El sábado pasado entró en vigencia el nuevo régimen penal juvenil y por decisión de la jueza Marta Elba Pascual, del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, se suspendió su aplicación por 60 días en jurisdicción bonaerense. A pesar de algunas versiones públicas que sugieren un aumento sostenido de la delincuencia juvenil y particularmente de delitos graves como el homicidio, los datos oficiales dan cuenta de que las imputaciones penales sobre ese universo se redujeron durante la última década analizada en más del 60%. En 2025 hubo 25 homicidios dolosos cometidos por menores de 16 años, no punibles al momento de los hechos, que igualmente fueron detenidos en centros para jóvenes del OPNyA. Las discusiones sobre el problema se dan sin argumentos ni sustento en cifras y estadísticas rigurosas o serias. Los discursos de odio solo reclaman más punitivismo y violencia contra los jóvenes más pobres de nuestra sociedad. Pero esta nueva ley no resolverá el problema y agravará las vulneraciones de derechos de estos grupos.
La entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil impone examinar las principales estadísticas producidas, en el caso de la provincia de Buenos Aires, por el Registro de procesos del niño de la Procuración General acerca de imputaciones penales a jóvenes, cantidad según tipo de delito y tasa de encierro de esa población, entre otras variables.
En primer lugar, la cantidad de jóvenes imputados por delitos ha venido disminuyendo sostenidamente en la provincia de Buenos Aires: en 2014 fueron 4.590 y en 2024 fueron 1.802 (una disminución del 61% en una década). La cantidad de jóvenes privados de libertad se ha mantenido estable en la serie histórica disponible: a fines de 2017 había 1.424 y a fines de 2024 había 1.472.
Respecto a las detenciones, los menores de 16 años ya venían siendo privados de su libertad ambulatoria desde antes del nuevo régimen penal juvenil. Durante 2025 el 79% de las niñas, niños y jóvenes que ingresaron a los distintos centros de detención del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA) tenían entre 16 y 17 años, el 20% tenía 15 años o menos y el 1% tenía 18 o más. Cabe destacar que durante el periodo 2020-2025 aumentó el porcentaje de ingresos de niñas, niños y jóvenes de 15 años o menos pasando de 12% en 2020 a 20% en 2025, el porcentaje más alto de los últimos 6 años.
Del total de delitos, aquellos cometidos contra las personas disminuyeron proporcionalmente: entre 2022 y 2025 la mayoría de los delitos fueron contra la propiedad (66% de los casos) y el último año de esa serie fue notoriamente superior, el 71%, lo que redujo aún más el porcentaje de delitos contra las personas.
En 2025 hubo 25 homicidios dolosos cometidos por menores de 16 años, el 3% del total. Si bien eran no punibles al momento de los hechos, igualmente fueron detenidos en centros para jóvenes del OPNyA bajo una “medida de seguridad” que los jueces utilizan en estos casos. Y no sólo están detenidos los 25 jóvenes que cometieron homicidios sino también otros 251 que cometieron otros delitos, graves o no.
Frente a estos datos, la estructura del OPNyA no está en condiciones de absorber un crecimiento de la población joven detenida. La fotografía actual del sistema de responsabilidad penal juvenil provincial es de colapso e incapacidad de adoptar políticas estructurales tendientes a resolver violaciones a derechos humanos de larga data.
Mientras que en los últimos días se agudizó la discusión pública respecto a la pertinencia o no de encarcelar jóvenes, el proceso de carcelización sobre esa franja de la población se viene incrementando en los últimos años, y la tortura y los malos tratos son la propuesta de abordaje corriente de los establecimientos penales juveniles.
En 2025 la CPM, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, registró 1.329 casos de torturas y malos tratos padecidos por 237 jóvenes (39% de los detenidos) en 26 de los 36 centros de detención del OPNyA. El contexto es el profundo deterioro de la infraestructura, la sobrepoblación y la falta de programas efectivos para la tan mentada resocialización. “En 2025 uno de cada cuatro jóvenes cumplía detención en un domicilio particular y la enorme mayoría en instituciones de encierro”, informó la CPM en su reciente informe El Sistema de la Crueldad XX.
Frente a la implementación de la nueva ley que baja la edad de punibilidad, las discusiones en los medios de comunicación hegemónicos no buscan debatir los problemas de manera seria y rigurosa sino exacerbar la violencia, el odio y el castigo sobre jóvenes que padecen múltiples vulneraciones de derechos. Un problema complejo que requiere respuestas complejas de los gobiernos, que en los últimos 20 años han fortalecido más las políticas punitivistas que las destinadas a garantizar derechos de la niñez más pobre.
La nueva ley no resolverá los problemas que pretende abordar: sólo incrementará la violencia, la desigualdad y el odio.
Fuente: https://www.andaragencia.org/una-discusion-con-pocos-argumentos-y-mucho-odio/
Comparto Carta de un Juez de Catamarca. Argentina.
Economista Javier G. Milei
Me dirijo a usted desde el ejercicio concreto de una función que rara vez ocupa el centro del debate público, pero que carga con una de las responsabilidades más complejas del Estado: administrar justicia en el fuero penal juvenil.
Todos los días veo rostros que no aparecen en las estadísticas ni en los discursos. Rostros de adolescentes cansados, rotos, sin esperanza. Chicos y chicas que llegan tarde a la Justicia, después de haber sido violentados en sus hogares, expulsados de la escuela, abandonados en las calles, consumidos por las drogas y, muchas veces, utilizados por adultos inescrupulosos para delinquir.
No le escribo para justificar delitos. Tampoco le escribo para negar el dolor inmenso de las víctimas ni el sufrimiento irreparable de sus familias. Ese dolor merece respeto, escucha y respuestas serias del Estado.
Pero sí escribo para decirle algo que veo todos los día: cuando el Estado llega por primera vez a la vida de estos adolescentes, casi siempre lo hace a través del castigo. Y llega tarde.
En los tribunales no vemos “enemigos”. Vemos historias de abandono acumulado. Vemos una cadena de violencias que comenzó mucho antes del hecho delictivo. Y vemos, con enorme preocupación, cómo frente a ese fracaso previo, la única respuesta que se propone es más pena, más encierro, más dolor.
Señor Presidente: el derecho penal no repara lo que el Estado no supo cuidar a tiempo.
La cárcel no devuelve lo que la infancia perdió. El castigo no sustituye a la presencia estatal que faltó cuando aún había margen para prevenir.
Trabajar en este fuero implica tomar decisiones difíciles, humanas, incómodas. Implica escuchar a víctimas, pero también mirar a los ojos a adolescentes que nunca tuvieron una oportunidad real. Implica entender que proteger a la sociedad no es solo sancionar, sino evitar que el daño ocurra.
Bajar la edad de punibilidad puede dar una sensación inmediata de respuesta, pero no construye futuro. No reduce la violencia. No honra a las víctimas. Solo amplía un sistema penal que llega siempre tarde y que ya ha demostrado su ineficacia.
Cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes no es ingenuidad. Es responsabilidad institucional. Es la única política seria de seguridad a largo plazo de una nación democrática. Es intervenir antes, acompañar antes, sostener antes. Es estar presentes cuando todavía hay algo para salvar.
Le escribo con la convicción de quien ve las consecuencias todos los días.Le escribo no desde la comodidad de un despacho, sino desde la experiencia concreta de administrar justicia en contextos de dolor.
La respuesta no está en castigar más temprano. La respuesta está en no abandonar tan temprano.
Ojalá esta carta sirva para reflexionar. Porque cada adolescente que llega a un tribunal es, antes que nada, una pregunta que el Estado no supo responder a tiempo.
Atentamente, Rodrigo Morabito. Juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca.