El gobierno de CABA busca avanzar con la implementación y el uso de sistemas de reconocimiento facial en el espacio público. Nuevo desalojo. Las escuelas asociadas al sistema penal. Contra la Marcha del Orgullo
Por Mario Hernandez
El gobierno de la Ciudad está intentando reactivar el sistema de reconocimiento facial mediante cámaras instaladas por todo Buenos Aires. El viernes pasado se celebró una audiencia judicial para revisar el nuevo proceso de licitación impulsado por el gobierno. ¿Por qué una audiencia judicial? Porque existe una causa legal en curso que ha mantenido suspendido el sistema de reconocimiento facial durante cuatro años. En abril de 2019, la ciudad activó el sistema de reconocimiento facial, cuyo objetivo declarado era identificar a prófugos y personas con órdenes de captura pendientes.
El sistema no se utilizaba para localizar a prófugos; por el contrario, terminaron incluyendo indiscriminadamente a 10 millones de personas. Elaboraban listas arbitrarias y actuaban a partir de ahí. Todo esto salió a la luz gracias a la labor del CELS, ODIA, Ceprodh y diversas organizaciones de Derechos Humanos dedicadas a estas cuestiones. En 2022, la justicia declaró inconstitucional la implementación del sistema y, en 2023, la Cámara de la Ciudad de Buenos Aires ratificó dicho fallo.
“Ley y Orden”, dejó a 60 personas en la calle
Durante la mañana del martes, bajo la lluvia, un operativo de la Policía de la Ciudad desalojó a 60 personas de un edificio del barrio porteño de Constitución. En el inmueble ubicado de la calle Luis Sáenz Peña 1700, donde antiguamente funcionaba un hotel, vivían desde hace 21 años familias con niños, incluso.
Tres camiones, un vallado y varios efectivos fueron dispuestos para llevar adelante la medida. La orden judicial fue dispuesta por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°9.
Desde el Gobierno porteño señalaron que el inmueble no reúne condiciones de seguridad para ser habitado debido a su deterioro edilicio y a la falta de mantenimiento. Sin embargo, como se ha advertido, es la modalidad utilizada por la justicia porteña servil a los intereses del PRO para avanzar con esta verdadera expulsión de personas.
Denuncian que Jorge Macri convierte a las escuelas en una puerta de entrada al sistema penal
El Gobierno de la Ciudad avanza con la implementación del Régimen Penal Juvenil dentro de las escuelas porteñas. Un nuevo protocolo establece que las autoridades educativas tienen el “deber de denunciar” ante situaciones que pudieran constituir delitos y dispone mecanismos para la intervención de la Policía y la Justicia. La medida se aplica en el marco del nuevo régimen que establece la responsabilidad penal desde los 14 años.
Entrevistado en AM750, Federico Puy, secretario general adjunto de Ademys, denunció el nuevo protocolo del Gobierno porteño que obliga a las autoridades escolares a denunciar hechos que pudieran constituir delitos e incorpora la intervención policial y judicial en las escuelas. “Es parte de una política de criminalización de las juventudes”, señaló.
La normativa alcanza a las situaciones que ocurran dentro de los establecimientos educativos, pero también contempla hechos que involucren a estudiantes y estén vinculados con la comunidad educativa. Frente a determinadas situaciones, los directivos deberán dar intervención al 911, al SAME y a organismos de protección de derechos. En otros casos, deberán realizar la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal. De esta manera, conflictos que hasta ahora podían abordarse mediante herramientas de convivencia escolar quedan bajo la posibilidad de una intervención penal.
“La escuela pasa a ser un lugar donde se denuncia a los pibes”, cuestionó Federico Puy, al referirse al nuevo protocolo. El dirigente docente señaló que la medida debe ser leída en conjunto con el avance del Régimen Penal Juvenil y advirtió sobre el peligro de transformar a las instituciones educativas en espacios atravesados por la lógica policial y judicial.
El protocolo también habilita la presencia policial dentro de las escuelas en determinadas circunstancias. Para los docentes, esto supone un cambio profundo en el funcionamiento de las instituciones: frente a situaciones de conflicto, en lugar de fortalecer los equipos de orientación, trabajadores sociales y herramientas pedagógicas, el Gobierno incorpora como respuesta la denuncia, la Policía y el Ministerio Público Fiscal. La lógica punitiva se introduce así en un ámbito que debería garantizar derechos y acompañar las trayectorias educativas.
Esta avanzada punitivista que intentan penetrarla dentro del sistema educativo debe ser enmarcada en toda una ola de persecuciones, represiones y judicialización de los sectores populares. Desde los más hollywoodenses como los operativo Tormenta Negra sobre los barrios populares o los desalojos violentos hasta la persecución sistemática contra los vendedores ambulantes.
Desde Ademys cuestionan que el Gobierno porteño coloque sobre los equipos directivos la responsabilidad de denunciar situaciones que “pudieran” constituir delitos y advierten que esto puede profundizar la criminalización de estudiantes, particularmente de adolescentes. La denuncia docente apunta a una política que, mientras recorta recursos para abordar las problemáticas sociales y educativas, refuerza los mecanismos de control y persecución sobre las juventudes.
Macri contra la Marcha del Orgullo
Jorge Macri intenta correr la Marcha del Orgullo el próximo 7N por la visita del Papa. Una vez más la discusión sobre el papel retrógrado de las iglesias frente a los derechos de las diversidades y la necesidad de no subordinar las luchas a ningún gobierno.
La decisión del Gobierno de Jorge Macri de restringir los eventos en el espacio público entre el 6 y el 13 de noviembre, con motivo de la visita del papa León XIV, puso en discusión la realización de la Marcha del Orgullo prevista para el 7 de noviembre.
La Comisión Organizadora rechazó la posibilidad de postergarla y ratificó la convocatoria. El canciller Pablo Quirno, por su parte, afirmó que la movilización está contemplada dentro del operativo de seguridad previsto para la visita papal.
El conflicto por el 7N vuelve a poner en primer plano la necesidad de que el movimiento LGBTIQ+ mantenga su independencia política frente a los gobiernos, los partidos y las iglesias.
El intento de mover la Marcha del Orgullo también vuelve a poner bajo la lupa el vínculo entre el Estado y las instituciones religiosas. La visita de León XIV llega en un contexto en el que distintos sectores religiosos, incluidos grupos evangélicos conservadores, buscan intervenir en debates sobre ESI, derechos sexuales y reproductivos y diversidad.
La discusión no pasa por las creencias personales sino por el papel político de las instituciones religiosas. Frente a esto, la independencia del movimiento implica que sus demandas no queden subordinadas a acuerdos entre gobiernos e iglesias.