Se firmó un convenio entre el Instituto Provincial de Aborígenes Santafesinos y el Ministerio de Salud. Recabarán datos específicos sobre poblaciones indígenas. Es para cerrar la brecha sanitaria con el resto de la población.
Convenio. Con la rúbrica del documento comienza una nueva etapa en la atención de la salud, que contempla un cambio paradigmático e inclusivo. Foto: Flavio Raina
El Instituto Provincial de Aborígenes Santafesinos (IPAS), que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, firmó un convenio con el Ministerio de Salud para establecer un marco general de cooperación y la incorporación del enfoque intercultural en los procesos de atención de la salud, adecuando los servicios a las características sociales y culturales de las comunidades aborígenes con las que interactúan cotidianamente.
La rúbrica, que se llevó adelante este martes en el Centre de Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe (Cemafe), contó con la presencia del ministro de Desarrollo Social, Jorge Alvarez; la ministra de Salud, Andrea Uboldi; y el representante de los pueblos originarios en el IPAS, Orlando Sánchez, entre otros.
El documento especifica la coordinación e integración de distintas acciones, innovando en la estrategia de atención primaria de la salud, dándole mayor relevancia a la participación del Consejo de IPAS, en tanto autoridad representativa, como así también a las comunidades indígenas, actores clave en el modo de concebir la política pública de trabajar en conjunto entre las áreas.
“Hay que comprender que es necesaria una readecuación de nuestros modelos de atención primaria de la salud”, reconoció durante el acto de firma del convenio la ministra Uboldi, quien luego ejemplificó cómo en la práctica ya llevaron adelante algunos casos de integración. “En Campo San José pensamos una atención de posta, a partir del Protomédico, luego la posta se materializó en un Centro de Salud, pero más allá del centro, la visita domiciliaria para estas comunidades es fundamental”, dijo la funcionaria.
También reconoció como importante que es necesario “trabajar con otras líneas que hacen a la salud, como pensar qué comemos y qué producimos, ó la planificación familiar respetando los conceptos que cada familia tiene, y pensar en agentes sanitarios que puedan surgir de la propia comunidad”, enumeró Uboldi.
Voceros de comunidad
En el mismo sentido, la ministra destacó la importancia de “ver cuál es el mejor modelo, para que el agente sanitario sea el vocero que acompañe al equipo para solucionar los diferente problemas de salud particulares, revalorizando lo ancestral, que tiene mucha riqueza y brinda soluciones muchas veces diferentes a las que planteamos nosotros”.
Para Sánchez, que es miembro de la comunidad aborigen de Guadalupe Norte, en el norte provincial, “el gobierno va entendiendo” sus necesidades en salud. “Queremos rescatar los valores y conocimientos ancestrales que tenemos los pueblos originarios, nuestras medicinas, las formas de alimentarnos”, dijo, y reforzó: “Tenemos medicinas milenarias que nuestros antepasados practicaban. Hoy vemos el cambio que hubo dentro de la ciencia médica, algunos cambios son buenos y otros nos juegan en contra, por eso queremos trabajar junto al gobierno en las políticas de salud”.
Y a su turno, el ministro Álvarez mencionó que “el objetivo es preservar la identidad cultural trabajando en la protección y promoción de derechos, y la salud en ello es vital”.
Involucrados
Para el gobierno provincial, la incorporación de la “variable étnica” es una herramienta relevante en la estrategia intercultural de salud. Permite recabar datos epidemiológicos de calidad sobre los pueblos originarios, lo que se transforma en un insumo clave tomar decisiones correctas, priorizando problemáticas y desarrollando acciones específicas.
Y es clave que la tarea se realice con el consentimiento y participación de los referentes de dichos pueblos originarios de la provincia, que firmaron el convenio, lo que garantiza el respeto a sus principios y facilita la confección del registro.
A su vez, esto desecha el viejo argumento de que la desagregación étnica va a contramano del derecho universal a la salud “sin distinción”, ya que justamente permite identificar la vulnerabilidad diferencial.