Una mujer con cáncer avanzado (al parecer en ovarios) y metástasis y una nena de 15 años con un tercer parto y dos pérdidas, son ejemplos de un Sistema de Salud en donde según el mismo órgano de contralor de la provincia, la Auditoría General, se incumplen los objetivos de cuidado a las mujeres. Las más pobres y sobre todo las originarias del pueblo wichi se llevan, al parecer, la peor parte.
09/03/2020
La denuncia penal del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), contra el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal involucra una presunta falta de atención en el que se mezclaron malos tratos. Una mujer wichi con 32 años y cuatro hijos, terminó por hacer metástasis por el avance de un cáncer. La mujer había sido operada en 2018 y, según indicó el INADI en un comunicado, tras la intervención no tuvo control alguno para poder hacer un seguimiento. La mujer además consideró haber recibido “una atención discriminatoria, indigna y negligente”. Por lo que se pudo conocer al momento de hacer los análisis del caso en el Hospital San Bernardo de Salta Capital, ni siquiera contaba con historia clínica.
Al cruzar los pocos datos que se pudieron conocer, un informe de la Auditoría General de la Provincia (AGP), sobre el Hospital de Tartagal en 2016, sostiene que al menos esta institución de referencia para atender a las mujeres de las comunidades originarias, “no realiza la carga de las historias clínicas perinatales de todas las pacientes embarazadas, impidiendo su seguimiento para la mejora de la atención médica, no observando los principios del Plan de Salud Provincial establecidos en el Artículo 2º de la Ley Nº 6841”.
Si bien según explicaron algunos profesionales médicos, el cáncer de ovarios es más difícil de detectar, los datos de la auditoría denotan falta de controles necesarios para al menos prevenir el cáncer uterino.
Embarazos adolescentes
La situación de la niña de 15 años que tuvo su tercer parto el sábado, de los cuales un solo hijo nació vivo, apunta a la situación de embarazos adolescentes que presentan una tasa más alta en el norte salteño.
Del informe que se tomó surge que “según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las adolescentes de 15 a 19 años en todo el mundo. Las muertes perinatales son 50 por ciento más altas entre los bebes nacidos de madres de menos de 20 años que entre aquellos nacidos de madres entre 20 y 29 años. De los 817 casos registrados en el Sistema Informático Perinatal, se puede observar que el 26,8 % de los casos son menores adolescentes”.
La Ley Nº 25.673, Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación, adopta las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para prevenir el embarazo precoz.
Entre los objetivos enunciados se sostiene la necesidad de alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia; disminuir la morbimortalidad maternoinfantil; prevenir embarazos no deseados; promover la salud sexual de los adolescentes; contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, de vih/sida y patologías genital y mamarias.
También garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable; potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable.
Algunas personas que pertenecen al ámbito de militancia feminista y tienen contacto con las mujeres originarias contaron algunas experiencias generales de lo que se vive en el Hospital. Según esos relatos, la legislación se incumple.
Una de las cuestiones que no es exclusiva de Tartagal, pues sucede en otros hospitales, es la falta de acceso a la ligadura de trompas. En muchos casos la decisión de una mujer es obstaculizada por el personal médico que la atiende y sus percepciones.
Sucede lo contrario con la paciente atendida en una clínica privada que accede sin problemas. Se indicó que son contados los profesionales médicos que programan una cirugía para ligadura de trompas fuera del proceso de parto. Si la mujer no accedió a una cesárea porque no está indicada, pero de todos modos quiere hacer una ligadura tras el parto, su pedido no es tomado en cuenta.
Si la mujer es más joven (y a veces niña), la vulnerabilidad de su decisión crece. En su mayoría, los médicos se declaran objetores de conciencia para realizar una Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE), “a menos que sospechen que se trata de una violación”. Las sospechas indican que la conducta no es igual cuando se trata de la parte privada.
La discrecionalidad también queda expuesta al momento de ofrecer los métodos anticonceptivos a las niñas o adolescentes que fueron madres. También se suma la falta de stock de, por ejemplo, los implantes subdérmicos.
El PAP: entre la falta de prevención y la cuestión cultural
Como en todas las auditorías a los Hospitales de los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia, en donde se declaró la emergencia socio sanitaria, la deficiencia en los controles a través de las muestras de papanicolau son, al menos, preocupantes.
El informe sostiene que “el bajo porcentaje de toma de muestras (que provienen del PAP), no se corresponde con los principios de asegurar la plena, eficaz y eficiente utilización de los servicios y capacidad instalada, incrementando el riesgo de detección de anomalías, de forma inoportuna”.
El Hospital “no efectúa estudios de colposcopia, por cuanto no dispone del equipamiento necesario”. El Servicio de Tocoginecología “no cubrió en un 18,79%, las horas programadas para sus consultas externas, no observando el principio de eficacia en la utilización de los servicios y capacidad instalada”.
Se resaltó además que “la información estadística muestra que el total de mujeres en edad fértil y pacientes potenciales del área operativa es de 47.299 personas y, la cantidad de consultas por habitante en edad fértil, es de 0,12 consultas por habitante mujer en edad fértil en el año”. Para la AGP el índice denota “la insuficiencia de acciones de medicina preventiva por parte del Hospital, Servicio de Tocoginecología y Atención Primaria de la Salud”.
No obstante, quienes conocen la realidad de las mujeres originarias sostuvieron que poco acceden a este tipo de estudios en tanto los consideran demasiado invasivo. Incluso, aunque en algunos centros de Salud las invitan a realizar la práctica, “no vuelven” para acceder al análisis.
Afirmaron que si bien existe el esfuerzo de profesionales por llevar la prevención a las comunidades, la intención no es acompañada por una disposición instalada como política desde el Hospital.
Octorina Zamora, mujer wichi, indicó que existe en realidad “una falta de información al respecto” cuando se tratan de los controles para las mujeres. En el Hospital se termina tratando “lo urgente”, y no existe un programa que contenga esta asistencia. “No se trata de ir a una comunidad y traducir nomás. Se precisan hacer talleres. Si no está bien explicado también es violencia estatal”, opinó. En este punto afirmó que con todo lo que ya se sufre en las comunidades por el trato en el sistema de Salud “que vengan encima los médicos a tocarme se toma como una invasión más”.
Violencia institucional
“Sabemos del nivel de violencia institucional que hay en el día a día”, dijo la antropóloga e integrante del Grupo de Mujeres Originarias ARETEDE (de Tartagal), Leda Kantor a Salta 12.
En su análisis sostuvo que esto “no quiere decir que haya médicos dedicados”. El Hospital “forma parte de un sistema más general que vino a oprimir a los pueblos y quitarles su medicina”, afirmó. Se suman factores como el tecnicismo del lenguaje entre profesionales médicos y pacientes, además de la barrera del idioma para los originarios. La imposición de la hospitalización de los partos también fue una irrupción violenta, cuando el parto domiciliario era parte de su práctica.
En cuanto al parto hospitalario, se pudo conocer que depende del profesional médico que atendió, se da la posibilidad o no de que la familia originaria acceda a la placenta. Ello en tanto existe un ritual propio de las comunidades desde la obtención del tejido tras el parto.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/251850-las-mujeres-wichi-y-su-salud-en-riesgo