“La foto de hoy todavía tiene 30% de inflación, todavía muestra 30% de pobreza, todavía hay problemas. Hay problemas de todo tipo. Sin embargo, la película es una de las mejores de la historia”, afirmó. “Bajamos la pobreza a la mitad, bajamos la indigencia a la tercera parte, bajamos la inseguridad, eliminamos los piquetes, hay muchos menos homicidios en las calles”.
Por Mario Hernandez
La desocupación llegó a 7,9% en el segundo trimestre de 2026 y marcó el registro más alto en casi cinco años
El dato fue difundido por el INDEC y confirma un deterioro del mercado laboral: subió frente al mismo período de 2025 y frente al primer trimestre de este año, en un contexto donde más personas salieron a buscar empleo y aumentó el trabajo informal.
Entre abril y junio, la tasa de actividad subió a 48,9%, con un alza interanual de 0,8 puntos, lo que explica parte del salto en la desocupación. La tasa de empleo se ubicó en 45%.
La desocupación creció 0,3 puntos respecto al segundo trimestre de 2025 y 0,1 puntos contra enero-marzo de 2026.
Según el organismo, la variación del empleo y del desempleo no fue estadísticamente significativa a nivel nacional, pero sí hubo cambios relevantes en la calidad del trabajo.
El dato más duro del informe es el avance de la informalidad: subió un punto porcentual en un año, una variación que el INDEC consideró estadísticamente significativa.
Dentro del universo informal, los trabajadores por cuenta propia pasaron del 34,3% al 37,3%. Son tres puntos más en doce meses.
El impacto fue más fuerte en el interior. En los aglomerados fuera del AMBA, la desocupación subió 1,3 puntos hasta 7,6% y la subocupación demandante -quienes trabajan menos horas de las que quieren- creció 0,9 puntos y llegó a 9,1%.
Volvió a caer el empleo formal en junio
En ese mes perdieron su trabajo 12.260 personas. Si se comparan los números contra noviembre de 2023, se trata de 354.128 asalariados registrados menos. Según los últimos datos del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino), el sector privado registrado lleva 13 meses consecutivos de caída. En términos absolutos se está en los mismos niveles de fines de 2014. Compartimos el análisis realizado por el investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma, Luis Campos.
Para Luis Campos, la fase actual de la caída del empleo se explica, a nivel sectorial, por la industria y el comercio, que llevan 20 y 13 meses consecutivos de retroceso. Agrega que en la construcción el derrape se dio entre fines de 2023 y principios de 2024 y que des entonces permanece estancado
Según indica Campos, en el último año la industria perdió más de 50.000 puestos de trabajo y el comercio casi 40.000; y no hay ningún sector que haya tenido un crecimiento significativo.
Respecto al sector público, el investigador de la CTA advierte que la caída en junio fue fuerte: “Parecía haber tocado un piso a fines de 2025, pero en el segundo trimestre de este año volvió a caer”.
En cuanto al salario promedio relevado por el SIPA, Campos señala que en junio le empató a la inflación: “Está un 0,8% debajo de noviembre de 2023. El problema más grande es el nivel: el 50% de los trabajadores registrados del sector privado cobra un salario de bolsillo inferior a $ 1.385.000”.
En lo que va del año volvieron a caer en la pobreza alrededor de dos millones de personas
Por Alfonso de Villalobos
En vísperas del dato oficial estimaciones privadas aseguran que el porcentaje superó el 32%.
Javier Milei se apresuró en celebrar la supuesta salida de la pobreza de 14 millones de personas desde que asumió el gobierno. Para hacer ese cálculo el presidente atribuyó a la herencia recibida el pico de pobreza del primer semestre de 2024 cuando alcanzó el 52,9% de la población como resultado de la devaluación de diciembre de 2023 que anunció su ministro de Economía y la inflación registrada durante ese mes y enero de 2024.
Lo cierto es que el camino descendente que se registró a partir de ese pico habría cambiado el sentido a partir de fines de 2025 y durante todo el primer semestre de este año.
Si bien el INDEC dará a conocer el informe oficial de pobreza e indigencia el próximo 24 de septiembre, estimaciones privadas dan cuenta de un cambio de tendencia desde el piso reciente registrado para el último semestre de 2025 cuando el 28,2% de la población vivía en hogares que no reunían los ingresos necesarios para superar el valor de una canasta básica total CBT).
A partir de ahí y como resultado de la persistencia de la inflación y la caída del salario real, la pobreza comenzó un camino ascendente que, según las estimaciones del Nowcast de pobreza que elabora la Universidad Torcuato Di Tella bajo el liderazgo del econometrista Martín Rozada.
Según el estudio basado en los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares ya disponibles y sobre la base de los cuales el INDEC realiza su propio estudio, el porcentaje de la población que vive en hogares pobres habría escalado hasta un 32,7% para el segundo trimestre de 2026.
Sin embargo, según el estudio de Martín Rozada, el promedio de todo el primer semestre, que es lo que se difundirá el 24 de septiembre, da como resultado un 31,4% que merma levemente hasta un 31,3% para el semestre que va de marzo a agosto.
Así las cosas, en pocos meses la pobreza habría escalado en 4,5 puntos que representan más de dos millones de personas sobre el total de la población.
Con todo, en la realidad, el escenario debiera ser todavía más sombrío en tanto la pobreza traza una línea divisoria entre los ingresos de las familias y el valor de la canasta básica total sin atender lo que se conoce como “ingreso disponible”.
Se trata de los ingresos que restan luego de afrontar otros pagos como impuestos, servicios y, por ejemplo, el endeudamiento que muchas familias arrastran precisamente desde aquel pico de pobreza del 52% del cual nunca pudieron terminar de emerger.
El dato, además, resulta imperfecto en tanto surge de estimaciones de inflación forjadas con la metodología no actualizada del IPC según los nuevos hábitos de consumo (ENGHO) y, además, sobrestima ingresos de los asalariados informales que, según la información oficial, recuperaron ingresos en más de un 60% en términos reales.
La canasta básica se aceleró 2,6% en agosto, por encima de la inflación que acumula 33,8% anual
Por Lucía Ortega
Un hogar necesitó más de $ 1.600.000 para no ser pobre en agosto. El costo de vida sigue subiendo por encima de los ingresos y golpea más a quienes menos tienen. La inflación fue de 1,7% mensual y acumula 33,5% en el último año a pesar del ajuste, el derrumbe del consumo, la destrucción industrial y el atraso del tipo de cambio. Las conducciones sindicales siguen mirando para otro lado. Es necesario organizar el descontento para imponer un plan de lucha contra el ajuste. El 19 de septiembre la cita es en la Marcha de la Bronca en todo el país.
Los funcionarios del gobierno cada vez más alejados de la realidad, festejaron el dato de inflación de agosto, mientras millones no llegan a fin de mes y crece el endeudamiento de las familias y la morosidad. Caputo, Milei y Sturzenegger celebraron en sus redes sociales “el dato de inflación más bajo en 14 meses”. Pero el aumento del costo de vida sigue perforando los salarios, las jubilaciones y los ingresos de las mayorías sociales.
A pesar de las celebraciones, el gobierno no logra controlar la inflación ni con el atraso del dólar, el enfriamiento de la economía (prácticamente una recesión industrial) y las maniobras metodológicas en el Indec para que la inflación se note menos.
El costo de la canasta básica total (CBT), que determina la línea de pobreza, y el de la canasta alimentaria (CBA) que determina la línea de indigencia, se aceleraron en igual nivel un 2,6% en agosto, por encima de la inflación mensual que fue de 1,7%, según difundió este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
De este modo, un hogar constituido por dos adultos y dos menores necesitó de $1.605.497 para no ser considerada pobre y $726.469 para no ser indigente. Sin embargo, el costo de vida mínimo que necesita una familia mensualmente es superior a ambas canastas de pobreza e indigencia. De acuerdo a estimaciones de los trabajadores de la Junta Interna de ATE-Indec, el salario debería haber sido como mínimo de $2.558.667 en julio para alcanzar los bienes y servicios de vida de una familia.
El índice de precios al consumidor (IPC) subió 1,7% en agosto, descendiendo respecto al 2,1% mensual de julio, explicado por la presión a la baja de los precios estacionales (subieron 0,9%). Para quienes alquilan la situación es cada vez más compleja, la suba de rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros
combustibles se disparó 2,8% y el rubro Educación subió 2,5%. Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas se incrementó 1,7% al igual que el valor promedio.
En lo que va del año la inflación acumula 21,3% entre enero y agosto, un incremento que pocas paritarias han sumado aún, agregándose al deterioro de los años previos.
Así también, la inflación anual suma 33,5%, en tanto que para las familias más vulnerables la suba del costo de vida fue muy superior: 39,6% en el caso de la canasta alimentaria (línea de indigencia) y de 38,3% en la canasta básica total (línea de pobreza). Endeudarse para una familia es mucho más caro: las tasas de interés de los bancos y billeteras virtuales triplican, cuadruplican y multiplican varias veces estos índices de precios.
La suba de los precios se dan a la par de una caída feroz de la actividad económica en sectores clave, intensivos en empleo: industria, construcción, comercio y servicios. El enfriamiento económico en esos sectores genera despidos, suspensiones y recortes todos los días, y un ajuste salarial permanente, que a su vez impacta en una caída del consumo.
Sin acuerdo en Consejo del Salario, Gobierno vuelve a decidir unilateralmente
Las conducciones de las tres centrales sindicales -CGT y CTAs- rechazaron la modalidad virtual del encuentro, exigieron nuevamente una discusión presencial y un aumento a un piso del 993.300 pesos para diciembre. Además, pidieron que el Consejo defina “una canasta básica de referencia que permita discutir con mayor precisión”. Las Cámaras empresarias habían ofrecido un incremento del 1,8% sobre el valor actual de 376.000 pesos, apenas 6.000 – “no alcanza ni para un kilo de pan”, dijo la CGT- y aumentos del 1,7% mensual hasta abril de 2027. Tras el fracaso de la convocatoria, el Ejecutivo volverá a definir el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).
La ruptura se produjo durante la comisión técnica salarial, la instancia previa en la que cada sector presenta su propuesta. Los representantes de las Cámaras patronales ofrecieron un incremento del 1,8% para septiembre y del 1,7% mensual desde octubre hasta abril.
A la diferencia salarial se sumó la disputa por la modalidad del encuentro. Antes de la reunión, las centrales evaluaron una movilización a la sede del ex Ministerio de Trabajo, en la avenida Leandro N. Alem 650 de la Ciudad de Buenos Aires, pero desistieron: “No tenía sentido protestar en la calle si el encuentro será virtual”, dijo un dirigente de la CGT. Cuando los funcionarios ratificaron esa decisión en la comisión técnica, los gremios anunciaron que no participarían del plenario.
Sola también cuestionó la ausencia de Julio Cordero: “Nos quejamos de la falta de relevancia que le daban a la reunión, ya que el propio secretario de Trabajo ni siquiera estaba presente”. El comunicado oficial de la confederación también pone énfasis en este punto. Por el Ejecutivo encabezó el encuentro la subsecretaria de Relaciones de Trabajo, Claudia Testa.
El Consejo volvió a reunirse después de nueve meses. Su último encuentro, el 26 de noviembre del año pasado, tampoco logró un entendimiento. El Ejecutivo estableció entonces aumentos escalonados que llevaron el mínimo de $334.800 al valor vigente. La nueva falta de acuerdo deja otra vez la definición en manos oficiales, a través de un laudo que se formaliza mediante resolución, el mecanismo previsto en la Ley de Empleo.
“Este Gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio”, cuestionó el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar. El dirigente apuntó contra el funcionamiento del ámbito tripartito: “El Consejo del Salario debiera ser la paritaria de los que no tienen paritarias”. También advirtió: “Hace más de dos años que no hay acuerdos y se termina resolviendo por una resolución del Gobierno”.
El Consejo Directivo Nacional de la CGT cuestionó el funcionamiento del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil y calificó la reunión virtual como una “puesta en escena” del Gobierno nacional, mediante un comunicado titulado “Sin diálogo real no hay acuerdo posible. El salario no puede ser un ingreso de pobreza”.
“La pérdida de poder adquisitivo del Salario Mínimo, Vital y Móvil y la creciente distancia entre su valor y los ingresos necesarios para afrontar las necesidades básicas de una familia trabajadora es un hecho que venimos reclamando hace años”, señala el texto.
La cifra reclamada, si bien está por debajo de la línea de pobreza estimada por el INDEC en $1.564.716, supera ampliamente el umbral de indigencia que el organismo fijó en $708.016, un dato que los dirigentes utilizan para graficar que el actual SMVM mantiene a los trabajadores en situación de extrema vulnerabilidad.
Por su parte, bajo el título “Salarios de miseria: empresarios y Milei, socios del ajuste”, el comunicado conjunto de las dos CTAs también pone el énfasis en la necesidad de que el Gobierno de Javier Milei realice la reunión de forma presencial, y consideran que la decisión de llevarlas adelante de forma virtual es “parte de una estrategia de vaciamiento de este ámbito”.
“Ante esta situación, las máximas autoridades de las tres centrales sindicales nos presentamos con una propuesta unificada y planteamos que el Consejo funcione de manera presencial y que se pongan efectivamente en funcionamiento todas sus comisiones: la Comisión de Empleo, la Comisión de Producción, las comisiones de Formación Profesional, entre otras, que actualmente no tienen un funcionamiento efectivo”, afirmaron, y agregaron:
“Asimismo, propusimos que el Consejo se aboque a la definición de una Canasta básica de referencia que permita discutir con mayor precisión el valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil en sus sucesivas reuniones”. Pero “ninguno de estos planteos recibió respuesta por parte del Gobierno”, señalaron.
El comunicado de las CTAs también reclamó el restablecimiento y actualización del programa “Volver al Trabajo”, surgido de la ley de creación del Salario Social Complementario, posteriormente derogada por el Gobierno, y recordaron que “esta decisión perjudicó a 956.000 trabajadores y trabajadoras, fundamentalmente mujeres, que desarrollan tareas en comedores, merenderos y otras actividades de carácter social”.
Y a diferencia de la CGT, le pusieron nombre propio a las principales Cámaras empresarias que realizaron la oferta patronal, citando específicamente a la Unión Industrial Argentina (UIA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.(CAME) y la Asociación Empresaria Argentina (AEA). “La actitud displicente del Gobierno estuvo acompañada por la complicidad del sector empresarial”, apuntaron.
Pluriempleo, atraso salarial y deudas entre los trabajadores del Estado
Un informe de ATE y Feminismo Sindical revela que al 55% del personal público no llega a fin de mes con su trabajo y el 87% registra deudas vigentes. La salud mental, el consumo y la participación gremial están en jaque.
Entre las mujeres, el cuadro es aún más crudo: casi el 34% trabaja entre 8 y 12 horas al día, mientras que más del 10% de los varones supera las 12 horas diarias de labor.
Pero el pluriempleo no es la única vía de escape. El endeudamiento dejó de ser una herramienta de progreso para convertirse en un salvavidas de oxígeno. Según el relevamiento, el 87% de la plantilla estatal registra deudas vigentes, y el 60% de esas deudas se contraen exclusivamente para comprar alimentos. Le siguen los medicamentos (28%) y el pago del alquiler (16%). El 63% destina el financiamiento a saldar resúmenes de tarjetas de crédito y el 45% a refinanciar compromisos previos.
La usura financiera se cuela en los bolsillos de los estatales a través de instrumentos de alto costo: el 70% recurre a tarjetas, el 45% a préstamos personales, un 27% a créditos digitales por celular y el 21% solicita anticipos de sueldo.
La desesperación es tal que el 54% ignora la tasa de interés que termina pagando, mientras que el 52% ya registra atrasos en sus pagos.
Este cuadro de emergencia encuentra su correlato exacto en las cifras del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía MATE). Según su último análisis, el salario estatal quedó 23% por debajo del nivel que tenía al asumir Javier Milei. En términos concretos, cada trabajador estatal perdió, en promedio, 14,9 millones de pesos desde diciembre de 2023, una cifra que licuó cualquier intento de recomposición por paritarias y que profundizó la brecha entre el haber nominal y la canasta básica.
El informe de ATE ya advertía que el salario no alcanza para cubrir esa canasta, y el estudio del MATE viene a ponerle número y fecha a esa caída libre. No es un ajuste más: es el más violento contra el sector público en décadas, y se inscribe en una política deliberada de vaciamiento del Estado y de castigo a quienes lo sostienen.
El impacto no se mide sólo en pesos. El relevamiento de ATE y Feminismo Sindical muestra cómo la crisis salarial se tradujo en un ajuste feroz dentro de los hogares al punto que el 79% suspendió actividades recreativas; el 73% redujo la compra de alimentos o migró a marcas más baratas; el 72,8% vio severamente lesionada su economía por el pago de co-seguros médicos y el 37% ya se atrasó en las facturas de servicios públicos.
Y como no podía ser de otra manera, el deterioro de las condiciones de vida golpeó de lleno la salud mental. El 85% del personal reporta un impacto negativo, con ansiedad (73%), angustia (64%), agotamiento (64%), desánimo (60%) e insomnio (55%) como principales síntomas.
Pero quizás uno de los datos más políticos del informe es el que da cuenta del retroceso en la organización colectiva. El 20% de quienes militaban en espacios comunitarios o sindicales abandonó la participación, y un 43% debió reducir su presencia. El cansancio físico, la falta de tiempo y los escasos recursos no sólo ajustan el bolsillo: buscan fracturar el tejido social y la capacidad de resistencia de quienes sostienen el Estado día a día.
El informe también pone la lupa en la desigualdad estructural. Las mujeres estatales no sólo ganan menos y tienen más dificultades para acceder a cargos jerárquicos: ahora soportan una carga laboral total muy superior a la de los varones. Mientras ellas diversifican sus ingresos sumando horas de docencia o venta por plataformas digitales, ellos recurren mayoritariamente a aplicaciones de transporte o comercialización digital.
Y a eso se suma el trabajo no remunerado: el 80% de las mujeres sostiene de manera exclusiva las tareas domésticas y de cuidado familiar. La doble, triple y cuádruple jornada se ha convertido en el modo de vida de las trabajadoras estatales, mientras el gobierno nacional insiste en desguazar salarios y derechos.
El cuadro es el resultado de un modelo que ajusta sobre el salario y el trabajo, mientras los sectores concentrados siguen ganando. Desde ATE y Feminismo Sindical advierten que sin recomposición urgente del haber estatal, la crisis no hará más que profundizarse. Por ahora, los datos hablan por sí solos: 23% menos de salario real y 14,9 millones de pesos perdidos por trabajador. Y un Estado que se vacía mientras sus empleados se endeudan hasta el cuello para poner comida en la mesa.
El segundo día de las paritarias del Ejecutivo provincial jujeño y los estatales no terminó como las autoridades hubiesen querido
“El día martes, cuando iniciaron las reuniones, el Gobierno provincial tomó en consideración favorable una contrapropuesta de los gremios, avanzando en las conversaciones para alcanzar un acuerdo”, dijeron fuentes oficiales.
La contrapropuesta consistía en que se lleve al 6% el porcentaje de incremento salarial, planteo que tuvo respuesta positiva por parte de la patronal, satisfaciendo ese ítem puesto sobre la mesa por los gremios de la agenda del día 8.
Por el contrario, la ronda del miércoles cerraría con un virtual portazo de la conducción de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP), que estaba citada para las 19:30 en las oficinas del Centro de Innovación Educativa, en el barrio Alto Padilla, según la notificación firmada por el director provincial de Empleo Público, Enrique Rovelli.
La Casa de Gobierno explicó lo ocurrido informando que “este miércoles, luego de una jornada de diálogo con distintos sindicatos, la última reunión prevista con la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP) no se completó, ya que los representantes gremiales no aceptaron la propuesta y decidieron retirarse, dando por finalizada la instancia de negociación”.
Los afiliados a esa entidad conocerán este viernes la versión de sus directivos encabezados por el secretario general Nicolás Fernández, en la asamblea general convocada para las 10:30 en la sede de calle Ramírez de Velasco n° 508.
Mientras tanto, el Gobierno de la Provincia “ratifica su voluntad de sostener el diálogo con las entidades sindicales y reafirma la importancia de dar continuidad a estos espacios en un marco de respeto institucional”, tal como se lee en una comunicación distribuida un par de horas después de la abrupta cancelación de las conversaciones.
Reclamo a Kicillof en la puerta de FATE
El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) realizó este viernes una conferencia de prensa en las puertas de la planta de FATE en Virreyes, partido de San Fernando, horas después de conocerse el fallo judicial que ordena la restitución del predio a la empresa. La actividad fue encabezada por el secretario general del gremio, Alejandro Crespo, quien fijó un reclamo puntual ante el gobierno bonaerense.
Crespo cuestionó de manera directa el fuero que dictó la medida de desalojo. “La Justicia penal no puede resolver una situación laboral”, sostuvo, y adelantó que el sindicato apelará la resolución ante la Cámara de Casación. Con ese anuncio, el gremio buscó dejar en claro que la disputa judicial no está cerrada y que la orden de restitución no implica, todavía, un desalojo efectivo de la planta.
El dirigente sindical también caracterizó el origen del conflicto, que se remonta al 18 de febrero, cuando los trabajadores volvieron de sus vacaciones y encontraron un cartel que anunciaba el cierre de la fábrica. Crespo definió esa decisión empresarial como un “lock out ofensivo patronal” y remarcó que la ocupación posterior de la planta no fue una medida de fuerza iniciada por el sindicato, sino una respuesta a ese cierre unilateral.
El centro del reclamo de la conferencia estuvo dirigido a Axel Kicillof. “Pronúnciese y actúe, gobernador”, exigió Crespo en referencia al mandatario, a quien pidió una intervención política concreta en el conflicto. El dirigente también apuntó a los sectores políticos que expresaron respaldo al reclamo laboral, a quienes instó a traducir ese apoyo en gestos efectivos y no solo en declaraciones públicas.
Entre los pedidos planteados por el sindicato figuran la continuidad de la producción en la planta y la aprobación de un proyecto de ocupación temporaria que permita sostener la actividad mientras avanza la disputa judicial de fondo. La convocatoria de este viernes también funcionó como un llamado a sostener la presencia organizada de trabajadores y delegados en los alrededores de la fábrica.
La conferencia se dio en el marco de un fallo de la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, que hizo lugar al recurso de los propietarios de FATE y ordenó la restitución del inmueble, ocupado desde hace más de siete meses. El tribunal basó su decisión en el vencimiento de los plazos de conciliación obligatoria, tanto en el fuero nacional como en el provincial, aunque aclaró que no se expide sobre el fondo de la cuestión laboral. Según trascendió, la empresa acreditó ante la Justicia 900 bajas voluntarias entre febrero y mayo sobre un total de 920 despidos, con lo cual la nómina de extrabajadores que rechazó el acuerdo se redujo a 196, y la planta no cuenta hoy con personal en relación de dependencia.
El 21 de octubre vence la Ley de Salud Pediátrica
Que el gobierno nacional nunca aplicó a pesar de haber sido aprobada 4 veces por amplia mayoría en el Congreso. Se reclamará que la norma se prorrogue y se implemente, ya que garantiza la actualización salarial para el personal del Garrahan, restablece el régimen de Residencias derogado y asegura prótesis y medicamentos para todos los pacientes.
Compartimos el comunicado difundido por Junta Interna ATE Hospital Garrahan:
Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan, informó que “tras una masiva asamblea general, trabajadores y trabajadoras de todos los sectores del hospital resolvimos convocar un nuevo abrazo. Fue el miércoles 16 a las 13:00 en las puertas de Combate de los Pozos. Queremos sacar a la luz al verdadero Garrahan, que es muy distinto al que Milei y sus funcionarios de abultados sueldos difunden en redes sociales. En el Garrahan real, no ingresa personal de Enfermería hace tres años, con lo cual la reducción causada por renuncias y jubilaciones tira hacia abajo las condiciones de trabajo y la calidad de atención. En el Garrahan real, se eliminó cualquier vestigio de transparencia en el manejo de los fondos: el director Pirozzo dijo en televisión que el hospital recauda ‘el doble’, pero el ítem salarial ligado a esa facturación está congelado hace años. ¿Dónde va ese dinero? En el Garrahan real, se incumple la Ley de emergencia en salud pediátrica, que fue sancionada cuatro veces hace un año”.
Lipcovich agregó que “al mismo tiempo, es evidente que hubo cambios en el hospital tras la gran lucha de 2025. El gobierno fue derrotado dentro y fuera del Garrahan por la tenacidad de trabajadores y trabajadoras. Primero, tuvo que dar un aumento histórico que no quería dar. Luego, empezó a realizar algunas obras que él mismo había paralizado.
Es emblemático el caso del helipuerto: hace menos de un año, salía a la luz pública que estaba fuera de servicio por la denuncia que hicimos los trabajadores durante nuestras medidas de protesta. Gracias a eso, el gobierno estuvo forzado a repararlo. Sin embargo, las enfermeras que hicieron conocer esa situación están amenazadas con sanciones gravísimas, mientras los funcionarios responsables de ese deterioro innecesario posan sonrientes en videos para redes sociales”.
Gerardo Oroz, trabajador del Garrahan y secretario adjunto de la Junta Interna de ATE completó: “también rechazaremos la persecución que estamos sufriendo, con sumarios y causas que apuntan a cesantear y suspender a los dirigentes de los sindicatos independientes del Garrahan. Es importante destacar que el gobierno no ataca al ‘gremialismo’ en general, porque con UPCN firma paritarias a la baja en forma sistemática, y sus dirigentes son bien recibidos en las oficinas de la dirección hospitalaria. Para ATE y Apyt, en cambio, hay persecución constante, dado que no transamos con el poder de turno y levantamos todos los reclamos con independencia de quién esté al frente del poder”
Municipales bonaerenses bloquearon el acceso al puerto de Bahía Blanca
La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo) intensificó su plan de lucha el miércoles 9 con un bloqueo en la Ruta 51 impidiendo el acceso al Puerto de Bahía Blanca.
La Regional Sur de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, que abarca a los Sindicatos Municipales de Bahía Blanca, Coronel Suárez, Coronel Pringles, González Cháves, Tres Arroyos, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Coronel Rosales, Villarino, Patagones, Daireaux, Guaminí, Adolfo Alsina, Puán, Saavedra, Lamadrid, Tornquist, Pigüé y Laprida, realizó un corte en la Ruta 51 bloqueando el acceso al Puerto de Bahía Blanca.
La medida, que estuvo encabezada por el secretario adjunto de la organización, Miguel Agüero, es la segunda acción de protesta en menos de una semana y busca presionar al gobierno provincial por la convocatoria al Consejo del Empleo Municipal, la recomposición salarial y el fin de la precarización laboral.
“El Plan de Lucha Total, Permanente y Prolongado lanzado por el Secretario General Hernán Doval, en cada una de las Regionales, es en reclamo por SALARIOS DIGNOS, en contra de la Precarización Laboral, por los haberes de los Jubilados Municipales y por la Convocatoria al Consejo del Empleo Municipal sin trampas y respetando la Ley 14.656”, declararon desde la FeSiMuBo.
La protesta de los municipales, que nuclea a los sindicatos de las regionales Centro y Conurbano Oeste de la FeSiMuBo, se produce luego de los cortes realizados la semana pasada sobre las rutas 6 y 205 a la altura de Cañuelas. Los trabajadores advierten que las medidas continuarán en distintos puntos de la provincia hasta obtener respuestas concretas.
El reclamo central de la FeSiMuBo, que conduce el secretario general Hernán Doval, apunta a una deuda del gobierno bonaerense de más de una década. El Consejo del Empleo Municipal fue sancionado en 2014, pero nunca fue convocado por las sucesivas gestiones provinciales. La Federación denuncia que el Ministerio de Trabajo provincial, actuando “de mala fe”, intenta boicotear el funcionamiento del órgano incumpliendo los requisitos establecidos por la ley sobre la participación de las organizaciones de segundo grado.
Bomberos voluntarios realizaron un sirenazo para exigir 60.000 millones de pesos que debe el Gobierno
Las asociaciones de bomberos voluntarios de todo el país realizaron este jueves 10 un “sirenazo” nacional para exigir la transferencia de los recursos retenidos por el Gobierno nacional. La manifestación fue convocada de manera unánime por el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV), entidad que reúne al Consejo de Federaciones y a las 29 federaciones provinciales del país.
La medida de fuerza hizo sonar las sirenas de más de 1.000 cuarteles y movilizó simbólicamente a los 52.000 agentes voluntarias y voluntarios que integran el sistema de protección civil en las distintas provincias. El reclamo tuvo réplicas en destacamentos de La Boca, Córdoba, Río Negro, Chubut, La Pampa, Tucumán y Santiago del Estero, entre otras jurisdicciones.
De acuerdo con las cifras oficiales verificadas por las autoridades de las federaciones, el Gobierno nacional adeuda una suma exacta de 59.330.748.051,41 pesos al sistema. Este monto proviene de las partidas asignadas por la Ley Nacional 25.054, normativa que regula y establece la financiación del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.
Dichos recursos se obtienen a partir del cobro legal de un 0,3% (o 5 por mil) sobre el valor de las primas de todos los seguros contratados en el país, con la única excepción de los seguros de vida.
El dinero es recaudado directamente por el Ministerio de Economía a través de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Sin embargo, los representantes del sector denunciaron que el Ejecutivo no transfirió los fondos correspondientes a la segunda cuota del año 2025 ni los remanentes acumulados de ejercicios anteriores.
En la práctica, la falta de giro representa un desfasaje económico de aproximadamente 45 millones de pesos para cada asociación de bomberos del territorio nacional. Los manifestantes remarcan que estos fondos no constituyen un pedido de asistencia extraordinaria ni una partida discrecional, sino un recurso con destino específico fijado por ley que pertenece a las instituciones.
Además de la liquidación de la deuda de la Ley 25.054, los bomberos voluntarios plantearon tres demandas prioritarias en el plano operativo, impositivo y regulatorio.
En primer término, reclamaron la incorporación de compensaciones económicas por las emergencias atendidas en rutas concesionadas. Las dotaciones de los cuarteles asisten habitualmente a siniestros viales en trazas nacionales utilizando vehículos, equipamiento y personal propio sin recibir ninguna prestación a cambio. Por este motivo, solicitaron que los contratos de la nueva Red Federal de Concesiones, establecida mediante el Decreto 97/2025, incluyan convenios obligatorios, asignaciones mensuales por disponibilidad, reintegro de gastos extraordinarios y reparación de daños a los cuarteles afectados.
En segundo término, exigieron la plena instrumentación de la Ley de Fortalecimiento 27.629, sancionada en 2021. Esta norma contempla el reintegro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a través de ARCA en todas las compras de bienes, equipamiento y contratación de servicios. En la actualidad, las entidades continúan abonando la totalidad del IVA en insumos críticos como el combustible, sin contar con subsidios o esquemas de exención tributaria.
En tercer término, solicitaron al Ministerio de Economía y al Banco Central agilizar la aprobación de pagos en divisas al exterior para la compra de autobombas y trajes de protección.
La falta de transferencia presupuestaria impacta de manera directa en el sostenimiento cotidiano de las instituciones. Carlos Milanesi, presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, confirmó que se solicitaron audiencias formales con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, con la Jefatura de Gabinete y con el Ministerio de Economía, pero no obtuvieron respuesta. Milanesi advirtió que la retención de estos caudales configura una situación irregular por parte del Estado nacional.
Asimismo, Daniel Virga, jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Martín, describió la distancia entre los costos operativos y la asistencia estatal. Virga detalló que su cuartel requiere unos 40 millones de pesos mensuales para funcionar, mientras que el subsidio anual que otorga la Nación asciende a 90 millones de pesos. Además, señaló que los aportes provenientes de la provincia de Buenos Aires sufrieron una merma considerable debido a la caída de la recaudación fiscal bonaerense.
Los datos provistos por el Registro Único de Bomberos de Argentina (RUBA) dan cuenta del volumen de trabajo que sostienen las asociadas y asociados. En lo que va del año 2026, los cuarteles intervinieron en un total de 157.229 servicios en todo el país. El 60% de esas salidas (94.536 intervenciones) correspondió a emergencias directas como incendios y rescates, mientras que el 40% restante (62.536 llamados) se destinó a tareas programadas de prevención, provisión de agua y actividades operativas institucionales.
Cabe señalar que existen antecedentes de acciones judiciales contra el Estado nacional. En 2018, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una medida cautelar que ordenó liquidar las partidas retenidas a las asociaciones de bomberos. Si bien en enero de 2026 el Ministerio de Seguridad emitió la Resolución 91/2026 para distribuir 129.244 millones de pesos entre 1.062 asociaciones, el SNBV aclaró que esa resolución no saldó la deuda correspondiente al ejercicio 2025. Ante este panorama, el “sirenazo” constituyó la primera medida de visibilización colectiva frente al riesgo de desfinanciamiento del servicio en todo el país.
Fuentes: Resumen Latinoamericano, Perfil, Tiempo Argentino, La Izquierda Diario, Indymedia Trabajadoras/es, Canal Abierto