Más de 50 organizaciones indígenas, sociales, políticas y de derechos humanos volvieron a cuestionar el accionar del subsecretario de Prevención y Seguridad que ordenó un «violento» desalojo de una manifestación en la ruta 11.
20 de Octubre de 2020
La segunda intervención como funcionario del gobierno provincial del subsecretario de Prevención y Seguridad en Abordaje Territorial, sargento ayudante Gustavo Olivello, ante un conflicto social volvió a terminar en represión, consumada por Infantería, esta vez contra 130 familias integrantes de pueblos indígenas que reclamaban, por tierras y viviendas para poder vivir dignamente, en la ruta nacional 11, el pasado 15.
Ante esto, con más de 50 firmas de organizaciones indígenas, organismos de DD HH, gremios y movimientos sociales, diputados provinciales, concejales y referentes políticos y culturales manifestaron su enérgico repudio y exigieron una vez más la inmediata renuncia de Olivello, quien desde su nombramiento recibió cuestionamientos por los numerosos antecedentes violentos y represivos de su accionar como miembro de la Policía de la provincia. Asimismo, solicitaron una urgente audiencia con los ministros de Gobierno, Juan Manuel Chapo; y de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar.
Irracional represión
Desde estos espacios calificaron de «irracional represión contra niños, mujeres, ancianos y hombres de la comunidad qom» que emanó de «las órdenes para el desalojo de la ruta, según pudo verse en videos viralizados, que fueron dadas inexplicablemente por el sargento ayudante de Policía de licencia y actual subsecretario del Ministerio de Gobierno del Chaco, Gustavo Olivello», apuntaron y explicaron que «esa orden dada por él a la Policía fue absolutamente ilegal por muchísimas razones: se trata de una ruta nacional. No se actuó con orden de ningún juez o fiscal. Olivello tiene causas penales y administrativas abiertas en operativos en marco de movilizaciones, por ello está inhabilitado legalmente para actuar. Debe tratarse de personal idóneo y con aptitudes éticas, intelectuales, psíquicas y profesionales mínimas, de lo que claramente carece. No se tomaron las medidas de protección de niños, mujeres ni ancianos. En el lugar existían muchos oficiales de mayor rango. La Policía del Chaco está a las órdenes de la ministra de Seguridad y Justicia y Olivello depende del Ministerio de Gobierno», enumeraron las razones para cuestionar el accionar del nuevo funcionario provincial.
Las organizaciones aseguraron además que, como quedó evidenciado, «existe un incumplimiento grosero a las leyes 2399-J (antes 7710 ) «Criterios mínimos sobre la actuación de los cuerpos policiales de Fuerzas de Seguridad en manifestaciones públicas» y 2011-J (antes 6976 en los artículos 44, 45 y concordantes de la Ley de Seguridad Pública», precisaron.
Garantías solo para algunos
Además de lo expuesto entienden que «Olivello, en representación del gobierno del Chaco, se está manejando al margen del estado de derecho, para el caso de que los manifestantes sean de sectores humildes, de las comunidades indígenas o de movimientos sociales organizados», diferenciaron y compararon: «Muy distinta fue la actuación del Gobierno y Olivello el pasado lunes 12, cuando sectores medios y altos se manifestaron durante horas cortando las calles de todo el centro de la ciudad, donde existe incluso una orden judicial de prohibición de manifestaciones y en ese caso si se respetaron sus garantías individuales y el derecho a manifestarse», recordaron la protesta en contra del gobierno nacional y las medidas preventivas que dispone en torno a la pandemia.
Por esto aseveraron que «claramente existe una discriminación muy marcada hacia los sectores más humildes, de trabajadores, comunidades indígenas y movimientos sociales. En un caso no existe el estado de derecho y en el otro se dan todas las garantías», contrapusieron.
Asimismo, recordaron una vez más los cuantiosos cuestionamientos que recaen sobre el funcionario: «Olivello es tristemente conocido por haber sido denunciado en reiteradas ocasiones por abuso de autoridad, detenciones arbitrarias, apremios ilegales, agresiones a periodistas, etcétera; además de sus manifestaciones públicas considerando a las movilizaciones de pueblos indígenas, trabajadores públicos y movimientos sociales como una amenaza que se debe neutralizar a través de la violencia, reivindicando incluso su actuación en la represión perpetrada el 4 de junio de 2014, que dejara decenas de heridos graves mayoritariamente ancianos y mujeres indígenas», detallaron.
Tras exponer sus argumentos volvieron a exigir «la urgente renuncia del subsecretario Olivello, además de pedir audiencia «con los ministros de Gobierno y Seguridad y Justicia y, en el caso de no obtener respuesta, promoveremos su interpelación en la Cámara de Diputados», anticiparon. Finalmente plantearon «la urgencia de construir una seguridad democrática impulsando una reforma integral en las fuerzas de seguridad encuadrada en los principios democráticos y de respeto irrestricto a los derechos humanos».
Por su parte, la trabajadora del área Pueblos Indígenas del Comité Provincial contra la Tortura, Mónica Caballero; y el asesor legal Roberto Sotelo, intervinieron el día del conflicto verificando las condiciones de detención de las personas que se encontraban en la comisaría, como así también dialogaron con las demás víctimas del accionar de la fuerza represiva, quienes transmitieron que el objetivo siempre es el diálogo pero que desde hace aproximadamente un mes el gobierno provincial no les da respuestas a sus reclamos.
Tras esto aseguraron que Olivello intervino «con prácticas violentas y sin tener en cuenta que en el lugar había niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores». La actuación del subsecretario dejó un resultado de catorce personas heridas, precisaron. En ese contexto, el organismo entendió que «este episodio no constituye un hecho aislado, o meros excesos, son violaciones a los derechos humanos».
Medio centenar de firmas
Asociación Justicia Legítima Nordeste, Fundación Napalpí, Movimiento de Pueblos y Naciones Originarios en Lucha (Moel), Juan Carlos Martínez, Movimiento Comunidad Moqoit San Bernardo; profesor Juan Chico, historiador del pueblo qom; Asociación Derecho por los Pueblos Indígenas (Adepi); Comisión Permanente por los DDHH; Aníbal Ponti, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Comité Provincial de Prevención de la Tortura, Asociación de Ex Detenidos Políticos del Chaco; Rodolfo Schwartz, diputado provincial; Al Fin Justicia; Cátedra de DDHH Carlos Alberto Zamudio; Consejo de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (Codiunne); Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (Adiunne); Utre-Ctera – Observatorio de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Universidad Nacional del Nordeste; Cátedra de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Universidad Nacional del Nordeste; CTA de los Trabajadores Chaco; Canpo Chaco, APDH Chaco, Colectivo Nacional; Martha Bárdaro, filósofa; Frente Grande, PTP, PCR Partido del Trabajo y del Pueblo/Partido Comunista Revolucionario en el Frente Chaqueño, ATE Chaco; delegados docentes del Instituto Rodolfo Walsh, Asociación de Educadores y Pedagogos del Chaco, Movimiento Socialista Emerenciano, Fundación de DDHH Patrimonio Colectivo Carlos Servando Piccoli, Corriente Clasista y Combativa (CCC) Chaco, Federación Nacional Campesina (FNC) Chaco; Simón Álvarez, concejal originario de La Leonesa, Chaco; Daniel Benítez, concejal originario de Pampa del Indio. PTP en el Frente Chaqueño; Alberto René Picq, concejal originario de San Martín; PTP en el Frente Chaqueño – Sergio López; CPI La Leonesa – Quitó Fernández Asociación Ex Detenidos Políticos Chaco; Fundación Amadeo capital humano; Eva Pueblo (organización política); Agrupación política nacional Gaucho Antonio Gil; Fundación Margarita Belén; Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos entrerrianos y en Entre Ríos (Adafer); Cátedra Abierta de DDHH de la Universidad Nacional de Formosa; Juan E. Lenscak; Martín Peralta, ex presidente de la Comisión por la Memoria; APDH Regional Formosa; Biblioteca Popular Cuatia Renda de Curuzú Cuatiá; Centro de Derechos Humanos Pedro Pedro Peczak Unam; Espacio de Memoria RI 9 Corrientes; Asociación Civil por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Paso de los Libres; Dionisio Saavedra, DNI 18463186; Eduardo Dellamea, DNI 26050970; Ana Pratesi, DNI 11480504; Raúl Mario Fernández, DNI 17.961.204; Osvar Maciel Zamudio, DNI 5.520.386; Lucio Fidel Gómez, dni 14. 936.353; Ana Liz Godoy DNI 25718015 y Carolina Raquel Aquino, DNI 27685410.
Fuente: http://www.diariolavozdelchaco.com/notix/movil/index.php?s=nota&id_nota=124731