El año 2020 comenzó con más de una decena de niñes wichí que murieron por desnutrición, una de las imágenes más crudas de la situación actual de los pueblos indígenas en la Argentina. Así al mismo tiempo, la violencia patriarcal, machista y racista, los femicidios y transfemicidios ponen de relieve las opresiones que vivimos en tanto mujeres y disidencias, pobres e indígenas.
La represión y criminalización, en lugares como las comunidades mapuche que se enfrentan al megaproyecto Vaca Muerta, son parte también del racismo institucional en cuyo marco avanzan las políticas extractivistas. Sobre ese contexto de precariedad de la vida, bajo y difícil acceso a la salud pública (junto a la nula aplicación de políticas interculturales de salud), y pobreza estructural, avanza el riesgo del COVID-19, una nueva pandemia a la que deben enfrentarse nuestros territorios
MACRISMO Y DESPUÉS
Esta pandemia nos encuentra también en un momento de debilidad política, tras cuatro años de gobierno de Cambiemos. La situación dentro de las organizaciones indígenas pasa por un momento de dispersión, con organizaciones siempre muy ligadas y en parte dependientes de las estructuras estatales después de los gobiernos kirchneristas. Los espacios de mayor centralización que se conformaron a comienzos de la década pasada, a partir de hitos muy importantes como la marcha del bicentenario, hoy están desestructurados y la mayor parte de la construcción política está localizada de manera comunitaria. Y en general se multiplican las divisiones internas.
Algo similar ocurre hoy con la organización de la política indígena por parte del Estado. El Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina (CCPPIRA), con Félix Díaz a la cabeza, no logró tener ningún alcance político real. Creado durante el primer año de gobierno de Mauricio Macri finalmente no tuvo ninguna incidencia concreta, al igual que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que estuvo aún más desdibujado que en la época kirchnerista.
La política de Cambiemos fue la represión. Durante el gobierno de Macri recrudecieron las violaciones de derechos a los pueblos indígenas, proceso que muestra una profundización de políticas que ya se venían implementando durante el kirchnerismo y que, de hecho, fueron acompañadas por gobernadores hoy en el oficialismo. El punto más alto de dicho proceso fue el asesinato por parte de agentes del Estado de Santiago Maldonado y Rafael Nawel en el contexto de movilizaciones de comunidades mapuche. Del mismo modo, en dos ocasiones fue detenido Facundo Jones Huala para ser finalmente extraditado a Chile. También fue detenida Milagro Sala, apenas comenzada la gestión macrista en Nación y de Gerardo Morales en Jujuy, prisión política que aún se sostiene sobre fuertes componentes racistas y patriarcales.
COOPTACIÓN Y ASIMILACIÓN
A pesar de esa dispersión de coordinaciones indígenas a nivel plurinacional, no dejamos de observar la existencia de algunos hitos importantes, como fue la movilización contra el fin de la ley de relevamiento de tierras indígenas (ley 26.160 y su extensión) en 2018; la toma del Ministerio del Interior por parte del Movimiento de Mujeres Originarias por el Buen Vivir en 2019; y movilizaciones en el marco de los Encuentros Plurinacionales de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No binaries, en particular con la campaña #SomosPlurinacional de 2019. Del mismo modo son numerosas las recuperaciones, defensas de territorios y movilizaciones indígenas en el plano nacional que ocurrieron durante los últimos años.
La división de las organizaciones indígenas, su cooptación a través de políticas clientelares, y la represión y criminalización de las que no son cooptadas se encuentran en la raíz misma de la concepción del Estado argentino, y van más allá de una política puntual de algún gobierno nacional o provincial, quienes en esencia coinciden en sus políticas (como las extractivistas, por solo poner un ejemplo). Tiene que ver con un Estado que históricamente se ha concebido como monoétnico, negando la plurinacionalidad presente en sus territorios, al mismo tiempo que desconoce los derechos de los pueblos indígenas y su autonomía. Dilucidar este aspecto es imprescindible para explicar, comunicar, formar y, en definitiva, seguir construyendo una estrategia que articuld a las y los trabajadores indígenas y el sector que aún vive y trabaja en sus tierras.
LA SITUACIÓN EN LA NACIÓN DIAGUITA
La Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Tucumán (UPNDT) es la histórica organización que nuclea a las más de 15 comunidades indígenas de Tucumán (en algún momento incluso fue interprovincial). Ésta se fracturó en los comienzos de la gestión nacional del macrismo, de manera simultánea y por el mismo motivo en que se constituyó el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina (CCPPIRA). Un dato local que corrobora esta hipótesis es el acercamiento de la entonces Cacica de la Comunidad Indígena El Mollar, Margarita Mamaní, al “Consejo Consultivo”, luego de haber roto con la UPNDT meses antes. El impulso rupturista se trasladó dentro de “la Unión” motorizada por las Comunidades del Valle de Tafí y Solcos Yampa, esta última con fuertes vínculos con la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y cuyo referente hizo campaña por José Alperovich (peronismo) a la gobernación en 2019. El sector disidente disputa la representación de la UPNDT y colabora lamentablemente en dividir las representaciones de las comunidades, sin que el sector mayoritario e histórico tenga hoy una política activa para evitarlo. Si bien el debate no se desarrolló a fondo, podría haberse planteado la dicotomía entre el desarrollo de una organización centrada en sus representaciones burocráticas, tal como fue institucionalizada, o en reorganizar la UPNDT a través de una construcción de poder diaguita con el concurso de las bases comunitarias. Las/os referentes diaguitas parecen no advertir que la crisis profundizada por el COVID-19 cambió de manera diametral el contexto mundial, que su resolución aún parece lejana y que está impactando diariamente en los territorios. Sin embargo, algunas de las acciones llevadas adelante por algunas comunidades pueden ser gérmenes de otras lógicas.
EL “CONTROL DE LOS TERRITORIOS” Y LA TENSIÓN CON EL ESTADO
Después de varios intentos y conflictos evidentes, el 2 de mayo se llevó a cabo una anunciada represión a un sector de la comunidad indígena de El Mollar (Valle de Tafi, provincia de Tucumán), mientras se estaba realizando un corte selectivo en la ruta 307, para preservar al pueblo de la epidemia y evitar el ingreso de turistas. Ante la misma nos solidarizamos con la comunidad y repudiamos la represión, llevada a cabo por el juez Mario Velázquez con antecedentes contra la Comunidad de Quilmes ya que en el año 2015 dictó la prisión preventiva al Cacique Francisco Chaile. No es nuevo que las fuerzas del Estado repriman los reclamos de los pueblos indígenas, como de igual manera lo hacen controlando, hostigando y reprimiendo a los distintos sectores de la clase trabajadora.
Es por este motivo que, si bien nos solidarizamos activamente con la comunera Margarita Hortensia Mamaní, no podemos dejar de observar algunos desaciertos que tanto sus planteos como el del resto de las Comunidades Indígenas de Tucumán sostuvieron desde el principio de la emergencia. Que el Estado controle nuestros territorios, es decir delegar en el Estado el poder de policía, echa por tierra una cuestión largamente reivindicada desde nuestra postura en las últimas décadas en base al principio de autonomía: son los Pueblos Indígenas quienes deben estar a cargo de sus propios territorios. Teniendo en cuenta el Principio de Consulta y Participación, en el marco de la actual crisis y emergencia por el COVID-19, el Estado debe consultar, articular, para prevenir el impacto de la pandemia en todos los territorios indígenas de la Argentina con el concurso y participación de las Organizaciones de Pueblos Indígenas respectivas.
La anunciada represión en La Angostura/El Mollar desnuda a un Estado que busca preservar a quienes hegemonizan sus decisiones y medran de este, sus clases dirigentes, la burguesía, sus castas burocráticas estatales, judiciales, políticas, sus terratenientes. Los pueblos indígenas de la zona hoy sufren dos embates simultáneamente: la psicosis generada por los medios hegemónicos respecto de la alerta y no previsión sobre el manejo de la pandemia; y la de larga data, la disputa territorial -en este caso-, por las clases dirigentes que tienen sus casas de veraneos fundamentalmente en Tafí del Valle.
El corte en Tucumán sobre la subida a los cerros no es el único, se suma a otros como el de Tolombón en la misma provincia y el de la comunidad Aconquija en Catamarca. Más allá de las críticas que se puedan hacer a estas medidas, son un emergente a varios factores que se conjugan. La posición pública de la comunidad indígena de El Mollar (dentro de la UPNDT, o sea otro sector al que lleva el corte) es realmente preocupante, igualando la represión estatal a la denuncia de la disputa interna que hoy tienen con el sector de Mamaní y pidiendo la intervención de la justicia en estos asuntos. Nada bueno puede salir de allí. El “comité de emergencia” convocado tras la represión y detención de tres integrantes de la comunidad no puede constituirse sin la libertad y no judicialización de éstos.
En otras comunidades como Amaicha del Valle, las gestiones de las autoridades locales se apoyan sin dudar en la gendarmería, la criminalización y una notable falta de respuestas reales a las problemáticas de la crisis sanitaria.
EL DÍA DESPUÉS DE LA PANDEMIA LO CONSTRUIMOS AHORA
Afirmamos que las medidas de aislamiento comunitario adoptadas por algunas comunidades demuestran la importancia de la recuperación de ese tipo de organización e invitan a postular la reconstrucción de una democracia directa cuyo eje central sean los y las comuneras.
Cuestionamos que el control territorial no puede sostenerse con la policía y organizarse mediante el poder político capitalista y colonial. La autonomía de las comunidades no es aislamiento, pero debe superar la instancia declamativa y las cuarentenas comunitarias son un germen en ese camino. Independientemente de estas decisiones comunitarias, exigimos la plena vigencia de la Ley 26.160 de relevamiento que, entre otra cosas, prohíbe los desalojos de nuestras comunidades. Más allá de los discursos legalistas, creemos que el relevamiento y la titulación comunitaria, es un paso fundamental para construir nuestra autonomía. Al mismo tiempo tenemos que avanzar en la recuperación territorial y sostenemos que hay que promover la propiedad comunitaria de los territorios que los pueblos originarios reivindicados como propios.
En ese camino, también demandamos el fortalecimiento de los sistemas de salud pública mediante inversión urgente y prioritaria en el sistema público. Al respecto, reconocemos la relevancia de la acción estatal, pero señalamos que, al momento de intervenir sanitariamente sobre nuestros territorios, es necesario que se tengan en cuenta nuestros saberes y tipos de organización, avanzando hacia una efectiva política de salud intercultural.
Reclamamos el total cumplimiento del concebido “respeto y aplicación efectiva de los Derechos de los Pueblos Originarios reconocidos legalmente”, que si bien en los papeles tampoco cumple todas las expectativas, en la práctica mayormente no se concreta.
Es muy necesaria la militancia consecuente y la relación permanente con grupos no indígenas. Cuestionamos a quienes plantean que no debemos aceptar colaboraciones o tildar a residentes o técnicas/os como contrarios a los intereses de la comunidad. Sostenemos, sin embargo, que si ocurre que muchas veces se suplen debates y definiciones que tienen que darse en los ámbitos comunitarios por engañosos debates “técnicos” pero mayormente porque no tomamos el lugar político las mismas comunidades.
Finalmente, cuestionamos los planteos de organizaciones como el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO) que afirman que las comunidades definimos y los “blancos” acompañan. Esa sería una falsa dicotomía que lleva a un (supuesto) planteo radical, de organizaciones que curiosamente son sostenidas en parte por el aparato estatal argentino y asumen como propio un planteo político capitalista como el del actual gobierno nacional que parecería contrario a la política y cosmovisión indígena.
LA UNIDAD LATINOAMERICANA
Reafirmamos la solidaridad con las luchas de los pueblos indígenas del territorio que hoy se conoce como Argentina y Latinoamérica. Apostamos por construir a nivel regional con espacios similares a los que confluyeron en el “Llamamiento de los pueblos originarios, afrodescendientes y las organizaciones populares de América Latina” que se publicó a comienzos de abril.
Allí nos reconocimos como “las organizaciones del pueblo, obreras, campesinas, de pueblos originarios, feministas, afrodescendientes, piqueteras, de pobladoras/es, las que estamos poniendo el cuerpo, la cabeza y el corazón en desarrollar respuestas inmediatas, pero también a proyectar una salida a esta crisis que no sea una vuelta atrás a la normalidad capitalista, sino un camino hacia una sociedad mejor”. Y postulamos que “ello será posible si tomamos lo mejor de nosotrxs como pueblos, los lazos comunitarios y de unidad popular, territorial y regional, que alimentemos durante esta batalla, serán parte del tejido que construya los horizontes de transformación en Abya Yala”. Reivindicamos el esfuerzo político que sostiene ese documento que, si bien no es un programa, propone acuerdos importantes entre movimientos que con diferentes trayectorias desde bastante tiempo, hoy no están en el poder y tienen autonomía con respecto los distintos gobiernos latinoamericanos.
En ese documento llamamos al fortalecimiento del cerco sanitario y asistencia humanitaria con garantía de soberanía de los territorios a pueblos originarios, nacionalidades indígenas y afros. Del mismo modo, reivindicamos nuestro propio gobierno y nuestros sistemas para la pervivencia territorial y cultural. Además, de exigir la prohibición de desalojos y acciones que violen la soberanía de los pueblos indígenas.
Sostenemos que hay que convocar a una asamblea permanente de los Pueblos Originarios en Lucha. Creemos imprescindible que una nueva camada de jóvenes tome la posta de un movimiento indígena cuyos actuales liderazgos se cristalizaron a mediados de la década de 1990. Al respecto, debemos articular las vivencias comunitarias de nuestros lugares de orígenes con la vida en las barriadas de la ciudad y las realidades económicas, sociales y culturales de esos contextos. Con un eje puesto en lxs jóvenes migrantes a las ciudades para que no pierdan relación e identidad con sus comunidades de origen.
Si pretendemos un horizonte emancipatorio estas tareas no pueden estar desprendidas de otras perspectivas y luchas. Debemos ir delineando un movimiento indígena anticapitalista, por el socialismo desde abajo, que se nutra del feminismo plurinacional y los abordajes del ecosocialismo, como condición para que quede mundo por transformar.
Primera Edición
Pandemia de Mayo de 2020
Impreso en Argentina / Printed in Argentina
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