década de investigación y a partir de la lucha sostenida por familiares, sobrevivientes, organismos de derechos humanos y organizaciones gremiales. “Allí se evidenciará la responsabilidad empresarial en delitos cometidos durante el terrorismo de Estado contra trabajadoras y trabajadores para poder implementar un modelo económico de licuación de salarios, endeudamiento del país y destrucción de la producción industrial en beneficio de la especulación financiera”, sostiene la convocatoria de la Federación Aceitera, que apunta que “al menos 26 personas, entre trabajadores aceiteros y sus familiares, fueron secuestrados debido a su actividad sindical en la planta Avellaneda por el aparato criminal del terrorismo de Estado”.
A 50 años del golpe genocida, la responsabilidad empresarial en el terrorismo de Estado vuelve al banquillo. Este jueves 10 de septiembre, a las 11, comenzará ante el TOF 2 de La Plata el juicio contra Emilio Parodi, quien era jefe de Personal de Molinos Río de la Plata en Avellaneda y está acusado de ser partícipe necesario en el secuestro de los trabajadores aceiteros Roberto José Rivolta, Santos Ojeda y Francisco Fernández, ocurridos el 7 de julio de 1976, y quienes aún permanecen desaparecidos.
Así, la causa reconstruye una trama represiva que tuvo a trabajadores y delegados sindicales como blanco dentro y fuera de la fábrica. La investigación judicial señala que Parodi, en su condición de jefe de Personal y con funciones gerenciales, habría favorecido y facilitado los secuestros mediante el manejo de agentes de vigilancia internos y la confección de listas entregadas a las fuerzas represivas.
En 2024, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó su procesamiento por privación ilegal de la libertad agravada en perjuicio de Fernández, Ojeda y Rivolta, delitos calificados como de lesa humanidad. El caso reconstruye específicamente el operativo del 7 de julio de 1976. Ese día, integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad ingresaron a la planta de Avellaneda y secuestraron trabajadores previamente señalados en listas proporcionadas por la empresa. La investigación de la Fiscalía también estableció que los secuestros alcanzaron a trabajadores en sus domicilios, en la vía pública y durante sus trayectos hacia la fábrica.
La causa por la responsabilidad empresarial comenzó a tomar forma judicial hace más de una década. En 2014, la Justicia Federal de La Plata allanó instalaciones de Molinos Río de la Plata en Avellaneda y Victoria y secuestró documentación correspondiente al período 1975-1983, incluidos libros de actas, información de personal y registros salariales. Y en 2019 se realizó además una inspección ocular en la planta fabril donde ocurrieron parte de los hechos investigados.
«Este juicio oral y público es el resultado de la lucha de muchos años de las y los familiares de trabajadores aceiteros detenidos-desaparecidos de Molinos Avellaneda. Fue una tarea que llevaron adelante junto a los sobrevivientes, los organismos de derechos humanos y, también, nuestras organizaciones gremiales, la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera (SOEIA Capital y Gran Buenos Aires)”, señala la Federación en un comunicado.
Pero el universo de víctimas de Molinos fue mayor. Según la documentación presentada por la Federación Aceitera, “al menos 26 personas, entre trabajadores aceiteros y sus familiares, fueron secuestrados debido a su actividad sindical en la planta Avellaneda por el aparato criminal del terrorismo de Estado”. El informe elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) documentó, por su parte, al menos 27 personas vinculadas a la empresa víctimas de delitos de lesa humanidad.
Para las organizaciones querellantes (también participa la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense), el juicio constituye un avance, pero no el cierre de la investigación sobre la trama empresarial: “si bien el inicio de este juicio es un paso adelante en el reclamo por memoria, verdad y justicia, pedimos en agosto de 2023 que sean citados a indagatoria otros dieciséis jefes y personal jerárquico de la planta de Avellaneda de Molinos Río de la Plata, que también fueron acusados de tener responsabilidad en el secuestro de los obreros”.
En esa línea, la Federación aceitera enumera: “en la empresa Molinos de Bunge & Born en su planta de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, hubo 26 compañeras y compañeros que fueron víctimas de delitos de lesa humanidad: Francisco Fernández, Rubén Mataboni, Eduardo Rosen, Roberto Rivolta, Héctor Vidal y su esposa María Inés Ávila, Humberto Dippólito, Juan Carlos Pasquarrosa, José Jacinto Pasquarrosa, Héctor Dadin Vasere, Avelino Freitas, José Luis Salazar, Carlos Robles, Alfredo Patiño, Carlos de Jesús Espíndola, Santos Ojeda, Ricardo Avelino Almaraz y su esposa Celia Arzamendia, Graciela Vitale, Juan Omar Durante, José Vega, Marcos Augusto Vázquez, Jorge Luis Gurrea, René Albornoz, su esposa Elba Noemí Musaschio y Paula Noemí Albornoz Musaschio, hija de ambos, quien fuera apropiada cuando tenía seis meses de edad, luego de la desaparición de sus padres”.
“Fueron atacados por luchar por sus derechos laborales, sindicales y democráticos, los mismos que hoy el poder económico más concentrado y el gobierno actual volvieron a poner en la mira”, remarca la Federación.
En esa línea, 50 años después de aquellos secuestros, el debate oral sobre Molinos Río de la Plata vuelve a interrogar la relación entre poder económico, terrorismo de Estado y disciplinamiento de la clase trabajadora.