La denominada “Masacre Pilagá”, es decir, la matanza de centenares de miembros de ese pueblo en 1947 que es investigada desde 2012 como “delito de lesa humanidad”, podría tener este año su primera sentencia judicial, según la Federación de Comunidades Pilagá que es querellante en la causa penal y demandante en la civil.
Crédito de la imagen de portada: Fotografía publicada en el libro de Valeria Mapelman (2015), Octubre Pilagá. Memorias y archivos de la masacre de La Bomba, Buenos Aires: Tren En Movimiento Ediciones, tomada de El último alzamiento,Revista de Gendarmería Nacional (1992).
08/04/2019
Desde mediados de este año, la secretaría civil del Juzgado Federal N°1 de Formosa “estará en condiciones de dictar sentencia” en la demanda contra el Estado por “daños y perjuicios, lucro cesante, daño emergente y determinación de la verdad histórica” iniciada en 2006, que tiene como demandantes a la entidad y a tres particulares.
“Se abrió un plazo de 40 días para producir toda la prueba solicitada por las partes, entre ellas el testimonio de seis sobrevivientes y la investigadora Valeria Mapelman. Después solo queda la audiencia de verificación del 10 de mayo y ahí el juez ya estará en condiciones de dictar sentencia, lo que se debería producir antes de fin de año”, aseguró a Télam Paula Alvarado, la abogada de la Federación que agrupa a 20 comunidades.
Más rezagada quedó la causa penal tras la muerte del único imputado cuando estaba a punto de ser llevado a juicio, y la secretaría penal del mismo juzgado debe resolver ahora si hace lugar al pedido de dos de los tres querellantes -la Federación y el sobreviviente Julio Quiroga- para que se lleve adelante un “juicio de la verdad”.
Con la expresión “Masacre Pilagá” se conoce la represión llevada adelante por Gendarmería, la Fuerza Aérea y la Policía de Territorios Nacionales contra pilagás en el paraje La Bomba -próximo a la localidad formoseña de Las Lomitas-, entre el 10 y el 30 de octubre de 1947, que incluyó fusilamientos, desapariciones, torturas, violaciones, secuestro y trabajos forzados de cientos de personas, según la denuncia.
“Miles de personas de diferentes comunidades se habían juntado a escuchar a un sanador pilagá en La Bomba, llevando a sus enfermos, niños y ancianos”, explicó a Télam la documentalista e investigadora Valeria Mapelman.
La autora del documental “Octubre Pilagá” contó que esta reunión se prolongó por varios días, lo que comenzó a preocupar a las fuerzas de seguridad.
La reiterada negativa a abandonar el lugar “fue interpretada como un acto de rebeldía” y “se desató la represión”, comandada por el 18 Escuadrón de Gendarmería con asiento en Las Lomitas.
“Vinieron los milicos y empezaron a disparar. ¡Pobre gente! Cuando empezaron los tiros caían niños, mujeres, ancianos…”, testimonió el sobreviviente Ni’daciye.
Con “ráfagas de ametralladoras” se buscó dispersar una multitud armada solo con sus biblias, tras lo cual comenzó una persecución por el monte hasta con un avión de la Fuerza Aérea cuyo copiloto -Carlos Smachetti- fue el único imputado por tratarse del último sobreviviente entre los responsables materiales.
“Los que pudieron escapar lo hicieron en dirección hacia sus comunidades, que en algunos casos estaban a varios días de caminata. Pero muchos se fueron muriendo y los capturados con vida fueron llevados prisioneros a las colonias indígenas”, dijo el sobreviviente.
“Buscaban impartir el terror, pero además había un mandato según el cual esa gente debía ser civilizada y transformada en obreros que se origina en Roca”, agregó.
Aún hoy está en discusión el número de muertos, pero “si se tiene en cuenta que había miles de personas reunidas y que una ametralladora dispara 500 balas por minuto, tiene que haber sido un desastre”.
Los cuerpos fueron enterrados en fosas comunes, dos de las cuales fueron excavadas como “medida preliminar de prueba” y allí “se ubicaron 27 restos humanos”.
Para ambas, es fundamental que tanto en la causa penal como en la civil se reconozca que la represión no fue producto de efectivos actuando por motu proprio.
“Queremos demostrar que había una política de estado genocida hacia los pilagá”, dijo Alvarado.
“Hay algo que conspira contra este juicio que es el racismo, la falta de interés de algunos organismos de derechos humanos y el momento en que ocurrió, el primer peronismo “, concluyó Mapelman. (Télam)