No es una película de ciencia ficción: para tener soberanía comunicacional es imprescindible contar con satélites propios; y es que a los lugares a donde hoy no llegan los cables de teléfono e internet, se podría llegar vía satélite y todo el país tendría acceso a esos servicios considerados en la actualidad como esenciales. Las comunidades rurales tendrían acceso a internet, así como también los barrios populares.
La pandemia puso sobre la mesa que las desigualdades en el acceso a internet hacen que miles de niños, niñas y adolescentes no puedan acceder a la educación y se hayan quedado afuera de las planificaciones educativas de emergencia. El DNU del Gobierno, que prohibe aumentar los precios a las empresas de telecomunicaciones hasta diciembre, se hizo en ese sentido. Pero para garantizar la plena soberanía comunicacional, dicen los trabajadores y las trabajadoras de las telecomunicaciones, es clave la nacionalización de los satélites. “Nosotros tenemos cables que nos conectan a internet mundial pero si esos cables se cortan, cómo pasó hace un par de años, nos quedamos sin conexión con el mundo y ahí es cuando tenemos que apelar a las comunicaciones vía satélite. Los campos y sitios inhóspitos adonde no llega el cableado, necesitan conectarse específicamente a través de satélites de comunicación. Estos satélites de comunicación, como el ARSAT, están en órbitas altas denominadas geoestacionarias, que son las más requeridas por el mundo”, explicó a ACTA un trabajador de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).
“Si no tenemos nuestros propios satélites, tenemos que comprar todos los servicios”, explicaron desde la CONAE. Pero además, el trabajador de la agencia del Gobierno argentino responsable del Plan Nacional Espacial destaca que los satélites son necesarios para mantener las órbitas asignadas a la Argentina, que es uno de los países más australes del mundo. “Tenemos asignadas órbitas que son muy requeridas por el Norte, donde están todas las grandes potencias. Nosotros usamos los satélites para las comunicaciones, pero también para investigaciones, como la información sobre el suelo y sobre el clima. Si no los tuviéramos, tendríamos que comprar esa información a otros países”.
Otra de las cuestiones a tener en cuenta “es que cuando nosotros aplicamos tecnología, estamos invirtiendo el saber que obtuvimos de las universidades, desarrollando materiales e industria propia. Porque más allá de la fabricación del satélite, es importante todo lo que hay alrededor, desde la piecita más chiquita, toda la infraestructura, incluso el comedor de los empleados y las empleadas, es nacional y eso genera trabajo”, señalaron.
Telefonía para todos y todas
“Los telefónicos en la CTA, hemos sostenido a lo largo del tiempo la importancia del control nacional, con participación de los trabajadores y usuarios, de las telecomunicaciones en Argentina. Asimismo hemos defendido que la telecomunicación es un derecho humano y no una mercancía y propusimos, en su momento, normas y legislación para regular al sector”, dice la Corriente Nacional de los Telefónicos en un comunicado que dieron a conocer luego del DNU presidencial.
Esta “prestación básica universal” (es una cuestión distinta a la del “servicio básico universal”) comprende, según se desprende del texto del DNU, a la telefonía fija y móvil, así como a los demás servicios de TIC, “por lo tanto, se ha dado un paso en una dirección en principio favorable a los intereses de la clase trabajadora. La crítica desaforada que comienza a escucharse desde los sectores patronales y de la más rancia derecha, parece confirmar esto”, explica David Calderón de Telefónicos.
Si bien, según declaraciones del Presidente, la cuestión educativa virtual en este tiempo de pandemia fue decisiva para esta iniciativa, “entendemos que, más allá de las importantes cuestiones particulares, las telecomunicaciones son un factor fundamental en un modelo de país, de desarrollo productivo y de cómo nos insertamos en el mundo. En particular, las telecomunicaciones bajo control nacional con la participación de usuarios y trabajadores, tienen que servir para el desarrollo de una industria propia de bienes de capital de informática, electrónica y comunicaciones. El modelo de desarrollo futuro de las comunicaciones es estratégico y debe ser objeto de políticas de Estado”, concluyen.
Monopolio mediático versus libertad de expresión
Pero para poder garantizar la soberanía comunicacional también es imprescindible contar con pluralidad de voces y de medios de comunicación. “La libertad de prensa es la libertad que requieren las empresas periodísticas de no tener ataduras, ni gubernamentales ni comerciales, para desarrollar su tarea. Es un concepto que sufrió modificaciones a la luz de los nuevos escenarios, las transformaciones en la industria cultural y mediática por la convergencia tecnológica, y la dependencia de las empresas de comunicación de la pauta oficial, entre otras cosas”, explica Mariana Mandakovic, secretaria general del CISPREN, dirigenta de la FATPREN y secretaria de Comunicación de la CTA Autónoma.
Mandakovic es también profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba: “bien entendida, la libertad de prensa supone que los medios de comunicación pueden ejercer su función libremente, pero siempre dentro del marco y el respeto de las leyes que los regulan. Algo bastante difícil en un país donde los grupos empresarios de poder mediático se las han arreglado muy bien para condicionar leyes y mantener el discurso hegemónico. Por esto, me atrevo a decir que la libertad de expresión está devaluada. Y es algo muy peligroso, porque la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares fundamentales para el sistema democrático”, explica.
La dirigenta de FATPREN también señala que desde la Federación pidieron que se les cobre un impuesto a las grandes empresas de internet que son las que en la actualidad poseen más riquezas en el mundo: “Antes eran los poseedores de petróleo, hoy son las empresas dueñas de los datos quienes manejan el mundo”, señaló Mandakovic.
La Iniciativa para el Fomento de la Pluralidad y Diversidad Informativa (pluralismo.com.ar), integrada por medios cooperativos, comunitarios, populares y micro-pymes, propone extender a estos medios las mejores regulaciones existentes para las empresas más grandes de la actividad, equiparar a los medios referidos con otras entidades en la desgravación a las donaciones y, dado su carácter formativo, informativo y de promoción social, establecer un fondo de fomento al pluralismo con parte de los impuestos recaudados sobre el consumo de servicios digitales importados. Así como implementar una política federal que permita mejorar las condiciones de trabajo, incluyendo capacitación y perfeccionamiento de los trabajadores y las trabajadoras y aprobar una ley integral de la diversidad y el pluralismo informativo como baluarte fundamental de la vida democrática.
El colectivo explica que sólo entre cuatro grupos de medios acaparan el 74% de los diarios impresos, alcanzan el 56,7% de la audiencia en TV abierta y el 53% en radio en todo el país. Aún más evidente es que una sola empresa provee el 42% de la telefonía fija, el 34% de la telefonía móvil, el 56% de las conexiones a Internet por banda ancha fija y el 40% de las bocas de tv paga.
Este escenario, que responde a un vasto conjunto de factores, afecta tanto el derecho a la libertad de expresión, como el derecho al acceso a la información necesaria para la toma de decisiones vitales para la vida democrática. La situación se agudizó en los últimos cuatro años por la crisis económica y por las acciones que desde el Estado favorecieron la concentración, desoyendo recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la UNESCO.
Si los partidos políticos, como establece la Constitución Nacional, son “instituciones fundamentales para el sistema democrático” (art. 38), también lo son los medios de comunicación social, productores de noticias que sostienen el pluralismo de ideas y opiniones que, por su parte, también la Constitución reconoce y la Corte Suprema consagra como “piedra fundamental del sistema democrático”. En sus palabras, “instamos por un mecanismo institucional financiero distinto que el de la pauta pública publicitaria. Ésta debe ser, por supuesto, discutida y democratizada, pero requiere un debate específico y diferente del que aquí proponemos, por primera vez y de modo inédito para la democracia Argentina”.
* Equipo de Comunicación de la CTA Nacional