El 24 de abril, la junta general de accionistas del consorcio ferroviario brasileño Rumo Logística, tuvo nuevos rostros inesperados: un grupo de cinco personas indígenas de las etnias guaraní y tupi que recientemente adquirieron seis acciones de la empresa.
10/05/2019
Estas tierras representan una de las cinco tierras indígenas oficialmente designadas en el estado de São Paulo, al sudeste del país, que fueron afectadas por un ferrocarril de carga de 90 años de antigüedad que Rumo opera y que empezó a expandir en 2014. Para compensar el impacto causado por la expansión ferroviaria, el Estado obligó contractualmente a la empresa a “construir nuevas casas, lugares para oraciones, un puente, jardines comunitarios y adquirir microtractores” para las comunidades. Cerca de 5000 personas viven en las cinco tierras indígenas impactadas por la expansión ferroviaria.
Pero los representantes indígenas dicen que la empresa no ha cumplido sus obligaciones, según un artículo de Folha de São Paulo. La Fiscalía Federal confirma que 63 de los 97 trabajos de renovación estipulados en el contrato de concesión están detenidos. El 19 de abril, los fiscales recomendaron que el Instituto Brasileño del Medioambiente (Ibama) que suspendiera inmediatamente la construcción del nuevo ferrocarril y también la licencia de operación de Rumo. También recomendaron a la agencia que multara a Rumo con 10 millones de reales (2.5 millones de dólares).
En una carta leída en la junta general del 24 de abril, los cinco accionistas indígenas detallaron sus dificultades. Describieron cómo los trenes han afectado la vida silvestre en la zona, y también la circulación de personas. Además, denunciaron su lucha para dialogar con Rumo, y también desacreditaron el más reciente Informe de Sostenibilidad de la Empresa, que afirma Rumo “cumple perfectamente sus obligaciones, en una manera participativa e inclusiva, con las comunidades indígenas afectadas”.
En conversación con el reportero Pedro Biava del diario Brasil de Fato, Adriano Karai, de etnia guaraní, dijo que el objetivo de los indígenas accionistas fue hacer que los inversionistas de la empresa escucharan sus voces más que ganar dinero por las acciones (que compraron por 17 reales cada una, cerca de 4.30 dólares).
Karai también describió cómo el recién ampliado ferrocarril ha afectado a su comunidad de Tenondé, ubicada en la ciudad de Paralheiros:
“Está el ruido del tren, que dura toda la noche. Los animales ya no aparecen en los lugares de caza. Ya no tenemos noches de calma. También transportan muchos granos que terminan derramados por el territorio, y sabemos que ese alimento no es de calidad, es transgénico. (…) Y acabamos conviviendo con el peligro: el tren pasa por nuestros territorios, donde acostumbramos a visitar las aldeas, por los rieles. Estamos en constante peligro de que un tren nos atropelle, porque ahora el tren pasa cada diez minutos”.
Según el artículo de Folha, las comunidades indígenas propusieron inicialmente a Rumo que subcontratara para los trabajos de renovación a un comité local administrado por las propias comunidades. Según la fiscalía, la empresa accedió en un comienzo, pero cambió su planteamiento después de la elección del presidente Jair Bolsonaro en octubre de 2018, que postuló con una plataforma explícitamente antiindígena. El 20 de noviembre, Rumo canceló repentinamente su participación en una reunión con las comunidades, y desde entonces no ha concurrido a ninguna reunión.
En diálogo con Folha, la empresa dijo que nunca suscribió acuerdo alguno con las comunidades indígenas de subcontrataciones para los trabajos de renovación con el comité.
La junta de accionistas del 24 de abril terminó sin acuerdos formales, pero los representantes de Rumo dijeron que los pedidos de los indígenas se analizarían en una reunión interna en mayo.
Activismo de los accionistas
Los guaraníes y los tupi no son los únicos que realizan “activismo de accionistas”, práctica no muy común en Brasil.
En 2010, el grupo Articulación de afectados por Vale, adquirió las acciones de la empresa para concurrir a sus juntas.
Vale es una de las mayores corporaciones mineras del mundo y opera la represa que se rompió en la ciudad de Brumadinho en enero de 2019, que causó la muerte de 236 personas y la desaparición de otras 34.
El 30 de abril, día de la junta general de accionistas, los miembros de Articulación colocaron afiches con los nombres de los fallecidos en los muros de la sede de Vale, como informó el diario O Globo.
Ahora que las voces de los activistas se escuchan en las juntas, las empresas están obligadas a registrar sus pedidos en sus actas. Carolina de Moura, integrante de Articulación y accionista de Vale, dijo a O Globo:
“No nos vamos a callar. La empresa debe invertir todo lo que gana en mejorar los ríos y preocuparse por las vidas humanas”.
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