A través de una nota, la federación pide que se convoque a las organizaciones de trabajadores de la salud para abrir de manera urgente un ámbito de diálogo social y encarar la situación del COVID-19 en el país, como así también la epidemia de dengue y sarampión.
La Internacional de Servicios Publicos, a la cual Fesprosa está afiliada, sostiene que la epidemia representa un riesgo laboral para las y los trabajadores del sector público que pueden estar expuestos al virus durante su trabajo.
Los años de recortes y financiación insuficiente de los sistemas de salud pública presentan un riesgo para la seguridad y la salud de quienes trabajan en el sector y sus familias en todo el mundo.
Por dicho motivo, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa) envió una nota al ministro de Salud, Ginés González García, a fines de solicitar que se convoque a las organizaciones de trabajadores de la salud para abrir de manera urgente un ámbito de diálogo social y encarar la situación del COVID-19 en el país, como así también la epidemia de dengue y sarampión.
Los brotes anteriores de enfermedades transmisibles y altamente infecciosas, han demostrado que los resultados de la salud pública mejoran significativamente cuando se respetan los derechos laborales y los sindicatos pueden representar eficazmente a sus trabajadores, especialmente a aquellos expuestos a la enfermedad.
Fesprosa es afiliada a la Internacional de Servicios Públicos, entidad que representa 7 millones de trabajadores de la salud, única reconocida por la OMS como interlocutora del diálogo social. En su reciente declaración, la ISP sostiene que es deber de los gobiernos no sólo brindar seguridad, protección e indicaciones precisas a los trabajadores de salud para enfrentar el brote actual de coronavirus, sino también promover ámbitos de diálogo social que permitan acciones eficaces y con el mínimo costo para trabajadores y usuarios.
Por su parte, la ISP insta a los gobiernos a:
• Reunirse con representantes de los sindicatos y, en particular, con los que representan a trabajadores que pueden estar expuestos al virus en su trabajo.
• Reconocer que el COVID-19 es una amenaza para la seguridad y la salud en el trabajo y que los gobiernos y empleadores deben respetar todas las obligaciones detalladas en los Convenios 155, 187 y 161 de la OIT, así como en las Recomendaciones 194, 197 y 171 de la OIT y el Protocolo del Convenio 155.
• Proporcionar equipo de protección personal (EPP) completo a cualquier trabajador/a que pueda entrar en contacto con personas infectadas o con cualquiera que provenga de una zona infectada y trabajadores que se desempeñen en zonas públicas o muy frecuentadas.
• Respetar el derecho de los trabajadores a optar por no trabajar cuando su salud y seguridad corran peligro.
• Garantizar que ningún trabajador, incluidos los del sector no estructurado, ocasionales o subcontratados, sufra pérdida de salario o condiciones durante cualquier período de cuarentena.
• Proporcionar información transparente y oportuna a los trabajadores y sus sindicatos sobre el número y la ubicación de las infecciones, y la información más actualizada sobre la enfermedad.
• Aumentar los fondos destinados a los servicios de salud pública.