Es una pareja de la comunidad Suri Diaguita Kallchaki a la que querían desalojar del paraje El Paso, en Cafayate.
07/08/2021
Una pareja de ancianos pertenecientes a la comunidad Suri Diaguita Kallchaki de El Paso, en el municipio de Cafayate, fueron absueltos el pasado viernes en un proceso penal al que habían sido llevados bajo cargos de estafa.
El fallo, que sentó un importante precedente en relación con los derechos protegidos por la ley nacional 26.160, fue dictado por la Sala I del Tribunal de Juicio, a cargo del juez Javier Araníbar.
Ambos integrantes de la citada comunidad originaria de los Valles Calchaquíes fueron asistidos por Jaime López Figueroa, letrado a cargo de la Unidad de Defensa Pública N°2, y contaron también con el acompañamiento de Martín Yáñez, antropólogo del Gabinete de Consultores Técnicos de la Defensoría General de la Provincia, quien se encargó de llevar adelante el trabajo que acreditó la condición étnica de los imputados y demostró su pertenencia a la comunidad originaria Cafayate.
El pedido de desalojo del inmueble rural donde la pareja realiza actividades de pastoreo y cultivo fue planteado por un denunciante que aseguró ser su propietario sin título. Se trata de tierras fiscales que actualmente reclama la comunidad indígena Suri Diaguita Kallchaki, amparada en la ley nacional 26.160, que suspendió la ejecución de sentencias y actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de tierras ocupadas por comunidades originarias, en el marco de la emergencia territorial que se mantiene vigente desde 2006, a la par de un Programa de Relevamiento técnico, jurídico y catastral que puso en marcha el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en 2007 junto al Consejo de Participación Indígena.
Ante el juez Araníbar, el defensor público puso de manifiesto que los imputados habían sido inducido por el denunciante a firmar engañados un convenio de comodato, sin certificación notarial, autorizándolos al uso de esas tierras por cinco años. Cumplido el término, ante la negativa de la pareja a dejar las tierras y sus pertenencias, el hombre inició un proceso judicial en su contra.
Con el fallo, la Defensa Pública logró poner en salvaguarda dos aspectos propios de la condición de vulnerabilidad, como son la ancianidad y la pertenencia a una comunidad originaria.