El gobierno nuevamente cede a la presión patronal
Mario Hernandez
En medio del segundo día de paro del campo, el Gobierno les prometió a entidades agropecuarias y de la agroindustria que levantará por completo las restricciones a la exportación de maíz que había impuesto el 30 de diciembre
En la madrugada del lunes, cuando comenzaba la medida de fuerza, el Gobierno había flexibilizado la medida autorizando un cupo de 30.000 toneladas por día.
Pero la reapertura parcial fue rechazada por los productores, que la consideraron insuficiente y ratificaron la continuidad de la medida de fuerza prevista originalmente hasta la noche del miércoles.
Entonces, el ministerio de Agricultura oficializó su intención en un comunicado tras la reunión con representantes de la cadena de maíz explicando que sustituirán el límite de 30.000 toneladas diarias de exportación por un monitoreo del saldo exportable para llegar al empalme de cosecha nueva en marzo.
Además, consensuaron un acuerdo de largo plazo con los sectores consumidores y proveedores de maíz, para constituir un Fideicomiso de larga duración como solución estructural y método de desacople entre el mercado internacional y el abastecimiento a transformadores de maíz.
Asimismo, desde el Gobierno proveerán la herramienta FOGAR (Fondo de Garantía del ministerio de la Producción) a los fines de garantizar la cobranza de los vendedores de maíz en tiempo y forma, lo que impactará en el componente riesgo, ante la desconfianza que tienen los productores maiceros a la industria procesadora de maíz.
De todas maneras, más allá de la noticia favorable, el paro continuó hasta la medianoche del miércoles, como estaba previsto desde un primer momento.
Tras la viralización de un video en el que se puede ver a camionetas que le hacen una emboscada a un camión, la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros emitió un comunicado en el que «repudia el triste y lamentable accionar de los empresarios del campo hacia los compañeros choferes».
En el video se puede ver que tres pick up 4×4 salen por la ruta atrás de un camión, obligan al chofer a orillarse, lo aprietan y le tiran la carga de cereales sobre la ruta.
Aseguraron que no fue una situación excepcional: «Estos y varios hechos de violencia son un claro apriete desestabilizador al gobierno y a los que defienden una patria justa para todos los argentinos.»
Una de las camionetas fue identificada como propiedad de Germán Suárez, un autoconvocado cordobés, que incluso se quejó en los medios porque «observaron que de la planta de Agricultores Federados Argentinos (AFA) comenzaron a salir camiones cargados de granos con destino a puerto. »
Otra ayudita al agronegocio: aumento de los biocombustibles
Escribió Gastón Remy para La Izquierda Diario: “A partir de la resolución N 1/2021 de la Secretaría de Energía, el Gobierno nacional, ordenó un aumento del precio de los biocombustibles que producen los ingenios azucareros, productores de maíz y de soja en todo el país.
En el caso del precio del biocombustible derivado de la caña de azúcar y del maíz (que se mezcla con naftas) tiene un aumento del 43,3% entre octubre y enero de este año -antes el precio estuvo congelado. Pero hay que tener en cuenta que la inflación minorista de 2020 sería del 35% según distintas consultoras. A su vez, con la ronda de incrementos hasta mayo de 2021 la suba sería del 17,3%.
Para el biocombustible derivado de la soja, que se destina a la elaboración de diesel, la mejora en el pecio es mayor aún. Entre octubre y enero de este año el precio se incrementa un 75%; mientras hasta mayo inclusive lo haría en un 20%.
Recordamos que por Ley N 26.093 el Estado regula el precio de los biocombustibles en base a una fórmula que considera un margen de ganancias a los productores y, por otro lado, les otorga un negocio cautivo dado que es obligatorio el corte de naftas y diesel con un 12% y 10% por litro respectivamente. De esta manera, los productores del biocombustible se aseguran un cupo para vender el producto.
Por el lado de la producción de hidrocarburos fuentes del mercado anunciaron que trasladarán parte de esta suba en los biocombustibles al precio final de los combustibles. En el surtidor se esperan subas de al menos el 2,5 y 4 %.
Para el caso de los ingenios se trata de una gran mejora a un producto que le ha otorgado ganancias millonarias durante los últimos años, al cual apostaron destinando cada vez más caña de azúcar a la generación de etanol y no a la producción de azúcar. Ledesma informa en su memoria de balance que “Al 31 de mayo de 2019, Bio Ledesma S.A.U. obtuvo como resultado final una ganancia de $ 28.595.000”.
Solo tres ingenios ubicados en el NOA, El Tabacal (SeaborCorporation), La Florida (Los Balcanes) y Ledesma (Blaquier), concentran aproximadamente el 60% de la producción anual de alcohol en el país de un total de diecisiete ingenios que cuentan con destilerías. La mayoría del alcohol obtenido de la caña de azúcar tiene como destino la producción de biocombustibles. Un negocio que chocó de frente con la necesidad de contar con esta materia prima en medio de la pandemia. Sin embargo, el gobierno nacional los premia con esta suba de precios del alcohol, cediendo incluso al lobby de la Cámara Argentina de Biocombustibles, los propios Gobernadores que conformaron una Liga Bioenergética y grandes medios del agro como Clarín y La Nación que desde el año pasado vienen haciendo columnas de doctrina a favor del sector.
[…]
La política del gobierno nacional es cada vez más clara respecto a sus favores al agronegocio donde se ubican actores de peso mundial y donde el capital local se ubica como socio menor. Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, sostiene que en el caso de biodiesel son 37 empresas de las cuales 7 dominan casi el 80% de la producción, entre ellas se encuentran: Cargill (USA), Cofco (China), Louis Dreyfus Company (Francia), Molinos Río De la Plata (local-Pérez Companc), Renova (Glencore-Vicentin), Viluco S.A (local, Lucci) y T 6 (AGD, familia Urquía). Para el etanol de maíz, cinco empresas concentran la producción y se trata de grandes actores mundiales, Aca Bio Coop (31%), Pro Maíz AGD/Bunge (28%), Bio 4 (15%), Diaser (15%) y Vicentín (10%), según un informe del sector elaborado por el ministerio de Economía de la Nación.
El discurso oficial de los ministros de Agricultura y de Desarrollo Productivo intenta justificar estas medidas o la quita de retenciones de fin de año a un sector del agronegocio bajo la necesidad de dólares para hacer frente al pago de la deuda con el FMI y el resto de los acreedores. Pero este sector está a la cabeza de la fuga de capitales históricamente, o sea, respecto a los dólares que pueden generar en caso de mejorar las exportaciones, no hay garantía que queden finalmente en el BCRA. Los ofrecen por un lado y los compran por el otro.
[…] se necesitan implementar medidas de otra clase. Frente a la especulación con el dólar, el monopolio del comercio exterior, facilitaría tener un control y un poder de veto frente a los principales exportadores del país, pero también sobre los principales demandantes de dólares para atesoramiento o “fuga”. Esto a su vez, exige la nacionalización del sistema bancario y la creación de un banco estatal único bajo control de los trabajadores porque de esta forma se pueden frenar los canales por donde se mueven los dólares que son fugados del país. Estas medidas necesitan tener control de las principales tierras productivas, por eso la expropiación de los 4.000 terratenientes se torna fundamental al momento de reorganizar la producción agrícola en función de las necesidades de la población trabajadora y con un plan racional de respeto del suelo y de la naturaleza. Para avanzar por este camino está planteado organizar a la clase trabajadora ocupada y desocupada, en forma independiente de los gobiernos dado que solo su fuerza social puede frenar los negocios capitalistas.
Mientras tanto, Blaquier ataca al sindicato azucarero por denunciar las muertes por Covid-19.
En un comunicado en respuesta a la solicitud de un bono extraordinario de fin de año, por parte del secretario general del SOEAIL, Rafael Vargas, la empresa Ledesma SAAI rechaza el pedido por “las numerosas acciones que realizó para frenar la zafra”, en relación a las denuncias por el alto contagio de Covid y siendo la empresa con récord de muertes del país en la pandemia. Un grave ataque a los derechos sindicales por parte de la patronal genocida.
La patronal aduce como principal argumento de su negativa a otorgar este bono extraordinario que el “pedido resulta incompatible con las numerosas acciones que realizó en un año tan difícil con el único objetivo de frenar la zafra de la caña de azúcar”.
Y luego explicita que se trata de las denuncias judiciales, administrativas así como el paro de denuncia ante la escalada de muertes obreras, realizadas por el sindicato azucarero ante el incumplimiento de las medidas sanitarias para proteger a los trabajadores del contagio de Covid-19, que llevó a un récord de contagios con 20 muertes obreras en el Ingenio. Dato que Ledesma prefiere omitir en su impune comunicado.
La amenaza emitida en este comunicado contra el derecho a la protesta, es un grave ataque a los derechos sindicales de los trabajadores y una política de disciplinamiento que no puede dejarse pasar.
Mostrando que su impunidad goza de buena salud gracias al aval que le han dado los distintos gobiernos y el régimen en su conjunto, Blaquier cita en su comunicado el fallo de la Sala IV del Tribunal de Trabajo de San Pedro que desconoce el reclamo de los trabajadores, las muertes obreras y avala el accionar de la empresa asegurando que la misma tomó medidas “justas y razonables” en el marco de la pandemia. Del mismo modo, las denuncias realizadas por el sindicato ante el ministerio de Trabajo de Nación nunca tuvieron respuesta.
La patronal que ha obtenido ganancias por $ 735 millones en el balance 2019-2020, aduce como argumentos para su negativa a otorgar el bono extraordinario que ha sido “un logro” sostener los puestos de trabajo y otorgar paritarias con el precio del azúcar “prácticamente congelado desde hace 9 meses” y con la industria del bioetanol que “atraviesa una crisis terminal”.
Nada más lejos de la realidad. Recordemos que desde la asunción de Alberto Fernández, Ledesma, que domina el 30% de las ventas en cadenas de supermercados, no se sumó al programa Precios Cuidados. Aceptó ser parte de este programa recién ahora que el gobierno fijó un precio de 62 pesos para el kilo de azúcar minorista. Mientras el azúcar mayorista tuvo un aumento del 37% entre enero del 2020 y enero del 2021.
Asimismo, siendo Ledesma la principal exportadora de cítricos del país, ha sido beneficiada recientemente por la resolución del gobierno nacional de retenciones 0 para las exportaciones del sector. Mientras la industria de biocombustibles, lejos de una “crisis terminal” ha sido beneficiada con un aumento del 90% en los precios.
Mientras, son las y los trabajadores y sus familias los que cargan los costos de la crisis económica, social y sanitaria por las medidas de ajuste impulsadas por el gobierno nacional y provincial.
Caída de la actividad económica
El miércoles 16 de diciembre el Indec publicó los resultados del Informe de avance del nivel de actividad para el tercer trimestre del año, abarcando los meses de julio, agosto y septiembre.
Dentro de los resultados se comprobó una baja del PBI de 10,2 % en el tercer trimestre respecto a igual período del año pasado. Mientras la flexibilización de la cuarentena permitió una recuperación de 12,8% en el nivel de actividad respecto al segundo trimestre del año.
El acumulado confirma que el derrumbe del PBI entre enero y septiembre alcanzó al 11,8%.
Además, el Indec confirmó que de los 16 sectores que conforman el PIB, en 14 de ellos se observó una disminución de su actividad en el tercer trimestre respecto del mismo período del año pasado.
Del informe se observa que el crecimiento respecto al segundo trimestre fue impulsado por la Inversión (42,9 %), el Consumo privado (10,2%) y el Consumo Público (2,7%).
En el frente externo, las Exportaciones Netas contribuyeron negativamente debido a que cayeron las Exportaciones 1,4%, pero crecieron 10,9% las Importaciones.
En la comparación interanual, se destacaron las caídas del Consumo Privado, 14,7%; la Inversión 10,3%; mientras que el Consumo Público se retrajo 6,5%. Las Exportaciones cayeron 17 % interanual, y las Importaciones 22 %
En tanto, crecieron Intermediación Financiera, 4,6% interanual, y Electricidad, gas y agua, 2,3%.
Los pronósticos para el año sostienen que el PBI caería entre 10 y 12%. Un contexto de fuerte crisis económica y social, con creciente desempleo y pobreza. Aun así el Gobierno decidió recortar el gasto social, eliminando ayudas como el IFE, cerrar paritarias que pierden frente a la inflación como la de estatales, y ajustar una vez más las jubilaciones.
Más de 4,5 millones de niñes tuvieron problemas de alimentación
Según el informe “Efectos del ASPO-COVID-19 en el desarrollo humano de las infancias argentinas” del Observatorio de la Deuda Social en la Argentina, 2 millones de chicos y chicas menores de 17 años pasaron hambre en el período de aislamiento, mientras que otros 2,5 millones no llegaron a contar con las cuatro comidas diarias. Este grupo representa a más de la mitad de los 8,5 millones de niños que viven en hogares pobres de la Argentina, el 64% de la población total de menores.
“El incremento de la inseguridad alimentaria en el último período interanual se registra principalmente en los niños/as entre 5 y 12 años, de 15,1% a 16,7%; y en mayor medida en los adolescentes de 13 a 17 años, de 28,2% y 35,4%”, resalta el trabajo.
Alquileres casi duplicaron la inflación en 2020
Mientras los salarios siguen perdiendo poder de compra, en la Ciudad de Buenos Aires los precios de alquileres registraron una suba del 62%, ubicándose en un 25% por encima de la inflación.
El director comercial de Zonaprop en Argentina y Uruguay confirmó que los fuertes aumentos corresponden a la reacción del mercado inmobiliario a la nueva de Ley de alquileres, la cual entre las principales modificaciones incluye reajustes anuales, atados a un índice combinado entre la variación salarial (RIPTE) y del nivel general de precios (IPC).
Si bien esta ley contiene puntos favorables a los inquilinos como la extensión de contratos a 3 años, la misma no prevé regulación alguna sobre el “mercado” inmobiliario. De esta manera son los dueños y pulpos inmobiliarios quienes aplican aumentos siderales muy por encima de la inflación. En efecto, el incremento más fuerte ocurrió justo después de que se pusiera en marcha la nueva ley, en julio de 2020.
Según el informe de Zonaprop con datos a diciembre de 2020, alquilar un departamento de dos ambientes en la Ciudad de Buenos Aires cuesta $30.683 por mes, mientras que un departamento medio de tres ambientes (70 metros cuadrados) sale 42.338 pesos. Para darnos una idea del salto: un departamento de dos ambientes que en marzo estaba $ 18.990, en diciembre alcanzó los 30.683 pesos.
El presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, enfatizó que “las consecuencias económicas de la pandemia que provocaron la reducción drástica de nuestros ingresos, sin que los precios de la vivienda disminuyeran”. Mientras los pulpos inmobiliarios continúen aplicando aumentos siderales sin ningún tipo de regulación, la casa propia no será más que un sueño y el problema de acceso a la vivienda afectará cada vez más a millones de familias.
Organizaciones sociales y vecines de hoteles, pensiones, villas y casas colectivas, nucleadxs en la Campaña #ProhibidoDesalojar, exigen la extensión y ampliación del DNU 766, que rige hasta el 31 de enero.
Reproducimos comunicado de la Campaña #ProhibidoDesalojar:
Diversas organizaciones sociales y vecines de hoteles, pensiones, villas y casas colectivas, nucleadxs en la Campaña #ProhibidoDesalojar, exigimos la extensión y ampliación del DNU 766. En caso de no prorrogarse, se asistirá a una verdadera “ola de desalojos”. Esto se daría tanto por el vencimiento de la prohibición de desalojos establecidos por dicha norma, así como por el retorno a la actividad del Poder Judicial, reactivando juicios de desalojos en todo el territorio nacional. Además, la posibilidad de estar frente a una segunda ola de COVID (que de seguro hará que mermen los ingresos de les trabajadores), completa un panorama ya sombrío.
Es por esto que demandamos al presidente Fernández, al ministro Ferraresi, al jefe de gobierno de la CABA, Larreta, y al presidente del IVC, Juan Maquieyra, que no demoren ni un segundo más en anunciar la extensión y la ampliación del DNU 766. Hemos solicitado reunión urgente tanto con Ferraresi como con Maquieyra. En caso de no recibir respuesta positiva, nos veremos empujades a realizar medidas de fuerza escalonadas hasta que el sector de inquilines precarizades sea de una vez por todas escuchado.
A través de una acción de la campaña #ProhibidoDesalojar, se empapelaron el pasado fin de semana en CABA los barrios de Constitución, San Cristóbal, Balvanera, Flores y el Bajo Flores, además de algunas oficinas estatales como el ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación y el IVC y Desarrollo Humano y Hábitat de CABA.
La acción tuvo dos ejes principales. En primer lugar, informar a les vecines sobre la vigencia del DNU 766/20, el cual hasta el 31/1/21 prohíbe desalojos y aumentos en el valor de los alquileres. Como ya sucedió cuando estaba activo el DNU 320/20 (antecesor del 766 hasta el 30/8/20), muchos de quienes regentean alquileres informales en hoteles, pensiones y villas, se basan en el alto grado de desinformación de les inquilines para aumentar el valor de las piezas o realizar desalojos, a pesar de estar prohibido.
En segundo lugar, dejar clara la demanda al Estado, tanto nacional como local: el DNU 766 debe ser extendido al 31/12/21, suspendiendo efectivamente todos los desalojos (por falta de pago con o sin contrato, y los derivados de causas judiciales que afecten inmuebles y tierras). Además, exigimos un plan de desendeudamiento real, ya que muches inquilines han acumulado cuantiosas deudas de alquiler ante la disminución o directamente falta de trabajo. Sobre esto, agregamos que la deuda acumulada no debe computar interés, deben darse 24 meses para su saldo, y que el congelamiento de los alquileres no debe ser costeado por les inquilines.
Los gobiernos deben ser conscientes que una persona, una familia más que queda en situación de calle, es muy difícil que vuelva a incorporarse a una vivienda. En esto son todos cómplices. Por un lado existen altas exigencias que arbitrariamente definen dueños y encargados, bajo las cuales muchas veces no aceptan alquilar a personas con hijes y/o mascotas. Por el otro, no existe un verdadero plan de viviendas accesible para la clase trabajadora, con recortes en programas y ministerios de CABA y de Nación, con crecimiento de las situaciones de violencia de género dentro de la propia vivienda, es claro el panorama de urgencia que atraviesan les inquilines en todo el país. Sumado a esto, la total desregulación del mercado de alquiler informal (que crece día a día) y el incumplimiento de la nueva Ley de alquileres, no es algo sobre lo que quienes ocupan espacios de poder se puedan hacer los desentendidos. Tanto el gobierno nacional como el de la CABA priorizan el derecho a la propiedad privada por sobre el derecho a la vivienda.
No podemos permitir que sigan pasando los días, que se aproxime el vencimiento del DNU 766 y que no haya anuncio oficial sobre su prórroga. Esto ya sucedió con la dilación en el anuncio de la extensión del DNU 320 a fines de agosto, confirmándose su prórroga a dos días de vencer. La consecuencia fue la expulsión de muchas personas y familias de sus viviendas, así como un alto nivel de angustia e incertidumbre en miles de personas, dinámica que no estamos dispuestes a ver que se repita.
POR LA EXTENSIÓN Y LA AMPLIACIÓN DEL DNU 766/20
NO A LA OLA DE DESALOJOS
Campaña #ProhibidoDesalojar:
Consejerías de vivienda, Marabunta, MTL Rebelde, Proyecto 7, APDH CABA, Acción personas en situación de calle, Vecines del Hotel Costa Azul, Vecines de Casa Suipacha, Vecines del Bajo Flores y demás hoteles, pensiones, villas y casas colectivas de CABA.
Tarifazos porteños
Más aumentos desde el sábado en la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno porteño anunció un incremento del 55% en los peajes en las autopistas de Capital Federal.
El precio del peaje para un auto liviano en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno en hora pico será de $ 118,58. Mientras la hora no pico, será de $ 83,70 y en la autopista Illia costará $ 48.80 y $ 34,87, respectivamente.
Cabe aclarar que la hora pico de lunes a viernes es de 7 a 11 horas y de 16 a 20 horas, en ambos sentidos de circulación, mientras que en días no laborables es de 11 a 15 horas sentido provincia de Buenos Aires, y de 17 a 21 horas sentido al centro.
A su vez, ya comenzaron a regir las subas del 35 % en la Verificación Técnica Vehicular (VTV), 66% en el estacionamiento medido y acarreo respectivamente y de 30% en taxis.
También desde el 1° de enero del corriente año comenzó a regir el aumento en los valores de las multas y contravenciones en un 82.5% más caras.
Incluso, ya rige el aumento de 1,2 % en el uso de todas las tarjetas de crédito, este corresponde al impuesto de sellos. Se cobrará sobre el total de los consumos realizados tanto en pesos como en dólares. Se está aplicando para los consumos de enero y figurará en los resúmenes que vencerán entre fines de este mes y febrero.
El año arranca con un ajuste brutal en medio de la pandemia con un rebrote que aumenta de manera exponencial y sin ningún tipo de soluciones de fondo de parte de los gobiernos.
La desocupación en la Ciudad llegó al 13,4%
La desocupación en la Ciudad subió 2,9 puntos en el tercer trimestre y llegó al 13,4%, con lo que 27.593 personas cayeron en ese segmento de la sociedad, según datos publicados por el Gobierno porteño.
Por su parte, la subocupación expuso un gran aumento y el valor más alto de la serie dado que alcanzó el 15,3% de la población económicamente activa, lo que equivale a un aumento interanual de 4,9 puntos.
El estudio precisó que unas 199.807 personas dejaron de integrar la población ocupada.
Manteros cortaron las vías del Sarmiento
Este miércoles los manteros del barrio porteño de Flores volvieron a cortar por segundo día consecutivo el cruce de Av. Avellaneda y Av. Nazca. El caudal de gente en el corte les permitió llevarlo a las vías del tren Sarmiento.
El reclamo lleva muchos años a los que el Gobierno de la Ciudad respondió con persecución, confiscación, aislamiento y represión sin encontrar una solución real.
“Nos estamos muriendo de hambre, queremos que nos dejen tranquilos, solo queremos trabajar”, repiten.
El trabajo de las y los manteros suele ser de supervivencia. Un rebusque hasta que puedan conseguir algo más estable y en mejores condiciones o un refuerzo de otros ingresos. Se trabaja sobre la vereda, incluso tomando metros de la calle, expuestos a inclemencias climáticas, a robos, a accidentes de tránsito, al deterioro de la mercadería.
En la zona de Flores, se le suma la guerra con los comerciantes que los denuncian, los inspectores de la Ciudad que les confiscan la mercadería y la policía que los persigue, les pega y los detiene.
En el barrio de Once, los manteros fueron llevados a una feria municipal pero los feriantes indicaban ya a principios de 2019 que desde que tienen una locación las ventas bajaron mucho, el Gobierno no les hace publicidad ni paga reformas para volver atractivo el paseo de compras que compensaría la comodidad de ver la mercadería y comprar al paso.
En un contexto de pandemia y dificultades económicas múltiples a nivel mundial, reprimir a quienes sólo buscan llevar el pan no debería ser la única opción que ofrezca la ciudad más rica del país.
Municipales de la CABA convocan a un quite de colaboración
La Agrupación Celeste, opositora a la actual dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la CABA (SUTECBA) encabezado por Amadeo Genta, convoca a un quite de colaboración de 72 horas a partir del 27 de enero en dependencias sanitarias.
Los reclamos son por mejores condiciones laborales, mejores salarios, encasillamientos que beneficien al trabajador y no al Poder Ejecutivo, reconocimiento de las licenciaturas para profesionales de la salud en la ley 6035, tal es el caso de Enfermería.
En un comunicado llamado «Si la Ciudad no nos cuida, debemos cuidarnos entre nosotros», firmado por Carlos Elías, expresaron la imposibilidad de lamentarse o seguir criticando porque «los gestos del Jefe de Gobierno son muy claros y nos dejan a merced del virus.
Apelan a la toma de conciencia, a la responsabilidad social, a la solidaridad colectiva y a redoblar esfuerzos para «cuidarnos y emanciparnos del poder político en los cuidados» porque «habrá tiempo para pasarle factura en las urnas a este Gobierno de la Ciudad».
Asimismo compara los aportes que hizo el gobierno nacional para «sostener la economía en tiempos de aislamiento» como los IFEs o los ATPs, con las acciones realizadas por el gobierno porteño en ese sentido: «La Ciudad sólo entregó un préstamo a tasa preferencial del Banco Ciudad y lejos de impulsar la economía, impuso un desmedido ajuste en el salario».
También se acordaron de la «paritaria en negro», que implica que en marzo 2021 tendrán el mismo sueldo que en octubre 2020, a lo que se suma «el brutal aumento en impuestos, multas, tasas y hasta el subte» y los 85.000 estacionamientos con parquímetro.
Remarcaron el agotamiento físico y mental que atraviesan quienes trabajan en salud y educación, a cambio de «salarios indignos», que además son maltratados por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Baste recordar la represión al personal de Enfermería o la persecución judicial a docentes.
Despidos en salud
Enfermeras y enfermeros de diferentes hospitales de la provincia de Buenos Aires que fueron convocados en los inicios de la pandemia bajo la modalidad de becas de emergencia por el Covid-19, reclaman ahora que el Gobierno provincial no les garantiza la continuidad laboral.
Se trata de las y los trabajadores que durante los meses más duros en cuanto al pico de contagios, se especializaron en el tratamiento de la pandemia por encontrarse cumpliendo funciones en la primera línea, llegando incluso a contagiarse por el nivel de exposición frente al virus.
En los primeros días de este año, justo cuando todas las alarmas comienzan a encenderse debido a un aumento exponencial de los contagios, y cuando el mismo gobierno anticipa un rebrote de casos, el Gobierno provincial de Axel Kicillof deja en la calle a estos trabajadores esenciales, debilitando de esta manera áreas sensibles de atención al covid-19 en los hospitales de la Provincia.
“Nos sentimos usados y decepcionados”, manifestaron las y los trabajadores de salud que se encuentran peleando y exigiendo al gobierno por su reincorporación. “No somos descartables”, manifestaron.
Además, por decisión del ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires 11 trabajadores del sector de Enfermería y del servicio de Higiene del Hospital San Martín de La Plata fueron desvinculados de sus puestos de trabajo. Por su parte, la Dirección de la institución avaló que los trabajadores continuaran prestando sus servicios para el HIGA San Martín, bajo el sistema de becas de contingencia e Irab dado que hay faltante de personal en la institución. La decisión del ministerio de Salud es la de convocar a esos trabajadores para que durante tres meses participen de la campaña de vacunación contra el Covid – 19, sin ningún tipo de seguridad de retornar a las actividades que desempeñaban en el área de salud.
Cabe destacar que estas personas ingresaron hace 6 meses, en pleno brote de coronavirus y estuvieron en la línea de fuego exponiendo sus vidas y las de sus familiares. Dichos empleados han trabajado en condiciones precarias, con pocos recursos, en condiciones edilicias desfavorables y le han puesto el cuerpo a la lucha contra la pandemia.
La gran mayoría de estos trabajadores trabajan bajo la figura de beca Irab y el resto está por becas de contingencia, con el privilegio de alcanzar una planta transitoria. El día 4 les comunicaron que no debían regresar al Hospital y que esperaran a ser llamados.
Se trata de enfermeros, trabajadores del área de terapia intermedia (personal con conocimientos específicos en la lucha contra el covid-19) y trabajadores del sector de Seguridad e Higiene.
Más despidos
Desde el lunes 4 de enero los trabajadores de la química Dalgar de Esteban Echeverría se encuentran realizando un paro total del establecimiento.
El conflicto en esta fábrica comenzó por el incumplimiento de la patronal de los protocolos de seguridad e higiene producto de la pandemia del coronavirus y el intento de aprovechar la crisis económica para flexibilizar las condiciones de trabajo.
Ante esta situación los trabajadores comenzaron a realizar asambleas por turno a lo que la empresa respondió con el despido de cuatro trabajadores el lunes 4. Desde ese momento, la Comisión interna y los trabajadores acompañados por el Sindicato de Químicos y Petroquímicos de Avellaneda iniciaron un paro con permanencia en el portón del establecimiento y el corte del carril mano a provincia de la Ruta Camino de Cintura. Entre el jueves y el viernes la patronal envió más telegramas de despidos que hasta el día de hoy totalizan doce trabajadores.
La municipalidad de Almirante Brown despidió en la primera semana de enero a trabajadores y trabajadoras del Programa Envión. Los reclamos apuntan contra el intendente Mariano Cascallares y a las responsables del programa: Iris Balmaceda y Bárbara Miñán, que decidieron despedir para recortar gastos destinados a la atención de jóvenes (actividades de contención, espacios de recreación, promover derechos).
La desvinculación fue por medio de una llamada telefónica, en un contexto donde dispusieron desde el estado nacional el Decreto N° 891/20 que extiende la prohibición de despedir hasta enero 2021.
Lo que les viene sucediendo hace años a los trabajadores es un fraude laboral, ya que el contrato se renueva cada algunos meses y pasados años jamás podría considerarse que es una locación de servicios. Es una relación de dependencia encubierta.
El salario ronda entre $7.000 a $ 9.000 mensuales, por lo que estarían bajo la línea de indigencia.
Desde el Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina denunciaron acciones de Danone Argentina y La Serenísima para forzar retiros voluntarios en el contexto de la prohibición de despedir.
El comunicado oficial de ATILRA:
Cumplimos en informar que hemos denunciado ante el Ministerio de Trabajo de la Nación a las empresas Danone Argentina S.A. y Logística La Serenísima S.A., por difundir a través de los medios un inexistente cierre en sus operatorias en dependencias y establecimientos que las citadas poseen en todo el país, en un claro intento de crear incertidumbre y pánico entre los compañeros y compañeras trabajadoras, y de esta manera presionarlos a aceptar las desvinculaciones que se pretenden encubrir como “retiros voluntarios”.
[…]Danone y Logística Serenísima S.A. buscan sacar ventaja de una situación de emergencia nacional, adoptando una conducta que resulta intempestiva, dolosa, absolutamente alejada de toda responsabilidad social y contraria a derecho por vulnerar las disposiciones vigentes dictadas con el objetivo de proteger el empleo, la economía, la salud y la seguridad social.
Asimismo, es de conocimiento público que estas empresas han recibido de parte del Gobierno Nacional planes de asistencia a la producción, cuya utilización claramente implicó e implica el compromiso de no reducir personal durante la pandemia.
Trabajo convocó a una nueva audiencia por el conflicto en Guerrero Motos y el secretario gremial de Smata, Román Moyano, aseguró que si la patronal no se presenta «serán llevados por la fuerza púbica» y remarcó que “la protesta continúa con la presencia de los trabajadores en la puerta de la firma por toda esta semana”.
Los trabajadores de Guerrero Motos siguen sin encontrar respuestas ante el recorte salarial dispuesto unilateralmente por la empresa, a lo que se suma el despido injustificado de 23 empleados antes de Navidad.
El conflicto, que comenzó en los primeros días de diciembre, tuvo una primera instancia de acercamiento cuando el ministerio de Trabajo santafesino citó a las partes el pasado jueves pero la patronal no se presentó.
“La empresa no acató la conciliación obligatoria, ni tampoco vino a la audiencia y presentó un escrito denunciando al Ministerio y al gremio. Está claro que no se quieren sentar a discutir porque todo lo que hicieron es ilegal”, afirmó ese día Román Moyano, secretario gremial de Smata, tras la fracasada la audiencia.
El mismo Moyano anticipó este martes que “el Ministerio de Trabajo volverá a citar a la patronal para una nueva audiencia, y que en el caso de no presentarse serán llevados por la fuerza pública”.
Mientras tanto, el sindicalista aseguró que “la protesta continúa con la presencia de los trabajadores en la puerta de la firma por toda esta semana”.
Desde diciembre pasado, los trabajadores junto al gremio Smata vienen exponiendo la complicada situación por la que atraviesan organizando diferentes protestas en Rosario y San Lorenzo.
La empresa, con una plantilla laboral de 70 personas, actualmente sigue paralizada por la huelga por tiempo indeterminado que iniciaron los trabajadores por la rebaja de salarios entre un 10% y un 15%, sin que la patronal brindara explicaciones y por la veintena de despidos.
El recorte en sus ingresos mensuales fue “el desencadenante final” de la serie de reclamos que venían sosteniendo los empleados durante el último tiempo. También denunciaron el incumplimiento de los protocolos de higiene y falta de respuesta por parte de la empresa ante otros reclamos.
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El sindicato de Comercio quiere sumarle 25% a los $ 5.000 mensuales que acordó de octubre a marzo. La reanudación de las negociaciones tiene como antecedente inmediato el acuerdo alcanzado en la industria aceitera y agroexportadora que, tras 21 días consecutivos de huelga sostenidos por dos sindicatos, cerró el 29 de diciembre con una recomposición total de 35% por el año pasado, para elevar a 93.000 pesos el básico de la actividad, un piso de 25% para 2021 con revisión en agosto y dos bonos extra por un total de 160.000 pesos. Se les sumó la Unión de Recibidores de Granos (Urgara), que sostuvo junto con los dos sindicatos de aceiteros la medida de fuerza, con un acuerdo en similares condiciones.
Buena parte de la expectativa en los próximos días girará en torno del gremio de Comercio, el de mayor número de trabajadores alcanzados por contar con más de un millón regidos por Convenio colectivo. Esa paritaria cerró en octubre pasado con un ajuste total de 30.000 pesos no remunerativos dividido en seis cuotas iguales de $ 5.000 cada una entre ese mes y marzo próximo. Aquel entendimiento no contempló suba alguna en el semestre entre abril, cuando debía regir una nueva escala salarial, y septiembre, en una suerte de “agujero negro salarial” relacionado con los efectos de la pandemia sobre varios rubros mercantiles, en particular los negocios con locales a la calle.
Como parte de la revisión de la paritaria 2020 los dirigentes sindicales encabezados por Armando Cavalieri se propusieron agregarle a esa suma fija, entre enero y marzo, un 25 % de aumento para totalizar un ajuste que, de acuerdo a cada escala, oscilaría el 37% por el año pasado. El plan prevé que ese porcentual, que idealmente para el gremio debería incluir la conversión a valores remunerativos de los $ 5.000 y su integración a los básicos, sea el piso de la nueva paritaria que comenzará formalmente en abril de este año.
En paralelo la Asociación Bancaria presentó formalmente un pedido para reiniciar discusiones salariales con las Cámaras que nuclean a las entidades financieras. El aumento del 2020 alcanzó 34 %, un par de puntos por debajo de la inflación esperada para los doce meses del año, aunque con salarios iniciales que superan los 77.000 pesos. Sergio Palazzo, líder del sindicato, espera repetir la performance de los últimos años en los cuales mantuvo activa una virtual cláusula gatillo que en los hechos indexó los ingresos de los empleados bancarios. A su favor cuenta con el hecho de que el sector financiero se mantuvo a grandes rasgos a salvo de las restricciones económicas que impuso la pandemia sobre buena parte de la actividad privada, con mayor énfasis en los primeros meses de la cuarentena.
Como anticipo de la negociación el sindicato cumplió la primera de dos jornadas consecutivas de huelga y levantó la medida pautada en toda la red de los bancos BBVA y Santander, luego de haber denunciado que en esas entidades había intentos de llevar adelante “un pretendido ajuste, el cierre de locales, la reducción de personal y el intento de extender la jornada laboral”. El ministerio de Trabajo dictó una conciliación obligatoria por 15 días que el gremio acató y que les impuso a los bancos involucrados, además, no producir represalia alguna contra sus empleados en ese lapso.
La totalidad de los gremios estatales de la provincia de Buenos Aires que enrolan a los y las trabajadoras de la Ley 10.430 aceptaron por unanimidad la nueva propuesta salarial ofrecida desde la provincia.
En la propuesta se logró un aumento al sueldo básico que significa en promedio para el mes de diciembre de un 12.7%.
Asimismo, para aquellos salarios que no alcancen $ 35.000 (con descuentos del IOMA e IPS), se otorgarán dos bonos de $ 2.000 en los meses de diciembre y enero.
Sectores como Enfermería, Hospitalarios, Auxiliares de la Educación y Niñez y Adolescencia están muy por encima de la proyección inflacionaria tanto mensual como anual. Enfermería (aumento promedio diciembre 6.0% – acumulado promedio anual 44.6%); Hospitalario (aumento promedio diciembre 5.54% – acumulado promedio anual 44.2%); Auxiliares de la Educación (aumento promedio diciembre 4.1% – acumulado promedio anual 40.1%); Niñez y Adolescencia (aumento promedio diciembre 7.1% – acumulado promedio anual 37.1%).
Por otra parte, la discusión para la pauta salarial 2021 se retomará en febrero.
El secretario general de ATE Bonaerense, Oscar de Isasi, resaltó que: “Si bien partimos de pisos muy bajos en materias de salarios, y este es el tema que tenemos que abordar en las paritarias de pocos días en adelante, el objetivo de que los salarios promedios estén igualando la inflación o por encima de la inflación es un objetivo que fue alcanzado”.
Otro de los logros de ATE en la paritaria fue el de comenzar a desandar el camino del presentismo, figura fuertemente promovida por el gobierno neoliberal de Vidal. Una parte del mismo será incorporado al salario básico, pero además se incorporan como licencias que no serán consideradas inasistencias a los efectos del pago: 1. Licencia Donación de sangre 2. Licencia por enfermedad 3. Licencia por atención de Familiar enfermo 4. Licencia por pre-examen, examen o integrar mesa examinadora 5. Descanso Extraordinario Personal de Salud Resolución Conjunta del Ministerio de Salud y Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros N°155/20.
Por otra parte, se logró el compromiso de comenzar a partir de marzo a discutir un nuevo Convenio colectivo de trabajo y una nueva carrera administrativa para los y las estatales bonaerenses.
Apenas horas después de cerrar con éxito las negociaciones salariales con los estatales enrolados en la ley 10.430, la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, confió que convocará a docentes para discutir en paritarias durante febrero, un mes antes de comenzar oficialmente el ciclo lectivo, previsto para el 1° de marzo.
Hay que recordar que la paritaria docente se “desdobló” semestralmente y terminó el año con un salario de 36.000 pesos para un maestro inicial con jornada simple.
La oferta, aceptada por todos los gremios incluyó incremento del básico, el aumento del 30% de las Asignaciones Familiares y el impacto en los haberes de los jubilados.
El martes, Siprus y ATE Rosario sindicatos concentraron frente al Nodo Salud y, el miércoles, se manifestaron frente al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) en el marco de un paro de 48 horas. Quienes se desempeñan en la órbita del estado provincial atraviesan dramáticas situaciones en materia económica y formas de contratación y labor cotidiana.
“Omar Perotti pretende cerrar la discusión salarial de 2020 dejando al 80% de los profesionales de la salud con sueldos por debajo de la inflación”, advirtió el Presidente de SIPRUS – Fesprosa, Diego Ainsuaín. El sector realizará otro paro de 72 horas la semana que viene.
La Secretaria de Organización de ATE Rosario, Liliana Leyes, expresó: “empezamos el año muy mal, luego de una negociación entre el gobierno y los sindicatos que son la burocracia porque no representan a las y los trabajadores”.
Además de rechazar el incremento magro de entre un 10 y 13%, la dirigente resaltó que la mayor parte de esa suma es no remunerativa ni bonificable. Eso desfinancia la obra social y la caja de jubilaciones, no computa para, por ejemplo, el aguinaldo y, por si fuera poco, viola la Ley 12.469 que establece que toda modificación de la política salarial debe tener carácter remunerativo en el sector público provincial.
Ainsuaín recordó que la propuesta oficial además “no resuelve los pases a planta, el cambio de escalafón de licenciados en bioimágenes, trabajo social ni enfermeros”. Tampoco soluciona las deudas salariales “porque aunque resulte increíble hay compañeros en la provincia que hace un año y dos meses que no cobran su salario totalmente o hasta dos años que no cobran parcialmente porque no le abonan los adicionales”.
Otro punto que apuntaron les referentes gremiales es que el listado de pase a planta de las y los precarizados tiene información incompleta y que pese al aumento de un 200% de las asignaciones familiares, éstas continúan siendo de las más bajas del país y la asignación por hija/o es cinco veces menor que la abonada a nivel nacional.
La Pro Secretaria Gremial de ATE Rosario y Secretaria de Género de CTAA Rosario, Cecilia Ferreyra, advirtió: “estamos todos los trabajadores estatales por debajo de la línea de pobreza, muchos en lugares esenciales, garantizando los derechos de la población y seguimos con salarios de miseria. Los trabajadores viven endeudados. Los compañeros nos cuentan que se tienen que comprar los alimentos con tarjetas de crédito o ir a una casa crediticia, también aumentaron los alquileres”. De cara a febrero todo indica que se multiplicarán las protestas.
La Unión Ferroviaria (UF), La Fraternidad, la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (APDFA) y la Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos (ASFA) firmaron un acuerdo paritario.
Serán tres sumas no remunerativas ni acumulativas sobre el salario bruto total: una en enero del 10% del salario, en febrero del 14% y en marzo del 18% y a partir de abril habrá un aumento del 18% que recae también sobre el básico.
Además habrá un reajuste extraordinario que será abonado con los haberes de febrero y que variará según el salario bruto total. Hasta $80.000 será de $4.000, entre $80.001 y $100.000 será de $5.000, entre $100.001 y $130.000 se le abonará $6.000 y para más de $100.000 será de $7.000.-
Se volverán a reunir el 13 de abril para analizar nuevamente la situación salarial de las y los trabajadores.
CGT pide blindar a las obras sociales
La CGT recogió el guante de Cristina de Kirchner y montó de urgencia una reunión para exhibir su preocupación por una supuesta avanzada en el oficialismo para reformular el sistema de salud, con el objetivo de poner a resguardo las obras sociales. Lo hizo en un encuentro de la “mesa chica” de su conducción que dejó como fruto un documento con datos sobre el rol de los gremios en el sistema sanitario y un pedido de fortalecimiento de las finanzas de sus prestadoras.
Si bien los equipos técnicos del kirchnerismo trabajan desde la campaña electoral en los lineamientos de algunas reformas tendientes a fortalecer un esquema de atención primaria, dotar de más eficiencia el gasto y crear un mecanismo de compras concentrado para abaratar costos, entre otros puntos, tanto en el ministerio de Salud como en La Cámpora descartan la puesta en práctica inminente de cualquier iniciativa y más aún, mientras subsista la amenaza de una segunda ola de coronavirus.
De todos modos, asistieron a la sede del gremio estatal UPCN uno de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, el adjunto y dueño de casa, Andrés Rodríguez, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias y principal experto en la materia dentro de la central obrera), Armando Cavalieri (Comercio), Antonio Caló (metalúrgicos) y Jorge Sola (seguros), entre otros. Por más de dos horas deliberaron acerca de la mejor forma de conjurar lo que perciben como una amenaza creciente.
“El coronavirus demostró la solidez y nivel (de) cobertura de uno de los sistemas de salud más solidarios del mundo, al tiempo que resultó evidente la necesidad de dotarlo de fondos suficientes para garantizar la salud de todos”, señala un documento difundido al término del encuentro, y agrega: “tenemos que seguir consolidando y fortaleciendo nuestro sistema de salud para poder adecuarlo a los desafíos presentes y futuros y seguir sosteniendo con orgullo que los derechos inalienables como la salud deben ser defendidos sin banderías políticas para que cada ciudadano y ciudadana pueda seguir accediendo en tiempo y forma a un sistema que es modelo en el mundo”.
El esquema de obras sociales sindicales es un pilar fundamental del sistema de salud en la Argentina con una cobertura que supera las 15 millones de personas, y además explica buena parte del poderío de los gremios que lo sustentan. Se trata del refugio estructural del gremialismo tradicional en tiempos de recesión económica (y de retroceso de la negociación colectiva salarial) y de un espacio clave de discusión entre ese sector y los gobiernos de turno.
Las versiones de un supuesto intento de reforma estructural del sistema de salud agigantaron todos los fantasmas en la CGT. Ese borrador prevé, como postulados generales, una mejora de la atención primaria en salud, que implicaría la asignación de un médico de cabecera como paso previo a cualquier cobertura, abandonar el sistema de pagos por servicios o prestaciones para pasar a uno de “procesos” mediante “guías clínicas” que identifiquen los pasos a seguir para la atención de una dolencia en particular, y el emplazamiento de un mecanismo centralizado de compra de medicamentos. También contempla la fusión de obras sociales minúsculas con otras de mayor porte y un límite a la libre elección, dos ítems que de hecho benefician a los líderes de la CGT que a su vez encabezan las prestadoras más poderosas.
Paro y movilización de los trabajadores del Casino Arena Maipú (Mendoza)
El paro de actividades llevado adelante por los trabajadores y trabajadoras de las áreas de slot, limpieza, atención al cliente, cajas y mesas, comenzará a las 5:30 horas del sábado 9. Exigen recomposición salarial por 2019/2020 y apertura de paritarias acordes al índice de inflación para el 2021.
Mucho camino han recorrido los y las trabajadoras hasta llegar a ésta medida de fuerza. Salarios de miseria, recortes, aguinaldos absurdos de $ 150, no tienen representación gremial, amenazas y aprietes por parte de la empresa. Declaran “estamos cansados, tenemos mucha bronca. Para Año nuevo nos dieron un bono de $ 8.000, mientras a otras salas de juego el bono fue de $ 10.000, que también es una miseria. La del sindicato dice que nos tenemos que conformar que sin la intervención de ellos no hubiéramos recibido nada”.
Cresta Roja: Los trabajadores esperan abrir un canal de diálogo con el Gobierno
Los trabajadores de Cresta Roja, que realizaron un acampe en la Plaza de Mayo la semana pasada, decidieron levantar la medida ante la posibilidad de abrir el diálogo con el Gobierno.
Los casi 2.000 mil damnificados piden que se avance con el proyecto de creación de una cooperativa que recupere los puestos de trabajo perdidos desde 2016. Luego del acampe en las puertas de la Casa Rosada y de las reuniones con el Gobierno, los despedidos de la avícola están a la espera de nuevas reuniones para analizar posibles salidas al largo conflicto iniciado en 2015.
En los últimos días del año, los trabajadores despedidos de Cresta Roja levantaron una carpa frente a la Municipalidad de Esteban Echeverría, en el sur del conurbano bonaerense, para reclamar respuestas a su situación.
“La situación es desesperante”, aseguran los despedidos, que en estos años fueron varias veces reprimidos cuando realizaban manifestaciones.
Clases presenciales
La abrupta suba de contagios de Covid-19 registrados en las últimas dos semanas arroja sombras sobre el comienzo del ciclo lectivo con clases en forma presencial. Desde el ministerio de Educación nacional y, también de los provinciales, el objetivo trazado para el 2021 era comenzar con los niños y adolescentes en las aulas, pero hoy es difícil afirmar que eso ocurra dado el cuadro epidemiológico que existe en el país.
Días atrás, el responsable de la cartera educativa, Nicolás Trotta expresó que se “busca la máxima presencialidad posible según la realidad de cada una de las jurisdicciones. El objetivo nuestro es que la presencialidad vuelva a ser el ordenador del sistema educativa en el 2021”, pero los gremios plantean las dudas sobre si están garantizadas las condiciones para que las aulas no terminen siendo focos de contagios.
Fabián Felman, secretario general de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), uno de los cinco gremios docentes con representación nacional planteó: “Durante todo el 2020 hubo reuniones del Consejo Federal de Educación donde fuimos invitados. Allí siempre se dijo que lo primero es la salud y para el regreso a clases hay que tener en cuenta a la comunidad en su conjunto, que se pueda garantizar que el lugar donde se van a dar las clases estén en condiciones para dar las mismas”.
“Existe la perspectiva y el deseo de volver a la escuela donde la presencialidad sea una regla. Esto depende del avance de la vacunación y las condiciones que se pueden dar en cada uno de los territorios”, agregó.
“Nosotros consideramos que primero está la salud y eso va a poder estar garantizado cuando estemos vacunados. También nos preocupa cuestiones socioambientales como son el cumplimiento de los protocolos y el desarrollo de la infraestructura”.
Desde UTE-Ctera dudan que haya clases presenciales en la Ciudad desde el 17 de febrero. La secretaria general del gremio, Angélica Graciano, puso en duda el inicio de clases presenciales en febrero al señalar la ciudad de Buenos Aires se encuentra en «una situación sanitaria muy crítica» por el aumento de casos de coronavirus, y dijo que el anuncio del Gobierno porteño en ese sentido es «marketinero».
En ese marco, destacó que «no hay ningún planteo serio ni responsable ni de planificación, no hay nada, hay solamente anuncios marketineros desde diciembre y desde el comienzo de este año que proponen este tipo de consignas, pero no hay trabajo de planificación que involucre a los actores del sistema educativo».
«Nosotros decimos que hay que esperar los resultados de algunas de las restricciones que se pusieron en práctica ahora ante el aumento de casos», dijo la dirigente.
Asimismo, recordó que, «cuando la ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, anunció el inicio de clases para el 17 de febrero, ya habíamos dicho que eso era de una gran irresponsabilidad, y que no se podía dar una fecha sin saber cómo iba a evolucionar la crisis sanitaria».
En ese punto, consideró que, «finalmente, ahora, estamos en una situación muy crítica, y la ciudad de Buenos Aires, que es uno de los distritos con más casos del país, y tanto el ministro de Educación como la ministra porteña plantean la presencialidad en la aulas cuando aún no se han resuelto ninguno de los problemas pendientes».
«Uno de los problemas tiene que ver con la infraestructura, porque de un grupo de 30 hay que hacer tres grupos de 10, y no tenemos cantidad de aulas para eso», explicó.
Agregó que «tampoco tenemos la cantidad de puestos de trabajo para dar simultáneamente esa multiplicación de clases, porque debe triplicarse la cantidad de maestros».
Refirió que, por otro lado, «esto puede significar en el área de secundaria que los profesores tengan que garantizar presencialidad y virtualidad, lo que significa una doble tarea».
Al criticar al Gobierno porteño, cuestionó que «desde mayo del año pasado venimos reclamando computadoras y conectividad. Y eso requiere de inversión, y es evidente que Rodríguez Larreta no está dispuesto a eso porque bajó un punto del presupuesto en educación de este año «.
Finalmente, remarcó que, «además, todos sabemos que alrededor de la educación se mueve una parte de la economía, y que todo este impulso marketinero tiene nada más que un estricto interés económico. La urgencia por el regreso a la presencialidad tiene que ver con un lobby económico en la educación, una presión muy importante».
Docentes
Luego de declaraciones mediáticas sobre la supuesta intransigencia del SUTE (Sindicato Unido de Trabajadorxs de la Educación), este martes hubo una nueva reunión paritaria para los reclamos no salariales y la respuesta del gobierno fue un “no a todo”.
Mirtha Faget, Laura Espeche, Mario Albornoz y Alberto Muñoz, miembras y miembros paritarios elegidos en el SUTE (Mendoza) expresaron el pliego de reclamos.
La mala fe de negociación de parte del gobierno pretende dejar sin espacio de negociación a 60.000 trabajadores y trabajadoras sobre temas importantes
El año arrancó con un ajuste sobre el pueblo trabajador: 38,8% de aumento el boleto, 25% el agua y 30% la electricidad. Al 30% de inflación acumulada en 2020 ya en enero se suman estos aumentos. En este ataque al bolsillo del pueblo trabajador no hay grieta entre el gobierno nacional peronista y el radicalismo en la provincia.
Ante este escenario el gobierno pretende que se desconozca que el 2020 existió y que fueron los y las trabajadoras de la educación quienes sostuvieron la educación de emergencia en medio de una pandemia. Muchas veces sosteniéndolo incluso desde sus propios bolsillos y no solo con horas y horas de trabajo.
Por eso fue rechazada la propuesta salarial insuficiente y extorsiva del gobierno de Suárez.
Fueron en las asambleas escolares y los plenarios departamentales y provinciales donde se votó masivamente este rechazo. Es lógico que al gobierno le moleste la organización y deliberación democrática.
Pero, y no sorprende, el gobierno no está solo en la cruzada contra el sindicato. Roberto Macho y ATE pretenden desconocer este proceso de nuestro gremio y se auto postula como referente para imponer la aceptación de la insuficiente propuesta del gobierno. Se atribuye una representatividad que no tiene para militar a favor del gobierno de Suárez en las escuelas.
Frente a esto, lo más legítimo es el proceso de asambleas y la votación masiva del rechazo, la exigencia de recomposición salarial 2020 en función de lo perdido por la inflación, aumento salarial YA, en blanco, remunerativo y bonificable y cláusula gatillo y un espacio de paritaria real para tratar deudas y derechos de un pliego histórico que surge del debate en cada escuela.
El plenario provincial ha votado un no inicio ante la falta de respuesta. La actitud del gobierno es de una clara dilación y propone volver a juntarse recién el 28 de enero.
El Gobierno y los cinco sindicatos docentes con representación nacional acordaron un salario mínimo para los trabajadores de la actividad de 27.500 pesos que regirá en todo el país.
Esa mejora incluye las sumas por el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), el material didáctico y un monto extraordinario, y representó este año un aumento del 33,46% para el cargo docente de grado, con jornada simple de 4 horas y sin antigüedad.
El Gobierno convocará en febrero próximo a la Comisión Negociadora del Convenio Marco de la Paritaria Nacional para analizar «la evolución del acuerdo firmado esta tarde y las condiciones laborales del trabajo docente».
En la reunión, realizada en el Palacio Pizzurno, participaron representantes de la CTERA, UDA, SADOP, AMET, CEA y de los Ministerios de Educación (Nicolás Trotta) y de Trabajo (Moroni).
Este acuerdo contrasta con el dato del valor de la Canasta de Consumos Mínimos que elabora la Junta interna de ATE-Indec, donde indica que ningún trabajador debería ganar menos de $ 76.500, para un hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijos en edad escolar.
En el acta acuerdo se afirma además que: “El conjunto de estrategias, políticas y acciones desplegadas en el marco de la emergencia y la excepcionalidad que afectó al sistema educativo en su conjunto, por imposición de la Pandemia por COVID-19, permitieron garantizar el derecho a la educación y asegurar la continuidad pedagógica, siendo ello posible por el compromiso de docentes, profesoras y profesores, equipos escolares, directivos, supervisores, autoridades educativas, familias y alumnos y alumnas de todo el país”.
En Argentina un 48,7% de estudiantes no tiene computadora y un 47% no cuenta con WiFi en su casa, según el Observatorio de la Deuda Social Argentina. Es decir que casi la mitad de los chicos en edad escolar no cuenta con los recursos para poder acceder a la modalidad virtual que se viene aplicando desde la suspensión de clases en marzo, a causa de la pandemia del coronavirus. Además, hay miles de niñas, niños y adolescentes que ni siquiera tienen una casa donde vivir, como vimos en Guernica, y en otras tantas tomas de tierras, donde la receta de los gobiernos es el desalojo y la represión.
La precarización educativa, que viene sufriendo la escuela pública gobierno tras gobierno, se profundizó en el marco de la pandemia. Hoy hay miles de estudiantes “ desvinculados” de la escuela. La respuesta a esta crisis en la provincia de Buenos Aires fue crear planes de precarización docente como el PIEDAS y el ATR, para que cierren los números de ajuste fiscal que pide el FMI. En otras provincias no existió este tipo de planes y miles de docentes quedaron sin ingresos.
Para que no siga profundizando esta catástrofe educativa, es urgente que se destine presupuesto a educación, sobre la base del no pago de la deuda, impuesto a los bancos y grandes fortunas. Exigir un plan de obras para poner las escuelas en condiciones, dispositivos y conectividad gratuita para todos alumnos y docentes, creación de cargos, ningún docente sin cargo, ningún estudiante sin docente. Un salario de cuarentena para los docentes sin trabajo y becas para todos los estudiantes en los que en su hogar el ingreso sea menor a la canasta familiar. Se necesita además un plan de viviendas. ¡Ningún alumno sin techo!
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, ofreció al sector docente en mesa técnica $34.000 de bolsillo.
La canasta básica indicada por el INDEC a nivel nacional está por encima de los $54.000 pero en Tierra del Fuego supera los $90.000. Por lo que, un salario inicial de $34.000 solo condena a las y los docentes a vivir en condiciones de pobreza, aunque tengan dos cargos llevando a la explotación y a la flexibilización del trabajo docente.
No obstante, por mandato, por mayoría y con mucha desconformidad la docencia aceptó la propuesta del Ejecutivo.
En disconformidad ante el accionar del gobierno provincial se han realizado caravanas, apagones virtuales y visibilización en las redes, como plan de lucha por parte de la docencia a partir del incumplimiento de la homologación de marzo, lo que llevó al gobierno a abrir las negociaciones. A su vez surgió el probable No Inicio del ciclo lectivo 2021.
El colectivo docente no está conforme con la propuesta ya que son las y los docentes junto a las familias quienes han garantizado la educación en el contexto de pandemia.
Entre los reclamos por parte de la docencia se hizo sentir el “basta de sumas fijas”.
Fuentes: La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, www.ambito.com, www.infogremiales.com.ar, APU, ACTA, Anred, Red Eco Alternativo, Clarín, argentina.indymedia.