En medio del pico de la segunda ola, en este mes de mayo, tanto la mayoría de las conducciones de los sindicatos docentes universitarixs como estatales volvieron a cerrar una paritaria a la baja, perdiendo frente a la inflación proyectada. Se trata de dos sectores que vienen sufriendo una importante caída salarial en el último lustro, que tienen planteada como demanda fundamental la recuperación de lo perdido durante el macrismo (entre un cuarto y un tercio de los salarios) y que en la paritaria actual no lograron detener esa sangría frente a una inflación creciente. Hay que defender un aumento urgente de los ingresos de la clase trabajadora.
El impacto de ambas paritarias no se limita a sus sectores, sino que -en linea también con el magro aumento del Salario Minimo- influyen en las negociaciones para el resto de los trabajadores y trabajadoras, lo que plantea una perspectiva difícil para que este segundo año de pandemia los salarios le ganen a la inflación y recuperen parte de lo perdido. El Gobierno intenta imponer acuerdos en sintonía con la proyección de inflación de este año, cuando esa cifra del 29% ya quedó enterrada prácticamente en el primer semestre del año.
Virtualización forzada y paritaria en cuotas
Desde el inicio de la pandemia les docentes universitaries afrontaron el compromiso de garantizar la cursada de todes les estudiantes en un contexto excepcional y con nula o poca contemplación y acompañamiento de las autoridades universitarias. A las ya precarias condiciones de la docencia universitaria se sumó la imperiosa necesidad de lograr un funcionamiento virtual con escasos recursos y en tiempo récord.
Nada de esto parece haber sido tenido en cuenta a la hora de acordar la paritaria del sector, en donde se definió un aumento anual del 35% en 5 cuotas (lo que lleva a que más del 10% se cobre recién entre diciembre 2021 y febrero 2022), y 1000 pesos como compensación por el gasto en tecnología y servicios que tienen les docentes para sostener la virtualidad. Además de ser un porcentaje que es inferior a la inflación proyectada (según el Banco Central de 49%), la “suma fija no remunerativa y mensual” no alcanza ni siquiera para pagar el servicio de internet y ni por asomo cubre la necesidad de muchos/as docentes de reponer teléfonos o pc’s averiados por el uso intensivo en la docencia pandémica.
La docencia llegó a esta paritaria sin entusiasmo, y en un clima contradictorio. La voluntad de muchos/as docentes de acompañar un momento difícil del país y no generar tensiones a un gobierno en el que tienen expectativas, se contrapone con la constatación de un deterioro evidente en las condiciones de vida y trabajo, y el incumplimiento de las promesas presidenciales sobre una recuperación. En ese marco, también genera tensiones la política de la conducción de la mayoría de las federaciones que, a excepción de Conadu Histórica, fueron a la paritaria sin un plan de lucha que acompañe sus demandas para mejorar la propuesta de Trotta. Aunque es un panorama difícil, no hay que pasar por alto que los acuerdos se cerraron con una expectativa importante en las cláusulas de revisión que se inician en septiembre.
Les estatales, en crisis
La semana que pasó se consumó el cierre de una nueva paritaria estatal a nivel nacional que contó este año con un inmovilismo alarmante de las direcciones sindicales, incluso de la de ATE que el año pasado había sabido convocar una multitudinaria caravana al Congreso pero que este año apenas se dedicó a organizar plenarios de delegados virtuales. El acuerdo fue rechazo por ATE Capital y distintos sectores de Juntas Internas y delegados/as.
El acuerdo final fue de un aumento del 35% en 6 cuotas (10% en junio, 5% en agosto, 5% en septiembre, 4% en diciembre, 6% en enero y 5% en febrero) pero con mas de un 10% a cobrar recién a inicios del 2022 que también incluye aumento en presentismo, un 4% adicional a les trabajadores contratados mediante SINEP, el inicio de más de 8 mil concursos para pasar a planta permanente y una cláusula de revisión en noviembre de este año. Sin embargo, el aumento de inflación proyectado parece superar claramente estos números y la promesa del gobierno de que este año “el sueldo de los estatales le gane a la inflación” caería en saco roto acentuando la indignación de los trabajadores y trabajadoras estatales que ven postergadas una vez más las necesidades de un sector importantísimo durante la pandemia (que viene de una pérdida salarial de más de un 25% durante el macrismo).
Este acuerdo paritario representa un nuevo golpe al salario de les trabajadores por varios motivos: en cuotas, casi un tercio a cobrar recién el año que viene, sin ser acumulativo (es decir, se toma como referencia para los porcentajes el salario de mayo 2021) y por debajo de la inflación estimada para este año. Esto agrava la situación a los trabajadores y trabajadoras estatales que están haciendo un esfuerzo denodado teniendo que afrontar una situación compleja que combina: las exigencias de una presencialidad que los expone, en el caso de quienes tienen que asistir presencialmente a sus puestos de trabajo, y una virtualidad extendida que, si bien permitió la continuidad de gran parte de las tareas, dificultó el sostenimiento de los vínculos entre les trabajadores y metió como nunca antes el trabajo al interior de sus casas.
Los trabajadores y trabajadoras de este sector que ha sido fundamental en la pandemia garantizando el funcionamiento del Estado y la implementación de sus políticas esperan con expectativas de mejora la cláusula de noviembre con el desafío de generar un conjunto de medidas que los tenga esta vez sí como una prioridad.
Disputar la renta en pandemia
Es evidente que la gravedad de la crisis actual plantea un impacto directo a las condiciones de vida de las y los trabajadores, en un contexto de caída económica brutal. Claro que no todos los sectores están sufriendo el mismo impacto ni parten de la misma condición. La gran mayoría de las y los trabajadores venimos de una pérdida muy importante en los últimos cinco años, y ahora vemos que el marco de crisis está dando lugar a un retroceso aún mayor. Mientras tanto, los grandes ricos de nuestro país tratan de evadir con juicios un impuesto a sus fortunas, y los organismos internacionales presionan para que los recursos del país vayan de nuevo a la deuda. Por eso es fundamental ligar un reclamo vital, como es que las y los trabajadores no podemos seguir cayendo, con la demanda por un impuesto permanente a las grandes fortunas, y la suspensión en este contexto del pago de la deuda externa poniendo la prioridad en los sectores populares. En ese marco, hay que seguir impulsando la organización de las y los trabajadores en cada sector de cara a las próximas peleas en defensa del salario.
Abriendo Caminos