A propôsito de la iniciativa legislativa del ejecutivo, en cabeza del actual presidente de Colombia, por ante la Ministra del Interior y de Justicia y del Derecho, en el sentido de promover una reforma constitucional, con el fin de impdedir la conexidad de delitos de delincuencia comûn (secuestro y conductas relacionadas con el narcotrâfico), con el delito polîtico de rebeliôn, consideramos que, esta iniciativa debiô haber surgido de la propia izquierda, como una de sus banderas por la restauraciôn moral y democrâtica del paîs.
Desde ya es necesario manifestar que, el derecho a que tienen los pueblos de rebelarse contra la opresiôn, es un derecho de carâcter universal, reconocido en la carta constitutiva de la ONU Y EN LA DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS de la misma.
Mientras la extrema derecha, considera que no existe un conflicto civil y polîtico de carâcter militar, sino una amenaza terrorista, la derecha considera que si, por eso las negociaciones de paz. En lo que si coinciden es en adelantar una paz sin justicia social. Es ante todo una plutocracia santanderista.
Si bien es cierto, por cuestiones de ética polîtica y de dignidad, el delito de secuestro y los relacionados con el narcotrâfico, no deben guardar ninguna relaciôn con el delito polîtico de rebeliôn, llevado a cabo por los alzados en armas, también es cierto que, lo que se busca al parecer desde el punto de vista legal en materia penal, es declarar la retroactividad de una ley posterior en ese sentido e incidir en el proceso de paz ya finalizado y el que se adelanta actualmente con el prôscrito Ejército de Liberaciôn Nacional (Eln).
Si, las leyes rigen hacia el futuro como principio universal del derecho, queriendo esto decir que no tienen efectos retroactivos, sino en casos excepcionales, pero nos preguntamos, quiên la va a impedir al Centro Democrâtico y otros partidos polîticos, sacar adelante este propuesta legislativa ?
La extrema derecha y la derecha, tratan de esta manera desde el marco constitucional y legal, de incidir en las negociaciones de paz ya finalizadas formalmente entre el Estado y las otroras Farc-Ep.
Creemos que vendrân ajustes, por mâs que se haya depositado el acuerdo ante el gobierno suizo, con el pretexto jurîdico de ampararlo bajo los convenios de ginebra. Esto por iniciativa de un chapetôn español que fungiera de asesor jurîdico y, que no conociera la idiosincracia de la clase dirigente colombiana, para mamarle gallo a todo. Con tanto abogado suelto en Colombia y tenîan que haber fletado uno de España.
No olvidar que tiempo atrâs y, en relaciôn al proceso de paz que se adelantara entre el Estado y las Farc-Ep, se llevara acabo un plebiscito por el Si o por el No, respecto de lo acordado, con las consecuencias que esto traerîa.
No olvidar que el Centro Democrâtico, asî nos guste o no nos guste, es decir URIBE VELEZ, ganô esa consulta popular, con el No.
Creemos y estamos convencidos que, por razones de democracia directa, la izquierda debiô haber aceptado esa decisiôn del constituyente primario, asî no fuera la que se esperara y haberse apartado de esa lucha a muerte entre la burguesîa tradicional y/o emergente.
Creemos que el Centro Democrâtico, estaba en su derecho de haber incidido en sus propuestas, una vez ganara el plebiscito. Propuestas estas que a propôsito empiezan a adelantarse, con la reforma constitucional, que se radicara ante el congreso de la rex pûblica.
Creemos que una vez salga adelante esta propusta legislativa, lo que se viene posteriormente es, terminar los buenos oficios de la jurisdicciôn especial de paz. No habrân mâs aportes de los actores de la guerra, para seguir conociendo la verdad histôrica y aportes en consecuencia a la verdad procesal, menos de la intervenciôn de los terceros estratégicos que coadyuvaron la guerra.
Creemos igualmente que, continuarân con la extradiciôn de miembros de las Farc-Ep, de los que hicierton parte del secretariado, del estado mayor y de mandos de bloques, compañîas, frentes y hasta de escuadras. Las bases, ya lo han dicho, no es el problema.
Ahora bien, en relaciôn al proceso de paz que se adelanta con el Eln, pareciera que esta insurgencia, si ha venido entendiendo el momentus polîtico. Ha venido pronunciândose respecto de su accionar, por fuera del narcotrâfico, aunque todavîa falta respecto del secuestro, como expresiôn de conducta delictiva comûn.
En ese orden de ideas, la izquierda debe contribuir a legitimar la polîtica y, aûn mâs, en dignificar el accionar de los pueblos, cuando decidan levantarse en rebeliôn.
En fin, es cuestiôn de ética, es cuestiôn de dignidad y, es cuestiôn de legitimidad.
Desde Barranca-Lyon y con olor a petrôelo,
Luis Manuel CARRERO GOMEZ