A 150 días del aislamiento obligatorio
Mario Hernandez
Entrevistamos a docentes suplentes de CABA, trabajadores del Garrahan, de Trento, de la cultura, de Vicentín. En el 3° Foro contra la deuda hablaron les trabajadores. El análisis de Eduardo Lucita
Trabajo para todos los y las docentes en CABA
Entrevista a Tamara de Docentes suplentes CABA-Metrópolis-FM La Boca (90.1)-Ma. de 21:00 a 22:00
M.H.: Tamara es docente de la Ciudad de Buenos Aires. Solemos hacer una columna con la también docente, Laura Marrone, los días martes, la semana pasada ella nos había dejado picando un tema que es la situación que sufren los maestros de la CABA que son suplentes y que en este momento se encuentran en una situación de falta de trabajo ya que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dio de baja una Resolución que le permitía a los maestros preservar sus puestos de trabajo. Tengo entendido que hubo un acto público para 22 puestos de trabajo y se presentaron 222 postulantes.
T.: Es tal cual lo decís. Los maestros y maestras suplentes en la CABA siempre tenemos complicaciones pero en general lo que sucede es que hay emergencia educativa, por lo cual el gobierno de la Ciudad lo que siempre hace es estar en emergencia y las maestras y maestros suplentes tenemos trabajo permanentemente porque como faltan maestros frente a las aulas siempre conseguís.
Nosotros somos empleados permanentes del gobierno de la Ciudad. Y cuando hablamos de maestras suplentes, hablamos de maestras que muchas veces llevamos muchos años en nuestros cargos, porque muchas veces las docentes titulares se piden tareas pasivas, a veces están en cargos de mayor jerarquía, o sea, que van a cargos de secretaría o direcciones o vice direcciones, entonces cuando hablamos de maestras suplentes hablamos de maestras que estamos durante años en cargos. No es la maestra suplente que viene una semana y se va. Hay mucha confusión de cuál es el rol de la maestra suplente.
M.H.: En CABA hay déficit de docentes, incluso tengo entendido que hay jóvenes que han cumplido el 75% de su carrera docente y están al frente de cursos.
T.: Eso está relacionado con que siempre hay una emergencia educativa por lo tanto las y los estudiantes pueden acceder a un cargo de maestros porque siempre están faltando maestros frente a las aulas. Es permanente. Por eso si sos maestra y tomás un cargo de suplente y se te termina, vas a tu distrito y tomás otro porque todo el tiempo se está en emergencia.
M.H.: ¿Y ahora qué está pasando con esa situación?
T.: Al haber trabajo remoto, desde las casas, hay compañeras que no se pueden pedir tareas pasivas porque el Rawson que es el hospital que te firma la licencia no está atendiendo. Hay muchas licencias o cambios de tareas que no se piden por esa cuestión, entonces se pierden un montón de cargos que podrían salir a concurso y no salen.
Después está la cuestión de que las licencias cortas la gente no necesita pedírselas porque está en su casa, entonces si tenés un hijo enfermo de varicela, por ejemplo, que genera una licencia de un mes, no te pedís la licencia. O las licencias por paternidad.
M.H.: O sea que ustedes si no trabajan no cobran.
T.: Nosotros más allá de ser empleados de la Ciudad porque permanentemente estamos empleadas y empleados por el gobierno de la Ciudad, si no trabajamos no cobramos.
En este momento hay cientos de compañeros de primaria que estamos en esa situación porque nos sumamos los que nos cesaron el 31/7 que veníamos amparados desde marzo por la Resolución; más los que en marzo no pudieron tomar un cargo, entonces todo este tiempo que no hubo actos públicos, no pudieron acceder a ningún trabajo, o sea, que desde marzo están sin trabajo. No hubo actos públicos. Todo ese tiempo perdieron la Obra social, porque al no estar trabajando se les dio de baja.
Es un conflicto enorme, además ahora, otra cosa que se avecina, es que los maestros y maestras de materias especiales curriculares (Educación física, Inglés, Música, etc.) tuvieron un acto público y la toma de posesión de los nuevos titulares se va a hacer recién mañana, entonces todos esos maestros y maestras curriculares que venían trabajando y no habían cesado, seguían cobrando y estando en las escuelas, van a empezar a cesar a partir de mañana.
Esos maestros también se van a quedar sin trabajo. Así que a los cientos de maestros de primaria y media que veníamos estando en este conflicto sin trabajo se nos van a sumar todos los curriculares.
M.H.: El lunes pasado hubo una movilización del Obelisco a la Legislatura porteña por parte de trabajadores y trabajadoras de la educación que sufren esta situación. ¿Cuáles son las reivindicaciones puntuales que ustedes plantean frente a esta situación que acabás de describir?
T.: Trabajo para todos los y las docentes, transparencia en los actos públicos y fiscalización docente de los mismos y $ 32.500 de salario para todos los docentes. Esas son nuestras consignas puntuales.
El domingo el ministro de Educación, Nicolás Trotta, negó enfáticamente la posibilidad de que vuelvan las clases presenciales para los más de 5.000 alumnos que no pudieron ser parte del proceso de educación a distancia en medio de la pandemia del coronavirus, según las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, ya que no estarían dadas las condiciones epidemiológicas.
También se pronunció en el mismo sentido la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) señalando que la decisión programada para el 7 de setiembre “arriesgará la vida de docentes, estudiantes y la comunidad educativa”. Al respecto, el ex ministro de Educación de la administración macrista, Alejandro Finocchiario, planteó a través de su cuenta de twiter: “Les vagues de CTERA no quieren que vuelvan las clases”.
Los docentes respondieron a través de un comunicado: “Por todo el esfuerzo que estamos haciendo la docencia y las organizaciones sindicales en este contexto de pandemia nadie puede tratarnos de ‘vague’”.
Docentes agrupados en la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH) iniciaron la tercera semana consecutiva de Paro de Actividades. Dicha medida de fuerza continúa desde el 27 de julio que se reinició el ciclo lectivo, tras el receso de invierno.
El Secretario General del gremio, Santiago Goodman, afirmó que las medidas de fuerza se mantendrán ¨hasta que se regularice el pago de sueldos, aguinaldo y el incentivo¨. Además agregó: ¨No se cobró junio ni hay novedades sobre el pago del medio aguinaldo. Incluso, en muchos casos, todavía se adeuda el pago de aumentos de cláusulas gatillo acordadas¨, sobre la deuda del Gobierno de Chubut con el sector educativo.
Además como manera de visibilizar en este contexto el reclamo y la lucha constante, se llevó a cabo un ¨twittazo¨ con la consigna #ChubutNoEsDelito mediante la red social Twitter y a su vez rechazar la criminalización de la protesta y la movilización popular.
La semana pasada se realizó un paro docente en Chaco en reclamo del pago de la diferencia entre salarios y la inflación acumulada en el primer semestre del año, impulsado por el Frente Gremial Docente de Chaco, integrado por la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chaco (ATECh), la Federación Sitech, Utre Ctera, Sadop, Setproch y Ugrebi. “La medida gremial abarca la totalidad de las actividades: dictado de las clases virtuales, envío de tareas a los alumnos y las jornadas institucionales que determinan desde la cartera educativa para toda la semana”, detalló Rosa Petrovich, titular de ATECh.
En tanto, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) inició también una semana de paro para reclamar por demoras en el pago de salarios, que comenzarán a saldarse con un primer tramo a partir de un cronograma definido por el Gobierno local, y que el sindicato rechaza.
Los docentes de escuelas públicas y privadas de Santa Fe iniciaron el martes 11 y concluyó el miércoles un paro virtual por 48 horas, que se repetirá esta semana entre el 19 y 20 de agosto, en rechazo al bono de 3.000 pesos otorgado por el Gobierno provincial y en reclamo de un aumento salarial «en blanco para activos y jubilados».
Además de los docentes públicos, llevarán adelante medidas de fuerza los afiliados al Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) y de la Unión Docentes Argentinos (UDA), que articularán medidas con el gremio de maestros de escuelas públicas.
Entrevista a Carlos Zamboni asesor legal del sindicato de Aceiteros y desmotadores. ¿Sin salida?-FM La Boca (90.1)-Ma. de 20:00 a 21:00
Nos preocupa la suerte que puedan correr los puestos de trabajo y que el Estado renuncie a intervenir en una actividad clave
M.H.: Quisiera consultarte acerca del Decreto de necesidad y urgencia del Presidente de la Nación, abandonando la idea de la estatización de Vicentín.
C.Z.: Nos trae preocupación por varios motivos, el primero y principal es por la suerte que puedan correr las fuentes de trabajo de los y las compañeras tanto de Reconquista, como de San Lorenzo al lado de Rosario.
Vicentín, la empresa concursada, tiene entre 2.000/3.000 trabajadores directos del grupo Vicentín en su conjunto como grupo económico junto con Algodonera Avellaneda que ahora está en conflicto hace más de un mes y el resto son más de 10.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Es una empresa que está en un estado virtual de quiebra, porque no puede responder a sus deudas con su capital, con sus establecimientos, con los “fierros” que tiene adentro de las fábricas. Entonces lo que en un principio, a partir del primer decreto y el discurso del Presidente generaba un poco de tranquilidad en las familias de los trabajadores, hoy esa tranquilidad se convierte en una incertidumbre sobre el futuro que los preocupa.
Y por otro lado también estamos preocupados porque implica una marcha atrás en una política del país como Estado de intervención en la economía en la principal actividad económica que tiene la Argentina hace un tiempo ya, y que queda en manos privadas, en la que el Estado renuncia a la idea de intervenir en la economía, sobre todo en esta etapa de crisis que está atravesando el mundo.
M.H.: ¿Por qué creés vos que tomó esta decisión Alberto Fernández?
C.Z.: La verdad es que no lo sé, se puede especular o pensar algunas cosas pero no sé qué pasará por su cabeza. Si uno lee los considerandos del decreto donde da marcha atrás, seguramente la cuestión de fondo, de cuál es la situación de la empresa, de no hacerse cargo una vez más de la deuda y que no aparezca ese Estado zonzo al que tanto nos hemos acostumbrado que se hace cargo de las empresas una vez que están quebradas.
Puede haber algo de eso pero, por otro lado, lo que me preocupa es que ante una pequeña expresión de desacuerdo de sectores que sabemos que van a estar siempre en contra de cualquier medida que sea a favor de la sociedad en general, del pueblo, como uno quiera mencionarlo, dé marcha atrás.
Esperemos que no sea esa la causa sino que haya causales que tengan que ver con no hacerse cargo de la deuda. Pero la realidad es que tomó dos decisiones, una fue intervenir y la otra dar marcha atrás de esos proyectos de expropiación que no llegaron a presentarse y que no son una buena señal para los trabajadores.
Serán una buena señal para los grupos que fugan divisas hacia afuera. Veremos cómo se van sucediendo los hechos, esperemos que el Estado no cese en su intención de saber qué pasó con la plata de todos los argentinos que desapareció en unos meses y fueron prestados por el Banco Nación durante el gobierno del ex Presidente Macri.
En la mañana del 11 de agosto, la Sociedad Rural de Reconquista reunió a representantes patronales y políticos ultraconservadores del norte de Santa Fe para renovar su apoyo a los titulares del grupo Vicentín en su lucha por no aumentarle los salarios de hambre -de entre 20 y 25.000 pesos que además, tampoco está pagando- a las trabajadoras y los trabajadores de la Algodonera Avellaneda.
El objetivo de la reunión fue ejercer lobby sobre el ministro de Trabajo de la Provincia de Santa Fe, Roberto Sukerman, quien tras la última audiencia fallida en la sede de la cartera laboral en Reconquista, sugirió que podría utilizar la fuerza pública para asegurar la presencia de los directivos en la siguiente cita, la séptima, convocada para la mañana del miércoles 12.
Los directivos llevan una inasistencia perfecta de seis ausencias sobre seis audiencias, bajo el argumento de que no están de acuerdo con el gremio al que eligieron afiliarse las obreras y obreros de la Algodonera que tras años de estar dentro del sindicato local de textiles, al sentirse abandonados en el reclamo por aumento salarial que comenzó en febrero y pasó a una medida de fuerza total desde principios de junio, se afiliaron masivamente al Sindicato de Aceiteros y Desmotadores de Reconquista.
El titular de la cartera laboral también planteó, tras la fallida cita del miércoles pasado, que el grupo Vicentín no tiene ninguna injerencia sobre a qué sindicato eligen afiliarse los trabajadores de ninguna de sus empresas, y que no puede escudarse en que dicha elección les genera disgusto como argumento para faltar a las audiencias del Ministerio.
A días de publicado el DNU donde el Gobierno anunció que daba de baja su intento de “expropiar” Vicentín, continúan las protestas de los trabajadores de la Algodonera Avellaneda. Esta vez, los empleados de la empresa que forma parte del grupo Vicentín se movilizaron frente a la casa de Alberto Padoan, una de las cabezas de la cerealera santafesina, para reclamar el pago adeudado de sus salarios.
El reclamo es mayor que la nómina salarial. La gran preocupación está dada porque la compañía amenaza con cerrar la unidad productiva y dejar sin trabajo a 430 personas, en un momento en que el conflicto va en escalada y podría extenderse a otras unidades del grupo de negocios, que según la Federación de Cooperativas Agro Alimentarias “está funcionando sólo al 20%”.
La marcha atrás del Gobierno sobre Vicentín generó sorpresa en algunos sectores que veían con ilusión la intervención del Estado en una situación que se ha vuelto inmanejable para los acreedores. Si bien era sabido que la decisión política molestaría a algunos sectores, no creían que ese “poder” se impusiera de tal modo e hiciera tambalear los 7.000 puestos de trabajo que dependen de la cerealera.
“El Gobierno venía pagando una parte de los sueldos con el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción pero la empresa no completó su parte. Y ahora, en medio de esta situación legal tan compleja, el ATP no fue solicitado y no cobraron nada.
Desde la empresa plantean que es una discusión de encuadramiento sindical entre textiles y aceiteros, pero por parte de los trabajadores sostienen que es un argumento para «desviar el foco de la cuestión». Carlos Zamboni, abogado de la Federación Aceitera, afirmó además que probablemente se extienda a otras unidades productivas”.
También los cooperativistas se plegaron a esta situación y señalaron que “estamos en el peor momento de Vicentín. No vemos ningún horizonte ni ninguna posibilidad cierta de poder cobrar ni siquiera una parte, lo que genera una crisis muy importante para muchos acopios, cooperativas, productores del interior del país”, por lo que la conflictiva situación parece acrecentarse hacia los próximos días.
Entrevista a Raquel Leyra, Del. Gral. Junta Interna ATE Garrahan, ¿Sin salida?-FM La Boca (90.1)-Ma. de 20:00 a 21:00
En el Garrahan estamos peor que cuando empezó la pandemia
M.H.: La situación del Garrahan no ha mejorado, el pasado jueves se realizó una conferencia de prensa donde se denunció que hay más de 200 trabajadores con Covid 19. Hace dos meses atrás usted misma había alertado de esta situación y lo grave que es esto porque estamos hablando del principal hospital de Latinoamérica con un laboratorio de virología propio. Pero sin embargo siguen sin hacer testeos.
R.: Estamos peor que cuando empezó la pandemia. Porque los pacientes que ingresan con problemas respiratorios o alguna otra patología son sospechosos de Covid, y muchos tienen Covid positivo y son ellos los que contagian a los trabajadores. Encima todavía estamos pidiendo los elementos de protección personal.
Algunas cosas mejoraron, pero muy pocas y en la primer sala de Covid, como hubo una medida de fuerza se les dio lo que pedían los y las compañeras de Enfermería que era un vestuario con duchas, que se pudieran cambiar ahí, ambos que se los diera el hospital y que se laven ahí, para no llevarlo a la casa y evitar la propagación del virus.
En esa sala se consiguieron algunas cosas a favor como, por ejemplo la enfermera circulante, dividir la sala en dos, un lugar limpio y un lugar sucio. Y que se trabaje de la forma que se tiene que trabajar, que haya una enfermera circulante significa que está en la parte limpia y que puede tocar la superficie, alcanzar la medicación, tocar la heladera o ayudar a vestir a la enfermera que va a entrar a la habitación. Una vez que entra a la habitación ya está contaminada porque está la madre o el padre y el niño que son positivos. Al estar contaminada no puede salir sino que tiene que haber alguien que le vaya alcanzando las cosas.
Eso en las otras salas de Covid que se abrieron no se pudo lograr porque pusieron enfermeras nuevas contratadas. Nosotros tenemos un déficit de enfermeras desde el año pasado, no tomaron la cantidad que tenían que tomar.
M.H.: Un 30% de déficit en Enfermería tengo entendido.
R.: Y más también, porque el año pasado se jubilaron 125 enfermeras y enfermeros. Esas personas no fueron reemplazadas. En octubre del año pasado se hizo un concurso en el que quedaron 200 enfermeras de las cuales no llamaron a ninguna. O sea, el Garrahan, el mejor hospital de Latinoamérica, se dio el lujo de rechazar a 200 enfermeras en octubre del año pasado, que podrían haber hecho prevención y esas enfermeras estarían hoy trabajando con toda la educación y preparación que se necesita para trabajar con pacientes con Covid y las patologías que se tiene en el hospital.
El macrismo entregó el Consejo de administración recién a fines de enero y todavía nadie había llamado a concurso, así que tuvieron tiempo de llamar a un concurso para Enfermería y no lo hicieron. Entonces estamos en pleno pico de pandemia con el personal que está trabajando que es muy poco y los que están trabajando en Enfermería son muy pocos y no solo tenemos las salas de Covid, sino que están los sectores con pacientes críticos. Porque en este hospital todos los pacientes son críticos.
Entonces una enfermera tiene que tomar 7 pacientes y las otras tres 6. No tendría que ser así. Se está trabajando mal porque no hay enfermeras. Hay mucho personal con enfermedades de riesgo que no pueden trabajar y en las salas de Covid hay enfermeras nuevas contratadas que encima de que no les han puesto un ambiente seguro para evitar los contagios y la propagación del virus, porque no hay duchas como en la sala en la que se hizo la medida de fuerza, no hay los suficientes materiales, ni en calidad ni en cantidad.
Regatean el barbijo N95, ahora tenemos un problema con unos que son KN95 que es una partida china que no está certificada y no se adapta a la cara, porque está hecha para la fisonomía oriental. No es como el N95 que conocemos que se adapta a la cara. Y así estamos peleando por las antiparras, por las anteojeras, por el camisolín y los repelentes, por las botas de plástico por si se cae algún fluido del niño no se mojen los zapatos ni la piel de los enfermeros o médicos.
Y estamos peor que antes porque ahora hay 209 enfermeros y enfermeras y personal médico contagiados con Covid 19. Entonces se tiene que llamar a que hagan módulos, a auto explotarse, a estar más expuestos a la propagación del virus.
M.H.: A cinco meses. Pero de esto no se habla, ni el ministro de Salud, ni Larreta ni el Presidente de la Nación.
R.: Claro, ellos no hablan de que los enfermeros no somos profesionales, que no estamos incluidos en la Ley 6035, Tampoco hablan de que no hemos tenido aumentos ni paritarias.
M.H.: Ese es otro tema que quería conversar contigo.
R.: Y es más, el gremio de UPCN que es uno de los gremios más grandes de trabajadores estatales a nivel nacional, se ha juntado con la UIA y otros gremios para plantear la rebaja salarial que la UIA está pidiendo. Más traidores no pueden ser. Encima tenemos esta burocracia sindical que están en sus casas, en sus mansiones, porque no son asalariados como nosotros, ellos son ricos. Se manejan con custodia. Entonces ellos hace 30/40 años que no van a trabajar, están en el gremio nacional, sin trabajar y no saben lo que está padeciendo el trabajador que está en la línea de combate.
Los hospitales están siendo desde hace años abandonados, se vienen abajo. Nadie invirtió en los hospitales. Nadie invirtió en salud, en comprar elementos, insumos, aparatos para que los hospitales públicos funcionen como deberían. Y encima no hay enfermeras, porque no estudian tanta cantidad de personas la carrera de Enfermería porque es un trabajo muy pesado, donde no somos calificados y quién quiere estudiar una carrera así cuando no va a estar bien remunerado, bien tratado, existen todas las condiciones para que no se reciban ni se inserten en el mercado laboral. Esto es a nivel mundial, pero en los países pobres como Latinoamérica, se nota más.
M.H.: Nosotros estamos haciendo el esfuerzo de reflejar la situación de los trabajadores tanto de la salud como también la de los ferroviarios, los empleados de comercio.
R.: Los trabajadores en general la estamos pasando mal, porque los alimentos aumentan todos los días. El que no va al supermercado no se entera. Pero esto es así y aumentan al cien por cien los productos que necesita una persona para estar sana, lo que necesita un niño para estar sano.
A la burguesía nacional, a los ricos de nuestro país esto no les preocupa porque ellos en sus mansiones ordenan que se abran las fábricas y presionan para que se abran los comercios y no les importa si los trabajadores pueden salir, tienen que salir a trabajar de cualquier cosa, porque ha habido cientos de miles de despidos. Entonces hay muchos más pobres, que trabajan por menos plata por día, porque al haber un ejército de desocupados se hace más fácil bajar los sueldos, porque hay un ejército afuera de más desocupados dispuestos a trabajar por menos.
Entonces los trabajadores somos los que padecemos la pandemia. Acá el problema no es la pandemia, es el capitalismo que hace que haya millones de despidos a nivel mundial y que sean los trabajadores y los pobres los que se infectan y mueren.
Hay 11 millones de personas que tienen planes y el IFE mientras el 50% de la población del país está desocupada, o sea, que es pobre. Entonces cae sobre la espalda de los trabajadores las fábricas que cierran y las empresas que abren aunque se contagien.
En Peugeot abrieron, se contagiaron compañeros y siguieron abiertos; Techint que uno de los dueños es una de las personas más ricas del país es subvencionada por el Estado. Mientras tanto los hospitales se caen a pedazos. No caben dudas que los que estamos pagando la pandemia somos nosotros. Y el problema no es la pandemia porque si en estos países y a nivel mundial la distribución de la riqueza fuera más justa no habría gente en la calle pidiendo plata para poder comer o llevarle a sus hijos, cuando otros viajan en aviones privados y se van del país como si nada fuera. Hay que pensar un poco en esas cosas que pasan también.
Residentes y concurrentes de hospitales de CABA: “el colapso de los hospitales está en desarrollo”
Un informe analiza la situación del sistema de salud público de la Ciudad de Buenos Aires en los meses de julio y agosto, recolectando datos a través de una encuesta de tipo Google Forms a profesionales de la salud de los hospitales Zubizarreta, Ferrer, Piñero, Santojanni, Argerich, Penna, Durand, Ramos Mejía, Elizalde, Pirovano, Quinquela Martín, Tobar García, Alvear, Udaondo, Tornú, CSM 3 Ameghino, Gutiérrez y Marie Curie.
Con respecto a las condiciones laborales diarias que deben soportar, en contexto de pandemia, el informe de los y las residentes y concurrentes de las instituciones de salud de CABA concluye: “los y las residentes estamos a cargo de las guardias, tal como lo venimos planteando hace tiempo. El 78% está a cargo de las salas de guardia y un 47% a cargo de las guardias de UTI. Estas guardias en su mayoría son trabajo no pago: 85% en sala y 56% en UTI. Se puede concluir que estamos expuestos a una sobrecarga laboral ya que solo se incorporó personal en un 61% en sala y en un 50% en UTI y la demanda se incrementó exponencialmente. Aun así, un gran número de compañeres concurrentes, profesionales en capacitación, continúan trabajando sin percibir salario, y sin ser contratades para estas funciones”, sostiene la Asamblea de Residentes y Concurrentes de CABA.
En la misma línea, sobre las capacitaciones y protocolos por la pandemia, el relevamiento arroja que los y las profesionales de la salud están expuestos, “ya que no han habido protocolos nuevos, lo que se visualiza en un 68% de las respuestas, ni capacitaciones (78%) en el último mes. Dichas capacitaciones podrían haber servido para mejorar medidas de cuidado del personal y de nuestres pacientes. Solo el 22% contestó afirmativamente a la pregunta de si hubo mejoras en sus espacios de trabajo y con respecto a la cohortización“.
Finalmente, alertan sobre que el sistema de salud público porteño está trabajando al límite en medio de la pandemia: “hemos podido recolectar los datos acerca del número real de camas de terapia intensiva disponibles para pacientes con COVID-19 en estado de gravedad del total de los efectores públicos, así como también un estado de situación de la mayoría de los 34 efectores. El Gobierno contabiliza 450 camas de UTI, frente a las 274 que pudimos contabilizar les trabajadores de la salud. Se estima que el GCBA contabiliza como camas de UTIs aquellas que no tienen ni el equipamiento ni el personal para ser consideradas como tales”. Asimismo, los y las concurrentes y residentes, detallan: “a la fecha de cierre de este informe, el GCBA informa que existen 291 casos graves internados en el sistema público de salud (Fuente: MinSal CABA), concluyendo que 17 pacientes, por lo menos, se encuentran internados en salas no UTIs, aunque requieren cuidado intensivo”.
Ante esta situación, desde la Asamblea de trabajadores y trabajadores de la salud advierten: “el colapso de los hospitales está en desarrollo. Actualmente más del 40% de los efectores cuenta con el 100% de camas ocupadas, principalmente los hospitales agudos. De las camas COVID en salas de internación, el 87% están ocupadas, acorde a lo que se ha relevado”.
En cuanto al sector privado, el relevamiento sostiene: “los datos del sector privado de la salud, de mayor capacidad que el público, no se conocen con exactitud. Según lo informado por las autoridades de estas entidades, también se encuentra al borde del colapso. La fragmentación del sistema de salud y el interés privado de los empresarios, impiden contar con la información y los recursos necesarios para atender a la población de manera igualitaria. Esta situación, que venimos denunciando hace meses, nos encuentra a les trabajadores dela salud al límite. Sin protocolos efectivos, ni equipos de protección en cantidad y/o calidad necesaria, laboralmente precarizades, agotades, sin licencias teniendo más del doble de trabajo, y con los salarios congelados enfrentamos el peor momento de la pandemia. En este contexto, ascienden los contagios en el personal de salud quienes nos encontramos trabajando en la primera línea”.
En las conclusiones del informe, agregan: “les 1.381 trabajadores de Salud contagiades colocan a nuestra Ciudad entre las de mayor incidencia de contagios entre trabajadores de la salud. La negativa a otorgar licencias a los grupos de riesgo ha provocado la muerte de Julio Gutiérrez y José Aguirre, entre otres. Esto se repite en la provincia y el resto del país. Si no se cuida a les trabajadores de la salud, la atención de la población empeorará sustancialmente”, remarcan.
Finalmente, sostienen que “la flexibilización de la cuarentena dispuesta por las autoridades no obedeció a cuestiones sanitarias. Las razones hay que buscarlas en las presiones de aquelles que no quieren ver afectadas sus ganancias, y de la falta de voluntad política para dotarse de los recursos que permitirían asistir a les trabajadores para que puedan cumplir la cuarentena. Creemos necesario volver a una fase anterior sobre la base de garantizar las medidas económicas que le permitan a la población el desarrollo de una cuarentena, con un verdadero fortalecimiento de los hospitales y efectores de salud”.
Continúan plan de lucha en Trento
En asamblea, los obreros de la fábrica de vidrios, ubicada en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, decidió profundizar su exigencia por el pago completo de los salarios y aguinaldos adeudados. En este marco, resolvieron mantener el acampe en la puerta de la fábrica e impulsar fuertemente el fondo de lucha para sostener el reclamo.
Al respecto, Tomás Devoto, secretario de Salud Laboral de la CTA-A Bonaerense, indicó: “Se van a hacer cortes parciales de la colectora para difundir el conflicto con volantes y también poniendo alcancías para que la gente que pase con los vehículos aporte en los fondos de lucha. (…) Se decidió impulsar una campaña de denuncia a la empresa por la falta de pago de los salarios y aguinaldos, y también porque han declarado el ATP solamente a 6 compañeros, y el resto no. Son pocos los compañeros que van a cobrar el ATP, que corresponde al 50% del mes de julio”.
En ese sentido, Devoto explicó que la asamblea de trabajadores resolvió: “Tomar más medidas de denuncia a la empresa con afiches y acciones en la calle. E iniciar los reclamos de los salarios adeudados del aguinaldo por vía judicial. Esta es la otra línea de acción que vamos a realizar para reclamar los salarios. Vamos a seguir firmes en la lucha por los cobros de los salarios y la apertura de la fábrica”.
Entrevistamos a César Aguilera, delegado de Trento
M.H.: Con los trabajadores de Trento. ¿Cómo están ustedes?
C.A.: Seguimos en un acampe frente a la fábrica reclamando los salarios caídos, el aguinaldo el pago de la ATP, la reincorporación de los compañeros que todavía no se hizo efectiva y también pedimos que la fábrica vuelva a abrir y empiece a funcionar para recuperar los puestos de trabajo. Y decir basta al atropello empresarial que se está dando en nuestra fábrica y en muchas otras fábricas también.
M.H.: Ya habían tenido un conflicto previo a este.
C.A.: Sí. Al principio de la pandemia la empresa procedió a suspender y despedir. Despidió a 6 compañeros y suspendió al resto del personal, la empresa quería pagar el 60% de los salarios a los suspendidos. Y al personal que despidió en medio de la pandemia simplemente no pagarles nada. Entonces nosotros hicimos un acampe frente a la fábrica.
Por la presión que logramos llegamos a un acuerdo con la empresa, iba a pagar la parte de salarios caídos, las ATP e iba a reincorporar a los compañeros, con la condición de que nosotros levantemos el acampe. Así lo hicimos, la empresa pagó una parte de los sueldos, no pagó la ATP y no reincorporó a los compañeros. Entonces volvimos hace un mes con la medida. Tuvimos una audiencia virtual a fines de julio en el ministerio de Trabajo donde convocamos a todos los compañeros frente a la fábrica. Cuando llegamos nos encontramos con un despliegue de Gendarmería y de la Policía de la provincia esperándonos ahí. No obstante continuamos con la medida. Nos sentimos perseguidos por la autoridad en el sentido de que éramos 30 compañeros y había 120 gendarmes y más de 40 policías que estaban ahí al acecho.
M.H.: ¿Cómo continúa esto? ¿Qué situación ven a futuro?
C.A.: Vamos a seguir con los reclamos que consideramos justos, porque lo importante es que no estamos pidiendo nada extraño, estamos pidiendo lo que nos corresponde por derecho, que nos paguen los sueldos a compañeros que desde abril no están cobrando nada. A todo esto se suma la situación de que la empresa cambió de Obra social a todos los compañeros sin consultar. Desde julio del año pasado no estaba pagando. Estamos sin cobertura médica, tenemos un compañero que lo quisieron asaltar, recibió una bala en el cuello y está en la casa porque ninguna de las obras sociales se quiere hacer cargo porque la empresa no ha pagado las cargas sociales.
Entonces vamos a seguir con esta medida hasta que tengamos alguna respuesta de parte de la empresa, y hasta que vuelva el diálogo, porque hasta el momento la empresa se niega a hablar con los trabajadores porque nos acusa de que queremos quebrar la fábrica y a lo largo de la historia nunca se ha visto que los trabajadores quiebren una empresa.
Entrevistamos a Ana Clara Moltoni de Músicos Organizados, “Ciudad Cultural”-FM La Boca (90.1)-Jue. de 19:00 a 20:00
M.H.: Hemos hecho varias entrevistas con Músicos Organizados y la última vez, conversando con Luis Mauregui, otro de los referentes de la agrupación, hablábamos de que se habían conseguido unas becas, una compensación de 30.000 pesos para artistas sin ingresos. Pero ahora veo que se ha generado una situación en relación al monto del presupuesto para esas becas. ¿Qué pasó?
A.C.M.: El gobierno dio estas becas que se llaman “Sostener cultura” y según el monto que declaran podrían beneficiar a 15.000 artistas. Es un numero bajo para la cantidad que somos. Pero el tema es que queda mucha gente afuera, en los requisitos para entrar a la beca no debés ser beneficiario de la IFE, por ejemplo. Entonces muchos se quedaron afuera, porque si están cobrando la IFE, que así y todo es insuficiente porque se han cobrado dos cuotas, 20.000 pesos, o sea, una ayuda real de 5.000 pesos por mes.
Entonces mucha gente se ha quedado afuera, había que generar ciertas autorizaciones, conseguir avales para inscribirse lo cual dejó muchas personas afuera o dificultó un poco más conseguir la beca. Pero sobre todo el problema es que no es un beneficio universal para cualquier trabajador de la música.
Y a su vez son 30.000 pesos pero en dos cuotas de 15.000 y ahí se terminó. Entonces necesitamos algún tipo de respuesta porque es un sector que no está volviendo a trabajar y estamos sufriendo una pérdida de trabajo importante y dentro de lo que es el sector hay diferentes necesidades. Hay gente que necesita una asistencia ya, esto se está extendiendo por muchos meses.
M.H.: Ustedes hacen referencia a un Proyecto de ley que presentaron y elaboraron junto a Romina del Plá, diputada nacional del FIT. ¿Cuáles son los puntos de ese proyecto?
A.C.M.: Los puntos son un subsidio de 30.000 pesos pero por mes mientras dure la emergencia sanitaria.
M.H.: No por única vez como el que estas comentando.
A.C.M.: También se insta a que se creen puestos de trabajo a través de ciclos de música en vivo y que haya un presupuesto destinado a Cultura, porque eso es otra pata del desempleo, se han sub ejecutado los presupuestos asignados para este año. Entonces no están habiendo los conciertos y las fuentes laborales, por ejemplo, ahora trabajadores de la música, específicamente del tango, reclaman porque este año no va a haber festival.
Entonces el proyecto contempla estas situaciones también y la creación de un fondo financiado por un impuesto a las OTT, porque lo que aduce el gobierno es la falta de presupuesto para esto, entonces nosotros decimos que se puede ir a un impuesto progresivo a los sectores que están acumulando mucha ganancia.
No está bien que los trabajadores paguemos esta situación porque somos los más vulnerables. Entonces hay plataformas como NETFLIX o Spotify para la música, que están concentrando la distribución. Esto va en línea del otro proyecto presentado por el FIT de un impuesto progresivo a las grandes fortunas. No sabemos además cuál va a ser el futuro de los presupuestos en un contexto de ajuste.
Esos serían los reclamos, que se atienda inmediatamente a todos los trabajadores de la música, que no se trate de dividir con estas becas esporádicas sino que haya una asistencia real, un salario de emergencia para los desocupados y poder generar cajas a partir de impuestos progresivos.
M.H.: Tengo entendido que esta es una reivindicación que abarca no solo a trabajadores de la música, he visto que se han movilizado también de la Asamblea de trabajadores de fotografía.
A.C.M.: Sí. Estamos nucleados en una Asamblea nacional de artistas que somos trabajadores de todas las áreas.
M.H.: La Jornada nacional frente a la sede del Fondo Nacional de las Artes ¿cuándo fue?
A.C.M.: Hicimos una acción artística frente al Fondo Nacional de las Artes con esas consignas, exigiendo el acceso irrestricto a las becas y que se acepte a todos los inscriptos y que se contemple a todos los trabajadores que por las condiciones quedaron excluidos.
Tercer Foro del Juicio Popular a la Deuda
Con la moderación de Demián García Orfanó el 10 de agosto se realizó de manera virtual, transmitido a través de Youtube, el Tercer Foro de Denuncias del Juicio Popular a la Deuda y al FMI, centrado en el impacto del endeudamiento público y el FMI sobre el mundo del Trabajo, sobre los verdaderos creadores de la riqueza social, los trabajadores.
Reproducimos crónica:
Desde las 17:00, este Foro de Denuncias comenzó su sesión como continuidad de los foros anteriores: del 1° Foro, centrado en el impacto de la deuda y el FMI sobre la Salud; y del 2° Foro, centrado en el impacto de la deuda sobre el Hambre, la Soberanía Alimentaria y el Territorio.
Estos Foros de Denuncia continuarán todos los lunes hasta fines de septiembre – #LunesContraLaDeuda –, para que diversas organizaciones populares presenten sus denuncias contra la Deuda pública y el FMI en relación a las problemáticas que enfrentan.
Les jueces populares Nora Cortiñas, Nina Brugo, Miguel Julio Rodríguez Villafañe y la fiscal Liliana Costante, y ante una audiencia desde los diversos puntos cardinales de nuestro país, escucharon las denuncias presentadas por Jorge Ramírez, secretario Gremial de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta (ADIUNSa) y secretario de DD HH de CONADU Histórica; Alfredo Cáceres, de la Comisión Directiva del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, seccional Tigre y del Espacio de Trabajadores de la Zona Norte; Carina Mardones y Viviana Gualdoni, secretaria de Comunicaciones y Congresal de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, respectivamente; Sebastián Rodríguez, secretario General de la Comisión Interna de Morvillo; Gabriel Galeano, secretario Adjunto de la Comisión Interna Fuero del Trabajo, de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, e integrante de la Mesa de la Unidad Sindical; Mónica Schlotthauer, Diputada Nacional electa y delegada del FF. CC. Sarmiento; y Guillermo Robledo, del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y del Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe.
En su denuncia, Jorge Ramírez, secretario gremial de ADIUNSa, destacó que hay dos vías en las que la deuda afecta al trabajo: “por un lado el propio ajuste que implica restringir recursos que serían para cuestiones necesarias como la salud, la educación” y, por otro, “a partir de las políticas acordadas en el marco de esos programas de endeudamiento”, que “para la docencia universitaria representan una reducción en los salarios e implica condiciones de trabajo inadecuadas por falta de equipamiento (…) que pasa a ser justamente lo que incluye a la gran mayoría del presupuesto universitario que es el pago de salarios, que hoy tiene un retraso muy considerable”.
Ramírez denuncia que durante el gobierno de Mauricio Macri en el año 2019 se destinó a la deuda más de cinco veces el Presupuesto universitario y que los docentes universitarios han tenido “una disminución salarial en términos reales del orden del 18 %” en capacidad adquisitiva y “en este gobierno actual eso no se ha revertido. Por el contrario, si bien estaba previsto una cláusula (…) en el mes de marzo que hubiera empatado con la inflación acumulada entre octubre y febrero, el gobierno incumplió con ese acuerdo, por lo cual sufrimos un nuevo retraso salarial”.
Además, Ramírez describió que “lo que se expresó en cada instancia de negociación salarial en cada conversación informal tenía que ver con preparar las negociaciones con los bonistas y luego con el FMI, es decir, en nuestro caso significa quedar postergados nuevamente a manos de la lógica del pago de la deuda externa”.
Alfredo Cáceres describió la política contra los trabajadores que a sangre y fuego impuso la dictadura militar, donde el endeudamiento se multiplicó y que luego continuó como realidad sobre los gobierno que siguieron, “en el sentido de precarizar y de destruir los derechos adquiridos con un concepto que baja de todas las oficinas del imperialismo propiamente, empezando por el Banco Mundial y el FMI”, en el sentido “de avanzar en abaratar la mano de obra, quitarle más al salario de los trabajadores en general, destruir derechos, destruir también a organizaciones y de esa forma impedir que la clase trabajadora pueda, a través de su propia fuerza organizada, defender sus derechos y mantener las conquistas y lógicamente un trabajo que no signifique dejar la vida en él”.
Denunció que “aquí en la zona norte hicimos un pequeño informe semanal (…), vamos haciendo el registro de cómo va aumentando el COVID y en medio de una pandemia la clase trabajadora hoy está pagando el precio de ir a las fábricas, a los lugares de trabajo, a los centros donde se aglutinan, para que funcione la economía (…) pero en el medio la imposición de las patronales de trabajar a cualquier precio ha generado un enorme aumento del contagio y de las muertes”.
Finalmente, Alfredo Cáceres manifestó que “yo para cerrar acuso ante este tribunal al Fondo Monetario y a todos los políticos responsables de haber garantizado estas políticas económicas de endeudamiento, de dominio del país, de haber priorizado pagarle a los que más tienen y no a los que más necesitan”.
Hacer la deuda sustentable, para hacer nuestra vida insoportable
Desde Comodoro Rivadavia, Carina Mardones y Viviana Gualdoni hicieron una descripción del saqueo que sufre esta rica provincia de la Patagonia.
Refiriéndose al petróleo manifestaron que “tenemos el yacimiento que es Cerro Dragón, donde la operadora Pan American Energy es la principal explotadora de este recurso (…) donde solamente las petroleras dejan un 12 % de las regalías a la provincia y, en el caso de Pan American Energy, solo deja una parte que no se sabe cuánto de estas regalías, porque inyectan gas al gasoducto cordillerano y obviamente tiene beneficios para utilizar agua potable para lo que es la recuperación secundaria del petróleo, con precios totalmente ilusorios”, mientras “en la ciudad de Comodoro Rivadavia (…) sufrimos continuamente los cortes de agua durante el año (…) y muchos barrios aún no poseen el servicio de agua potable”.
Refiriéndose a la producción y exportación de aluminio, donde está “la empresa Aluar, de Madanes Quintanilla”, donde “se aporta, desde el Estado, la posibilidad de ampliar el puerto de Madryn (…) y se tiene que abastecer de energía, por lo tanto, fue necesario construir Futaleufú, que es una central hidroeléctrica, donde (…) Aluar tiene prácticamente el manejo completo de esa planta de energía”, preguntándose y contestando “¿cuánto dejan en la provincia? Nada”.
Continuando con el relato de esta realidad indigna, Mardones y Gualdoni manifiestaron que “también tenemos las pesqueras, las grandes pesqueras de langostino, donde también las grandes empresas se llevan las riquezas de nuestros mares dejando nada a la provincia”, al mismo tiempo que los trabajadores tienen que estar luchando constantemente para que no los sometan a una esclavización creciente, como sucede con los estibadores en Comodoro Rivadavia, como sucede en el caso de los trabajadores de la industria de la alimentación…
Y “entramos los trabajadores estatales, que desde el 2017 estamos en lucha con sueldos que en principio se comenzaron a pagar por rangos” denuncian, describiendo que en 2018 se tuvieron que cerrar casi 30 escuelas en Comodoro Rivadavia por los recortes presupuestarios.
Respecto del peso de la deuda pública, destacan que “si hubiera concursos, Chubut tiene la posibilidad de sacarse el premio al peor manejo de la deuda de todas las provincias: nos han venido endeudando desde el 2010 al 2016, con fondos fiduciarios adonde van las regalías petroleras” (…), “a pesar de esta garantía de pago se pagan intereses usurarios cerca del 8%, las comisiones que se pagaron son de arriba del 2% hasta el 4% a los que lucran con la deuda, con nuestro ajuste y con nuestro trabajo”.
Denuncian que “esto fue realizado por varios gobiernos, por el partido de la deuda, como dicen algunos en Chubut” (…) “por distintas fracciones del PJ que se van turnando; juegan a opositores acá dentro de la provincia pero a nivel nacional terminan uniéndose y todos terminan siendo parte del mismo paquete”. Dicen que el lema del gobierno es “hacer la deuda sustentable, hacer nuestra vida insoportable”. “El lema de nuestro gobierno es poner felices a los bonistas y hacernos infelices a los habitantes del Chubut”, manifestaron.
También “denunciamos la criminalización de la protesta ya que como he dicho, hemos salido a las calles una y otra vez, y actualmente tenemos dos compañeros que están siendo llevados a juicio por haber hecho una caravana a Cerro Dragón”, destacan, denunciando que “todo el espectro político está metido (…), es cómplice de esta deuda”, advirtiendo contra las presiones para llevar adelante la megaminería, que hoy está prohibida gracias a la lucha que vino dando el pueblo de Chubut, magaminería de la cual el actual gobernador actúa como otro de sus lobistas.
Sebastián Rodríguez, Secretario General de la Comisión Interna de Morvillo, afirmó que “el acuerdo con los bonistas define al gobierno y define un rumbo contra la clase obrera. Esto lo quiero señalar y quiero denunciar acá”, agregando que esto “nos lleva de cabeza al control del país por parte del FMI, que ahora viene con las recetas y sus reformas estructurales en un pacto colonial que se descarga sobre la espalda de los trabajadores”.
Luego de enfatizar que “hay que contar las deudas provinciales”, Rodríguez afirmó que “quiero denunciar acá también que bajo la pandemia el gobierno priorizó absolutamente el acuerdo con los bonistas frente a las necesidades de los trabajadores”.
“Los intereses patronales -destacó Sebastián Rodríguez- son los que dominan el escenario político y un arreglo de la deuda es un interés común del conjunto de la burguesía”, agregando que “las patronales buscan establecer un nuevo piso de explotación sobre la base de las conquistas y los avances que obtuvieron bajo la pandemia: congelamiento salarial, recortes salariales, reducción de personal o casi 300.000 despidos, a pesar del decreto que los prohibía”, mientras “las direcciones sindicales, lejos de organizar a los trabajadores para enfrentar esta ofensiva, están sentadas en las mesas sectoriales para discutir con las patronales las reformas, convenios por convenio”, y terminar convocando a no pagar la deuda, centralizar el sistema sanitario, nacionalizar la banca y el comercio exterior, entre otras medidas.
Gabriel Galeano, de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, e integrante de la Mesa de la Unidad Sindical, habiendo escuchado las denuncias de quienes lo precedieron, hizo más eje en la situación internacional, afirmando que “hace cinco años hay un profundo avance del imperialismo yanqui en América Latina que ha llevado adelante una sistemática política de endeudamiento, de golpes militares, como se ha dado en Bolivia, como se ha dado en gobiernos como Bolsonaro en Brasil, etc., como parte de un plan de volver a someter nuevamente a América Latina bajo el yugo de la deuda y de la dependencia”.
“Por eso nosotros -enfatizó Gabriel-, en el marco internacional en que se dan las políticas sobre América Latina y la Argentina en particular, venimos a denunciar al FMI como corresponsable, junto a los acreedores y a los funcionarios del gobierno de Macri, como responsables directos del endeudamiento”.
Mónica Schlotthauer, Diputada Nacional electa y delegada del FF. CC. Sarmiento, realizó un recorrido histórico sobre la destrucción del sistema de los Ferrocarriles Argentinos, desde la dictadura antinacional que derrocó al gobierno constitucional de Perón. Esta destrucción de los Ferrocarriles está directamente ligada al endeudamiento público. “Éramos 210.000 ferroviarios y hoy somos 14.000, había 41.000 kilómetros de vía en todo el país y hoy no llegamos a 18.000l”, expresó para graficar la magnitud del desmantelamiento del Ferrocarril.
“Al momento que llega la dictadura militar hay un gran golpe sobre los ferrocarriles y en general sobre todas las empresas estatales que es cuando por el decreto 170/80 se obliga a todas las empresas estatales a adquirir préstamos que no necesitaban (…) para ser garantes de empresarios privados, incluso Bancos que se quedaban con ese dinero”, puntualizó Mónica Schlotthauer, para destacar que, luego del gobierno de Alfonsín, donde hay “grandes recortes y planes de ajuste”, recordando el plan de Terragno y continúa con Menem, que ya es el gran salto cualitativo: le quitó trabajo a los ferroviarios, le quitó trabajo a cantidades de pueblos y le quitó también a cantidad de pequeños productores… acá todo el agro-negocio vino a pararse y a sentarse también sobre la destrucción de los pequeños y medianos productores”.
“La ley de Randazzo -continuó Mónica- que de una manera de lo más mentirosa y cínica, se llamó Ley de la reestructuración pero que la firmó el PRO y la firmaron todos atrás porque no era más que la legalización de que el Estado pasó a subsidiar lo que es la logística de las multinacionales, tanto de las mineras, las cementeras, el agro-negocio, todo, porque la ley, lo que vino a hacer es a legalizar algo que ya existía y que es parte del plan del Fondo Monetario, del BID (…) y del IIRSA, que es un plan mundial de cómo hacer interactuar mundialmente para ver cómo organizan el saqueo y la infraestructura para el saqueo. Entonces el ferrocarril, que fue fuente de desarrollo y de construcción de trabajo en todo el país y en las provincias se convirtió en una fuente y en una palanca del saqueo de este país y que encima lo pagamos nosotros porque no hay plata para educación, no hay plata para para la salud, no hay plata para ningún presupuesto y se achican, pero sí esa plata no solo va a pagar la deuda externa sino que adquirimos deuda para financiar el saqueo y vamos a seguir financiando el saqueo (…) Si no vamos a lo más profundo, que esta deuda es absolutamente corrupta porque nunca se pidió en salud del país, siempre se la llevaron los más grandes”. Por último destacó que “con Fernández esto continúa vivo” e hizo referencia a los últimos anuncios del presidente sobre acuerdos comerciales internacionales, acuerdos que vienen desde el gobierno de Macri.
Guillermo Robledo, del Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe, que debido a que Gisella Bustos no pudo estar presente también asumió la representación del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, comenzó manifestando que “la denuncia formal que hacemos nosotros ante el tribunal y pedimos que se haga extensiva a todo el pueblo argentino es que el Fondo Monetario, la principal denuncia, es que es el responsable de la pérdida de soberanía nacional en la Argentina”.
Robledo complementó diciendo que “desde 1976 hasta hoy sus políticas han sido parte de las políticas del imperialismo de EE UU y también del europeo. No solamente de EE UU, y habrá que ver si hoy lo es también, no sé si calificarlo como imperialismo, pero de las políticas comerciales chinas. Esa es nuestra primera denuncia”.
Además, Robledo afirmó que “queremos que el tribunal también investigue, que el Fondo Monetario tiene dos cabezas, no tiene una sola; hay dos FMI, una pública y otra ilegal, que trabaja en forma coordinada. La pública es la que todos conocemos cuando vienen los funcionarios y demás, y la ilegal y paralela, que trabajan en forma coordinada, es el gran cobertor jurídico, económico y político, del sistema de paraísos fiscales desde donde se genera el sistema de saqueo sobre todos los pueblos, no solamente sobre nosotros”.
“Me parece que ese tiene que ser una sentencia principal -afirmó Guillermo Robledo. Si lo logramos demostrar, yo creo que sí, que hay muchos elementos, de esa doble cabeza que tiene el FMI, que está manejada por un solo país que es EE UU. Entonces cuando se dice que primero viene una negociación con bonistas después con el FMI, no es así: hay una política que solamente es la que instrumenta EE UU, desde los fondos Black Rock, desde el Fondo Monetario Internacional, y desde los paraísos fiscales, que continúan hoy fugando capital”.
Robledo denunció que “esa dinámica no se tocó nunca en democracia. ¿Basada que qué? En tres secretos que son leyes nacionales que pedimos a este Tribunal que investigue, todo eso se puede hacer en la Argentina, porque hay una ley de secreto fiscal, una ley de secreto financiero, una ley de secreto estadístico, que les da la impunidad ante cualquier acción judicial formal a la fuga de capitales y al endeudamiento, entonces pedimos que también en la fiscalía y el tribunal investiguen ese punto”.
Y Robledo además presentó una tercera denuncia: “que el Fondo Monetario Internacional ha sido el responsable del fracaso, junto con otros sectores internacionales, de lo que fue la propuesta de modificación de las Naciones Unidas de la Comisión Stiglitz-Attali y un conjunto de 17 economistas, en la crisis del 2008. Esa Comisión nosotros creemos que había hecho un trabajo de investigación profundo que terminaba en una propuesta que las Naciones Unidas suspenda y cierre todos los paraísos fiscales”.
En su sustanciosa exposición, Robledo confesó que “nosotros tenemos denuncias en la Corte Suprema como Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y como Observatorio de la Riqueza, que demuestran que el acuerdo con el FMI es nulo, porque no cumplió ninguna de las leyes, me estoy refiriendo al acuerdo al endeudamiento que hizo el gobierno de Macri, no cumple ninguna de las normas de las leyes de la Argentina hasta el punto que la Cámara nos ha dado la razón, y hoy el tema está en la Corte. Entonces sería muy inteligente de que las fuerzas políticas nacionales antes de hacer una aprobación y un compromiso con el Fondo Monetario como se está planteando verbalmente, recupere todo lo que nosotros hemos llevado a la Corte formalmente”.
Por último, brindó los datos sobre las sorprendentes cifras de la fuga de capitales de nuestro país: “a la fecha, de 44 años de esa fuga acumulada, significa que la fuga total vale hoy (…) 8.700 millones de millones de dólares; es el capital fugado actualizado a la fecha. ¿Vieron que tanto que hablan ahora del valor presente, el valor? Bueno, el valor presente a hoy del capital que nos robaron al pueblo argentino es 8.700 billones de dólares”.
Están convocadas todas las organizaciones populares a participar activamente en el Juicio Popular a la Deuda y al FMI. Se proyecta concluirlo durante la Semana de Acción global contra la Deuda y el FMI, el próximo 10 al 17 de octubre.
Invitamos a comunicarse a través de los canales de la Autoconvocatoria, o directamente a la Secretaría del Tribunal: juiciopopulardeuda@gmail.com
¡FRENTE A LA DEUDA Y AL FMI, IMPULSAMOS UNA AMPLIA CAMPAÑA POPULAR!
¡SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA ILEGÍTIMA, ILEGAL Y ODIOSA!
¡QUE PAGUEN LOS QUE SE BENEFICARION DE ESTA ESTAFA!
¡LA DEUDA ES CON EL PUEBLO!
AUTOCONVOCATORIA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA
Entrevista a Eduardo Lucita, integrante de la Autoconvocatoria, 28 de julio 2020
Toda la estrategia de Guzmán es que no haya grandes vencimientos en los 4 años de la administración Fernández
M.H.: Comenzó el juicio popular por la deuda. ¿Qué nos podés comentar?
E.L.: Comenzó el juicio con testigos relacionados con el área de la salud. Es decir desde distintos enfoques de lo que es la salud del pueblo en general, hablaron una serie de profesionales de distintas disciplinas y que trabajan en distintas áreas de la salud pública. Son denuncias sobre cómo ha impactado cada reestructuración de la deuda, los pagos de la deuda, restringiendo recursos para la salud pública. Y eso se nota mucho más ahora, durante la pandemia en el desabastecimiento de recursos, procesos sanitarios, personal calificado, preparado, no solo de médicos, también de enfermeros. Todo lo que uno puede suponer que pasa en una determinada área cuando año tras año y gobierno tras gobierno se van recortando las partidas presupuestarias a ese rubro, que es uno de los que, junto con educación son decisivos para la vida cotidiana de los argentinos.
M.H.: quiero introducirte en algunos temas técnicos respecto del acuerdo con los bonistas extranjeros. Manuel Alvarez Aguis, el ex viceministro de Economía, dijo que habrá un acuerdo solo si se terminan de arreglar algunas cuestiones legales. ¿Cuáles son esas cuestiones legales?
E.L.: Tienen que ver con las cláusulas de acción colectiva, que son las que ponen en los bonos determinados porcentajes de aceptación de la propuesta, que es una especie de Ley de quiebras que se pone en esos porcentajes y si hay tantos bonistas que cubren esos porcentajes entonces esos fondos buitres no tienen nada que hacer. Es como en una quiebra, si el 75% de los acreedores acepta la quiebra o los planes de la quiebra, el resto tiene que entrar en la “bola” general.
Esto se hizo a raíz de la experiencia argentina del 2004 con los buitres y fue una campaña muy amplia que hizo Cristina Kirchner en las Naciones Unidas, en el G20 y en otros organismos internacionales por lo cual el sistema financiero internacional decidió que eso era conveniente, establecer una Ley de quiebras, porque si no el pequeño grupo de bonistas, como fue en el caso de la Argentina que tenía el 7% de la tenencia de los bonos hace fracasar un canje y en realidad el sistema financiero internacional no le interesa el fracaso de los canjes ni ir al default, lo que le interesa es que los países se endeuden, paguen los intereses, vayan renovando y así para toda la vida.
En cambio los fondos buitres vienen a molestar ese negocio que estaba muy bien armado. Esas son las cláusulas de acción colectiva. Las cláusulas que se están pidiendo son porque el ministro Guzmán para lograr los porcentajes necesarios, estaba tratando de agrupar de distintas maneras a los distintos bonistas. Eso ahora los bonistas no lo pueden corregir pero las cláusulas que están pidiendo no son para que operen ahora, porque no pueden operar para atrás, sino que están previendo que en 5, 6, 7 años haya una nueva crisis de deuda entonces se están cubriendo en salud.
No es solo eso lo que está trabando el acuerdo con la cuarta propuesta de Guzmán, sino que los bonistas están pidiendo unos 2 o 3 dólares de diferencia por cada lámina de 100, lo que suma una cifra de 2.500/3000 millones de dólares. Que al monto total que son 66.000 millones no es nada. Lo que pasa es que el pago de esos 3.000 millones caería dentro de estos 4 años. Ese porcentaje que caería año tras año sumado a lo que van a tener que pagar, que no es mucho de la reestructuración, es lo que hace que ese canje no sea sustentable para la economía argentina.
Toda la estrategia de Guzmán, con la cuarta propuesta, no con las anteriores que suponían un tiempo de gracia más extenso; es que no haya grandes vencimientos en los 4 años de la administración Fernández. Tal cual está la propuesta de Guzmán de la deuda bajo legislación extranjera y bajo legislación nacional, que el tratamiento es el mismo, en el año 2021 Argentina tendría que pagar 400 millones, en 2022 1.300 y en 2024 1.800, son números aproximados, en total 3.500 millones. Obviamente si a eso se le suman los otros 3.000 millones se hace más cuesta arriba. Con estos pagos está resuelto el período Fernández. Pero hay que agarrarse los pantalones para el período 2025 porque suman 7.000/8.000 millones, para 2026 9.000 o 10.000 y se llega a 2028 con 13.000 millones. Los bonistas se dan cuenta que en el año 2026 puede haber una nueva crisis de deuda.
M.H.: Sigo con las palabras difíciles. ¿Qué significa la “redesignación”? He leído que los nuevos contratos y los términos de los nuevos bonos deberán incluir una restricción en la redesignación.
E.L.: Son las modificaciones legales que quieren imponer los bonistas para que en una próxima crisis de deuda el gobierno no pueda reagrupar los fondos de tal manera que favorezcan los porcentajes que se establezcan en las cláusulas de acción colectiva. En realidad lo que quieren es que se vaya bono por bono y no en conjunto de bonos.
Eso es lo que está en discusión, la modificación en las cláusulas legales, una cuestión muy técnica. Pero que no tiene impacto en la actualidad, el impacto que tiene en la actualidad son los 2 o 3 dólares en cada lámina de 100 que es lo que el gobierno no quiere aceptar. Ya ha concedido bastante porque en la primera propuesta del gobierno el valor presente neto era de 43 dólares por lámina de cien, ahora es de 53,5 por lámina de 100 y los bonistas quieren un poco más.
M.H.: Cuando se habla de “pac-man” ¿a qué se refieren?
E.L.: Es todo lo mismo, lo nombran de distinta manera pero es lo mismo. Es la posibilidad que tiene el gobierno de agrupar de maneras distintas a los bonos para lograr la aceptación de las cláusulas de acción colectiva. Tiene algunos vericuetos técnicos que desconozco porque no me interesa. Pero se refiere todo a lo mismo, impedir que el gobierno pueda agrupar como se le ocurra a los bonos. Todo tiene que ver con eso.
M.H.: ¿Con esta negociación se busca un modelo internacional?
E.L.: Ni el FMI ni el gobierno Argentino ni Black Rock quieren ir a default. Están tirando de la cuerda de un lado y de otro pero Argentina no quiere un default porque el gobierno ha decidido que las deudas hay que honrarlas y que esto sería la peor de las pestes que nos podría pasar porque caerían todos los demonios encima, etc. Todos argumentos que no se sostienen porque se afirma que si vamos a default quedamos aislados económicamente, y ahora estamos aislados desde el año 2018, cuando Macri declara el default estamos aislados económicamente, nadie nos presta ni una mandioca. En eso seguiríamos igual, siempre está China dispuesta a financiar lo que sea.
En segundo lugar se dice que estaríamos aislados comercialmente, pero ¿alguien piensa que por esto China va a dejar de comprarnos la soja?
M.H.: Ahora quieren que criemos chanchos.
E.L.: Quieren invertir en cualquier cosa, les importa muy poco lo de la deuda. ¿Alguien puede pensar que si se reanuda la economía de Brasil, va a dejar de comprarnos los autos que aquí armamos con las partes y equipos que ellos nos venden? Difícil. No hay argumentos sólidos para decir eso, pero todos los gobiernos piensan que la deuda hay que honrarla.
Yo antes que un mal acuerdo prefiero el default, pero un default ordenado. Por otro lado, el FMI no quiere que se vaya a un default porque hay 40 países que están al borde del default, entonces un default en Argentina podría desencadenar un efecto dominó, así que no le interesa y entonces apoya las propuestas de la Argentina.
Black Rock tampoco quiere ir a default, porque está tironeado por dos cuestiones, por un lado, no son fondos buitre, son fondos que manejan parte de los fondos de pensión de los EE UU que son multimillonarios, un poco de Inglaterra, un poco de Japón también pero la mayoría de EE UU. Si se va a un default Black Rock en sus balances tiene que pasar a pérdida todo esto, entonces hay una desvalorización en la cotización internacional; por ese lado no le interesa.
Por el otro lado, Black Rock es un jugador internacional, el dinero que maneja es mayor que la suma de varios PBI de distintos países juntos, además sus inversiones no son solo financieras, en Argentina, por ejemplo, tienen acciones de YPF, incluso tienen acciones de Vicentín y en el medio unas cuantas empresas más. Por lo tanto, sus intereses en el país no son solo financieros.
Esto lo reproduce en muchos países, y en muchos países son acreedores de deuda, ellos piensan que si no logran un acuerdo como el que quieren esto puede ser un mal ejemplo para los otros países que tienen deuda y con los que en algún momento también va a tener que renegociar.
Entonces está tironeado por estas dos tendencias, por un lado, el caso Argentino es un caso testigo y le interesa que sea favorable para imponerlo en otros países y, por otro lado, no quiere ir a default porque tiene que pasar a pérdida si sucede.
Fijate que la negociación de la deuda que ya supera en tiempo la cuarentena, está entrando en su trámite final, el nuevo plazo es el 4 de agosto, pero además no sé por qué recoveco legal se puede extender hasta fin de mes. Pero a fin de agosto se sabrá qué pasa con todo esto.
Fuentes: ACTA-CTA/Equipo de Comunicación de la CTA de la Provincia de Buenos Aires, Anred, Red Eco Alternativo, Clarín, Télam, Canal Abierto, Indymedia Trabajadoras/es