Más de 100 investigadores de universidades públicas y el Conicet hicieron un relevamiento sobre el 80% de las comunidades indígenas durante el aislamiento obligatorio masivo de 2020.
Desde obstáculos para trabajar a discriminación y desalojos de sus viviendas: los problemas que han sufrido las comunidades indígenas de la Argentina durante la pandemia y el confinamiento masivo durante 2020. Archivo.
14/02/2021
La histórica brecha entre los pueblos originarios y otros sectores de la sociedad se profundizó con el aislamiento obligatorio por la pandemia en la Argentina. Las desigualdades socioeconómicas y culturales de los pueblos originarios quedaron registradas en un reporte elaborado por más de 100 especialistas pertenecientes a 30 equipos de 12 universidades nacionales o unidades ejecutoras del Conicet.
El informe fue un trabajo mancomunado y autogestionado de los investigadores que lograron relevar cerca del 80% de los pueblos indígenas del país. Permitió dar cuenta que en la actualidad la mayor parte de los pueblos indígenas reside en las ciudades.
“De cada 4 indígenas que habita nuestro país, uno lo hace en el campo y tres en las ciudades. Dentro de los tres indígenas que viven en centros urbanos, uno lo hace en el Área Metropolitana de Buenos Aires y dos residen en localidades del interior del país, como resultado de las migraciones, la expropiación territorial por el avance de emprendimientos económicos y la destrucción de las pequeñas unidades de producción familiar”, contó a RIO NEGRO el doctor en Ciencias Antropológicas e investigador del Conicet, Sebastián Valverde.
Desde marzo pasado, uno de los principales problemas que sufrieron los indígenas que viven en ciudades fueron las situaciones de privación y con diferentes deficiencias de infraestructura. También los investigadores identificaron que las dificultades en zonas rurales fueron la falta de infraestructura, conectividad a internet, señal de celular y de bienes básicos.
Una consecuencia grave del aislamiento fue la situación económica. “No es lo mismo quien tiene un sueldo formal (en blanco), una vivienda, acceso a la salud que quienes tienen trabajo informal -que bajó a la mitad en ingresos o prácticamente a cero-, sumado a la exacerbación del racismo o hechos de violencia lamentables, como la agresión en Chaco a una familia Qom”, destacó Valverde, que coordinó el informe que ya fue presentado ante la Jefatura de Gabinete de Nación, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y las autoridades del Conicet.
Investigadores que participaron en el relevamiento sobre la situación de la pandemia y el coronavirus habían estado en una actividad con la comunidad Paichil Antreao, en la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer, Villa la Angostura, provincia de Neuquén, en diciembre de 2019
“Si la informalidad es del 44% de acuerdo a datos oficiales -continuó el antropólogo-, en los integrantes de los pueblos indígenas puede alcanzar hasta 90% o prácticamente la totalidad de los trabajadores pertenecientes a pueblos originarios en determinados contextos”.
En el informe se advirtió que, sin la ayuda del gobierno nacional, como el programa Alimentar, la Asignación Universal por Hijo, las tarjetas alimentarias y el reciente Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), entre otros planes de contingencia, “las consecuencias serían devastadoras”. Por esto, en el informe se señala que “constituiría una medida muy importante la instrumentación de un ingreso universal para los pueblos indígenas”.
La zona cordillerana
El docente e investigador Gabriel Stecher abordó las dificultades de las comunidades del oeste neuquino. La situación en la cordillera adquirió dinámicas específicas propias de esta región. “Las restricciones para circular coincidieron con el final del periodo de la veranada. Los crianceros de ganado experimentaron importantes dificultades ya que quedaron retenidos con sus rebaños en los controles sanitarios al declararse la pandemia, lejos de sus corrales”, señaló Stecher, de la cátedra Extensión Rural de la Universidad Nacional del Comahue, en San Martín de los Andes.
En esa zona también trabajaron profesionales de la Universidad Nacional de Río Negro, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Lujan abocados a las comunidades mapuche y mapuche-tehuelche de la región.
El impacto del invierno
Las comunidades tampoco pudieron prepararse adecuadamente para el invierno. Stecher aclaró que “no solo se trata solo de sacar leña. Deben pedir permisos, buscar los medios para poder ir a buscarla y trasladarla. Por otro lado, el Plan Leñero tardó en entregarse en tiempo y forma llegado el invierno y la madera estaba verde, pino. No era adecuada”.
El aislamiento masivo y obligatorio (ASPO) también “limitó la cosecha comunitaria de plantas medicinales y tintóreas usadas en su vida cotidiana, en la elaboración de tejidos, al igual que hongos y vegetales comestibles”, contó.
Asimismo, la vida espiritual de las comunidades se vio afectada por las restricciones ya que ceremonias, como el Wüñoy Tripanto, quedaron restringidas a muy pocos participantes, sin invitados de otras comunidades.
Además, las comunidades que trabajan con el turismo, como Quintriqueo o Paichil Antriao, resultaron fuertemente golpeadas durante el ASPO. “Dependen mucho de la prestación de servicios turísticos, como cabalgatas, caminatas y excursiones. Todo quedó obviamente paralizado. Ya se preveía un año malo por el fenómeno de la floración de la caña colihue que atrae un enorme número de roedores, con el riesgo de la propagación del endémico hantavirus. Por eso, se redujo la actividad de acampe y la prestación de servicios”, señaló Stecher.
Los problemas de conectividad durante la pandemia se acrecentaron en el área rural. El especialista recalcó que “nuestros hijos siguieron la escuela vía internet. En cambio, las poblaciones rurales no pudieron”. Recordó que el Ministerio de Educación de Nación envió cuadernillos que “hablaban de los pueblos indígenas como una cuestión folklórica y cultural del pasado”.
Stecher consideró que la pandemia visibilizó aún más “la cuestión de invisibilidad y vulnerabilidad de estos grupos”. Señaló que en medio del contexto de emergencia, los juicios de desalojo de la comunidad Buenuleo y Piachil Antriao “siguieron como si nada. Lo mismo pasó en Chaco, Jujuy, Formosa. En suma, quedaron al margen social y económicamente pero no judicial”.
Racismo, discriminación y violencia
En Argentina, existen más de un millón de integrantes de los casi 40 pueblos originarios que se distribuyen a lo largo de todo el país.
El informe también contempló la situación de una diversidad de pueblos, como los nivacles en Formosa, entre otros pueblos. “Este último pueblo tiene alrededor de 1.200 habitantes y un buen porcentaje no tiene documento, por eso hay dificultades para acceder a prestaciones sociales”, expresó Valverde. Puso como ejemplo al pueblo mapuche que es, en buena parte, bilingüe. Pero en el norte argentino, como es el caso de los nivacles, un porcentaje habla poco el castellano. “Las instrucciones de coronavirus deberían llegar en la lengua originaria a través de la gente del propio pueblo. El informe recalca la necesidad de trabajar en base a las propias pautas culturalesde las comunidades”, advirtió.
Los investigadores coincidieron en la persecución a los pueblos originarios durante el aislamiento. Mencionaron el caso de mujeres en Esquel que fueron detenidas en los primeros días del aislamiento y debieron caminar toda la noche para volver a su comunidad.
“Una dinámica que se viene dando en este complejo escenario de pandemia, se asocia con la profundización y exacerbación de situaciones de racismo, discriminación, violencia verbal y física hacia los integrantes de los pueblos originarios, a través de acciones arbitrarias o abusos por parte de funcionarios de diversos organismos públicos, instituciones sanitarias o fuerzas de seguridad”, advierte el informe.
Pusieron como ejemplo un caso con amplia repercusión mediática en la provincia de Chaco donde “se acusó a ‘indios de estar infectados’ (de Covid) y hubo barricadas de los accesos a comunidades qom estigmatizadas por otros pobladores locales”.
Este allanamiento ilegal de la casa de una familia qom el 31 de mayo último culminó con prisión domiciliaria para cuatro policías de la comisaría de la localidad de Fontana. Veedores de la ONU y el presidente Alberto Fernández repudiaron esos episodios de violencia institucional.
Al comienzo de la pandemia, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación propuso hacer un diagnóstico de diferentes poblaciones ante los desafíos que plantearon por la emergencia de salud pública mundial causada por la pandemia del coronavirus. De esta manera, se convocaron a investigadores de ciencias sociales y humanidad para estudiar no solo de pueblos indígenas sino también de migrantes y barrios populares.
“Ese primer informe se publicó el 15 de abril con 25 autores de 5 universidades. A partir de esa experiencia, los investigadores abocados a los pueblos indígenas nos propusimos una segunda etapa con un informe más específico”, explicó Valverde. Más adelante, salió el trabajo de más de 100 investigadores.
“No hay proyectos tan grandes en la academia que convoquen a 100 autores. A veces, las ciencias sociales y humanas son dejadas de lado. Pero los antropólogos, historiadores y sociólogos tenemos cosas importantes para decir”, indicó Valverde.
La información recabada abarcó a diversos pueblos originarios en Argentina: toba-qom, mbya moqoit, guaraní, avá guaraní, kolla, diaguita, diaguita-calchaquí, wichí, huarpe, quechua, aymara, nivaclé, tonokote, omaguaca, tastil, günün a küna, comechingón, comechingón-camiare, ocloya, iogys, chané, tapiete, sanavirón, ranquel, wehnayek, atacama, lule y quilmes pehuenches, mapuche, mapuche-pehuenches, tehuelches, mapuche-tehuelches, selk’nam, haush y selk’nam-haush. Geográficamente comprendió la totalidad de regiones del país.
De acuerdo a datos del Indec, en la región patagónica más de 145.000 habitantes se autoreconocen como descendientes o pertenecientes a un pueblo indígena. Esta cifra representa el 6,9% de la población regional prácticamente triplicando el promedio nacional (2,4%), constituyéndose así, como la región con mayor proporción de población indígena del país. Por su parte, Chubut, Río Negro y Neuquén concentran el 91% del total.
El caso del intento de desalojo de comunidad mapuche en Bariloche
En medio de la pandemia, la comunidad Buenuleo debió concurrir a numerosas audiencias judiciales en el juicio que se sigue por el pedido de desalojo del predio en el pié del cerro Ventana, al sur de Bariloche.
“El juicio avanzó y tuvimos un montón de audiencias vinculadas al desalojo. En cambio, por la agresión que sufrimos por parte de una patota el 29 de abril pasado, solo dos. Para eso sí hubo contexto de pandemia. Fue notable”, señaló Ramiro Buenuleo.
La fiscalía impulsó en septiembre del 2019 la acusación contra 9 miembros de la comunidad mapuche Buenuleo, por el delito de usurpación. Les atribuyó haber despojado a Emilio Friedrich y Víctor Sánchez de la posesión de un lote de 92 hectáreas en el cerro Ventana.
El 22 de septiembre del 2002, el Tribunal de Impugnación Provincial confirmó la orden de desalojo contra la comunidad pero al día siguiente, una resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que reconoce la “ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad Lof Che Buenuleo”, cambió el escenario.
“Gracias a los abogados, permanecemos en el territorio. Pero el 21 de octubre, pedimos el sobreseimiento y está paradísimo. Estamos a la espera de una nueva fecha de audiencia”, destacó.
En relación a la cuestión pedagógica, Ramiro consideró que “se prestó bastante atención a los chicos de la comunidad”. “Pasó lo de todo el país con las clases virtuales. Pero nuestros chicos tuvieron clases personalizadas con el maestro, por videollamada, después de la agresión que sufrimos el 29 de abril”, reconoció.