La policía desarmó algunas precarias viviendas pero volvieron a entrar. Según abogadas especializadas en el tema, se debería haber suspendido el desalojo en aplicación de la protección dispuesta por la Ley Nacional de Emergencia Territorial Indígena, 26.160.
17 de julio de 2021
Más de 100 familias de las comunidades guaraníes Lapacho y Tierra Nueva de Salvador Mazza fueron intimadas el 1 de julio pasado a desalojar un terreno que figura a nombre de la particular María Julia Gialias. La orden fue emitida por el juez de Garantías de Tartagal, Nelso Aramayo, y, según los papeles que les mostraron de manera parcial, se hizo por pedido del fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón.
“Yo no actué para desalojar ningún terreno, sino un corte de ruta”, dijo el fiscal al ser consultado por Salta/12. Sin embargo, el único papel que los policías mostraron, doblado, a las cacicas de las comunidades, Matilde Cañarima y Alejandra Salas, indica que fue Cazón quien pidió el desalojo, y dispone que la medida debía ser dirigida por él, “a los fines de que las garantías y derechos de quienes resulten sindicados como usurpadores no resulten vulnerados ni menoscabados (…), autorizándose el uso de la fuerza pública solo en la estricta medida de lo necesario y siempre previa notificación verbal del contenido de esta autorización”.
“No se entiende cómo en tan poco tiempo el juez autorizó el desalojo”, dijo la abogada María Fernanda Ferroni Alcaraz, que fue convocada por el vocal del Pueblo Guaraní en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), Enrique Arello, para actuar en la causa. La letrada señaló que ni siquiera se dio intervención a la Asesoría de Menores e Incapaces para actuar, dada la presencia de unos 100 niños, niñas y adolescentes menores de 18 años.
La abogada dijo que quiso acceder al expediente pero le fue imposible hacerlo debido al inicio de la feria judicial, el 12 de julio.
Salas, mburuvicha de la comunidad Lapacho, contó que vive en esas tierras desde siempre y que su comunidad (a diferencia de Tierra Nueva), cuenta con personería jurídica. “Lo que pasa es que antes estábamos monte adentro que era puro yuyo y monte”, dijo la referente a este medio. Ante el aumento de las familias empezaron a abrir las calles desde el año pasado. “Cuando comenzamos a hacer esto es que empezaron a aparecer los supuestos dueños y apoderados”, afirmó.
De su relato surge que el viernes pasado, que fue feriado, la Policía fue hasta la comunidad y los intimó a retirar sus cosas porque el desalojo iba a concretarse. “Nosotros sacamos las pocas cosas que teníamos porque decían que íbamos a tener problemas y las íbamos a perder”, sostuvo Salas. Pero la otra comunidad decidió resistir, por lo que quienes habían salido resolvieron reingresar al territorio.
El accionar policial (según surge de las manifestaciones de las referentes y las imágenes que enviaron), consistió en desarmar las casillas, algunas de ellas realizadas con tarimas de madera.
“La dueña tuvo ayuda de la Municipalidad porque es parienta del intendente”, dijo por su parte Cañarima, al referirse a Gialias. Salas, por su parte, adujo que se vio a familiares del jefe comunal Rubén Méndez cuando acontecía el desalojo del viernes pasado.
Ayer, el terreno de casi siete hectáreas era custodiado por la Policía y habían llegado camiones cargados de arena. En las imágenes se ve además que se había realizado una fina zanja que según indicaron las cacicas, tenía como fin ser el soporte de una malla de alambre que pretendía tender la denunciante. Si el terreno se alambrara, “nos vamos a quedar adentro”, dijo Cañarima.
Derechos vulnerados en pandemia
La directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCI), María José Castillo, entendió que en principio la orden de desalojo no estaría ajustada a derecho. Por un lado, porque las comunidades originarias están amparadas por la Ley 26.160, aún vigente, que suspende los desalojos. “No importa si tienen o no personería jurídica”, explicó la funcionaria, que es también abogada.
La consulta se realizó teniendo en cuenta que hace un mes se lanzó la Mesa de Concertación por la Tierra y la Emergencia Habitacional, en la que se ponderaba la necesidad de acceder a instancias de mediación como una de las herramientas ante situaciones como las que se presentaron en Salvador Mazza. Castillo añadió que en el contexto de pandemia, además, surge de otros antecedentes que se debe tener una amplitud de criterio para proteger las garantías y derechos de las personas a expulsar de su lugar ante el peligro que representa un desalojo en este contexto sanitario.
En la Dirección General de Inmuebles de la provincia, el catastro en que se encuentra en conflicto, N° 4368, está a nombre de Eugenia Soursos, no de la persona que hizo la denuncia que puso en movimiento el mecanismo de desalojo.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/355434-buscan-desalojar-a-dos-comunidades-guaranies-en-salvador-maz