Rebelión policial: La paritaria armada
Mario Hernandez
1.549 personas fueron asesinadas por la Policía bonaerense desde 1983 hasta la fecha, 46 en solo 10 meses de la gestión de Sergio Berni como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
Son los responsables de la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro.
No son esenciales, no son trabajadores.
#SonRepresores
#NoSonTrabajadores
#MatanTorturanyDesaparecen
(Correpi)
“Las y los trabajadores aceiteros y desmotadores reafirmamos nuestro profundo compromiso en defensa de la democracia y el conjunto de las garantías y derechos constitucionales”, plantearon desde la Federación nacional que los agrupa.
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) condenó la acción de efectivos de la Policía Bonaerense que rodearon tanto la Quinta Presidencial como la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y llamó a los trabajadores y trabajadoras de prensa de todo el país a defender la democracia.
Con un comunicado que condena «el exceso de legítimo reclamo» finalmente el miércoles a la tarde la CGT se pronunció contra el levantamiento policial. Más temprano el Semun (Sindicatos en Marcha por la Unidad Nacional), espacio gremial que comanda Sergio Sasia, había expresado «su solidaridad con el Gobernador Axel Kicillof, exigiendo la vigencia del Estado de Derecho en el marco de la Democracia, frente al provocativo y desmesurado reclamo de un sector de las fuerzas policiales».
El día anterior, el Frente Sindical para el Modelo Nacional, la Corriente Federal de Trabajadores, las distintas vertientes de la CTA y las regionales de la CGT habían hecho lo propio, ante un conflicto que amenazaba el orden público.
Finalmente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que unos 39.000 oficiales de la Policía bonaerense “pasarán a percibir un salario (inicial) de bolsillo de 44.000 pesos” y otros incrementos. Con esta decisión “comienza una equiparación del salario con el de la Policía Federal Argentina”, aseguró el gobernador desde la Casa de Gobierno, al anunciar un “Plan Integral de Seguridad” para el distrito.
Trabajadores del transporte
El paro de actividades en los ramales Retiro-Tigre y Victoria-Capilla del Señor del Ferrocarril General Mitre continúa en el marco de un conflicto que permanece estancado a la espera de una decisión judicial para el traslado de unas 25 familias que ocupan terrenos y parte de un obrador de los talleres de Victoria, en el partido bonaerense de San Fernando.
La ocupación del lugar comenzó el 23 de agosto pasado, en tanto la medida de fuerza se inició el 28 de agosto.
Este miércoles 9 de septiembre, Trabajadores y Trabajadoras de Latam en Lucha se concentraron en el Ministerio de Transporte de la Nación, para seguir luchando por su continuidad laboral: “Queremos seguir siendo aeronáuticos”.
El 1° de septiembre protestaron frente al ministerio de Transporte, donde entregaron una nota reclamando la intervención del Estado para garantizar los 3.000 puestos de trabajo en riesgo. Luego fueron al ministerio de Trabajo.
En las redes se expresan desde distintos hashtags, #LatamNingunaFamiliaEnLaCalle entre ellos, arman festivales, caravanas, tuitazos. Ahora llegó el turno del ‘flashmob’, en el que un grupo de personas baila una coreografía coordinada como una estrategia de lucha más.
A través de un comunicado de prensa, el cuerpo de delegados de APTA Austral Líneas Aéreas alertó sobre las suspensiones arbitrarias contra los técnicos aeronáuticos y los despachantes de aeronaves. A su vez, denuncian el inicio de juicios de desafuero contra varios integrantes de la Junta interna.
El cuerpo de delegados informó que las sanciones ejercidas por las autoridades de Aerolíneas Argentinas son una respuesta “a la lucha que llevamos adelante en defensa de nuestros puestos de trabajo y nuestro Convenio Colectivo de Trabajo”.
En la misma línea, han manifestado que el martes 18 de agosto, las autoridades “intentaron obligarnos a incumplir nuestro Convenio Colectivo de Trabajo -CCT 53/92 “E”- imponiendo sin consenso alguno un cambio de horarios para los trabajadores de Austral con apenas 24 horas hábiles de antelación y sin respetar los 30 días de preaviso”.
“La intención, aplicar la política del hecho consumado, haciéndonos asistir a un curso de Aerolíneas Argentinas para imponer su “fusión” con Austral, sin explicarnos cuál es el Plan empresario, ni las consecuencias que tendría ésta sobre nuestras condiciones laborales”, detallaron en el comunicado.
Ante la exigencia de las y los trabajadores, las autoridades respondieron con suspensiones. En el comunicado, resaltan que la dirección empresaria “promueve la flexibilidad laboral como estrategia de competitividad y que avanza sobre los derechos de los trabajadores utilizando el contexto de pandemia como escudo”.
Sobre el final, destacan que este accionar por parte de las autoridades “merece el repudio de toda la comunidad y de todos aquellos que defienden la Democracia y la Libertad Sindical, derecho fundamental de los trabajadores”.
Se llevó a cabo el plenario virtual, en cual participaron más de 70 trabajadores asociados a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) de 24 aeropuertos. En el mismo se definió un paro nacional en todos los aeropuertos del país, el primer día de regreso a las operaciones aerocomerciales.
El encuentro tuvo como eje el debate respecto a la situación del organismo, y se definió «no regresar a ningún puesto de trabajo que no se encuentre cumpliendo con las medidas adoptadas y sugeridas por la CyMAT».
– Exigir que en el presupuesto 2021, se contemple el pase a Art. 9 de lxs compañerxs bajo contrato OACI, la incorporación de personal, el pago de horas nocturnas, fines de semana y feriados; y los Reencasillamientos.
– Pago del bono y exención de ganancias como servicio esencial.
– Manifestar nuestra preocupación por la situación del CIPE, rechazando el dictado de cursos por parte de EANA, que son potestad del Centro.
– No avalar ningún intento de privatización.
– Desarrollar las áreas de fiscalización en regionales y aeropuertos.
Choferes de colectivos de las empresas San José y Figueroa (Jujuy) tomaron las instalaciones.
Los trabajadores demandan cobrar tres meses de salarios y aguinaldo adeudados, entre otros reclamos.
Fabián, Gabriel y Ángel Echevarría son choferes de la línea 303, o lo eran, porque la empresa decidió echarlos luego de que uno de ellos se enfermara de Covid 19.
Luego de los 14 días de aislamiento, Ángel y Gabriel tenían que volver a trabajar pero antes de poder hacerlo les llegó el telegrama de despido. Fabián continuaba con su licencia por encontrarse dentro de los grupos de riesgo pero también fue despedido.
La Empresa del Oeste, propietaria de la línea 303 no solo los despide sino que los acusa de haber “llevado el virus y poner en riesgo a 33 trabajadores”. Cuando fue la misma empresa la que no los aislaba ni tomaba medidas para proteger la integridad del conjunto de los trabajadores.
En este momento, Gabriel, Fabián y Ángel Echevarría están pidiendo la reincorporación a sus puestos de trabajo.
Juan Priore, uno de los trabajadores que la empresa Expreso Argentino dejó sin trabajo y sin salario desde hace más de cien días, tras las actividades realizadas en Neuquén, dijo que “hasta el día de la fecha no hemos tenido ninguna respuesta de nadie sobre nuestro reclamo: cobrar los meses adeudados de sueldo y la reincorporación a nuestros puestos de trabajo; realizamos esta nueva actividad porque no hemos tenido respuestas del gobierno ni de ningún organismo dependiente del gobierno, mucho menos de nuestro sindicato de camioneros de la provincia de Neuquén”.
Priore se refirió también a las causas penales: “la semana pasada nosotros realizamos un corte de puentes en el puente carretero que une Neuquén con Cipolletti, y nos encontramos con personal de la policía de la provincia que nos venía a leer un oficio en el que la empresa acompañada con algunos clientes nos iniciaron una causa penal por turbación ilegal de la propiedad”. Sobre esto “consultamos a qué se refería la carátula y nos explicaron que la turbación es porque nosotros supuestamente estamos tapando las entradas a la empresa, y nosotros desde el momento que iniciamos el acampe lo tenemos afuera de las instalaciones sin tapar ni obstruir ningún acceso a la empresa, que están totalmente liberados, se toma como turbación y nosotros estamos en la vereda, que es un espacio público”.
La Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA) de Corrientes volvió a levantar una carpa para pedir que les paguen los aguinaldos y los salarios atrasados, así como para que reinstalen a un compañero que fue injustamente despedido.
Entrevistamos al delegado de Gral. Urquiza y Sierras de Córdoba
M.H.: Contanos la situación que están atravesando los 1.500 empleados de Urquiza y Sierras de Córdoba.
M.: Acá desde que se decretó el aislamiento social preventivo el 20 de marzo también se determinó la imposibilidad de prestar servicios de larga distancia a todo el país. A partir de ese momento venimos sufriendo una serie de injusticias respecto a los salarios. Por ejemplo, los haberes del mes de marzo que fueron trabajados en plena temporada, la empresa los pagó en forma semanal y lo terminamos de cobrar recién el 15 de abril. A todo esto nadie sabía cuál era nuestra situación legal.
Siguieron transcurriendo los días, las semanas y los meses, y recién el 15 de mayo a través de la organización gremial se pudo firmar un acuerdo con las Cámaras empresarias y el gobierno para determinar nuestro encuadre legal. A partir del 1° de abril es el art. 223Bis de la Ley de Contrato de trabajo, nos suspendieron los contratos y se acordó una ayuda solidaria del Estado de 32.000 pesos por mes, parte lo paga la ATP y parte la empresa con recursos del Estado. La ATP de abril se cobró el 15 de junio y la ATP de julio no la terminamos de cobrar. Los empresarios aducen que no están recibiendo subsidios del Estado.
M.H.: Están llevando adelante una medida de fuerza ¿verdad?
M.: Hicimos una asamblea en la puerta del taller de Barracas, ahí existe un “nodo”, ellos llaman así a un taller donde prestan servicio varias empresas, la General Urquiza, General Córdoba, Empresa Argentina y Chevallier. Por eso hablamos de 1.500 trabajadores en este taller, y los compañeros de técnica.
Hicimos una asamblea para reclamar los salarios adeudados, porque también nos deben horas trabajadas en febrero, guardias de los trabajadores del taller de enero, febrero y marzo que nunca pagaron hasta el día de hoy. Se hizo esta asamblea en reclamo al empresario, que no nos dio ninguna respuesta y se determinó que nos movilicemos al ministerio de Transporte.
M.H.: También señalan que es una situación que no solo afecta a trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires sino que se plantea a nivel de varias provincias.
M.: En nuestro caso, General Urquiza es una empresa que presta servicios en Buenos Aires, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Rosario. Pero esta misma situación vive la totalidad del sector, son aproximadamente 15.000 trabajadores de todo el país.
M.H.: Que están en la misma situación que ustedes.
M.: En la misma o peor. Porque en algunos casos no percibieron ATP. En el caso de nuestros compañeros del taller de Barracas la ATP del mes de julio todavía no aparece en la página de ANSES. La empresa fue dando anticipos pero que no suman la cifra acordada en el último acuerdo paritario.
M.H.: ¿Visualizan alguna salida a esta situación?
M.: Eso es lo grave también, que no solamente estamos sufriendo salarialmente, los compañeros ya están endeudados, han gastado los pocos ahorros de toda la vida, hay compañeros que están vendiendo los vehículos, que ya no pueden pagar los alquileres, que no tienen plata para remedios ni para pañales.
Pero no solamente esta situación, además no visualizamos un futuro porque no vemos en las empresas protocolos serios. No se han instalado cabinas sanitizantes, no se pusieron las luces de ozono para desinfectar las unidades como ocurre con las líneas urbanas. Hace 5 meses que están paradas las empresas y si uno recorre los talleres, están en las mismas condiciones que cuando esto se paralizó. El contagio se dispersa en todo el país, por lo tanto, nuestra actividad la vemos cada vez más lejana.
M.H.: ¿Querés agregar algo más?
M.: Agradecer que nos escuchen, necesitamos que la opinión pública conozca nuestra situación. Entendemos que la larga distancia es un vector de contagio a nivel nacional, pero los trabajadores de las líneas de larga distancia necesitamos ser atendidos. Somos trabajadores en el caso de los conductores, que realizamos exámenes psicofísicos para renovar la licencia habilitante, tenemos compañeros con depresión, problemas psicológicos, cardiológicos y vemos que esto no se va a reactivar de un día para el otro. Pasan los meses y cuando empiece la temporada seguramente muchos gobernadores van a querer que les llevemos el turismo, pero no vamos a estar en condiciones a este paso.
Docentes
La Asociación Docente del Instituto Universitario de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo (ADIUNMA) llevó adelante esta medida de fuerza desde el lunes 7 hasta el viernes 11 de septiembre ante la falta de pago de los salarios.
Los salarios de los maestros de todo el país se encuentran por debajo de la línea de pobreza, y en varias provincias no se abonan en tiempo y forma, advirtió la Unión Docentes Argentinos (UDA).
En un comunicado, UDA detalló que en algunos distritos, como Chubut, hace dos meses que los salarios no se abonan.
Además, indicó que los docentes «hoy ejercemos nuestra tarea de manera virtual desde nuestros hogares, sin condiciones de trabajo adecuadas, sin la infraestructura necesaria, abonando de nuestro sueldo el wi fi, los datos móviles, el consumo eléctrico, las actualizaciones y reparación de nuestros dispositivos, los cuales utilizamos para dar clase de manera virtual».
Ante la insistencia del gobierno porteño de abrir las escuelas en plena pandemia, desde el sindicato docente Ademys convocaron este lunes 7 de septiembre a una concentración y conferencia de prensa frente al ministerio de Educación de la Ciudad en la que distintos representantes de la comunidad educativa manifestaron sus reclamos:
No a la apertura de escuelas y clases presenciales en pandemia
Equipos y conectividad para docentes y estudiantes
No al congelamiento salarial
Alimentos en cantidad y calidad para todas las familias
No al cese a suplentes e interinos
Ingreso de emergencia para docentes sin cargo
No a la Unicaba
Trabajadores de la salud
“A los 400.000 trabajadores de la salud pública nacional trataron de conformarnos con aplausos y un bono insuficiente. Por lo bajo nos decían que las provincias y la Nación no tenían plata, que hablemos después de la pandemia. Frente al reclamo armas en mano de la Policía bonaerense la respuesta fue otra: es legítimo y aparecerá el dinero, dijeron los ministros en los medios (…). Desde mayo, los trabajadores de salud concretamos cuatro jornadas nacionales de reclamo. No tenemos 10 fallecidos. Tenemos más de 100. No tenemos 7.000 contagiados. Pasamos los 28.000”, expresó María Fernanda Boriotti, presidenta de FeSProSa, al dar cuenta de la situación que vive el sector.
Para el 21 de septiembre se está organizando una gran Jornada nacional de lucha, pero los reclamos se hacen escuchar diariamente a través de distintas medidas. El lunes hubo una protesta de trabajadores precarizados de salud del Hospital Vera Barros (La Rioja). Este martes y miércoles los trabajadores de salud de Chubut realizaron un paro en reclamo de salarios y aguinaldo adeudados. Este miércoles y jueves pararon los profesionales de salud de Santa Fe, nucleados en SIPRUS-Fesprosa, exigiendo reapertura de paritarias y desprecarización laboral.
Durante esta semana también se pudieron escuchar los planteos de los trabajadores de San Luis ante los contagios masivos que obligaron al cierre de Hospital de Tilisarao; de Córdoba por los contagios en el Hospital Pasteur de Villa María. Al igual que los trabajadores del Hospital Posadas, donde la cifra de contagios en el personal llegó a 630, situación similar se registra en el Hospital de Río Gallegos.
Desde la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) convocaron para el jueves pasado a una jornada de lucha, para exigir la reapertura paritaria, bonos para todos, más personal y recursos para el sistema de salud: “La negativa del gobierno a convocar a la paritaria en la fecha comprometida y la falta de decisión política para mejorar la situación salarial de lxs profesionales de la Salud resulta ofensiva y anti sanitaria. No basta con que lxs funcionarixs reconozcan la labor y entrega en las conferencias de prensa y entrevistas, ni que se diga que están exhaustxs y al borde del colapso, si eso no se traduce en mejoras concretas en sus condiciones de trabajo y en las remuneraciones que perciben”.
En este sentido, remarcaron que en la mayoría de los municipios la situación es aún más grave, con altos niveles de precarización laboral, malas condiciones de infraestructura, insumos insuficientes y equipos de salud diezmados: “El bono estímulo de 20.000 pesos en cuatro tramos les ha llegado de modo irregular o no lo han cobrado, siendo lxs más afectadxs por esta discriminación quienes se desempeñan en el primer nivel de atención”.
En igual sentido se manifestaron los trabajadores de la salud de la Ciudad de Buenos Aires, quienes se encuentran en estado de alerta y movilización exigiendo un aumento salarial de emergencia para todos los trabajadores que componen el equipo de salud y están al frente de la pandemia en los hospitales públicos porteños. Es ante la decisión del gobierno que encabeza Horacio Rodríguez Larreta de excluir a los y las profesionales de enfermería, técnicos y administrativos de un incremento salarial que recibirá solo una parte de los trabajadores de la Salud.
“Nos parece muy bien que les hayan otorgado a los médicos esa suma de 10.000 pesos en septiembre y otros 10.000 para el mes de octubre, felicitamos esa medida, pero de esta pandemia salimos todos juntos, y es todo el equipo de Salud en su conjunto el que le está poniendo el pecho. Por eso exigimos la inmediata incorporación a este aumento de los enfermeros y enfermeras, del personal administrativo, de mantenimiento, de servicios generales y de limpieza, de camilleros y camilleras”, expresó Rodolfo Arrechea, coordinador del Sector Salud de ATE Nacional.
El Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (Siprus) desmintió al gobernador santafesino Perotti y aseguró que no hubo duplicación de camas. Advirtió que tienen hasta 6 meses de deudas salariales y que están a un paso de definir a quién entregan los respiradores. Hicieron un paro de 48 horas miércoles y jueves.
«A más de 5 meses de comenzada la crisis sanitaria, bastaron dos semanas de aumento sostenido de los casos para que en regiones como el gran Rosario el sistema de salud esté al límite de sus capacidades», señaló el gremio.
«Hay serias dificultades para poder acceder a una cama de UTI en el sistema público, y el sistema privado plantea una situación similar. Muy lejos de la duplicación de las camas críticas, Rosario tiene apenas 90 camas de terapia.Y en Hospital Modular en Baigorria no está totalmente operativo por problemas técnicos», especificó.
En el pliego de reivindicaciones reclamaron: Estabilidad laboral para los trabajadores de la salud que hoy están precarizados; incorporación a la planta de salud los residentes de tercer año de clínica médica, cardiología, terapia y UCO; que el ofrecimiento de aumento de carga horaria que están realizando a quienes trabajan en UTI y guardias, además de ser voluntario, tenga topes de horas; decretar el manejo del ministerio de todas las camas tanto públicas como privadas; incorporación de la representación de los profesionales al COE; y una recomposición salarial que reconozca la responsabilidad y el esfuerzo de los que hace casi 6 meses estamos en la primera línea.
“El Gobierno Provincial no ha dado respuesta a uno solo de nuestros reclamos y no resolvió hasta ahora ninguno de los problemas de fondo del sistema de salud que, en pocas semanas, se vio desbordado ante el crecimiento exponencial de los contagios por COVID 19. Lxs trabajadorxs estamos “agotadxs”, trabajamos bajo presión, con sobrecarga laboral, tenemos salarios congelados desde el 2019, bajos salarios que generan que muchxs de nosotrxs tengamos doble o triple carga laboral (pluriempleo), muchxs no accedimos a las vacaciones (licencia anual ordinaria), hacemos horas extras con pagos que se retrasan entre 3 o 5 meses”, afirmó Lorena Almirón, Secretaria General de Ate Rosario.
Según Ernesto Kofman, Doctor en Ingeniería y Vicedirector del Centro Internacional Franco-Argentino de Ciencias de la Información y de Sistemas (Conicet/UNR): “en Santa Fe hay un tema fundamental hoy por hoy, que involucra a los trabajadores: una persona que es contacto estrecho de un caso sospechoso, es decir, de alguien que tiene síntomas y muy probable sea positivo, tiene que ir a trabajar”. Según el especialista, el protocolo así lo indica. “Se está poniendo en riesgo la salud de todos los trabajadores y trabajadoras, además de propagar la enfermedad por todos lados, y eso debería ser un reclamo gremial ya, fundamental”, advirtió.
Luego de que el personal de terapia intensiva comunicara que tienen la sensación de estar perdiendo la batalla porque «En los bares se reúne gente sin protección» y «esta flexibilización está provocando un desmadre en las conductas sociales», se expresó el personal de Enfermería de la provincia de Neuquén. «Tocamos fondo. No es joda, es la verdad. No tenemos más personal», dijo Darío Mas, secretario General del Sindicato de Enfermeros de Neuquén sobre el pico de contagios en la provincia.
Agotados y apremiados por una demanda creciente, con lugares de descanso improvisados, vestuarios mal ventilados y un «sentimiento de angustia permanente», los enfermeros del hospital de Agudos Carlos Durand (CABA) contaron que no hay personal para cubrir la demanda que requieren las 48 camas de terapia intensiva. Tampoco pudieron despedir a tres compañeros fallecidos por coronavirus.
«Estamos exhaustos, a esta altura hay una angustia permanente en los compañeros de trabajo, estamos siempre al límite», aseguró Gastón Kalniker, uno de los enfermeros del Durand, donde más de 300 trabajadores se infectaron con Covid-19 y murieron tres enfermeros.
El 4 de setiembre el personal de salud del Hospital Dr. Guillermo Paterson de la localidad de San Pedro (Jujuy), realizó una protesta con carteles y bocinazos. Solicitaron urgente realización del test PCR para todo el personal, también denuncian que no le liquidan sus sueldos hace tres meses.
Mientras tanto, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dispuso aplicar multas de hasta 1.000.000 de pesos y arresto domiciliario para el personal de salud que no realice las prestaciones que le pide la cartera sanitaria provincial en el contexto de la pandemia de Covid-19.
Desde que comenzó la pandemia hasta el 1° de septiembre hubo 81.141 trabajadores esenciales contagiados de coronavirus, 61.031 pudieron recuperarse y hubo 220 fallecidos. Los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo corresponden a las denuncias realizadas a las aseguradoras (ART). El 27% de las denuncias se concentró en el personal de salud.
Coronavirus en Santa Fe
Cerró el bar Johnny B. Good en Rosario y dejó 45 empleados en la calle. La reconocida firma pertenece al grupo empresario Efes Management Group, liderado por Enrico Tessarolo, que cuenta con más de 15 locales en el país y emplea alrededor de 400 trabajadores. En Rosario son dueños de locales como Peñón del Aguila, Negroni, Temple bar y Tiendas Naturales.
Estas empresas fueron beneficiarios con las ATP entregadas por el gobierno nacional y en Rosario con la apertura de la cuarentena siguen facturando.
Se viene viendo el reclamo incesante de trabajadores gastronómicos como en Rock and Feller, Bar el Cairo, el Club de la milanesa y tantos otros que ya no pueden soportar más los atropellos patronales. No se respeta el DNU presidencial que prohíbe los despidos, no pagan los salarios en término, les deben aguinaldos y en muchos casos trabajan en la informalidad. Ahora se suma Jhonny B. Good y sus dueños amenazan con cerrar alrededor de cinco locales más en el país.
El conflicto entre la empresa Tenaris, del Grupo Techint, y la delegación Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que mantuvo bloqueado el 2/9 el ingreso a la planta por cinco despidos, se tensó ante la intervención de una fiscal que pidió levantar la medida de fuerza.
En respuesta, la organización gremial formuló una advertencia y dijo que sus afiliados estarían dispuestos a «tomar la fábrica», si se concreta una orden de desalojo.
«Es una estrategia jurídica. Quieren suspender a todo el personal, salvo al de mantenimiento, sin pagar lo que corresponde a los trabajadores suspendidos», indicó.
El conflicto se inició meses atrás por el despido de 13 trabajadores dependientes de una contratista llamada Emet, que dejó de prestar servicios para la planta de Tenaris.
La nueva contratista, Sijam, tomó a parte del personal de la otra firma y ocho trabajadores acordaron el pago de un retiro voluntario, explicaron desde la UOM de Villa Constitución.
Sin embargo, cinco de ellos fueron despedidos y según el gremio integran «una lista negra» del Grupo Techint por su participación en la vida gremial.
La UOM bloqueó el ingreso a Tenaris pero levantó la medida a mediados de agosto ante la intervención del ministerio de Trabajo de Santa Fe, aunque esa instancia de mediación no pudo resolver el conflicto de fondo.
El titular de la UOM de Villa Constitución adelantó, por su parte, que si no hay una intervención oficial para retrotraer los despidos se profundizará el conflicto y no se descarta «la toma de la planta».
“En la tarde de ayer (7/9), el Gobernador Omar Perotti con anuencia de las Comisiones directivas provinciales de ATE y UPCN, dio un paso más en la destrucción de la negociación colectiva en la provincia. El gobierno logró instalar sumas en negro, deficientes, no remunerativas ni bonificables y excluir a monotributistas que principalmente están en el sector salud. Los paritarios lo hicieron una vez más: de espalda a las bases, entregaron nuestros derechos”, denuncia Ate-Rosario.
El acta paritaria firmada por el Secretario General de ATE Provincia de Santa Fe, Jorge Hoffman y el dirigente de UPCN, Jorge Molina, establece una suma fija no remunerativa y no bonificable, es decir, no va ni para la Obra social, ni para la jubilación, ni para el aguinaldo, desfinanciando la Obra social y la Caja de jubilaciones.
Los municipales escalan en su pelea con el Gobernador, desafían a la gestión de Omar Perotti y comenzaron una serie de tres jornadas de paro total en la provincia. La decisión la sostienen a pesar de que el Ministerio de Trabajo de Santa Fe dictó la conciliación obligatoria.
Ante el escenario de falta de acuerdo, los representantes paritarios de Festram, dispusieron esta protesta porque rechazan las sumas fijas recibidas, y exigen una recomposición salarial.
Los representantes gremiales remarcan que los intendentes insisten en imponer la política salarial que el gobierno de la provincia dispuso unilateralmente, pero extendida en el tiempo, con una suma no remunerativa ni bonificable de 3.000 pesos, para los meses de septiembre, octubre y noviembre.
Advierten además que no hay ningún compromiso de actualización de las asignaciones familiares, y la protección de la salud laboral ha empeorado notoriamente, avanzando con casos de coronavirus en el ámbito de municipios y comunas.
Asimismo, se agrega la decisión de las ART, de no cubrir a los trabajadores santafesinos al Covid-19 como enfermedad profesional, lo que deja expuesta la precariedad con que muchos trabajadorxs están desarrollando su labor.
El Plenario Nacional Sindical Combativo expresó su solidaridad con los y las choferes de Rosario, que están encarando un paro desde hace varios días en reclamo de salarios adeudados.
Al día de hoy les deben 50% del mes de julio, la mitad del aguinaldo y dos cuotas de un monto comprometido por el gobierno nacional. El pago de esas sumas fue el compromiso asumido ante los trabajadores, luego del histórico paro de más de dos meses que hicieron los y las choferes, que incluyó una masiva movilización por las calles de Rosario. Siguen sin obtener respuestas.
Una de sus primeras medidas de gobierno, fue derogar la expropiación del Ingenio Las Toscas. El ‘Plan Perotti’ en Vicentín, fue un fracaso tan anunciado como planificado. Al principio de la pandemia, el Gobernador que prometió en campaña ‘Paz y Orden’, ofreció un bono de $3.000 por única vez, solo al personal de planta y un 30% de aumento solo a medicxs monotributistas, dejando por fuera a enfermerxs y no profesionales que se encuentran precarizadxs y que son una parte importante de quienes sostienen las guardias y las salas de internación de los hospitales.
Según los medios y voceros oficiales el principal motivo de contagios es por los encuentros sociales, que están prohibidos por un decreto presidencial y hacen eje en la responsabilidad individual. Pero de lo que nadie habla es de la responsabilidad empresarial en la pandemia, que incumplen protocolos sanitarios y obligan a sus trabajadores a contagiarse y exponer sus vidas y las de sus familias.
En las fábricas de Rosario como Electrolux, Bambi donde hay 6 contagiados y La Virginia donde salieron a reclamar testeos masivos ante los contagios o en Gemplast con el pedido desesperado del personal de difusión de su situación ante la nula implementación del protocolo ante 5 casos de Covid positivos y cerca de 20 casos sospechosos de trabajadores con síntomas. Es una política consciente dejar correr a las patronales que buscan no perder un peso a costa de la salud y la vida de sus empleados y empleadas.
Hay 22 trabajadores de Acindar Villa Constitución que se encuentran aislados por haber estado en contacto con casos positivos de Covid-19. Dicho contacto se da dentro de la misma fábrica, que continúa produciendo sin las medidas sanitarias necesarias para cuidar la salud de los trabajadores. La situación que se da en Acindar también se viene desarrollando en Siderar y otras fábricas de la zona como Motomel, el Puerto y la Municipalidad de San Nicolás.
A las multinacionales y grandes empresas de Villa Gobernador Gálvez tampoco les importa la vida de sus trabajadores y se empezaron a conocer casos en Unilever, Swift, Paladini y Metalsur que a los contagios se suman los despidos.
Con la insistencia en que los focos de contagio son las reuniones, se elude que son los grandes conglomerados fabriles, las clínicas, hospitales, los supermercados, puertos y otros lugares de trabajo, donde el virus se expande sin que rija ningún protocolo y contra trabajadores y trabajadoras obligados a realizar sus tareas con mínima, o ninguna, protección.
Situación semejante pasan las y los trabajadores del transporte público, que además de sufrir ataques al salario fueron ellos mismos los que tuvieron que garantizarse las condiciones de aislamiento y seguridad para poder trabajar al inicio de la pandemia. Ahora hay casos confirmados de covid-19 entre los choferes de la UTA Rosario. Son 5: 4 trabajadores de la línea 3 y del interurbano Monte Vera en la ciudad de Santa Fe.
Los supermercados se han convertido en otro foco de contagio y en base a hostigamiento y persecución por parte de supervisores hay muchos trabajadores que han sido “apretados” por haber difundido en sus redes sociales los contagios y la denuncia de la falta de respeto a las medidas de distanciamiento, desinfección y que no les dan los materiales de seguridad para trabajar. En La Gallega de Rosario se conocieron casos, también en Jumbo, Carrefour y en el supermercado Kilgilman de Santa Fe. El Supermercado EBE, con sucursales en Granadero Baigorria e Ibarlucea, se niega a otorgar las licencias correspondientes a las trabajadoras y trabajadores que se encuentran enfermos, en algunos casos con síntomas compatibles con coronavirus mostrando un total desprecio por la salud del personal y los clientes.
En la ciudad de Coronda uno de los casos positivos es de una persona que trabaja en el Servicio Penitenciario y abre nuevamente el interrogante de la situación y las condiciones de las y los internos en las cárceles de Santa Fe, que desde el comienzo de la pandemia realizaron motines para pedir elementos de higiene y a finales de marzo hubo cinco muertos en penales santafesinos, en el marco del reclamo frente al coronavirus.
Mientras, el Estado y el gobierno provincial han redactado protocolos para su aplicación en fábricas y establecimientos sin controlar ni inspeccionar la aplicación de los mismos. Dejando al arbitrio de las patronales esta aplicación, lo que termina predominando es el ritmo de producción, la pronta marcha del funcionamiento a la máxima capacidad.
Trabajadores de Sancor
El jueves 10 de septiembre, en el marco del Día del Trabajador Lechero, trabajadores y mujeres autoconvocadas de SanCor se movilizaron desde Congreso hasta el ministerio de Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires: “Estamos hartos de que SanCor nos estafe, estamos cansados de no tener para llevar a la mesa para nuestras familias, estamos cansados de pedir una solución que no llega”.
Con una Carta Abierta, un grupo de trabajadores de SanCor denunció que vive una situación más que irregular.
«Nos dirigimos a ustedes por este medio, para expresarnos en relación a la crítica situación que estamos atravesando en cuanto a la pérdida de fuentes de trabajo, las suspensiones sin goce de sueldo, los salarios y aguinaldos adeudados a todo el personal y el incumplimiento por parte de la empresa del pago a los trabajadores que en su momento aceptaron los retiros voluntarios anticipados y/o las desvinculaciones acordadas», abre la misiva.
Con la firma de la Comisión de trabajadores de SanCor en lucha, explican que el proceso «de reconversión» de la firma «impactó desde el primer momento sobre nuestros bolsillos».
«Estuvimos meses sin percibir nuestros salarios, años sin cobrar aguinaldos o los aumentos que, mientras tanto, recibía el resto del sector. Incluso la empresa llegó a pactar con ATILRA, un descuento del 15% en el sueldo de cada trabajador de SanCor, durante el término de un año, como un aporte ‘solidario’ para la cooperativa. Nunca nos devolvieron un peso de ese aporte forzoso, pese al compromiso asumido por el gremio», recuerdan.
SanCor pasó de algo más de 4.000 operarios en 2017 a solo 1.900 en la actualidad.
Y advirtieron que «Hoy SanCor no tiene volumen de producción ni de venta. Procesa un poco menos de 800.000 litros de leche diarios y tendría que estar en 1,5 millones para que tengan un equilibrio sustentable sus plantas».
Las deudas que posee SanCor escalaban a abril de este año a $280 millones. Además, se le contaron 8.141 cheques rechazados por un total de $812 millones. Lo números finos hacen subir la deuda a los 12.000 millones de pesos de los cuales, al menos, 6.000 millones -la mitad- se trata de compromisos con el Estado. El resto se reparte en deudas con proveedores -es decir, los servicios, insumos y materias primas necesarios para la producción- y, por último, con su personal trabajador, tanto los activos, los suspendidos indefinidamente, como los conquistados por retiros voluntarios y desvinculaciones cuyos compromisos de pago SanCor nunca cumplió.
Asimismo, el pasivo en dólares también es muy alto: la deuda a distintos fondos de inversión, tanto nacionales y extranjeros, ronda los U$S 120 millones.
Empleados de comercio
Lamentablemente falleció la delegada gremial Graciela Salerno, de la sucursal 63 de Coto del barrio de Pompeya, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya cantidad de casos no para de aumentar.
A través de su comunicación diaria en la que se repasa la situación sanitaria en las tiendas que administra, Carrefour informó que tuvo, en las últimas 24 horas, 20 nuevos trabajadores que dieron positivo.
La cifra fue puesta en conocimiento por la Agrupación La Voz de Comercio que, además, confirmó que se trata del número diario más alto desde que se lleva adelante este seguimiento pormenorizado.
Según el relevamiento que encararon los propios trabajadores de la empresa, el total de empleados de Carrefour que ya dieron positivo de Covid-19 asciende a 873. Es, junto con COTO, la cadena en la que más proliferaron los contagios. Y el fenómeno parece no detenerse.
Desde tiempo atrás se vienen escuchando denuncias sobre la cadena de Supermercados Coto, todas ellas vinculadas al mal trato hacia su personal. Pero desde que estalló el Covid 19, a todos los maltratos por parte de los supervisores y de “Recursos Humanos”, se sumaron la actitud totalmente irresponsable (y se podría decir, criminal) de ignorar olímpicamente que si un trabajador o trabajadora se infecta, no solo es grave para su persona sino que contagiará al resto. Y eso es lo que efectivamente ocurrió. Así, la cantidad de infectados en las sucursales va en aumento, y en todos los casos se aprieta al personal para que no deje de ir a trabajar. Una verdadera locura, pero parece ser que Alfredo Coto no tiene quien lo obligue a hacer lo contrario.
Periodistas
Según Carla Gaudensi, Secretaria General de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa -FATPREN-, “el acuerdo alcanzado -que impacta en la mayor parte del territorio nacional- en la paritaria implica un aumento que arrancará en el 11% desde el mes de agosto -con un porcentaje algo mayor para las categorías más bajas de la escala- y llegará al 18% en noviembre. Este incremento, que será no remunerativo en un primer momento, se incorporará plenamente a los salarios básicos en el mes de diciembre. Además, las empresas que no venían pagando o sólo pagaron parcialmente el decreto 14/2020 que establecía un aumento para trabajadores del sector privado -y que eran la gran mayoría en nuestro sector-, deberán abonar un bono de $10.000. En noviembre, retomaremos la discusión paritaria nuevamente.
Entendemos que esta recomposición es, desde luego, insuficiente en relación a los salarios de las y los trabajadores del sector que han sido muy castigados, fundamentalmente en los últimos cuatro años. Desde la nueva conducción de la Federación, hemos planteado que nuestro objetivo es que ninguna trabajadora o trabajador de prensa cobre por debajo del valor de la canasta familiar, hoy en día en torno a los $43.000. Pero sabemos que eso no es algo que podamos lograr en unos pocos meses. Necesitamos fortalecer nuestros sindicatos y nuestra organización en todo el país”.
Los trabajadores y trabajadoras de la Editorial Perfil realizaron este jueves 10 y viernes 11 de septiembre un paro en reclamo de aumentos salariales y el pago pendiente del medio aguinaldo de junio. En tanto, sus colegas de El Cronista continúan con una semana de paros parciales ante la falta de paritarias desde octubre de 2019.
“En estos días, en reuniones de las Cámaras patronales, Perfil fue la única que se negó a aumentar 10% los sueldos de sus trabajadores. Clarín, La Nación, Infobae, El Cronista ya anunciaron su mejora. Página 12 está en negociaciones. Perfil, nada. Como casi siempre. La empresa decidió hace ya varios años financiar su expansión a costa de retacear, erosionar o directamente no pagar nuestros salarios. Pero no vamos a aceptarlo más. Es curioso porque los gerentes y jefes periodísticos siempre piden imitar o competir con todos estos medios. Sin embargo, cuando esos medios acuerdan mejorar en algo los salarios depreciados de sus trabajadores, Perfil se opone. Se lo pedimos por acá Jorge Fontevecchia, Gustavo González y todo el directorio. Compitan ustedes con Clarín, La Nación e Infobae, como nos piden a nosotros, y auméntenos un 10% como hicieron ellos”, denunciaron los trabajadores de Perfil.
Los trabajadores y trabajadoras de El Cronista también se encuentran llevando adelante un plan de lucha ante las paritarias 2019 incompletas y las paritarias 2020 que ni siquiera iniciaron negociaciones: “El último aumento que ingresó a nuestros bolsillos fue determinado por el gobierno nacional, con un decreto en enero, y consistió en una suma de 4.000 pesos brutos en dos cuotas, que se cobraron en febrero y marzo. Encima, la empresa aprovechó el aumento gubernamental para absorber la suba del 10% que habíamos obtenido en noviembre. Todo esto luego de cinco años de paritarias a la baja, que deterioraron nuestro poder adquisitivo en el orden de un 50%”.
Afirman que en paralelo la redacción del diario se ha ido vaciando, casi 30 periodistas han abandonado la empresa “corridos por la miseria salarial”: “Cada compañero que renuncia es un trabajador menos, ya que la empresa, en casi todos los casos, no cubre la vacante”.
Los trabajadores de Crónica TV, representados por el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos, decretaron un paro por la falta de pago del retroactivo de junio, aguinaldo y julio del acuerdo salarial del Convenio colectivo de trabajo vigente.
Las organizaciones gremiales que integran la Intersindical Radial (AATRAC, SALCo y SUTEP) llevaron adelante medidas de fuerza por 72 horas en rechazo a la decisión de dar por concluida la revisión salarial del acuerdo 2019/2020 por parte de la Cámara empresaria que nuclea a las radios privadas -ARPA- tras ocho meses de negociaciones privadas y públicas citadas por el ministerio de Trabajo de la Nación.
Trabajadores de los ingenios
Los trabajadores del Ingenio Ledesma realizaron un bocinazo el viernes 4/9. Manifestaron de esta manera ya que desde marzo vienen pidiendo a la patronal un compromiso serio en cuanto al cuidado de los trabajadores. Además, presentaron denuncias al ministerio de Trabajo de la Nación, de la provincia, también han llegado a la denuncia penal del Directorio y de Diego Paredes, el responsable de Medicina Laboral de Ledesma.
Rafael Vargas, Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados, comentó que la empresa obliga a trabajar a empleados con síntomas de COVID-19.
En Ledesma se registran 400 casos y 16 trabajadores fallecidos. Además, el 50% de mayores de 60 años está trabajando.
Un hecho brutal se está dando en el Ingenio San Martín de El Tabacal, situado en el Departamento Hipólito Yrigoyen (Salta).
Solo el miércoles, fallecieron tres obreros: Hugo Lizarraga, Víctor Juan y otro trabajador de apellido Arepia. Se suma a Fredy Cornu, fallecido la semana pasada, y la esposa de un trabajador. Los contagiados se cuentan por decenas.
El Sindicato reclamó que se cumplan los protocolos, realizó un paro y envió una carta documento anunciando acciones legales. Sin embargo, a la empresa no le importó. Siguió obligando a trabajar a sus obreros de la fábrica y del campo.
Mientras trabajan y enferman, los obreros de El Tabacal negocian su paritaria. En la reunión que se realizó este miércoles ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, la empresa propuso incluir en la oferta lo que llama un “Incentivo Covid”. Sin ponerse colorados dicen que “para promover el cuidado y la prevención de potenciales contagios de COVID de nuestros trabajadores y sus familias, Seaboard implementará un Plan de incentivo extraordinario COVID ZAFRA 2020, por única vez, para el trimestre Set – Oct – Nov / 2020”. Ofrece $ 2.000 en setiembre, $ 3.000 en octubre y luego “vemos” hasta cuándo sigue la zafra.
Desde el inicio de la pandemia de Covid-19 el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar San Isidro (SOEASI) de Salta denunció públicamente a la patronal por no cuidar la salud y la vida de los trabajadores.
Ahora, con más de 80 casos positivos en el ingenio y centenares de casos sospechosos, quedó en evidencia cuáles son las prioridades del Grupo Ruiz, al manifestar el mandamás de la empresa, en una entrevista emitida por Canal 4 que “no va a dejar de funcionar el ingenio, se va a tratar de que los trabajadores que no están enfermos, se enfermen lo más despacio posible”, para no entorpecer la producción y la zafra.
Estatales
Pasados más de cinco meses del vencimiento del plazo para el llamado a paritarias, el secretario adjunto de ATE, Rodolfo Aguiar, manifestó que los estatales han sido “sumamente prudentes hasta aquí entendiendo que se necesitaba tiempo frente a los pésimos indicadores económicos que heredó la nueva gestión nacional”, pero sentenció que “llegó la hora de recibir una oferta salarial”.
Desde ATE Promoción Social informaron que autoridades porteñas del ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, que encabeza María Migliore, avanzaron con un nuevo recorte del 10% de trabajadorxs que venían sosteniendo sus tareas laborales bajo modalidades de contratación precarias: “Se decide reducir en Ministerios denominados por el propio GCABA como esenciales mientras se agudiza la pandemia, desconociendo el decreto presidencial sobre prohibición y suspensión de despidos”, denuncian en un comunicado.
Trabajadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas realizaron una Jornada nacional de lucha. Luego de cuatro años de pérdida del poder adquisitivo, caída de presupuesto y degradación del Ministerio, los investigadores buscan reiniciar la reactivación suspendida por la pandemia.
Flavio Sives, miembro de la de la Junta Interna de ATE-CONICET destacó que hubo “pasos simbólicos y pasos reales, uno fue la recuperación del Ministerio, a los becarios se les aumentó escalonadamente un 50% de su sueldo” así como el incremento en subsidios y la mejora del presupuesto para los institutos. Pero antes de llegar a la paritaria nacional donde se discutirían los sueldos, “nos agarró la pandemia y frustró muchas buenas intenciones que se llevaron a la práctica”.
Trabajadores de la cultura
Sumando incertidumbre a la actividad actoral, que se encuentra paralizada desde hace cinco meses, desde algunos medios se han divulgado opiniones que sostienen que son las formas de contratación y las escalas salariales mínimas establecidas en el Convenio Colectivo de Trabajo las que no facilitarían la salida de la crisis que atraviesa la industria audiovisual, considerando que «aumentan» los costos de producción y que fijan condiciones laborales rígidas.
“Aún ante la grave situación por la que atravesamos actrices y actores, apuntadoras y apuntadores, canjear supuestos puestos de trabajo por derechos básicos sería un grave retroceso que no estamos dispuestos a fomentar”, aclara la Asociación Argentina de Actores.
Desde el Frente de Emergencia de la Danza lanzaron una campaña ante la ausencia de respuestas y la falta de acciones por parte del Ministerio de Cultura de CABA frente a un pedido de plan de emergencia cultural para el sector y un aumento de presupuesto de Prodanza para el 2021.
VIDEO: https://bit.ly/LosNOdelMinisterio
Lo pueden descargar AQUÍ: http://bit.ly/CampañadelosNO
El jueves 10 de septiembre se realizó una olla y parche de artesanos frente al ministerio de Espacio Público porteño, ubicado en Avenida Martín García 346 de la Ciudad de Buenos Aires.
“Desde varias ferias de la Ciudad, vemos como nuestra vuelta a las ferias se demora, el protocolo y los acuerdos están cada día más lejanos, nos plantean desde el Gobierno de CABA reubicaciones o adaptaciones que, lejos de significar un bien para nuestro sector, nos resultan más bien perjudiciales. Sin embargo, abrieron bares y restaurantes ocupando en algunos casos los lugares de nuestros emplazamientos”, señalan en un comunicado.
Mineros
Trabajadores de Ambar y Cía. Minera (Zapala-Neuquén) resolvieron la ocupación en reclamo del pago de salarios y por el incumplimiento del acta-acuerdo por parte de la patronal. La empresa de Santiago Sapag amenaza con el cierre y despidos.
El conflicto con los trabajadores tuvo un primer capítulo en el mes de agosto, cuando reclamaban por condiciones de trabajo, de higiene y seguridad y la falta de pago de salarios. La empresa no pagaba las quincenas, respaldándose en una supuesta crisis económica, hasta que se llegó un acuerdo con la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), en el que se firmó un acta que establecía que la primera quincena de agosto serían depositados los sueldos y ATP correspondientes a los haberes de julio.
Los obreros de la minera Mansfield (Salta) difundieron una carta abierta en la que piden una audiencia con Alberto Fernández, para denunciar la situación que viven desde hace más de 150 días. Pese a la prohibición de despidos, la minera echó a 250 trabajadores que realizaban tareas en la mina de oro a cielo abierto.
“La ecuación es muy simple: la empresa Mansfield Minera SA aprovechó la situación de pandemia y con esa excusa disminuyó el volumen de personal contratado -por medio de las tercerizadas-, pero eso no implica que sus negocios se vean perjudicados, al contrario. El proyecto de construcción de la mina avanza viento en popa, con menor cantidad de trabajadores más explotados que antes y sumado a eso, sin contar con el más mínimo protocolo sanitario para evitar contagios entre los trabajadores, siendo que hace días se detectaron 3 casos de COVID19 en la mina. ¿Y toda esta explotación, que además conlleva contaminación medioambiental, para qué? Para extraer 10,8 millones de toneladas anuales durante un tiempo de vida de tan solo 12 años para la mina. Explotan a los trabajadores, saquean y contaminan la tierra, y se van. Ahí está el “progreso”, señalan.
Mientras tanto, la empresa contratista Mansfield Minera a cargo del Proyecto Lindero dejó a cientos de familias en la calle, deben más de $ 900 millones y le rechazaron 2.077 cheques.
En Salta, 250 trabajadores se manifestaron en las oficinas de la UOCRA exigiendo al gremio que tome medidas por los despidos injustificados, además que denunciaron graves atropellos laborales. Hasta el momento no ha habido pronunciamiento por parte del sindicato ni de las autoridades de la secretaría de Trabajo.
Por los gremios y fäbricas
Tras 5 meses de lucha, los trabajadores de Trento Vidrios volvieron a la fábrica luego del compromiso asumido por parte de la patronal ante el ministerio de Trabajo de hacer efectivo el pago de la totalidad de lo adeudado.
“Pese a las estrategias dilatorias y rupturistas de la patronal, nos mantuvimos unidos y conseguimos que la empresa se comprometa a pagar todo el mes de abril y el medio aguinaldo que se concretará en dos tramos entre septiembre y octubre”, dijo Guido Morales, Secretario Adjunto del SATIVA.
En tanto, Tomás Devoto, Secretario de Salud Laboral de la CTA-A Bonaerense celebró que “hoy se coronó un gran triunfo de los trabajadores de la empresa TRENTO con la apertura de la fábrica, después de estar cerrada desde marzo por la cuarentena y porque se logró el ingreso de todos los trabajadores, el pago del aguinaldo y los salarios adeudados al 100%”.
La Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles exigió, en el marco de la crisis que atraviesa la actividad del biodiesel, un plan integral de reactivación para mantener 9.000 puestos de trabajo.
La organización viene «denunciando y solicitando respuesta desde hace meses, y hoy la situación ha empeorado notablemente con la consecuencia del parálisis total de plantas de biocombustible y la suspensión y despidos de compañeros trabajadores». Entre los motivos que desencadenaron esta situación, esgrimen «la falta de una política clara sobre el sector energético, que empuja a las empresas, en su mayorías pymes, a discontinuar la producción y llevar a una realidad de total incertidumbre sobre el futuro de la actividad».
Asimismo, señalaron que entre las provincias con empleados afectados se encuentran principalmente Entre Ríos, Santa Fe, Tucumán, Córdoba y Buenos Aires y, ante este escenario, desde el gremio creen que es necesaria «la urgente intervención de la secretaría de Energía».
Luego de que se confirmara que los 29 integrantes de la tripulación del buque congelador tangonero Aresit, cuya armadora es la empresa Pesquera Deseado S.A., habían contraído coronavirus, casi dos decenas de ellos siguen aislados. Abandonados en condiciones de hacinamiento.
El barco permanece aislado en un sector del muelle de Puerto Deseado desde el 28 de julio de 2020. Si bien 10 de ellos han logrado abandonarlo, todavía hay 19 trabajadores del mar varados.
«Están embarcados en dramáticas condiciones sanitarias, con instalaciones sin sanitizar, con 60 toneladas de langostino a bordo, hacinados sin elementos de protección personal, con basura, y escasa agua potable», dijo su representante legal Nicolás Schick.
Además apuntó que «la Aseguradora de Riesgos de Trabajo no envió médico para asistirlos, ni cumplió con su obligación de brindar las prestaciones médicas necesarias e indispensables a su cargo, la entrega de insumos para preservar la integridad de todos los individuos contagiados».
Trabajadores y el gremio de Pasteleros protestaron en la planta de alfajores Vimar, en la localidad de La Reja, Moreno, ante los despidos que se produjeron en las últimas semanas. Muchos empleados relataron que estaban en negro y ante el comienzo del aislamiento social preventivo y obligatorio fueron echados. A su vez, denuncian que no existen protocolos sanitarios, lo que los deja expuestos al COVID-19.
El 7 de septiembre, trabajadores despedidos de la fábrica de alfajores Vimar se volvieron a reunir a sus puertas para protestar por diversas irregularidades y graves ilegalidades, cuando en un hecho insólito, un hombre sacó un arma y se puso a disparar, sin lastimar a nadie afortunadamente.
Los trabajadores cuentan con el apoyo del Sindicato de Trabajadores Pasteleros y de la CGT regional Moreno, Merlo y Marcos Paz para llevar adelante las medidas de fuerza.
Entrevista a Ezequiel Barbeito, delegado de La Salteña
M.H.: Hubo 54 casos positivos de Coronavirus en La Salteña. Una gran cantidad de trabajadores afectados, también en El Ingenio Ledesma, en supermercados Coto, una gran cantidad de fábricas. ¿Qué está pasando respecto de los y las trabajadoras afectados por casos de Coronavirus en La Salteña?
E.B.: Fueron tres semanas de mucha intensidad con respecto al Covid 19 porque como pasó en todas las fábricas, empezaron a haber casos positivos de los compañeros. Veníamos bien, a cuatro meses de la pandemia sin casos, y en una semana se dieron diez casos, uno al lado del otro. De un momento para otro en varios turnos. Ante ese avance de los casos, la discusión con la empresa, era que no quería aislar a los contactos estrechos de esos compañeros positivos, esos sospechosos que empezaron a presentar síntomas. Al no ponernos de acuerdo, porque ellos establecían que no había contactos estrechos, llegamos a un punto en el que tuvimos que parar la fábrica para que se aíslen de forma adecuada, para que se garantice la sanitización exhaustiva de la fábrica. Y como hubo dos o tres días que esos contactos estrechos estaban por toda la fábrica, lo que pedimos es que hisopen a todos los trabajadores.
M.H.: Esa es una medida que proponen los trabajadores de La Salteña, no la patronal.
E.B.: Exactamente. Después de eso no tuvo alternativa la empresa, porque estábamos dispuestos los trabajadores a parar la fábrica todos los días que fueran necesarios hasta que se tomaran las medidas. Entonces a la empresa no le quedó otra que hisopar, entonces a la luz de esto el resultado fueron 54 infectados. Muchos asintomáticos. Se paró la planta una semana para hacer los hisopados y ese fue el resultado.
M.H.: ¿Cómo siguió la situación?
E.B.: Después se volvió a la producción. De 300 trabajadores que tenemos en la planta, se volvió con 60 trabajadores, porque se vieron afectados los positivos y los contactos estrechos. Así que con muy poca gente se volvió a producir. Nos pidieron que como había tan poca gente, 60 personas en total, y 20 personas en cada turno, si podíamos acompañar con turnos de 12 horas por dos semanas.
Nosotros entendíamos que mal que mal habían hecho los hisopados que pedimos, dieron la semana y aislaron a toda la gente, entonces decidimos hacerlo. Pero después la empresa quiso dejar las 12 horas de manera indeterminada y ahí tuvimos otra vez el conflicto. Nosotros acordamos que fuera por dos semanas, y el lunes 24 de agosto volvimos a nuestro horario normal y cuando nuestros compañeros del turno tarde se presentaron a trabajar no los dejaron ingresar. Entonces no tuvimos otra alternativa que volver a parar la planta.
M.H.: En este momento está paralizada.
E.B.: No. Hoy (25/8) a las 18:00 se volvió a la producción, después de una audiencia en el ministerio de Trabajo de la Nación.
M.H.: ¿Esta actitud de la empresa tiene que ver con esta situación de la pandemia o ya había antecedentes?
E.B.: Si bien todo empezó por la pandemia, la pandemia es nueva en todo el mundo, sí tienen cierto sesgo de soberbia ante los trabajadores y de no escuchar y en eso se refleja lo que veníamos planteando. Más allá de eso el mensaje de los trabajadores fue contundente, establecimos que no podemos permitir que nos cambien las condiciones de trabajo de manera intempestiva y arbitraria como ellos pretenden.
M.H.: Se aprovechan de la situación actual para generar cambios en las condiciones de trabajo, incluso salariales.
E.B.: Exactamente. Entonces tuvimos hoy la audiencia en el ministerio de Trabajo, con la Directora nacional de Relaciones de trabajo y si bien afirmó que ese horario que ellos plantean no puede ser por tiempo indeterminado, tiene que tener un principio y un final, nosotros manifestamos que esas horas no las podemos hacer porque hay gente grande y que exige demasiado al esfuerzo físico. Entonces se llegó a un entendimiento momentáneo, ellos nos pidieron que fuera hasta el 30 de septiembre y nosotros hasta ayer. Se decidió partir la diferencia, hacer dos semanas más para que durante este tiempo buscar una manera alternativa que no sea las doce horas, sobre la base de nuestros turnos buscar la manera alternativa para que no se junten trabajadores en los comedores y poder transcurrir en el marco de la pandemia y retomar nuestros turnos habituales cuando esto pase.
Fuentes: Red Eco Alternativo, Resumen Latinoamericano, Infogremiales, www.aterosario.org.ar, La Izquierda Diario, Periódico El Roble,
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