El oficialismo porteño aprobó el proyecto en tiempo récord. Denuncian que Macri flexibiliza criterios para ejercer prisión preventiva incluso si es un delito excarcelable. Adelantan posible judicialización de la Ley.
Por Martín Suárez @MDSuarez
Finalmente la Legislatura porteña aprobó este jueves la Ley de Reiterancia que impulsó el ex intendente de Vicente López y actual Jefe de Gobierno de CABA Jorge Macri. La Ley trata de una modificación al Código Procesal Penal porteño y fue aprobada por el oficialismo y aliados por 36 votos positivos y 21 negativos.
Jorge Macri había enviado el proyecto en marzo de este año con el objetivo de “endurecer las penas con un criterio de justicia más severo para las personas que vuelven a cometer delitos”. Hace cuatro semanas se trató en las Comisiones parlamentarias de Justicia y de Asuntos Constitucionales y en tiempo récord fue aprobada en el recinto. “La Legislatura aprobó la ley de Reiterancia: delincuente que reincide espera la condena preso. El kirchnerismo y el frente de izquierda votaron en contra”, manifestó la presidenta de la Legislatura, Clara Muzzio, una vez aprobada la polémica Ley.
“La reiterancia ya existe con conocidas consecuencias en la provincia de Mendoza y ahora pretenden imponerla en la legislación nacional y de CABA. A diferencia de la “reincidencia”, que agrava la pena o impone de entrada la prisión preventiva y la condena efectiva, cuando ya se ha sido condenado a prisión por otro delito, la reiterancia opera cuando una persona, acusada por un delito, tiene otros procesos previos en los que no ha sido condenada”, explica a Tiempo María del Carmen Verdú, titular de la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), una de las más de cuarenta organizaciones que se oponen a la Ley de Jorge Macri.
Para la abogada especializada en derechos humanos, señala que una persona puede terminar presa “aun cuando esas causas anteriores hayan sido archivadas, sobreseídas o la persona absuelta opera como agravante y determina la prisión ineludible”. Por último, Verdú subraya que “si una persona es aprehendida en una movilización, luego liberada y la causa no prospera, en una eventual segunda detención debe permanecer en prisión preventiva todo el proceso, aun cuando sea un delito excarcelable”.
Desde Unión por la Patria rechazan este proyecto y consideran que es algo que, en la práctica misma no se va a poder aplicar porque es inconstitucional. “El problema más grave de esta ley es que confunde el derecho a la seguridad que tiene que brindar el Estado, con las bombas de humo que Macri le quiere vender a la ciudadanía porque no está siendo eficiente a la hora de garantizar una política de seguridad en serio”, manifestó durante la sesión la diputada porteña de UxP Claudia Neira.
Para la legisladora, el gobierno porteño “se agarra de un instituto del Código Procesal como es la reiterancia, lo fuerzan y lo hacen inconstitucional. Es algo que no se va a poder ni aplicar. Y si lo aplican va a ser un desastre porque no se ocuparon antes de que haya un Servicio Penitenciario ni de que haya cárceles. Y encima ahora van a agravar aún más la situación poniendo detenidos en containers, que los vecinos piden por favor no les pongan en las comisarías de sus barrios”.
Para la legisladora porteña del FIT, Mercedes Trimarchi, esta Ley aumenta la persecución y la criminalización, “sobre todo a los luchadores sociales, a los vendedores ambulantes. Incluso hay una particular saña con los inmigrantes porque se permite justamente la mera sospecha, entonces ya rápidamente intervienen para exigir la deportación, lo cual es muy grave”.
La diputada que asumió su banca este jueves, destaca que, la discusión que se dio en torno al debate de la Ley provocó la unión de diferentes sectores de distintos espacios políticos: “Está muy bueno lo que se fue armando alrededor del rechazo a esta reforma del Código con las organizaciones de derechos humanos, con los distintos bloques de la oposición y sobre todo las organizaciones sociales y políticas, dado que esta Ley va en sintonía con el gobierno nacional ultraderechista que es legalizar algo que ya se viene haciendo, que es la persecución y la criminalización”.
Ante la consulta si van a judicializar la Ley mediante la presentación de algún recurso legal, Trimarchi dijo que “sí, seguramente saldrá esa posibilidad, ligado a los organismos de derechos humanos que vamos a acompañar, pero creemos que lo más importante tiene que ver con la difusión que se puede hacer y el rechazo social, cuanto más masivo sea, menos aval político y social va a tener para poder ser aplicado”.