El violento accionar policial se generó al ejecutar la orden de un juez de Tartagal que hizo caso omiso a observaciones de la defensa legal de las comunidades y del INAI.
06/08/2021
Embarazadas que fueron tomadas del cuello, “como si fueran hombres, por parte de policías varones”, una chica de 17 años con cuatro balas de goma en sus piernas y al menos tres detenidos fue el saldo del accionar de la Policía en un desalojo que se concretó ayer en Salvador Mazza, municipio del departamento San Martín.
El desalojo, con agentes de Infantería mediante, fue en cumplimiento de una orden nuevamente emitida por el juez de Garantías de Tartagal, Nelso Aramayo, a pedido del fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón.
El pedido de desalojo fue sobre dos comunidades del Pueblo Guaraní que en principio deberían ser comprendidas en la suspensión de desalojos que dispone la Ley 26.160, de Emergencia Territorial Indígena. El primer intento de desalojo había tenido lugar el 9 de julio pasado, cuando transcurría la feria judicial, además de ser día feriado.
El desalojo se dispuso en el marco de una causa por presunta usurpación en perjuicio de María Juana Gialias, que adujo ser la titular registral de las tierras que ocupan las comunidades guaraníes Lapacho y Tierra Nueva, pese a que su nombre aún no se encuentra registrado en la Dirección General de Inmuebles. Ayer las familias estaban prácticamente en la calle, y un nene de 10 años con discapacidad esperaba la liberación de su mamá, informó a Salta/12 la mburuvicha de la comunidad Tierra Nueva, Matilde Cañarima.
La medida se lanzó pese a que el fiscal solicitante, Cazón, está de licencia. Así lo confirmó la directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCI), María José Castillo, que intervino ante la novedad del desalojo. Para la funcionaria (que también es abogada), esta situación constituye una primera irregularidad porque a su entender es el fiscal el que debía controlar la ejecución del desalojo.
Castillo recordó que existe una recomendación de la Procuración General de la provincia para convocar a audiencias de conciliación cuando hay pedidos de desalojo, “lo cual no sucedió en este caso”. De la conversación que tuvo con Cazón, la funcionaria entendió que para el fiscal la población a desalojar es parte de los pueblos indígenas. Sin embargo, tampoco se ahondó en una investigación para determinar esa premisa.
Desoír al INAI
Para Castillo, tanto Cazón como Aramayo desoyeron las observaciones que realizó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en este caso en particular. En una nota firmada por el director de Asuntos Jurídicos, Julián Fernández, el organismo nacional no solo se le recordaba a Aramayo la existencia de la Ley 26.160, sino también la necesidad de contar con personal de la Asesoría de Menores e Incapaces ante la cantidad de población menor de 18 años que vive en el lugar.
Tras ver el expediente, Castillo se percató de que el pedido de desalojo de Cazón fue durante la feria judicial, a lo cual se suma que estaba de licencia al momento de la ejecución. Su interpretación frente a este accionar es que por lo menos existe una “falta de voluntad de instar al dialogo y mediación”. No solo ante el pedido del fiscal, sino también de la defensa de las comunidades, a cargo de la abogada Fernanda Farroni Alcaraz. En la instancia de diálogo se podría al menos, a entender de Castillo, proteger los derechos vulnerados de quienes fueron desalojados en una situación apremiante como la de la pandemia.
Recordó que el de Salvador Mazza no es el primer desalojo ordenado por Aramayo en contra de las comunidades.
Por su parte, Julián Fernández dijo a este medio que las intervenciones del INAI están limitadas por el carácter federal que dispone la Constitución Nacional. “La responsabilidad es del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial que incumplen con el plexo normativo”, dijo el funcionario. No obstante, indicó que se velará para que los municipios, las provincias y la Nación asistan a las personas cuyos derechos fueron vulnerados como ciudadanas y como habitantes indígenas. “Estamos convencidos de que la comunidad no debería haber sido desalojada”, aseguró Fernández.
Otro análisis en espera por parte del INAI es la posibilidad de presentar denuncias contra Cazón para que se analicen en el proceso de jury que se anunció ayer desde el MPF de la provincia. “Estamos evaluando hacer una denuncia por el Ministerio del Interior de la Nación”, adelantó Fernández. Manifestó que particularmente ayer tenía un sentimiento de impotencia ante el accionar judicial en el norte salteño.
Por su parte, la diputada nacional Verónica Caliva (FdT) repudió el desalojo ordenado por Aramayo y sostuvo que “no se puede tolerar el atropello de la justicia salteña que en connivencia con intereses oscuros desaloja a nuestras comunidades a pesar de que algunas cuentan con sus carpetas de relevamiento técnico”.
En el desalojo los policías desarmaron las precarias viviendas de las comunidades. Paralelamente se realizaban trabajos impulsados por la presunta titular registral para cercar el terreno en disputa.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/359828-embarazadas-golpeadas-y-una-chica-herida-en-un-desalojo