
Panorama económico al 25.9.2026
Una de cada tres personas es pobre en la Argentina de Milei
Mario Hernandez
La pobreza subió 4,1 puntos en el primer semestre del año a 32,3% de las personas, lo que equivale a unas 15 millones de personas, y 24,4% de los hogares. Asimismo, la indigencia alcanzó al 7,5% de las personas y 5,6% de los hogares, según el Indec. Trabajadores del organismo emitieron un comunicado en el que rechazan la injerencia del gobierno y alertan por la gravedad de la crisis social.
El desempeño económico de destrucción de empleo y salto de la inflación viene golpeando las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras y eso comienza a reflejarse en las estadísticas oficiales, aún con la intervención de Caputo para frenar la actualización metodológica de los índices de inflación. Según el último informe técnico del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicado este jueves, la tasa de pobreza en el total de los 31 aglomerados urbanos alcanzó al 32,3% de las personas y al 24,4% de los hogares, en el primer semestre de 2026.
Por su parte, la indigencia afectó al 7,5% de la población y al 5,6% de los hogares. En términos absolutos, el organismo proyecta que, dentro del universo encuestado, unas 9,7 millones se encuentran por debajo de la línea de pobreza. En una extrapolación al total poblacional del país, la pobreza alcanza a unas 15 millones de personas y la indigencia a 3,5 millones.
De esta forma, en seis meses la cantidad de nuevos pobres se incrementó en casi 2 millones de personas, según los índices presentados por el organismo, al pasar de 28,2% en el segundo semestre de 2025 a 32,3% en el primero de 2026. Así también, la indigencia subió del 6,3% al 7,5%, unas 557.000 personas más. El gobierno sentenció que bajo su gobierno “13 millones de personas salieron de la pobreza”, pero la realidad y los datos lo refutan.
Es que en la comparación con el segundo semestre de 2025, los indicadores oficiales mostraron un deterioro: la pobreza subió 4,1 puntos porcentuales en las personas y 3,4 puntos en los hogares. En tanto, la indigencia avanzó 1,2 puntos porcentuales en personas. Este incremento responde principalmente al rezago de los salarios e ingresos respecto de la inflación: mientras que el ingreso per cápita familiar promedio registró una variación de 11,5%, el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y de la Canasta Básica Total (CBT) se encareció un 21,4% y un 19,6%, respectivamente.
La pobreza en las infancias alcanzó al 44,5%
La brecha de pobreza —medida como la distancia entre los recursos disponibles y el costo de la canasta representativa— se situó en el 35,9% para los hogares pobres. Para este segmento, el ingreso familiar promedio fue de $922.755 frente a una CBT promedio de $1.440.395, arrojando un déficit medio de $517.640 por hogar. En el caso de los hogares indigentes, el ingreso familiar medio alcanzó los $442.443 frente a una CBA de $669.098, cubriendo un 33,9% menos de las necesidades alimentarias mínimas requeridas.
Al analizar la distribución demográfica, los menores de edad continúan siendo el grupo más vulnerable: el 44,5% de los niños y niñas de 0 a 14 años se encuentra en condición de pobreza (y un 45,2% si se contempla la franja de 0 a 17 años). El indicador disminuye de forma escalonada según la edad: se ubica en el 36,9% para los jóvenes de 15 a 29 años, en el 28,8% para los adultos de 30 a 64 años, y alcanza su nivel más bajo en la población de 65 años y más, donde llega al 14,8%.
A nivel geográfico, las diferencias regionales reflejan marcadas disparidades en el territorio nacional. La región del Noreste (NEA) encabezó los índices con la mayor incidencia de pobreza (41,5%) y de indigencia (10,5%). Le siguieron Cuyo, con un 36,7% de personas pobres y 5,0% de indigentes, y Gran Buenos Aires, que registró un 32,1% de pobreza y un 8,4% de indigencia (alcanzando el 36,9% y 9,9% si se consideran únicamente los partidos del conurbano). En el resto del país, las tasas de pobreza se ubicaron en el Noroeste (31,5%), la región Pampeana (30,3%) y la Patagonia (28,4%). Asimismo, entre los 31 aglomerados relevados, la mayor tasa de pobreza se observó en Concordia (56,2%), mientras que la más baja se registró en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (11,1%).
Ajuste para el pueblo, beneficios para los grandes empresarios
Mientras Milei en Nueva York repite discursos que prometen que la situación económica va a mejorar recién para el año 2028, un sector de grandes empresarios está obteniendo enormes beneficios por las políticas del gobierno y los sectores trabajadores y el pueblo pobre sufre las consecuencias del ajuste. Caída de salarios, jubilaciones y prestaciones sociales, destrucción de empleo registrado que alcanza a unos 350.000 puestos laborales e informalidad laboral que alcanza al 45% de los ocupados según el mismo Indec.
Trabajadores de la Junta Interna de ATE-Indec advirtieron la grave crisis social detrás de los datos del organismo. En un comunicado emitido el jueves, afirmaron que: “La publicación de los índices de pobreza e indigencia correspondientes al primer semestre de 2026 no es una presentación más. Es la primera medición que se difunde tras la abierta injerencia gubernamental y el bloqueo a la actualización metodológica del IPC. Si bien la actualización del índice de precios no modificaba de forma directa la metodología de estimación de la pobreza , como trabajadoras y trabajadores del organismo no podemos dejar de repudiar cualquier intromisión política en la producción de estadísticas públicas.”
“El bloqueo oficial al IPC tiene, además, un límite concreto: el Gobierno no logra que la inflación de los alimentos y de los servicios básicos se detenga. Por eso, aun mediada por la intromisión gubernamental, la cifra de pobreza contradice buena parte del relato oficial. Los ingresos de los trabajadores informales no están “volando” como falsamente se pregona desde la Presidencia, las asignaciones como la AUH se han estancado en su poder de compra y la Canasta Básica Total ha subido en el último año muy por encima del nivel general de precios”, agrega el comunicado.
Además, plantearon que “el principal blanco de ajuste son los trabajadores”. “Lejos de la promesa de que el ajuste recaería sobre “la casta”, somos las y los trabajadores quienes estamos pagando sus costos. Los ingresos reales de la clase trabajadora, tanto del sector público como del privado, se ubican hoy por debajo de los ya exiguos niveles del gobierno anterior”.
“Quienes trabajamos en el Estado hemos perdido más del 30% del poder adquisitivo desde diciembre de 2023. Si miramos la perspectiva histórica, acumulamos 9 años consecutivos de erosión salarial desde 2017. Tomando como base 2015, la pérdida salarial alcanza un alarmante 57,3%, equivalente a 44,5 canastas básicas. A la par del deterioro salarial, asistimos a una precarización galopante del mercado de trabajo. Mientras la desocupación se mantiene en torno al 8%, los funcionarios celebran supuestos aumentos en el empleo. Lo que crece son las changas y el monotributo no elegido. No se crea empleo formal ni de calidad; por el contrario, la reforma laboral y la recesión en las ramas que más trabajo generan empujan a miles de trabajadores registrados hacia la informalidad y el cuentapropismo, con menores ingresos y pérdida de derechos laborales”.
Entre otros aspectos de análisis de los distintos elementos que explican la crisis social (caída de ingresos, informalidad laboral, endeudamiento familiar) las y los trabajadores de la junta interna de ATE-Indec plantean que ” la única forma de lograr una reducción sostenida de la pobreza es mediante la generación de puestos de trabajo de calidad, con salarios dignos y condiciones laborales formales. Desde la Junta Interna elaboramos hace más de 10 años una canasta de ingresos mínimos que establece que el ingreso necesario para sostener una familia de cuatro integrantes es de $2.597.863. La reforma laboral promovida por el gobierno de Milei está generando lo contrario: crece el trabajo precario, que ante una nueva crisis económica rápidamente puede verse ajustado tanto vía ingresos como mediante despidos. Por eso seguimos planteando que hay que tirar abajo la reforma laboral.”
El mismo día en el que se informó sobre el aumento de la pobreza, el Indec comunicó también la caída de la actividad económica
La economía argentina cayó 2,9% en julio respecto de junio y 1,4% interanual, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que el Indec difundió el jueves 25 de septiembre. Es el mayor retroceso mensual desde abril de 2020, en plena cuarentena por Covid-19, y si se excluyen esos dos meses atípicos de 2020, la peor baja desde septiembre de 2019.
El dato revirtió la mejora de junio, cuando la actividad había crecido 0,8% mensual y 2,7% interanual. Con el resultado de julio, la economía acumula apenas 1,7% de crecimiento entre enero y julio de 2026 frente al mismo período de 2025, y pierde fuerza respecto al 2,4% que mostraba en marzo.
La caída fue más profunda que la esperada por el mercado. Los relevamientos privados proyectaban un descenso de 0,8% mensual.
Comercio e industria explican el freno
De los 15 sectores que componen el EMAE, ocho registraron caídas interanuales en julio.
Los de mayor peso fueron determinantes:
Comercio mayorista, minorista y reparaciones: -5,1% interanual.
Industria manufacturera: -4,6% interanual.
Construcción: -3,3%.
Intermediación financiera: -3,0%.
Solo comercio e industria restaron 1,3 puntos porcentuales a la variación interanual del indicador. Son los sectores más vinculados al consumo interno y al empleo privado registrado.
El freno coincide con otros indicadores sectoriales que el Indec ya había informado: la industria y la construcción habían mostrado bajas mensuales cercanas al 5%.
Siete sectores, en cambio, crecieron y aportaron 1 punto porcentual:
Pesca: +44,5% interanual, por base de comparación baja y mayor captura.
Explotación de minas y canteras: +8,4%, impulsada por Vaca Muerta y litio.
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: +0,7%.
Hoteles y restaurantes: +2,5%.
Pero esos avances no alcanzaron a compensar el derrumbe de las actividades no primarias.
¿Por qué es el peor dato en seis años y qué dice el Gobierno?
Sacando marzo y abril de 2020, cuando la actividad se desplomó 15,8% mensual por el cierre total, no se veía una baja de esta magnitud. La Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia calculó que fue el cuarto mayor retroceso mensual de la serie 2004-2026 sin contar la pandemia, solo comparable a devaluaciones y a la crisis internacional de 2008.
La secuencia de 2026 muestra una economía en serrucho: enero sin cambios, febrero -2,2%, marzo +2,7%, abril -1,4%, mayo -0,6%, junio +0,3% y julio -2,9%. Cuatro de siete meses con signo negativo. El componente tendencia-ciclo, que suaviza la volatilidad, todavía marcó +0,2%, por lo que todavía no se confirma una fase recesiva, pero el riesgo de recesión técnica en el tercer trimestre aumentó porque el segundo trimestre ya había cerrado con -0,6% trimestral.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó en X el acumulado de 1,7% en siete meses y atribuyó el dato de julio a “distintos shocks transitorios”. Mencionó la menor disponibilidad de gas para la industria, lluvias y nevadas por encima del promedio histórico que afectaron construcción y minería, y menores horas trabajadas en algunos sectores por el Mundial de fútbol.
Analistas privados sumaron otros factores estructurales: dólar barato que desalienta producción local, salarios reales que no repuntan y crédito que no termina de reactivar el consumo.
Las proyecciones también se recortan
El Relevamiento de Expectativas del Banco Central ubica el crecimiento del PBI de 2026 en torno a 2,1%, por debajo del 3% que proyecta el Gobierno en el Presupuesto.
Los indicadores económicos conocidos durante la tarde del jueves vienen a confirmar por un lado lo cerca que está la economía argentina de una recesión (si es que ya no lo está), así como la falsedad de todas las promesas oficiales, tanto aquellas del presidente respecto de que la economía crecería “como pedo de buzo”, así como los pronósticos que había hecho el ministro Luis Caputo en abril cuando afirmó que “los próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas”.
A esas previsiones fallidas, en realidad completamente previsibles producto de un plan económico de ajuste, inflación y destrucción del empleo, hay que agregar también que asimismo tampoco se cumplió el anuncio del presidente asegurando que la inflación empezaría en agosto con un 0 adelante.
El PBI cayó 0,6% en el segundo trimestre, por menor consumo e inversión
La actividad económica se contrajo 0,6% en el segundo trimestre de 2026 respecto del primer trimestre. El retroceso estuvo explicado por caídas en el consumo privado, el consumo público y la inversión, según informó este jueves el Indec. En términos interanuales el Producto Bruto Interno (PBI) mostró una suba del 2%, muy por debajo de la proyección del año pasado (5%) y de la que estima tener hacia fin de año de acuerdo al proyecto de Presupuesto 2027 recién presentado en el Congreso (3%).
Los principales componentes de la demanda interna presentaron un deterioro, y especialmente aquellos que el gobierno dice que serán los estímulos del crecimiento el año que viene. En ese sentido, uno de los que más retrocedió fue la inversión, medida como “Formación bruta de capital fijo”, que se retrotrajo 0,8% respecto del primer trimestre y se derrumbó 11,1% en términos interanuales.
Al interior de este componente, la compra de maquinaria y equipo cayó 15,2% interanual, al igual que el equipo de transporte que retrocedió 22,1%. Además, tanto los bienes nacionales como los importados mostraron bajas de dos dígitos, de manera que no está explicada por el origen de la inversión sino una desincentivo económico a hacerlo. Los beneficios fiscales irrisorios al gran capital no presentan los resultados supuestamente esperados.
Por su parte, otro de los componentes del PBI que mostró una fuerte caída fue el consumo privado, que retrocedió 2,4% frente al trimestre anterior.
Cabe aclarar que si bien el “consumo privado” sirve para medir la evolución general del gasto de los hogares, no necesariamente refleja de manera directa la situación de los sectores de menores ingresos ni debe confundirse con la evolución del consumo masivo. Esto es así porque en la contabilidad nacional el “consumo privado” incluye gastos en bienes y servicios como turismo, vehículos y otros rubros que exceden la canasta cotidiana de los hogares.
El “consumo público”, que refleja indirectamente el gasto del Estado, también retrocedió 2,3% trimestral y 4,1% en términos interanuales.
Perspectivas pesimistas
La expectativa de “los mercados” para todo 2026 no es favorable para el gobierno. Si bien no se proyecta una recesión de todos los sectores de actividad, la falta de motor económico tira para abajo las perspectivas que se van corrigiendo sostenidamente en forma negativa. En junio, el Relevamiento de expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central proyectaba un crecimiento anual de 3%, pero esa estimación bajó a 2,7% en julio y volvió a achicarse a 2,1% en agosto. Así, esa estimación quedó por debajo de la incluida por el Gobierno en el proyecto de Presupuesto 2027.
El gobierno apuesta a una entrega absoluta de soberanía y recursos naturales con el RIGI y beneficios impositivos, en sectores extractivistas como minería, agro e hidrocarburos. Pero la actividad económica que generan no compensan la destrucción del aparato productivo industrial y en otros sectores mano de obra intensivos. No había tal cosa como un derrame.
Qué pasó con la actividad, sector por sector
Por sectores la evolución de actividad muestra una evolución muy heterogénea, confirmando el crecimiento “a dos velocidades”, o el crecimiento de determinados sectores en detrimento de otros.
El PBI creció 2% interanual en forma agregada, pero la industria manufacturera cayó 2,1%, la construcción tuvo una variación de apenas 0,2% y el comercio no tuvo cambios (0%). También la Administración pública cayó 1,4% en tanto que Otras actividades de servicios comunitarios se contrajeron 0,9%.
Los sectores más dinámicos fueron los primarios extractivos. La pesca mostró un salto de 44,7% interanual, la explotación de minas y canteras creció 16,4% y el agro también se incrementó 6,9%. Le siguen Electricidad, gas y agua que creció 5%, intermediación financiera subió 4,8%, Hoteles y restaurantes y transporte un 1,6%, y Actividades inmobiliarias aumentaron 0,7%.
El gobierno insiste con que el año que viene podrá sostener el superávit primario para pagar los intereses de deuda, y que lo hará de la mano de la inversión que impulsará la actividad económica, y con ello la recaudación. Pero las políticas de ajuste empeoran las perspectivas de consumo e inversión, especialmente en sectores demandantes de empleo, lo que agudiza la caída del consumo interno. La recesión en sectores clave como la industria o los servicios está destruyendo empleos y las patronales descargan la crisis sobre los puestos de trabajo y los salarios.
¿La desinflación es un activo?
La firma 1816, la consultora de los ex Banco Mariva que más se mira en el Gobierno, reportó en su último informe a clientes el escenario de una economía con dólares, pero con riesgos socio políticos para el Gobierno de Milei. La posición es interesante porque introduce un factor que para los mercados pasa desapercibido. Habla de la micro y abre la pregunta de si la desinflación es algo que se esté percibiendo socialmente. Y hasta lo hace en espejo con la comparación histórica que Milei tanto gusta citar. La referencia es para la época de Menem.
“Los datos macro y las expectativas del consenso siguen consolidando la idea de que el oficialismo llegará a la elección habiendo bajado mucho la inflación, aunque sin haberla eliminado”, arrancan. Y completan aseverando que Menem sí logró en su primer turno eliminar la inflación. Siguen diciendo que “a mediados de 1995, momento de su reelección, la inflación ya era un tema del pasado, y con una economía que, si bien es más grande en tamaño, tiene los sectores intensivos en mano de obra claramente rezagados”.
Y cierran asegurando que “respecto a este último punto, las últimas cifras oficiales, publicadas la semana pasada, mostraron que en junio el empleo asalariado privado registrado cayó por decimotercer mes consecutivo”.
La consultora 1816 acompaña el análisis Menem-Milei con un gráfico que hace correr la inflación desde el primer día del mandato hasta esta misma instancia de cada uno de los gobiernos. Intentan plasmar herencia y resultados. Se ve allí que 14 meses antes de su reelección Menem, que venía de 180 % de inflación, ya la tenía apenas arriba del 4 % en el año. Milei, en el mismo período que queda hasta las elecciones, la tiene en 33 % y creciendo viniendo de una herencia parecida.
Hay algo que 1816 no señala: para bajar la inflación Milei, primero, la hizo saltar del 12 % mensual que dejó Sergio Massa –altísimo- a 25 %, con una brutal devaluación.
A renglón siguiente, la consultora estrella de la cita avanza sobre la desinflación y la recesión. Apuntan que “sigue siendo notable el contraste entre la evolución del EMAE (que mide el nivel de actividad agregado) y del empleo privado registrado durante la era Milei. ¿Alcanza esta performance económica para reelegir? La respuesta a esta pregunta dista de ser obvia y seguramente dependa en parte de cómo terminen conformándose las ofertas políticas el año que viene”. Matiza, entonces, pidiendo paciencia para el período, y admitiendo que todo irá más lento. Explican que, “mientras tanto, el Brent sigue arriba de USD 100 el barril, muy por encima del precio implícito en la nafta local, que es de alrededor de USD 82. El precio del crudo es una gran noticia para las cuentas externas del país, pero afianza la idea de que habrá que tener más paciencia con la desinflación”.
El electro plano del consumo
La recesión es lo que cruza la interna oficial con los datos de la realidad y el trasfondo social. La crisis siempre fue la base de sustentación de la crisis política de los Milei. Hace unos días, entre los grandes supermercados empezaron a circular datos de caídas de ventas que podrían superar el 2 % en agosto. El asunto, la novedad, no es esa, dado que Milei lleva casi dos años y medio en rojo allí y esta semana hasta se desplomó el consumo privado. Lo flamante es que, además de productos de góndola, se desplomó 25 % la venta de electrodomésticos. Eso es lo que les venía permitiendo, con el beneficio de sectores acomodados habituados al crédito, licuar las caídas de ventas.
El problema es que están jaqueados por la caída de ingresos, los tarifazos, el contrabando de productos de electro y la apertura importadora. Mientras el presidente creaba la ficción de que la gente se endeudó comprando televisores para el Mundial de Fútbol, la producción se destruía en la isla de Tierra del Fuego.
Cifras del sector que manejan en esa provincia grafican la destrucción de la política oficial. En 2022 se produjeron 3.306.381 televisores en la isla y hoy se llevan fabricados, a julio, 1.352.464. En pocas palabras, no sólo se mató la producción, sino que la verdadera mayor venta y producción de aparatos se dio para el Mundial del 2022.
En la misma línea, la producción de equipos de aire acondicionado era en 2022 de 1.304.375 unidades y hoy apenas supera los 427 mil. Naturalmente, en esta época previa al calor se incrementará, pero difícilmente suba demasiado.
El escenario más inquietante es de los celulares, que ya tienen arancel cero para importaciones, además de lo que entra por un contrabando que el gobierno no controla y hasta, de manera indirecta, fomenta. Las cifras impactan: en 2022 se produjeron en las plantas fueguinas 10.261.990 teléfonos móviles. En 2024, cuando empezó la apertura grosera, el número cayó a 5.726.619. Hoy, a julio, la producción está en 1.935.327.
Casi 60.000 empresas entraron en mora de pagos
El panorama operativo y patrimonial del sector privado atraviesa un período de fuerte deterioro. Se registran 57.045 compañías en situación irregular, casi el 12 % de las aproximadamente 480.000 activas, lo que representa un incremento interanual de 56,5 %. En el corto período que va de enero a julio de este año, el número de firmas en estado de mora subió 18,7 %. Las restricciones de pago en aumento impiden que el crédito funcione como motor de inversión o ventas.
Según el reporte elaborado por la consultora Fidelitas, el Sistema de Evaluación de Riesgo Financiero (Índice SERF) se situó en agosto de 2026 en 38,3 puntos, lo que representa una disminución de 6,9 puntos en comparación con los 45,2 puntos anotados en julio. Esta variación ubica al parámetro global dentro de la zona calificada como de “Riesgo Elevado”. La causa central de esta caída reside en el segmento crediticio: el subíndice específico se contrajo hasta los 17,8 puntos, evidenciando serios problemas de afrontar deudas.
Pese a la desaceleración del índice de precios al consumidor, de acuerdo con los datos oficiales publicados por Indec, las estimaciones vinculadas a la actividad manufacturera, el acceso al financiamiento y el cumplimiento de las obligaciones comerciales reflejan una degradación paulatino pero persistente en las cadenas de valor.
Tensión en la cadena de pagos
El empeoramiento de la actividad tiene su réplica directa en la calidad del crédito. Los sectores de Servicios y Comercio concentran el 71,9 % del total de incumplimientos, pero los saltos interanuales más pronunciados se detectaron en Comercio (78 %), Manufactura (76,3 %) y el sector Agropecuario (65,6 %). A este cuadro se añade la persistencia en el rechazo de cheques, con un promedio cercano a las 80.000 unidades mensuales, alcanzando en ocho meses el acumulado total de 2025.
La cadena de deudas impositivas, cheques sin fondos y restricciones crediticias genera un efecto dominó sobre la red de abastecimiento.
El atraso de una firma en sus compromisos traslada liquidez negativa a proveedores sanos, multiplicando la exposición crediticia en sectores dependientes de un mismo flujo de demanda. Antes de concretar contrataciones, la evaluación de la solvencia patrimonial de los proveedores comenzó a ocupar un lugar prioritario.
Al mismo tiempo, la brecha de tasas dificulta la financiación del capital de trabajo. En agosto, la diferencia entre las tasas efectivas anuales de los préstamos personales (88,86 %) y las de los depósitos (23,40 %) se situó en 65,46 puntos porcentuales. Este diferencial encarece el mantenimiento de inventarios y el plazo de cobro de las facturas: un incremento en el volumen facturado reduce la caja disponible si no se compensa con margen comercial.
Para las empresas, el impacto se concentra especialmente en el capital de trabajo. Cuando una compañía cobra más tarde, debe financiar durante más tiempo mercadería, salarios e impuestos. Si los márgenes comerciales no compensan ese costo, un aumento de las ventas puede incluso deteriorar la posición de caja.
El crecimiento de la facturación pierde valor cuando queda inmovilizado en cuentas por cobrar o en sobrestocks.
Una macro que no favorece la liquidez
El equilibrio de ciertas variables macroeconómicas no genera una mejora extendida en el funcionamiento diario de las compañías. Félix El Idd, CEO de Fidelitas, explicó que la fragilidad principal permanece focalizada en la esfera del financiamiento, con niveles de endeudamiento bancario reducidos, pero con un porcentaje de mora en ascenso.
La desaceleración inflacionaria, que registró 1,7 % en agosto, junto con un desempeño favorable en el comercio exterior, no logra contrarrestar el estancamiento del consumo doméstico, provocado por la caída del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones. “El nivel de endeudamiento vía crédito continúa siendo bajo, mientras que la mora permanece elevada, particularmente entre las empresas”, aseguró El Idd.
El contexto obliga a las compañías a cuidar el flujo de caja, priorizar cobranzas y atender diariamente las posibilidades de riesgo comercial. La situación de estrés financiero en la que se encuentran muchas firmas no se resuelve simplemente con un aumento rápido en las ventas.
Caída extendida de la industria
El comportamiento del segmento manufacturero constituye uno de los factores determinantes en la degradación de la producción y el trabajo, a causa de la política económica que decidieron el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo.
En julio, la industria retrocedió 4,9 % interanual y acumuló una merma del 2,6 % en los primeros siete meses del año. La medición desestacionalizada respecto a junio mostró una caída del 5 %.
La tendencia negativa afectó a 12 de las 16 divisiones analizadas por el Indec. Los rubros vinculados a bienes durables y de capital mostraron los peores registros: la fabricación de maquinaria y equipo retrocedió 26,7 % (con bajas del 46,6% en maquinaria agrícola), mientras que los aparatos de uso doméstico cayeron 20,9. La electrónica de consumo anotó una contracción del 49,8 los equipos eléctricos descendieron 25 % y la industria de indumentaria, cuero y calzado disminuyó un 15,9.
En contraposición, únicamente cuatro sectores industriales lograron cerrar el período en terreno positivo: la refinación de petróleo creció 8,1; la industria de la madera y el papel ascendió 7,1 %; la producción de metálicas básicas subió 1,6; y el sector de otros equipos de transporte, 2,6 %, traccionado en mayor medida por el segmento de motocicletas.
Paralelamente, el Índice de Actividad integrado en el SERF se fijó en 54,2 puntos. Si bien la expansión interanual del 2,7 por ciento del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) en junio aportó un sesgo favorable, la tendencia-ciclo se mantuvo estabilizada sin mostrar una trayectoria ascendente.
Los datos preliminares del período posterior no anticipan un cambio de rumbo significativo a corto plazo.
Pérdida de competitividad
Los costos altos en dólares que debe afrontar el sector productivo generan desventajas a la hora de competir en un mercado cada vez más permeable al ingreso de productos importados que se fabrican en el país.
De acuerdo con el informe de Fidelitas, para corregir ese desequilibrio se requieren mayores inversiones de capital y capacidad de generación de divisas, instancias complejas de concretar en las condiciones económicas vigentes.
La estabilización de algunas variables “macroeconómicas todavía no logra traducirse en una mejora generalizada de las condiciones en las que operan las empresas. La principal fragilidad continúa concentrada en el frente crediticio. El Índice de Riesgo Crediticio descendió hasta 17,8 puntos, reflejando dificultades de pago que restringen la capacidad del financiamiento para impulsar ventas e inversión. El nivel de endeudamiento vía crédito continúa siendo bajo, mientras que la mora permanece elevada, particularmente entre las empresas”, explica El Idd.
El relevamiento señala además una proliferación de deudas previsionales e impositivas no ejecutadas, junto con un incremento en las observaciones emitidas por la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central (BCRA).
Impacto del Presupuesto 2027
El proyecto de Presupuesto para el año que viene, que envió el Ejecutivo para su tratamiento en el Congreso nacional, incluye recortes reales para las pymes, atraso cambiario y mayor exigencia operacional a las empresas. Una combinación letal de menos fondos e incentivos para la producción manufacturera y mayores exigencias.
La “Ley de leyes”, como se conoce al presupuesto, establece partidas específicas para las firmas pequeñas y medianas, que presentan una pérdida real frente a la inflación proyectada del 18 %. Programas clave como Fortalecimiento TIC registran una caída del 4 % en términos reales, el presupuesto asignado al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) cae 9 %, y el rubro de “Industria, comercio y PyME” resulta ser el más perjudicado, con una contracción del 10 %.
Asimismo, la dinámica comercial exterior y la competitividad se ven comprometidas por el atraso cambiario previsto. Dado que la devaluación proyectada del dólar (15,5 % respecto al cierre de 2026) se ubica por debajo de la inflación anual esperada, las exportaciones de las pymes se vuelven más difíciles al tener que competir con costos internos en pesos que crecen a un ritmo superior al del tipo de cambio.
Finalmente, la situación exige a las empresas un esfuerzo operativo superior y adicional en materia de facturación y negociaciones laborales para no perder rentabilidad. Para obtener un rédito económico certero, las pymes deberán proyectar un incremento del 22 % en sus ventas nominales. A esto se añade que, en un contexto de inflación en descenso, las negociaciones paritarias para fijar los costos salariales tienden a dilatarse, prolongando el impacto de cada acuerdo, con menor margen de previsibilidad, sobre la estructura de costos.
Una histórica metalúrgica radicada en Burzaco se presentó en concurso preventivo de acreedores
La compañía, con 70 años de trayectoria, busca reestructurar sus compromisos mientras mantiene en funcionamiento la planta. Resulta interesante destacar que la producción de la firma no se destina en esencia al mercado interno, sino que, según señalan en su site oficial, el 80% está orientado a la exportación. Aunque esa situación no los ha relevado de sufrir los embates de la economía doméstica. Y lo que sufre gran parte de la industria metalúrgica, con 6 de cada 10 máquinas paradas, según señaló ADIMRA en su último informe.
El juzgado que interviene es el Civil y Comercial N°3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora y la apertura del concurso se produjo el 24 de junio de 2026. La empresa habría señalado como fecha de inicio de la cesación de pagos el 18 de diciembre de 2025, momento en el que comenzó a atrasarse en obligaciones propias de su actividad, entre ellas compromisos vinculados con el suministro de energía.
La empresa recurrió a la Justicia después de meses de deterioro financiero. En su presentación explicó que las dificultades estuvieron vinculadas con una combinación de factores que afectaron la rentabilidad del negocio, entre ellos la competencia externa, la pérdida de pedidos y el elevado costo del financiamiento.
Uno de los principales problemas señalados por la propia compañía fue la competencia de productos provenientes de China. “Los proveedores originarios de la República Popular China están presentes en todos los mercados en el que participamos, con precios que oscilan a la mitad del nuestro”, destacó la presentación de Fundición San Cayetano.
A esa presión se sumó el costo del crédito. Según describió la firma en el expediente, las tasas bancarias llegaron a ubicarse entre el 80% y el 90% anual, mientras que la actividad trabaja con márgenes de rentabilidad cercanos al 5%, una diferencia que terminó impactando sobre su situación financiera.
Deudas, cheques rechazados y un pasivo de $34.187 millones
La magnitud de la crisis también quedó reflejada en las obligaciones pendientes. De acuerdo con la información, Fundición San Cayetano registraría 185 cheques rechazados por más de $1.000 millones y habría recibido intimaciones relacionadas con servicios esenciales, entidades bancarias y proveedores.
Entre las obligaciones reclamadas aparecen deudas con Metrogas y Edesur, además de compromisos con Banco Nación, Banco Provincia y proveedores del exterior. A esto se suma una exposición financiera de alrededor de $22.355 millones con distintas entidades.
El pasivo concursal declarado por la compañía alcanza los $34.187 millones. De ese monto, $18.512 millones corresponden a acreedores quirografarios por compras locales, $5.539 millones a compras realizadas en el exterior y $7.791 millones a financiamiento, además de obligaciones fiscales, sociales y laborales.
La presentación en concurso, sin embargo, no implica el cierre de Fundición San Cayetano. La empresa busca reestructurar sus deudas y continuar con la actividad y, según la información disponible, cuenta con pedidos suficientes para mantener la planta a máxima capacidad durante al menos ocho meses, aun sin recibir nuevas órdenes.
La situación actual contrasta con la dimensión que había alcanzado la empresa años atrás. En mayo de 2021, Banco Provincia presentaba a Fundición San Cayetano como la mayor compañía del país en su rubro: por entonces empleaba aproximadamente a 340 personas y funcionaba en un predio de más de 45.000 metros cuadrados en el Parque Industrial de Burzaco.
La compañía se especializó en transformar chatarra y materiales metálicos desechados en piezas de alto valor agregado destinadas a diferentes ramas de la industria pesada, entre ellas la siderúrgica, petrolera, automotriz, eólica y minera. Según la información difundida por Banco Provincia en 2021, durante 2020 exportó cerca del 85% de su producción, elaborada a pedido de sus clientes.
La entidad financiera también señalaba entonces que asistía a la compañía mediante préstamos destinados a inversión, prefinanciación de exportaciones y capital de trabajo en pesos y dólares. Ese perfil permite dimensionar el contraste con el escenario financiero que años después llevó a la empresa a recurrir al concurso preventivo para ordenar sus compromisos.
En 2022, Fundición San Cayetano anunciaba que duplicaría su producción a partir de una inversión financiada con un crédito de más de $200 millones por parte de BICE, destinados a un proyecto que contemplaba el desarrollo de un nuevo negocio liderado por mujeres: la fabricación de varillas de hierro en diferentes diámetros y largos para el sector de la construcción, dado su creciente demanda. El objetivo de la firma era utilizar la capacidad ociosa de la planta e integrar su producción hacia adelante.
Fundición San Cayetano fue creada en 1956 por Nazareno Sforzini, quien había trabajado como fundidor en Italia y, después de llegar a la Argentina, se desempeñó como capataz de una fundición de hierro en Santa Fe. La empresa comenzó su actividad en el partido de Tres de Febrero, posteriormente se trasladó a Temperley y desde 1979 desarrolla sus operaciones en el predio industrial de Burzaco. Allí busca ahora sostener la producción mientras atraviesa el proceso judicial para reestructurar una deuda que supera los $34.000 millones.
Fuentes: La Izquierda Diario, Perfil, Resumen Latinoamericano, Página 12, InfoGremiales


