Luego de una inspección al destacamento de la Policía Bonaerense de Villa Astolfi, partido de Pilar, la Comisión Provincial por la Memoria en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura presentó un habeas corpus colectivo en favor de las personas alojadas en el lugar. El organismo denunció hacinamiento, condiciones de riesgo sanitario por cloacas colapsadas que rebalsaban materia fecal hacia los calabozos y peligro por instalaciones eléctricas que no cumplen con la normativa de seguridad generando riesgo de electrocución, matafuegos vencidos, falta de red de incendio o planes de contingencia. Todas estas condiciones implican torturas y malos tratos persistentes. El Juzgado de Garantías del Joven N°1 de Pilar hizo lugar a la acción, prohibió que se exceda el cupo de alojamiento que tiene la dependencia y solicitó medidas urgentes, entre ellas señaló que los reconocimientos médicos a las personas detenidas deben hacerse de manera presencial.
El juez Fernando Manuel Ribeiro Cardadeiro, a cargo del Juzgado de Garantías del Joven N° 1 de Pilar, recibió e hizo lugar a un habeas corpus colectivo en favor de las personas alojadas en el destacamento de policial de Villa Astolfi, Pilar, presentado por la Comisión Provincial por la Memoria en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. El organismo realizó una inspección en la dependencia, tras la cual presentó la acción ante la justicia debido a las condiciones en que encontró el lugar y a las personas allí detenidas.
En el sector de calabozos estaba excedido el cupo de alojamiento, ni siquiera había colchones suficientes para todas las detenidas, y los que había estaban en muy mal estado. Además del hacinamiento, el grave estado de la infraestructura generaba un espacio de vida con considerable riesgo infeccioso: el sistema de desagote y las cámaras sépticas estaban colapsadas y la materia fecal rebalsaba hacia los baños y los calabozos. El único baño disponible que no estaba colapsado estaba fuera de las celdas y no tenía agua.
El informe de inspección también denunció que todos los matafuegos estaban vencidos y descargados, el lugar no contaba con luces de emergencia, señalización alguna ni plan de evacuación, a lo que se le sumaba un tablero eléctrico antirreglamentario, clandestino y por lo tanto riesgoso por posible electrocución o cortocircuito.
Además relevaron situaciones de maltrato del personal policial hacia las detenidas con insultos, discriminación xenófoba (hacia detenidas paraguayas) y ensañamiento con mujeres mayores. A las detenidas además se las obligaba a limpiar los desechos de los contraventores varones alojados transitoriamente en el locutorio, espacio que tampoco tiene baño. Los actos tortuosos y denigrantes se trasladaba también a los familiares de las personas detenidas que, durante las visitas, sufrían requisas vejatorias con desnudamientos totales y flexiones frente a cámaras de seguridad.
Otra situación violatoria de derechos es la falta de acceso a la salud, ya que no entregaban la medicación indicada a las personas que la requerían y las revisiones médicas eran superficiales, sin confidencialidad (por ejemplo en el estacionamiento de la dependencia) o realizadas de forma remota por videollamada o a través de fotos. Otro hecho de gravedad fue que las detenidas manifestaron no haber hablado con sus defensores y desconocer el hecho por el cual están privadas de la libertad.
A partir de la denuncia de la CPM se fueron resolviendo algunas cuestiones de mantenimiento con respecto al estado de las cloacas y las conexiones eléctricas. Estas mejoras, no obstante, no cambiaron las graves condiciones de detención en el destacamento policial, por ello el magistrado hizo lugar a la acción y dispuso tareas específicas para mejorar el estado edilicio del Destacamento en los sanitarios, el sistema de incendio y las instalaciones de gas y electricidad. También prohibió que se exceda el cupo de detenidas en el lugar y ordenó realizar adecuadamente los informes y revisiones médicas, y en particular señaló que los reconocimientos médicos deben hacerse de manera presencial, lo que no se cumplía.
En lo que respecta a las conductas denunciadas por el personal policial, se dio intervención al Ministerio Público Fiscal que se encontraba en turno para que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública. Lo relevado en este destacamento visibiliza un problema estructural de los establecimientos policiales donde se vulneran gravemente los derechos humanos, lo que se viene denunciando reiteradamente en los informes anuales de la CPM y en acciones judiciales colectivas, tendientes a revertir estas situaciones.