El Gobierno de la Ciudad envió un protocolo que obliga a las directoras a denunciar a estudiantes que “podrían estar cometiendo un delito”. Mientras presiona a juezas por televisión y militariza los barrios, ahora Macri quiere que las escuelas sean prisiones.
Por Mario Hernandez
En una clara persecución a los jóvenes y una medida casi fascista, el gobierno de la Ciudad envió un protocolo a las escuelas que obliga a las conducciones de las escuelas a denunciar a estudiantes que “podrían estar cometiendo un delito”.
La circular llegó a las escuelas de parte de la Ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel para informar sobre cómo aplicar el nuevo Régimen Penal Juvenil en las escuelas de la Ciudad. Régimen por el cual se aprobó la imputabilidad a los 14 años.
En el comienzo del mensaje que llegó por correo electrónico, Miguel informa cómo va a actuar desde el Ministerio para “resguardar la vida escolar y el bienestar de nuestras escuelas”. En lugar de fortalecer los equipos de orientación escolar para contener los graves problemas sociales de los jóvenes Jorge Macri a través de su ministra en Educación les declara la guerra a las principales víctimas de sus políticas que nada tienen que envidiarle a las de Milei.
Desde la agrupación 9 de abril advierten que es “un paso más en la confirmación de un estado policíaco que Macri está imponiendo a la Ciudad”. Además, militarizando los barrios y reprimiendo como se vio en el operativo Tormenta Negra.
Operativo “Tormenta Negra II”
Vecinos y vecinas de los barrios denunciaron el secuestro de mercaderías y pertenencias como materiales de construcción, colchones y carros por parte de Espacio Público, también la detención ilegal y al boleo de vecinos y trabajadores. Desde las villas 1.11.14, 21-24 y la 31 (entre otras) llegaron las primeras denuncias y videos.
Alejandrina Barry, legisladora porteña con mandato cumplido por el PTS en el FITU y con una trayectoria de casi 20 años como operadora social en la 21-24, respondió duramente al cinismo de Jorge Macri y su “ley y orden”.
Desde la Coordinadora contra los Desalojos y por la Vivienda Digna que vienen enfrentando los desalojos ilegales de Jorge Macri y su ladero “el desalojador” Walter Gómez Diz tambien criticaron fuertemente el operativo. “Repudiamos enérgicamente a estos gobiernos hambreadores y enemigos de los laburantes y la gente humilde. El mismo gobierno que en las calles de la Ciudad arremete contra vendedores ambulantes, jubilados, docentes y toda aquella organización de los de abajo. Ya les demostramos con una enorme Marcha de la Bronca que fuimos miles los que salimos a la calle. Repudiamos y nos solidarizamos con lxs vecinos del @movdevillasybarriospopulares”, replicaron en su comunicado.
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Docentes, trabajadores de la salud y vecinos cortaron la calle en repudio al operativo en la 21-24
Después de ver cómo sus alumnos llegaban al colegio espantados por el operativo policial de la noche anterior, organizaron junto a trabajadores del Cesac y vecinos cortar la calle Iriarte en las inmediaciones del barrio para repudiar la escalada represiva de Jorge Macri contra los sectores más abandonados por el Estado.
En la tarde noche del jueves, de forma intempestiva se dieron operativos en 15 barrios y villas porteñas, entre ellas la 21-24. Con un despliegue de saturación policial, Jorge Macri reeditó el operativo Tormenta Negra del pasado 15 de mayo. Con policías de la Ciudad, Infantería, helicópteros, motos, cuatriciclos y camiones jaula durante horas montaron su show represivo el mismo día en que el Indec publicaba que 1 de cada 3 habitantes es pobre en la Argentina de Milei. Esa fue la respuesta del Macri para los vecinos y vecinas de los barrios populares al hambre, endeudamiento, precariedad laboral y estructural que sufren.
Federico Puy, docente de una de las escuelas del barrio, integrante del Consejo Directivo de Ademys, estuvo a la cabeza de organizar esta acción de repudio que debe multiplicarse. Junto a otros docentes, trabajadores de la salud y vecinos del barrio realizaron un semaforazo sobre el cruce de la avenida General Iriarte e Iguazú en el barrio de Barracas, a metros del acceso a la 21-24.
Así relató, para la revista Cítrica, una de las maestras del barrio la realidad que sufrieron sus alumnos y denunció que Jorge Macri “invierte millones de pesos en estos operativos, mientras desfinancian la educación, la salud y a las familias” y retrucó “vayan a buscar a los verdaderos delincuentes, vayan a buscar a Adorni, Karina la Coimera y a Galperin, un verdadero estafador de las familias de estos barrios”.
Jorge Macri en su afán de disputar el voto a la LLA en la interna de la derecha porteña viene actuando como un verdadero fascista contra los sectores populares, desde vendedores ambulantes, cartoneros, personas en situación de calle, desalojando familias y con estos pseudo operativos contra el “crimen” que terminan siendo verdaderas redadas de amedrentamiento y represión contra los habitantes de los barrios populares.
En todos los barrios populares de la Ciudad existen Cesacs, escuelas, estatales de la Ciudad y entre los vecinos de los barrios existen trabajadores de distintos gremios, amas de casa, familias, niños y jubilados. Esta unidad es el camino para acabar con estas incursiones fascistas sobre los barrios, las campañas de estigmatización de la pobreza, la persecución a vendedores ambulantes y cartoneros. Esta unidad es el camino, trabajadores y vecinos unidos contra la derecha porteña. Ser pobre no es un delito.
“En los barrios hay un hartazgo muy grande”
El referente de Ciudad Oculta y legislador “Pitu” Salvatierra cuenta que los vecinos pasaron de la sorpresa y de preguntarse si los mega operativos podían llevar seguridad, al enojo. “Ven que solo sirven para agredir y estigmatizar”. El caso del albañil y el secuestro de un arco de fútbol.
El jueves cuando caía el sol, el gobierno de Jorge Macri iniciaba “Tormenta Negra II”, un nuevo mega operativo represivo que se desplegó en 15 villas y barrios populares de la Ciudad con 1.500 agentes de Espacio Público y efectivos policiales con escudos, cascos y armas largas, además de helicópteros, cuatriciclos, entre otros pertrechos.
El jefe de Gobierno porteño lo vendió como una intervención para restablecer “la ley y el orden” y llevar seguridad a los vecinos. Sin embargo, cerca del mediodía, ya todos en los barrios sabían que se venía el operativo, “dando tiempo a los que realmente tienen algo que ocultar para que se vayan”.
Así lo relata Alejandro “Pitu” Salvatierra, legislador porteño del bloque Fuerza por Buenos Aires, vecino y referente de Villa Oculta. “Creo que a diferencia de otros operativos, con este hay un nivel de hartazgo superior en la población, por lo menos de los barrios populares”.
“Con el primer Tormenta Negra –agrega- hubo sorpresa, generó debate, porque algunos vecinos en una primera etapa inclusive plantearon que la presencia de la policía dentro de los barrios estaba bien, pero que no era el modo. Pero después, como se empezaron a hacer estos operativos constantes, la gente empezó a identificar que no tenían ningún efecto, porque mucho antes de que ocurra se sabe qué va a pasar”.
“Para lo que vivimos en los barrios es evidente que no tienen ningún resultado, que solamente sirven para agredir, para estigmatizar. Y además lo hacen en un horario muy jodido, porque lo lo hacen entre las 6 y las 8 de la noche, que es cuando la gente viene de trabajar”, describe.
“Ni siquiera cumplen con ese otro discurso del ordenamiento del espacio público. Porque, por ejemplo, plantean el tema de los toldos que están sobre las veredas. Bueno, en algunos barrios no hay ni veredas, porque son pasillos. Pero bueno, si ellos quisieran podrían venir y advertirle a ese vecino, ‘che, tenés que sacar este toldo, porque si no venimos y te lo sacamos, porque está en el espacio público’. Pero no hacen eso. Eligen venir un día, de sorpresa, con cámaras, con 200, 500 policías. En algunos casos, como en Barrio Mitre, con un tractor. Y lo hacen violentamente, sin ninguna posibilidad de diálogo, con una soberbia enorme. La policía está muy violenta dentro de estos operativos”, denuncia Salvatierra.
Operativo de “seguridad” de Jorge Macri en Barrio La Carbonilla. La Policía se lleva los arcos donde los nenes juegan a la pelota.
Por qué? No hay por qué pic.twitter.com/IVw8HK0BO3— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) September 25, 2026
Un arco de fútbol, un albañil y colchones
Según la información oficial hubo17 detenciones, entre ellas, tres por tenencia y once por venta de estupefacientes, dos por robo y uno por un pedido de captura. Además, 192 autos fueron secuestrados y se removió basura y chatarra.
En relación a la venta, la información oficial solo detalla un caso: el de tres personas detenidas en Villa 31 con “335 dosis de cocaína, pasta base y armas y dinero en efectivo”. Sobre el resto la información es imprecisa.
Al respecto, Salvatierra agrega otros datos que quizás aclaran el por qué. Según el legislador, a la mayoría de los detenidos se los llevaron por resistencia a la autoridad o por no tener documentos. Por eso, “salvo dos o tres”, “la mayoría van a salir en libertad mañana”.
“Ayer, extrañamente, se persiguió en especial a personas con problemas de adicciones y a personas en situación de calle, porque nosotros tenemos gente en situación de calle dentro de los propios barrios”, aclara.
El caso de un albañil detenido en la Villa 20 grafica bien el panorama. “El tipo que tenía una maza, dos cortafierros, una cuchara de albañil, un balde de albañil y venía vestido de albañil. ¿Qué pruebas más necesitan que venía de trabajar?”, plantea. “Les dijo, ‘no lo llevo, jefe, porque lo pierdo en el trabajo. Ya perdí tres’”. En conclusión, “me parece que el operativo no tiene ningún otro propósito que generar un show para Jorge Macri y mostrarse como el mejor alumno de Milei y de Patricia Bullrich”.
Entre lo que tampoco se informó oficialmente pero se pudo ver gracias a los registros de los vecinos fueron las detenciones al boleo a personas en situación de calle, de las que habla Salvatierra, y hasta la remoción de arcos de fútbol.
“Bueno, los chicos se quedan sin merienda y sin fútbol”, se escucha decir en un video compartido por Arrepentidos de Milei y filmado en La Carbonilla, cerca de La Paternal, en el que se ve cómo agentes de espacio público arrancan un arco de fútbol.
Mientras, un periodista del medio Republica2124, de la villa ubicada en Barracas, narraba: “Están cazando gente de calle. Empezaron a cazar gente en situación de calle que estaba defendiendo su colchón, sus cartones, su carrito, es terrible”.
“Dijeron ‘a este, a este’ puntualmente Como 60 policías para un chico. Lo único que hizo fue defender sus colchones, sus cartones. Hay mucha gente que lamentablemente vive acá cerca del Rachuelo”. “Esto fue un desastre”, dice indignado.
Este testimonio lo filmé en la Villa 31. Tuvimos una reunión entre vecinos de villas y es aterrador lo que narra la mujer. A su hijo, un pibe en consumo, lo torturaron, durante la Tormenta Negra del Gobierno de la Ciudad. Las secuelas de una pésima gestión de “Seguridad”. (+) pic.twitter.com/uxagMJL3gB
— Nelson Santacruz (@NelSantacruz) September 27, 2026
Compartimos además informe elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales
Tormenta Negra 2: el gobierno de CABA entiende a los barrios populares como zonas de ocupación
El gobierno de Jorge Macri volvió a desplegar más de 1.500 policías y agentes de control en 15 villas y barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. Registramos episodios de violencia policial, detenciones arbitrarias y el retiro de pertenencias y herramientas de trabajo. La CABA consolida una política que identifica pobreza con inseguridad, no con ausencia de derechos.
El jueves 24 de septiembre, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó un nuevo operativo Tormenta Negra en 15 villas y barrios populares. Más de 1.500 policías y agentes de control de Espacio Público ingresaron de manera simultánea a los barrios para realizar controles de personas y vehículos, inspeccionar comercios y retirar del espacio público objetos de las personas que viven allí. Es la segunda vez que el gobierno porteño organiza un despliegue de estas características, después del de mayo de este año. Jorge Macri insiste en violentar la vida en los barrios populares y atemorizar a quienes viven en ellos.
Se trata de un modo de entender la ciudad y el derecho a la ciudad con un abordaje racializante y con límites de clase. Es una política que decide qué cuerpos van a ser controlados por la policía, qué familias van a ser desalojadas sin garantías, qué personas deberán demostrar una y otra vez que tienen derecho a quedarse y cuáles tienen que mostrar su documentación en las estaciones de trenes y subtes. La política porteña naturaliza que la principal y primera intervención del Estado en los barrios populares va a ser la policial. Uno de los jóvenes detenidos estaba en situación de calle dentro de la Villa 21. El gobierno llegó con patrulleros, efectivos armados y agentes de control, en lugar de organizar una intervención a partir de las necesidades de quienes viven allí o para garantizar los derechos sobre los que el mismo Estado está en deuda. No hubo presencia de áreas de desarrollo social, sino el despliegue de dispositivos de estigmatización de quienes viven allí, para convertirlos en sujetos de sospecha. El gobierno de la Ciudad abandonó las políticas de integración socio urbana. Ahora se enfoca en una política que niega la ciudadanía de las personas que viven en estos barrios. No existen operativos de este tipo en los otros barrios de la Ciudad, que los invadan a la pesca de ver qué delitos se identifican, que sin duda los hay en Palermo, Caballito o Núñez.
La vara en la Ciudad de Buenos Aires está tan baja que tenemos que reiterar lo obvio: en los barrios populares viven personas que trabajan, estudian, crían a sus hijos que van a la escuela y sostienen redes comunitarias. Tienen derecho a tener políticas que integren las villas con la ciudad en términos de derechos garantizados: a la vivienda, a la salud, a la educación, al trabajo y no estar sujeto a control poblacional permanente. La guerra contra los pobres habla de la pobreza en políticas públicas de la gestión actual de la ciudad. Y del solapamiento de un abordaje que se anuncia como control de actividades delictivas con la persecución de las estrategias de supervivencia. De este modo, la ciudad se fragmenta cada vez más. Los operativos espasmódicos y violentos no llevan orden a estos barrios, sino incertidumbre, abusos y show para las redes sociales. Cuando terminan los operativos y la policía se retira de estos barrios, no permanecen otras políticas públicas.
Durante el operativo del jueves registramos situaciones de violencia policial, uso de gases lacrimógenos y disparos de balas de goma. En la Villa 21-24, los registros audiovisuales que hicieron los mismos vecinos muestran intervenciones contra personas en situación de calle que intentaban resguardar sus colchones y pertenencias. También denunciaron que la policía les sacó herramientas de trabajo. El Ministerio Público de la Defensa porteño registró detenciones arbitrarias y personas lesionadas. Estas intervenciones que terminan reconvertidas en videos para el marketing personal del intendente, tienen consecuencias concretas en las condiciones de vida de quienes las sufren: la confiscación de pertenencias, mercadería o herramientas de trabajo significa privar a esas personas de los medios indispensables para su subsistencia. El Estado, entonces, se hace presente para agravar situaciones de vulnerabilidad social mediante el uso de la fuerza. Justo el mismo día en que el INDEC anunció el agravamiento de la pobreza.
Como en el operativo Tormenta Negra 1 no coincide la cantidad de detenidos que declara el gobierno porteño (17) con los que registró el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad (13). Nuevamente abre la sospecha sobre la falta de controles.
Estas no son políticas de prevención del delito, es racismo. Los barrios populares se vuelven cada vez más un espacio diferenciado, alejado de la calidad de vida del resto de la ciudad. Una política pública centrada en la saturación policial, que no reconoce las necesidades de quienes viven en los barrios populares, profundiza las desigualdades que debería trabajar por combatir.
Rechazo de la comunidad educativa
Tras el despliegue de más de 1.500 efectivos de seguridad en distintos barrios populares porteños, la comunidad educativa de la Escuela Padre Mugica de la Villa 31 emitió un comunicado rechazando la intervención policial “tormenta negra”.Denunciaron la criminalización del territorio y exigieron que el Gobierno de la Ciudad garantice derechos en lugar de profundizar la estigmatización sobre estudiantes y familias.
«Frente al operativo policial desplegado en la Villa 31, las y los docentes expresamos nuestro más enérgico repudio a una política que profundiza la estigmatización y la criminalización de los barrios populares y de quienes los habitan», señala el texto difundido.
En contraposición al discurso estigmatizante del Jefe de Gobierno de Jorge Macri, el cuerpo docente remarcó que la seguridad y la convivencia no pueden abordarse únicamente desde el accionar policial ni señalando a los barrios como «territorios peligrosos». En esa línea, recordaron que en la Villa 31 viven miles de familias, infancias, juventudes y trabajadores, y que allí funcionan a diario escuelas, espacios educativos y organizaciones comunitarias que «sostienen el derecho a la educación y construyen comunidad».
El comunicado apunta a la falta de respuestas estructurales por parte del Estado. «Quienes trabajamos en educación sabemos que las desigualdades sociales no se resuelven con mayor presencia policial, sino garantizando derechos», afirmaron y enumeraron exigencias básicas e históricas del sector: educación pública de calidad, salud, vivienda digna, trabajo, acceso a la cultura e infraestructura adecuada.
Asimismo, manifestaron su profunda preocupación por el impacto de estas intervenciones en la vida y la subjetividad de las y los jóvenes. Alertando sobre la instalación de una mirada estigmatizante, sentenciaron: «Nuestros estudiantes no son una amenaza. Nuestros barrios no son territorios a conquistar».
Reivindicando una escuela pública comprometida con los Derechos Humanos, la inclusión y la igualdad, el comunicado concluye con un claro mensaje al Gobierno de la Ciudad reclamando políticas que prioricen el fortalecimiento comunitario por sobre la represión: «La educación, la dignidad y los derechos no se garantizan con represión. Se garantizan con políticas públicas, presencia del Estado y comunidad».
Asamblea de residentes y concurrentes movilizó al Ministerio de Salud
El miércoles 23 de septiembre, cientos de residentes de hospitales y efectores de salud de la Ciudad de Buenos Aires realizaron un paro con cobertura de guardias y protagonizaron una importante movilización desde el Obelisco hasta el Ministerio de Salud porteño. La medida había sido votada días atrás por la Asamblea de Residentes y Concurrentes de CABA y tuvo la adhesión de residentes de más de 25 hospitales y efectores de salud.
El reclamo central fue por una recomposición salarial urgente, frente a salarios que no alcanzan y condiciones laborales cada vez más deterioradas en el marco del ajuste a la salud pública. Ajuste que se expresa también en una crisis cada vez más profunda de la salud mental y en las dificultades para garantizar el acceso a la atención y a la medicación.
El ataque a la salud en la Ciudad se da en el marco de un ataque mas generalizado distintos sectores: docentes, jubilados, discapacidad o trabajadores que enfrentan despidos a nivel nacional e intentos de cierre, como ocurre en FATE en la Provincia de Buenos Aires.
Durante la movilización, una delegación fue recibida por Cecilia Klappenbach, directora general de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos; Diego Vacchino, director general de Atención Primaria; y representantes de la Subsecretaría de Atención Hospitalaria. Frente al reclamo de cientos de residentes, los funcionarios del Gobierno de Jorge Macri no dieron ninguna respuesta concreta: únicamente se “comprometieron” a hacer llegar el documento con los reclamos al ministro Fernán Quirós.
Pero la situación salarial de residentes y del conjunto de trabajadores de la salud no es una novedad para las autoridades porteñas. Mientras sostienen salarios que pierden frente al costo de vida, el Gobierno de Jorge Macri viene avanzando además con medidas que restringen el acceso a la salud pública, como las modificaciones en el empadronamiento de personas con domicilio fuera de CABA y las dificultades en el acceso a medicamentos.
Luego de la movilización, cientos de residentes participaron de una asamblea en la que se votó continuar el plan de lucha: realizar asambleas en los hospitales, impulsar acciones de visibilización y convocar a un nuevo paro con movilización para el próximo jueves 1° de octubre. También se planteo desde la asamblea exigirles a la Asociación de Médicos Municipales (AMM) y a la Federación de Profesionales que convoquen al paro y movilización.
CABA no autorizará la realización de “eventos, diversiones o actos en el espacio público” entre el 6 y el 13 de noviembre
Por la organización de la visita papal. Una decisión que afecta la 35° Marcha del Orgullo prevista para el 7 de noviembre.
El colectivo LGBT+ rechazó la resolución y ratificó la movilización para el día previsto, lo cual abre un frente de conflicto justo en la antesala de la primera visita de un Papa al país sudamericano después de casi cuatro décadas.
“Comprendemos la relevancia institucional de la visita de un jefe de Estado y máximo representante de la Iglesia Católica. Lo que no comprendemos es que esa circunstancia sea presentada como una razón suficiente para plantear la suspensión de uno de los acontecimientos públicos más importantes, históricos y multitudinarios de la Ciudad, aún más teniendo en cuenta que el Papa llega a nuestro país recién al día siguiente”, expresaron en un comunicado los organizadores de la Marcha del Orgullo.
León XIV iniciará el 8 de noviembre una visita de cuatro días en Argentina, como parte de su primera gira por Latinoamérica que también incluirá Uruguay y Perú. El último líder de la Iglesia católica que pisó suelo argentino fue Juan Pablo II en abril de 1987.
En una resolución publicada el viernes, la Alcaldía de Buenos Aires sostuvo que la visita papal “constituye un acontecimiento de trascendencia institucional, religiosa y social de carácter excepcional y de una magnitud extraordinaria” y que por tal motivo demanda “la adopción de medidas preventivas orientadas a garantizar la seguridad del visitante ilustre, de los asistentes y de la población en general”.
Entre ellas mencionó “un esquema especial de ordenamiento del tránsito, que comprenderá cortes, restricciones temporarias, desvíos” y una afectación “extraordinaria” de recursos humanos y materiales de las fuerzas de Seguridad y de otras áreas.
“La realización de otros eventos en el espacio público durante el mismo periodo resultaría incompatible con las condiciones de seguridad, orden y movilidad que el gobierno de la ciudad debe garantizar a la población, y podría comprometer el normal y seguro desenvolvimiento de la visita del Sumo Pontífice”, argumentó la alcaldía.
Fuentes: La Izquierda Diario, Canal Abierto, informe elaborado por el CELS, Red Eco Alternativo, Anred, Resumen Latinoamericano