Salarios vs inflación
Mario Hernandez
Octubre fue el mes en el que fueron activadas la mayor cantidad de cláusulas de revisión. Numerosos gremios “lograron sellar aumentos que, anualizados, se acercan al 50%, cifra similar a la inflación interanual pero que, a su vez, debería estar por encima de la inflación acumulada que se verá en 2021.
Entre otros casos, durante este mes la rama indumentaria textil firmó revisiones que llevan su acuerdo a cerca del 55% anual, los plásticos firmaron en torno del 53%, la UOM (metalúrgicos) reabrió su acuerdo para llevarlo apenas por encima del 50%, AOMA (mineros) revisó en torno al 48%, y Satsaid (nuevas tecnologías), el único gremio que este mes firmó su paritaria anual para 2022, en 45% pero con revisiones a mediados del año próximo.
El último dato correspondiente al relevamiento de salarios de la economía que realiza el INDEC, informa que en agosto 2021 los salarios totales registran un aumento de 49,1% respecto de agosto 2020.
El ajuste del poder adquisitivo de los salarios se puede observar en el aumento de rubros de importancia relativa como transporte, alimentos y prendas de vestir, los cuales registraron un aumento en ese mismo período, 62,3%, 52,4% y 53,4%, respectivamente, señala Martín Calveira, investigador del IAE Business School, Escuela de Negocios de la Universidad Austral.
Descontada la inflación, los salarios totales se redujeron en 2,3% en el período agosto 2020-agosto 2021 debido a que la inflación minorista de ese mismo período fue 51,4%, precisa Calveira.
Al desagregar la evolución, “el sector privado no registrado tuvo nuevamente una mayor pérdida real debido a que el aumento respecto de agosto 2020 fue solo 35,8%”. Por otro lado, el sector privado registrado mostró una evolución interanual de 53% y los salarios del sector público un 50,9%.
Yendo más atrás en el tiempo, “desde el inicio del confinamiento, se observa un crecimiento del 55,7%. No obstante, ajustado por la inflación del mismo período es -7%, es decir, un ajuste real de los salarios que se suman a la caída del PIB y un mayor desempleo”.
Noviembre llegó con aumentos
Las subas en alquileres, expensas, GNC, colegios; entre otros, también contribuirán -junto a otros factores- a acelerar el ritmo de la suba del nivel general de precios que en los primeros 9 meses del año acumulan un 37%
Alquileres: Para aquellos inquilinos que firmaron contratos en noviembre del 2020, deben afrontar este mes la suba anual que se determina -a partir de la Ley de Alquileres- por un índice combinado (50 % evolución y de salarios y 50 % precios) que elabora el Banco Central. Se estima que teniendo en cuenta el IPC interanual, la suba pueda alcanzar el 50%.
Según los datos relevados por zonaprop, en la Ciudad de Buenos Aires “El alquiler de un 2 ambientes en la Ciudad se ubica en $ 43.899 por mes, 3.0% por encima del mes previo. En 2021 acumulan suba de 43.1%, levemente por encima de la inflación.”
El portal inmobiliario sostiene que “en los últimos doce meses el precio medio de alquiler (nuevos contratos) acumuló suba de 51.8% levemente arriba de la inflación (51.1%) y de ajuste de los contratos existente firmados hace 12 meses (49.5%).”
Expensas: las expensas tendrán una suba de hasta 10% en noviembre. La misma esta empujada por las paritarias del sindicato de encargados de edificios (SUTERH) que llevarán el 32% acordado a un 44,8% de ajuste anual.
Eso se debe a que los salarios de los encargados de edificio tienen una fuerte incidencia dentro del valor de las expensas.
GNC: El precio del metro cúbico del gas natural comprimido (GNC) aumentará 1 peso, para venderse a un promedio en todo el país de $47 en las estaciones de servicio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
De esta manera el valor del gas en boca de pozo pasará de 14% al 14,5%. El último aumento de este combustible se había aplicado en agosto de este año y fue entre $2 y $3.
Colegios: se trata de los colegios privados que reciben subsidios estatales y fueron autorizados para incrementar sus cuotas. Luego de las revisiones paritarias a docentes, los colegios privados aumentarán de un 3% a un 4%.
Telefonía móvil: sin la autorización del ente regular, Enacom, las empresas de telecomunicaciones aumentarán hasta 10% en noviembre. Las empresas siguen aumentando a su antojo mientras existe una judicialización del decreto 690. En los primeros nueve meses del año las subas acumuladas en telefonía, internet y televisión rondan el 49 %, mientras el Enacom había autorizado para el año en curso subas de hasta un 30 %.
Crecen los márgenes de ganancia de empresas oligopólicas
Por David Cufré
La decisión del Gobierno de establecer precios máximos por 90 días para una canasta de consumos esenciales abroqueló al establishment empresario, la prensa dominante y la oposición de Juntos por el Cambio en contra de la medida. “La culpa de la inflación no es de los empresarios”, aseguró María Eugenia Vidal. “Es de la emisión monetaria”, interpretó, lo mismo que Martín Tetaz, que la acompaña en la boleta. Horacio Rodríguez Larreta pronosticó que la intervención estatal terminará en “desabastecimiento”, igual que el presidente de la Cámara de Comercio, Mario Grinman. A tres semanas de las elecciones, la pelea por los precios dejó a la luz la diferencia radical de enfoques entre oficialismo y oposición, pero sobre todo lo crucial que son los comicios para fortalecer la defensa de las mayorías populares o dar impulso a la arremetida conservadora.
Techint, Aluar, Molinos Río de la Plata y Loma Negra son protagonistas principales de la pulseada por la inflación. En el primer semestre del año lograron “una recomposición significativa de sus niveles de rentabilidad”, gracias a su poder de mercado para imponer condiciones a otros actores de las cadenas productivas y a los consumidores. Así lo advierte un documento elaborado por Cifra, el centro de investigación económica de la CTA, a propósito del debate sobre las causas de la aceleración de precios.
El caso Techint
“Ternium Argentina (Techint) declaró utilidades netas por el 40,1 % de las ventas en el primer semestre de 2021 cuando en el mismo período del año anterior había registrado pérdidas contables de -1,5 %”, revela el informe. “Se trata de un nivel muy superior a los buenos registros de 2019, cuando había obtenido un 10,5 % de utilidades sobre ventas”, compara. Es decir, el holding de la familia Rocca se anotó primero en la lista de empresas que recuperaron ganancias a costa de descargar fuertes aumentos en el precio del acero a las industrias que lo utilizan como un insumo clave. Eso genera un efecto cascada que recae en definitiva sobre los consumidores.
La crisis histórica que causó la pandemia, cuyo impacto se minimiza en el debate político, tanto por parte de la oposición como por sectores que supieron votar al Frente de Todos y ahora se manifiestan decepcionados con su actuación, generó una disparada de precios a nivel internacional.
“La energía, los alimentos y los minerales treparon en dólares 82,1 %, 29,4 % y 35,3 %, respectivamente, entre los primeros 8 meses de 2021 e igual período del año anterior. Es tan claro que la economía argentina no está aislada de estas circunstancias internacionales como que la inflación doméstica no se agota en ellas”, destacan Pablo Manzanelli y Daniela Calvo, autores del documento de Cifra.
El componente local de esa presión inflacionaria a nivel global se expresa en las distorsiones que se advierten en los precios relativos. “Esto se pone de manifiesto en que los precios mayoristas de rubros con elevada concentración económica se incrementaron muy por encima de los precios minoristas durante los primeros 9 meses de 2021. Es el caso, por ejemplo, de los aceites, con un alza del 111,3 %, sustancias plásticas (92,6 %), cereales y oleaginosas (90,7 %), productos siderúrgicos (70,9 %) y minerales no ferrosos (54,9 %)”.
Como consecuencia de ello, indica el informe, los oligopolios que lideran esas actividades registraron una recomposición significativa de sus niveles de rentabilidad. “Ramas con elevados niveles de concentración económica aceleraron el traslado de los precios internacionales a los internos en detrimento de los salarios y de las empresas que actúan en sectores más atomizados. Prueba de ello es también el elevado incremento de los insumos difundidos”, explica el documento.
“Aluar pasó de -6,7 % a 8,8 % de utilidades sobre ventas entre el primer semestre de 2020 y el mismo lapso de este año”. El aluminio es otro insumo fundamental para la industria y la construcción.
Molinos y Loma Negra
En la rama alimenticia, una empresa testigo en la formación de precios es Molinos Río de la Plata. “Después de un buen primer semestre en 2020, aumentó su rentabilidad de 2,9 a 3,6 % en igual período de este año”, precisa. La compañía del grupo Pérez Companc rechazó la fijación de precios máximos sobre 69 productos y es protagonista de las discusiones con la Secretaría de Comercio por la aplicación de esa medida.
Finalmente, la productora líder de cemento en el país, Loma Negra, pasó de un registro negativo de 6,2 % en la primera mitad de 2020 a utilidades sobre ventas del 5,5 % en igual lapso este año.
“En los casos de Aluar, Molinos Río de la Plata y Loma Negra, la recomposición de su rentabilidad en el primer semestre de 2021 es significativa respecto a 2020, pero se mantiene por debajo de los buenos resultados del primer semestre de 2019, donde el ajuste en los salarios y la capacidad diferencial de formación de precios provocó un aumento de los márgenes de ganancia”, aclara el documento.
Distribución regresiva del ingreso
Otro dato que explica la necesidad del Gobierno de poner un freno por lo menos transitorio a la suba de precios en la canasta básica es que el sector empresario en general está aumentando su participación en la distribución del ingreso, a costa de los trabajadores. “La situación con las empresas oligopólicas no se trata de casos aislados, ya que el excedente de explotación del conjunto del sector privado aumentó del 48,2 al 53,1 % entre el primer semestre de 2020 y 2021”, puntualiza el informe. “Estas son las causas del endurecimiento de la política de control de precios”, concluye.
Movilizar por el control de costos, precios y distribución de productos de la canasta familiar
*”Molinos”, “Arcor” y otros grandes oligopolios de la producción de alimentos en el país, han tenido tarifas congeladas, el dólar frenado, los salarios devaluados, cobraron ATP y subsidios del Estado.
* Sin embargo, se niegan a detener la remarcaciones de los precios de los artículos que integran la canasta familiar.
*¡Enfrentemos el saqueo empresario contra el pueblo trabajador!
1- Solicitamos la implementación de congelamiento de precios (con valores anteriores a las subas desmedidas).
2- Control popular de costos, precios y distribución de los productos de la canasta familiar.
3- Las organizaciones sindicales y populares debemos tomar esta política en nuestras manos.
Rosario, 20/10/2021
Comisión Gremial – Centro Cultural de La Toma (Rosario)
Trabajadores de la salud
Después que el Presidente Alberto Fernández se comprometiera a apoyar la convocatoria a una paritaria nacional de salud, dirigentes de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) se reunieron con autoridades del ministerio de Salud para comenzar a dar pasos en este sentido, quienes aseguraron que existe “una predisposición favorable para concretar lo solicitado”.
La semana pasada el Consejo Ejecutivo Nacional de Fesprosa se reunió con el viceministro de Salud, Arnaldo Medina. Desde la Federación (con la presencia de María Fernanda Boriotti, Jorge Yabkowski, Noemí Alemany y César Dell Alli, entre otros) se insistió en la necesidad de convocar a la paritaria nacional de salud, avalada por el Presidente en la reunión realizada hace diez días en la Casa Rosada. Al respecto, Medina sostuvo que se están llevando a cabo conversaciones con las máximas autoridades de las carteras de Salud y de Trabajo, “existiendo una predisposición favorable para concretar la convocatoria solicitada”. Desde Fesprosa se insistió “en la necesidad perentoria de dar pasos concretos en esa dirección”.
Luego la delegación sindical abordó la agenda del decreto 1133, que homologa el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para los trabajadores de la salud. Según informaron desde la Federación, el viceministro aseguró que “habiéndose solucionado el problema salarial de los residentes nacionales, la prioridad pasaba a ser el pase a planta y la resolución de las antigüedades no reconocidas”.
En cuanto a los planteos respecto de la situación de crisis en el Hospital Sommer, desde el Ministerio aseguraron estar en conocimiento de la situación pero no haber recibido planteos gremiales para desplazar a la dirección del hospital. En este sentido, Medina se comprometió a citar en los próximos días al director ejecutivo del hospital Gustavo Marrone, ante lo que Fesprosa “manifestó la voluntad de participar activamente en la solución de la crisis institucional” de la institución.
Finalmente, representantes del Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén (Siprosapune-Fesprosa) describieron “la crítica situación de anestesia en la provincia, planteando la necesidad de que el Ministerio nacional y el Consejo Federal de Salud se impliquen de manera activa en la concreción de políticas que frenen la ambición corporativa de las sociedades de anestesia”. Ante esto, el Ministerio manifestó su acuerdo general, afirmando que en el ámbito del Consejo Federal de Salud (COFESA) “se están elaborando normativas para que sea el Estado quien regule el ingreso y la formación de los especialistas en anestesia”.
El martes 2 de noviembre, residentes y concurrentes nucleados en la Asamblea CABA se movilizaron una vez más frente al ministerio de Salud de la Nación por el mal manejo en la adjudicación de vacantes para ocupar cargos formativos de concurrencias en el sistema de salud público porteño.
Según informaron, durante el fin de semana les comunicaron a 150 profesionales de salud de las carreras de Psicología, Psicopedagogía y Trabajo Social que los puestos ya tomados podían sufrir modificaciones por un error de sistema. “Se trata de profesionales que dispusieron sus horarios y organizaron sus agendas en base a las concurrencias tomadas, ya firmaron y entregaron papeles, ya están insertos en distintos equipos de trabajo, y sin embargo frente a esta instancia de adjudicación podrían perder dicho puesto”.
En el Garrahan, 35 enfermeros de CABA y de Nación habían tomado una residencia y con esto quedaron desafectados. Con los concurrentes de CABA pasó lo mismo. “Lo que nos dijeron desde el Ministerio es que lo resolvieron de esta manera, que se vuelvan a adjudicar los puestos. Esto lo que trae es que residentes como los del Garrahan queden sin puesto y que se modifiquen todos los ingresos de los concurrentes”.
El sistema de salud público porteño cuenta con más de 3.000 residentes y concurrentes. 1.440 de ellos son parte del programa de concurrencias, dependiente del ministerio de Salud, orientado a profesionales ya recibidos en distintas áreas que realizan capacitación de posgrado en la práctica concreta de los hospitales. Cumplen con veinte horas semanales que se dividen en cinco de formación y quince de atención directa. A diferencia de la residencia, donde se trabaja a tiempo completo y con guardias, los concurrentes no perciben remuneración ni cuentan con ART u obra social.
A esto se suma el reclamo por los recortes que hubo en CABA durante la pandemia en los puestos de concurrencia. Según denunció la asamblea en la movilización pasada, se recortaron más del 50%, pasando de 344 a 153 puestos. Esto fue aún más impactante en 2019, cuando pasaron de 519 a 153 lugares.
“Lo que pedimos hoy en reunión con el ministerio de Salud de la Nación fue que abran más cupos, sobre todo porque el sistema de salud viene bastante colapsado y hace falta más personal. De esta manera se sostendrían los puestos de los que ya comenzaron a trabajar. También solicitamos una reunión con las autoridades de CABA para pedirles esto”.
A su vez, agregaron: “Lo malo de esta decisión también es que muchos de estos concurrentes ya iniciaron tratamientos, y con estos movimientos la gente ve modificados sus procedimientos y se cambian equipos de trabajo. A nosotros nos afecta porque nos estamos formando, pero afecta mucho más a la gente porque se termina atrasando mucho la atención en los hospitales”.
Previo al brote de la pandemia de Covid, la Asamblea ya denunciaba la falta de personal en los hospitales. “Durante la pandemia, esto quedó muy a la vista. Ahora, que todavía seguimos en pandemia, esto se nota mucho más porque la gente quedó asustada y con secuelas. Lo que pasa es que ahora, al menos en los hospitales de CABA, hay entre cuatro y cinco meses de espera para atenderte, hay pocos turnos, gente que viene y hace fila desde las cinco de la mañana. Y todo esto es porque falta gente para atender”, finalizaron.
Mientras, la Asamblea CABA sigue exigiendo la reunión con el ministerio de Salud de la Ciudad para solucionar la problemática de las adjudicaciones. De no haber novedades, se evaluarán más medidas a tomar.
Docentes
Entre agosto y septiembre, el gobierno provincial y el ministerio de educación de la provincia de Buenos Aires, lanzaron el programa +ATR, que consistía en designar a miles de docentes en escuelas primarias y secundarias de PBA para el “acompañamiento de las trayectorias 2020”. El programa tenía como objetivo que los estudiantes terminen la trayectoria 2020 frente a las dificultades que esta enfrentó (pandemia, poco acceso a la tecnología que el gobierno nunca se encargó de garantizar, con faltas de dispositivos en los hogares, sin acceso a internet, tareas de cuidado 24-7, etc.).
Obviamente, estos cargos ya daban indicios de ser la antesala de la reforma laboral: una contratación con fecha de inicio y cese, un período de vacaciones desde el 20 de diciembre al 3 de enero, ningún tipo de licencias por enfermedad o causas particulares (solo contempla maternidad o licencia por ART) y trabajar los sábados.
Todo esto en un paquete de 20 horas semanales, a contra turno, en una resolución poco clara respecto a las tareas que se desarrollarían. El sueldo de una maestra de grado (contemplando la antigüedad) sin los bonificantes por institución (es decir, la desfavorabilidad/ruralidad): $48.505.
El viernes, cuando se pudo acceder al couli, la gran mayoría de la docencia se encontró con sueldos que rondan entre $33.000 y $40.000, netos. Solo algunas excepciones, mínimas, cobraron el sueldo correspondiente.
En el sector de auxiliares, la gran mayoría no cobró un peso del programa +ATR, que otorga un pago mensual de $5.800 para trabajar 6 horas los días sábados. Es decir, que por hora abonan $241. Además, estas sumas se pagan en negro sin posibilidad de faltar por enfermedad, es decir, quitan derechos. En los hechos, significa profundizar la precarización y la flexibilización laboral.
Despidos en empresas del sur del país
La principal empresa de servicios petroleros del país, San Antonio Internacional (SAI), controlada por el fondo de riesgo Lone Star, informó que pagará sueldos en cuotas e impulsa retiros voluntarios entre sus trabajadores.
El secretario general de los Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, José Llugdar, dijo: “Hay un sobrante de trabajadores en la compañía, unos 260 entre Comodoro y Santa Cruz”.
La medida de la empresa SAI abarca a operarios petroleros de todo el país, entre los que se cuentan alrededor de 1.500 trabajadores de Chubut y Santa Cruz, de los cuales 650 trabajan en Santa Cruz y 850 en Comodoro Rivadavia, sobre un total de 3.400 operarios en todo el país. La compañía depositó el jueves 4 de noviembre un anticipo del 70 % de los salarios correspondientes a octubre, mientras que el resto sería complementado en la semana del 15 de noviembre.
San Antonio es una empresa clave en la industria, tanto en yacimientos convencionales como en Vaca Muerta. La firma presta servicios de equipos de torre, de perforación, workover y pulling. También brinda servicios que los pozos necesitan durante su etapa de terminación y mantenimiento, tales como cementación, estimulación y fracturas, entre otros.
José Lludgar agregó: “Hay un sobrante de trabajadores y la compañía está haciendo todos los esfuerzos por sostenerlo, pero cada vez es más difícil”.
Esta declaración pone de manifiesto el acuerdo del sindicato y la empresa en el plan de retiros voluntarios que impulsa SAI. Lludgar agregó: “Esto significa aproximadamente 60 personas en forma directa e indirecta, y después en Santa Cruz se da algo en mayor medida, porque hoy para poder resolver esta situación necesitaríamos que levanten cinco equipos, con lo que serían casi 200 personas las que estarían sobrando allí”.
Recordemos que tras abrir a comienzos de julio de 2020 un plan de “retiros voluntarios” (despidos encubiertos), YPF, la sociedad anónima con mayoría estatal y un 49% de accionistas privados, apuntó a los convenios colectivos de trabajo. Se trata de un plan de ajuste a nivel nacional que combina la reducción de la planta de trabajadores con la flexibilización laboral para quienes continúen trabajando.
Lo más riesgoso es que, aprovechando la pandemia, YPF pretende avanzar en la flexibilización laboral, profundizando el camino de la adenda al Convenio colectivo para Vaca Muerta en 2017, luego de la cual aumentaron las muertes en los yacimientos, como sucedió este 2021 en Comodoro Rivadavia.
La receta es empeorar las condiciones de trabajo para alcanzar la “productividad”, estableciendo dotaciones máximas de personal para cada tipo de operación, y tiempos máximos para cada tarea. Esto aumentando la polivalencia funcional y la sobrecarga de tareas por cada trabajador o trabajadora.
San Antonio Internacional, la empresa más importante de servicios petroleros de Argentina, toma esta medida en este momento donde el precio del petróleo está en sus niveles más altos de los últimos años, un barril a 85 dólares, y donde la industria petrolera viene recuperando la producción a los niveles previos a la pandemia en la cuenca del golfo de San Jorge y con producción récord en Vaca Muerta. Es decir, crisis en el sector no hay.
El lunes 1° hubo una nueva movilización desde la planta de Brightstar hasta la planta de Mirgor en Ushuaia (T. del Fuego), para reclamar una alternativa que garantice la continuidad de los puestos de trabajo y la operatividad de la planta. Brightstar fabrica celulares para importantes empresas y el año pasado fue adquirida por Mirgor, que controla la familia Caputo. Los delegados aseguran que la empresa se mantiene firme en adelantar las vacaciones a partir de la próxima semana y puso las indemnizaciones a disposición, sin proyectar la reapertura de la empresa.
La delegada Estefanía Robledo señaló que “la situación es muy crítica, no tenemos avances en las discusiones con la empresa. De hecho, la postura de la empresa sigue siendo la misma. El día viernes la audiencia, en el ministerio de Trabajo, fracasó porque no llegamos a ningún acuerdo. Lo que ellos sostienen, e insisten, es el cierre de la planta, la salida anticipada del personal de vacaciones y como posterior el cierra de la planta pagando la indemnización a todos los trabajadores y las trabajadoras”.
Por el lado de operarios y operarias, dijo que la pretensión es “mantener la planta operativa, en primera instancia, y sostener la totalidad de los puestos de trabajo”. Sobre la posibilidad de que el personal sea convocado, si la planta se pusiera operativa nuevamente, la delegada de la UOM aclaró que solamente expresó la empresa “en la audiencia del ministerio de Trabajo que, si en algún momento, hipotéticamente, la planta vuelve a producir; habría personal que podría volver a convocarse. Ahora, eso no contiene al total de los compañeros y las compañeras, porque se refieren a que serían evaluados de acuerdo a la performance, de acuerdo al ausentismo y de acuerdo a los parámetros que ellos manejan”.
“La realidad es que, hoy por hoy, un compañero o una compañera que presenta un certificado médico porque se lesionó acá adentro o porque tiene alguna enfermedad inculpable o si tiene que salir a hacer un trámite o por un turno médico, para la empresa todos estos casos son compañeros o compañeras ausentistas”, remarcó Estefanía Robledo.
Robledo señaló que ellos se encuentran “abiertos a discutir la alternativa que nos proponga la empresa, para transitar esta situación, siempre que no sea obviamente el despido de los trabajadores. Del lado de la empresa no hubo avances o propuestas, nosotros hablamos con el gobernador Gustavo Melella acerca de la posibilidad de fabricar una serie de notebooks y demás, como para ir transitando este tiempo hasta que se recomponga la situación de Brightstar, pero no hubo avances por diferentes razones y no pudimos arribar a una propuesta”, expresó.
La delegada señaló, más adelante, que “del lado de las trabajadoras y los trabajadores de Brightstar nosotros queremos seguir apostando a Tierra del Fuego, queremos seguir habitando la provincia, queremos seguir trabajando. Acá hemos construido una vida y no nos queremos ir, pero la única propuesta que nos trajo la empresa -inicialmente- fue trasladar a un grupo reducido de compañeros, que eran alrededor de 30 personas, a Buenos Aires para fabricar computadoras allá. Y la verdad es que, para nosotros y para la totalidad de compañeros y compañeras de planta, no ha sido una opción viable porque nosotros queremos seguir habitando en la provincia y ser trabajadores de Brightstar”, ratificó.
En horas de la tarde, los trabajadores y las trabajadoras de Brightstar, acompañados por la conducción de la UOM y por el Congreso de Delegados de la Seccional, marcharon hacia la planta reclamando alguna propuesta alternativa que sirva para garantizar la continuidad de los puestos de trabajo.
Más despidos
Edgardo Llano, Secretario General de Apa, sostuvo que «la empresa Gol decidió despedir a toda su planta de empleados excepto a la gerencia. Tuvimos reuniones con ellos pero no tienen argumentos, solo aducen que es una decisión de la casa matriz en Brasil. Nosotros acordamos una reducción de los salarios de un 25% mientras no hubiera vuelos por la pandemia, en simultáneo Gol recibió el apoyo del gobierno a través del ATP y REPROS para sostener los puestos de trabajo«. «Ahora que se restablecen los vuelos turísticos vienen con esto, quese inserta en el plan de flexibilización aérea que planteó el macrismo a través del entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y hoy vuelven a intentar los senadores de Cambiemos planteando la modificación de los convenios colectivos de trabajo».
La conciliación obligatoria fue decretada por el ministerio de Trabajo que, ante la denuncia que hizo APA, intimó a la empresa a dejar sin efecto los despidos y al gremio a no tomar medidas de fuerza por 15 días. Sin embargo Llanos advirtió que «vamos a utilizar todas las herramientas legales para impedir los despidos y cuando podamos vamos a tomar medidas de fuerza, para impedir que la empresa vuele hasta encontrar una solución satisfactoria, es decir, con los trabajadores adentro«, y recalcó que «en esta situación de crisis mundial del trasporte aéreo y en la previa a las elecciones este conflicto es muy perjudicial para todos, por lo que exigimos una mesa de diálogo y negociación para encontrar alternativas urgentemente».
La empresa no vuela desde marzo, pese a que algunas rutas permanecieron abiertas porque priorizó los vuelos en Brasil y los países donde se le permitía volar sin restricciones. Con la apertura al turismo extranjero ahora pretende contratar a empleados más baratos, «algunos debajo del salario mínimo», aseguró Edgardo Llano. Y agregó que «esto es un hecho grave que viene orquestado desde Brasil, pero lo más grave es que una de las terciarizadas que pretenden usar es de uno de los empresarios que estuvo preso por la causa de Southern Winds en la que se demostró que traficaba cocaína a Europa». Algunos de los implicados son Matías Miret, los hermanos Juliá y Julián Cook, responsable de Fly Bondi. Esos son algunos de los antecedentes de la empresa terciarizadora Fly Sec que quieren contratar para poner a operar los vuelos.
Por último Edgardo Llano manifestó que «los trabajadores siguieron trabajando como voluntarios durante la pandemia para que el país siguiese conectado con el exterior, recibiendo insumos sanitarios y vacunas. Colaboraron mucho con el país. Nosotros tenemos un gran compromiso con ellos, logramos mantener los salarios, hemos cumplido con preservar los puestos de trabajo y seguiremos haciéndolo».
Más de 300 trabajadores de Mondelez contratados temporalmente piden no quedar en la calle y Trabajo media con la empresa por suplencias.
Se trata de más de 300 obreros y obreras contratados durante la pandemia en la Planta Pacheco de la alimenticia Mondelez. “Vinimos a trabajar de lunes a lunes para sacar la producción” expresaron en una carta abierta y pidieron no quedar sin trabajo en este contexto. Desde el ministerio de Trabajo extendieron la Conciliación Obligatoria para analizar opciones pero aclararon que no se trata de despidos porque habían sido contratados por tiempo fijo. Ofrecen suplencias para intentar amortiguar el conflicto.
La carta de los trabajadores dice: «Todos vinimos a trabajar de lunes a lunes para sacar la producción, que en su gran mayoría era para su exportación. Muchos ya superamos más de cinco meses de antigüedad, algunos fueron contratados directamente por más de tres meses, otros tuvieron varias renovaciones llegando a los siete meses, y otros están llegando al año.»
«Nos dijeron que vendrá otra inspección, pero nosotros no queremos que nos digan cuantas líneas andan. Nosotros solicitamos que le exija a Mondelez que cumpla con la ley y nos efectivice porque ya superamos el tiempo de contratación«, agregaron y cerraron pidiendo que no se permita que Mondelez los deje en la calle.
Jujuy
El Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar Ledesma (SOEAIL) demandó a la empresa azucarera jujeña por $ 24.500.000, más intereses, en concepto de “aportes sindicales retenidos y no pagados” durante los diez años que van entre 2008 y 2018.
Según estimaciones de especialistas, la empresa estaría debiendo más de 85 millones de pesos sólo por este concepto, pero además se calcularon deudas con el fisco por otros 903 millones de pesos y con las obras sociales de los trabajadores por algo más de 326 millones de pesos. La demanda presentada denuncia que también fueron perjudicados directamente los haberes jubilatorios futuros, así como los montos que percibieron algunos trabajadores que recibieron indemnizaciones por despido.
Desde el gremio denuncian que “para bajar costos laborales, la empresa presionaba a los trabajadores dentro de la puja distributiva” para aceptar acuerdos dañosos, que no incluían los aportes correspondientes. En la demanda se agrega: “Se le solicitó a Ledesma a que realice los pagos omitidos pero se negó sistemáticamente”. Luego remarcan que durante el período señalado, la empresa “aumentó su tasa de ganancia y la cantidad efectivamente ganada a costa de los trabajadores y del sistema de seguridad social”.
De acuerdo a lo informado, durante esos 10 años “el ingenio pagó casi un tercio del salario de sus trabajadores” como sumas no remunerativas y eso “hizo que la empresa Ledesma S.A.A.I. omita el ingreso de los aportes y contribuciones obligatorios; por las sumas no remunerativas abonadas por la empresa a sus trabajadores. Esa Deuda que es propia, y otra parte como agente de retención (art. 38 Ley 23.551)”, motivo por el cual el gremio reclama “la cancelación de los pagos omitidos”, a los que la empresa se niega rotundamente a reconocer la evasión y subsanarla. Con ello, Ledesma SAAI habría violado el artículo 103 de la LCT (Ley de Contrato de Trabajo) y el Convenio N° 95 de la OIT dispone que por la prestación de servicios, cada trabajador debe recibir una remuneración.
Este tipo de prácticas, recuerda el SOEAIL no sólo es contraria al marco legal nacional e internacional sino que la práctica se sostuvo en momentos que no eran de crisis económica, destacando que Ledesma sólo comenzó a pagar los aportes completos en 2018, cuando se le notificó la intención de avanzar con una demanda. Rafael Vargas, secretario General de SOEAIL, explicó que con el dinero adeudado se podrían resolver los problemas que atraviesa la obra social del sindicato e incluso saldar las deudas que mantiene con el hospital estatal, que ya inició demandas judiciales al respecto.
Un documento rubricado por el secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Héctor Laplace, sostuvo que el Ejecutivo jujeño incumplió acuerdos firmados con los trabajadores luego del cierre de la mina que, de forma imprevista, determinó la empresa Glencore, propietaria de ese yacimiento.
Al ratificar los incumplimientos de los acuerdos firmados por el gobierno jujeño en Mina Aguilar, el sindicalista sostuvo que afectan la salud y la seguridad, ya que faltan ambulancias y medicamentos y «no hay garantías para quienes realizan mantenimiento»
Bancarios
La Asociación Bancaria sostuvo la necesidad de avanzar hacia una normalización de la actividad del sector, en la actual etapa de “vacunación masiva, testeos y otras medidas de prevención” que han permitido ingresar en un momento de recuperación de la economía. En ese sentido, plantean la importancia de revisar medidas aplicadas por los bancos en el momento de emergencia sanitaria, como la atención con turnos, el cierre de lugares de atención o el desaliento a la atención personal por caja, recuperando las condiciones laborales previas, rechazando cualquier recorte de puestos de trabajo y garantizando una atención al público más completa.
Desde el gremio encabezado por Sergio Palazzo explicaron que estamos en un escenario de “normalización de la economía” que “necesita mantener recaudos sanitarios y reflejar cambios respetando los derechos de las personas”, lo que en el caso del sector bancario implica los “de la actividad financiera, los del público y de los trabajadores que la sostienen”.
Después de reconocer que fue acertada la decisión de atender con turnos, para reducir las posibilidades de contagio de coronavirus, La Bancaria denuncia que “esa medida fue complicada por la decisión de cerrar al público sucursales, reducir los espacios para atender a los usuarios e incentivar en exceso el desaliento a la atención personalizada por caja que, por seguridad o necesidades puntuales, los usuarios reclaman”.
Al respecto, ejemplifican con el caso de los bancos Santander y Supervielle, que consideran “representativos de una tendencia generalizada”, que aprovecharon la coyuntura sanitaria para avanzar con un cierre de espacios de atención al público que involucra a entre 90 y 100 sucursales, afectando severamente la atención.
En este sentido, confirmaron que, después de haber realizado gestiones “en todos los ámbitos” para que se revierta el cierre de sucursales, el gremio realizó una presentación al Presidente del Banco Central “para que se dé por finalizado, con las medidas de prevención apropiadas, el requisito de previa adjudicación de turnos para la atención de los usuarios”, considerando que este pronunciamiento del Central es “imprescindible” ya que “los bancos demoran decisiones coherentes con la recuperación de la actividad económica” buscando sostener la reducción de costos que le implicaron la entrega de turnos y el teletrabajo.
Además del cierre de sucursales, el gremio de Palazzo denunció que los bancos también están “imponiendo” retiros, con lo que “reducen la estructura física del sistema financiero, trasladando costos a las bancarias y bancarios”. Respecto del teletrabajo, denunciaron que las entidades no sólo no están cumpliendo adecuación a la nueva ley, sin compensar gastos de energía, conectividad e infraestructura que ocasiona la realización de labores en el hogar, sino que “aceleran, sin importar la seguridad y la calidad de la atención, tercerizaciones en todas sus áreas, para pagar menores salarios e incumplir con la normativa propia de la actividad”.
“Poco les importa la calidad del servicio que deben prestar, los derechos de usuarios y trabajadores, la necesidad de normalizar la actividad. Están en una arremetida, donde –como siempre y sobre todo en el sector privado– sólo importa ajustar para mejorar la rentabilidad”, concluyeron.
Repartidores
El lunes 8 se realizará un nuevo paro de repartidores. La convocatoria será en el Obelisco a las 9:30 y se movilizarán hasta el ministerio de Trabajo.
Reclamarán por el aumento de las tarifas, seguro contra accidente, claridad en el pago de la tarifa y contra la precarización laboral que imponen las aplicaciones como Rappi y Pedidos Ya. Bajo el lema #yonoreparto, levantan la consigna de “basta de precarización”.
Es la segunda acción de una serie de tres, que comenzó con el paro internacional del 3 de noviembre y seguirá con un pausazo el próximo viernes 12.
Entre las reivindicaciones del paro se destacan también: el aumento de tarifa en días de semana, el aumento de tarifas por kilómetro, métricas acordes y transparentes, seguro por celular y vehículo, entre otras.
Represión en Chaco
La policía de Chaco reprimió a los trabajadores de la compañía de Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial (SAMEEP) quienes en conjunto con integrantes del sindicato de Obras sanitarias Chaco (SOSCH) y al Corriente Sindical Jorge Weizs se encontraban realizando una manifestación frente a la Gobernación para exigir el blanqueo de trabajadores adscriptos y aumento salarial. La policía desalojó la protesta y detuvo a uno de los manifestantes que ya se encuentra en libertad. «Toda la semana nos movilizamos porque en septiembre el Gobernador (Capitanich) con el ministerio de Trabajo y el Directorio de la empresa se comprometieron a blanquear a los trabajadores mediante un decreto que saldría en noviembre. Ya vamos cinco días del mes y no hay ninguna señal que el decreto esté en camino.
«Hoy nos movilizamos y la policía sin leer ningún protocolo, sin mediar, avanzó desalojando la calle y llevando a un trabajador detenido. El compañero fue liberado pero esta es la respuesta del Gobierno de Capitanich junto con el Gobierno nacional ante la situación de los trabajadores del SAMEEP, porque lo que viven ellos sucede con miles de trabajadores en el país, mientras el Gobierno renegocia como pagar una deuda externa que no fue contraída por el pueblo trabajador. El reclamo es pedir el blanqueo y un salario acorde a la canasta básica y no de hambre como los que tenemos los chaqueños, junto con condiciones dignas de trabajo», explicó Nadia integrante de la Corriente sindical Jorge Weizs.
«Los trabajadores de SAMEEP en conjunto con el Sindicato SOSCH hace años viene luchando por el blanqueo de más de 500 trabajadores adscriptos que el gobierno hizo entrar en un Ministerio, pero su servicio lo prestan en la empresa hace más de trece años. Al no estar blanqueados no tienen un montón de beneficios y derechos, ya que están precarizados. En este sentido desde el 2016 se vienen organizando y luchando por el blanqueo de los trabajadores. En estos seis años tres trabajadores, adscriptos y de planta, perdieron la vida por las malas condiciones en las que trabajan en una empresa estatal donde la mayoría de los presidentes que pasaron por ese directorio antes de invertir y levantar la empresa, que es esencial para el Chaco porque maneja el tema del agua y las cloacas, la fundieron y ocupan la caja de la empresa para la campaña política y electoral. Mientras los trabajadores están aquí bajo la lluvia exigiendo un derecho que hace años les vienen negando. Toda la semana nos movilizamos porque en septiembre el Gobernador (Capitanich) con el ministerio y el directorio se comprometieron a blanquear a los trabajadores mediante un decreto que saldría en noviembre. Ya vamos cinco días del mes y no hay ninguna señal que el decreto esté en camino. Con la Coordinadora que nuclea a varias organizaciones en Chaco, nos movilizamos desde el lunes 1° para exigir que el decreto salga lo antes posible».
Elecciones sindicales
Este 26, 27 y 28 de octubre fueron las elecciones del SUTNA para elegir Comisión directiva nacional y las Comisiones ejecutivas de las seccionales de San Fernando, Merlo y Lavallol. Además se eligió la representación de la delegación de Córdoba.
Los resultados marcaron un claro triunfo de la Lista Negra, con el 73% de los votos a nivel nacional. La Violeta, que responde al ex dirigente Pedro Wasiejko (dirigente de la CTA de los Trabajadores y presidente del Astillero Río Santiago), tuvo un fuerte retroceso, consiguiendo el 20,5%. De perder el gremio por 100 votos en 2016, ahora lo perdió por 1.400.
La lista Roja-Granate-Marrón, que lleva a reconocidos dirigentes, delegados de base y activistas de los conflictos del 2008 y la recuperación del Sindicato, presentó su propia lista en la seccional San Fernando (FATE) y a nivel nacional llamó a cortar boleta para que no vuelva nunca más la lista Violeta a dirigir el Sutna.
La Negra también ganó las elecciones seccionales, incluyendo la de Lavallol (Firestone) que estaba en manos de la burocracia Violeta, al igual que la delegación Córdoba. El retroceso de la Violeta incluye la mala elección de las listas referenciadas en el Frente de Todos en las seccionales, como en San Fernando (Azul y Blanca).
La Negra ganó adhesión con los dos últimos acuerdos salariales conseguidos por los trabajadores del Neumático, que implicaron ganarle a la inflación. También con la reciente efectivización de un sector de contratados y tercerizados.
Con la presencia de varias organizaciones solidarias, el mediodía del viernes 5 se realizó una movilización hacia las puertas del ministerio de Trabajo y luego un acto, acompañando la denuncia que presentó una delegación de ferroviarios de la Lista Multicolor junto a sus abogados, para lograr que el Ministerio falle en contra de la escandalosa proscripción que intenta imponer la Junta Electoral de la Unión Ferroviaria (100% oficialista) contra la lista que aglutina a toda la oposición. La movilización fue el resultado de una importante reunión de solidaridad que se realizó el martes anterior, cuando se votó dirigirse a la cartera laboral bajo las consignas “abajo la proscripción, no a la lista única de la Verde y Sasia, sin oposición no es elección”.
La convocatoria fue encabezada por las listas Naranja (que integra el MAC, Movimiento de Agrupaciones Clasistas) y la Gris (parte de la CSC, Coordinadora Sindical Clasista), acompañados por activistas de la oposición a la Verde.
Fueron parte de la jornada representantes de importantes organizaciones obreras y agrupaciones sindicales y juveniles, destacándose la presencia de los principales referentes de la seccional Oeste de la Unión Ferroviaria (Bordó Nacional) Rubén “Pollo” Sobrero (secretario Gral. de la UF Haedo), Edgardo Reynoso y Mónica Schlotthauer (quien es además diputada nacional del Frente de Izquierda por IS-FITU); además de Jorge Toledo por el SUTNA-Llavallol (sindicato del Neumático), agrupaciones de distintos gremios que son parte del Movimiento de Agrupaciones Clasistas (como la Marrón de Coca Cola, Naranja Petrolera de Shell, Marrón de docentes, entre otros), de la Red de Precarixs e informales, otras que forman parte de la Corriente Sindical Clasista como la Naranja Portuaria, la corriente 18 de Diciembre y una delegación de familias de Guernica que luchan por vivienda y trabajo digno. Entre las personalidades del arco político se destacó Nicolás del Caño, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Izquierda PTS-FITU y una delegación del MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores).
Luego de que fueran recibidos en el ministerio de Trabajo los referentes de la Lista Multicolor, se realizó un acto donde tomaron la palabra ferroviarios de las listas convocantes, y luego representantes del sindicalismo combativo que se hicieron presentes.
La Lista Multicolor está conformada por todas las agrupaciones ferroviarias opositoras al oficialismo: Bordó, Gris, Naranja, Turquesa y Púrpura. Desde que se conoció la proscripción, comenzó una lucha por impedir que se consume un fraude, con una campaña de solidaridad a la que vienen adhiriendo cientos de organizaciones, personalidades, trabajadores y trabajadoras de distintos gremios.
Los trabajadores de la contratista MCM del Ferrocarril Roca llevan meses exigiendo que se respete su derecho a ser parte de la planta permanente.
El Gobierno les había prometido pasarlos a convenio para equiparar el salario, ya que hoy la “equiparación salarial” que tienen es a través de bonos no remunerativos. Bonos que, además, se terminan en diciembre con lo que en enero volverán a cobrar lo que cobraban antes, aproximadamente la mitad de lo dicta el convenio para un puesto efectivo.
A su vez los propios trabajadores denuncian que la patronal de MCM los está persiguiendo, los sanciona y los cambia de lugar, flexibilizándolos muchos más.
El reclamo expresado el martes 2 fue para exigirle al Gobierno que deje de maniobrar y engañarlos, ya que llevan una “negociación” de casi tres meses en los que no se avanza en un programa de pase a la planta permanente del Ferrocarril Roca.
En un comunicado difundido en las últimas horas del lunes, los trabajadores afirmaron: “nuevamente nos vemos obligados a tomar medidas de fuerza. La empresa MCM no respeta el convenio colectivo de trabajo en vigencia. El Estado y Sofse hacen de mediadores donde no hay buena predisposición y otros intereses de parte de la tercerizada. Este es un aviso para el público usuario que seguramente si no concilian las partes se vea afectado el servicio parcial o totalmente en los próximos días”.
El viernes 5 se presentó la lista del FURS, para defender el SUTE recuperado (Mendoza). El frente se conformó con las agrupaciones Marrón Silvia Núñez/Lista Marrón, 9 de abril/Lista Bordó e independientes de toda la provincia. Esta lista presentó las candidaturas para mantener la conducción provincial y conformó listas en 17 departamentos. El frente se encuentra encabezado por Mirtha Faget y Laura Espeche, y es para destacar que hay una amplia mayoría de compañeras mujeres al frente de estas listas en las secretarías y departamentos. Buscarán darle continuidad a la experiencia que comenzó en el 2017 de un sindicato democrático, independiente de los gobiernos, abierto, con perspectiva de género y sin privilegios.
Las listas están compuestas por trabajadoras y trabajadores de la educación, delegadas y delegados de sus escuelas, que durante estos cuatro años fueron parte de democratizar los debates y asambleas de las escuelas, organizar el fondo de huelga, frenar la ley neoliberal de educación del Director General de Escuelas, José Thomas, y conquistar la reglamentación de licencias por violencia de género.
El SUTE recuperado durante la pandemia organizó la ayuda a celadores y celadoras, los más postergados por los gobiernos y llevó adelante las consejerías de género acompañando a las compañeras en el momento más difícil que implicó el aislamiento. Una política basada en la convicción de poner en pie un modelo de sindicato que en lugar de abrazarse con los gobiernos, lo hizo con otros sectores de trabajadores y movimientos sociales, como en la defensa del agua y la Ley 7722, y el acompañamiento a las luchas de vitivinícolas, trabajadores y trabajadoras de la salud y de barrios populares por urbanización.
El 12 noviembre es el día que vence el plazo para que la Junta Electoral oficialice las listas y comience la campaña electoral.
Los pasados martes 26, miércoles 27 y jueves 28 de octubre se llevaron a cabo elecciones a delegados de ATE en la Municipalidad de Rosario, con una concurrida participación en 7 secretarías de la misma (recordemos que ATE tiene afiliados en las 16 secretarías del municipio). Desde 2004 se viene desarrollando un proceso de sindicalización en todo el municipio, pero es durante estos últimos años que se ha acrecentado la participación y agremiación del personal municipal de distintas secretarías dentro de la ATE. Estas elecciones contaron con el voto de cerca de 250 empleados, eligiéndose 25 delegados en las Secretarías de Control y Convivencia, Salud Pública, Ambiente y Espacio Público, Deportes y Turismo, Intendencia, Concejo y Oficina del Consumidor, además de la elección por primera vez de una Junta Interna en Desarrollo Humano y Hábitat.
Pasaron 30 años
La Coordinadora por el Resarcimiento del Programa de Propiedad Participada realizó el miércoles 3 una Jornada nacional de lucha, con movilización al Congreso y en otros doce puntos del país. La Coordinadora nuclea a ex trabajadores de la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (ENCOTEL), la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A. (ENCOTESA), del Correo Argentino y de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA). Reclaman a legisladores y legisladoras que traten las leyes S-66/21 y S-67/21, que permitiría que los ex empleados de las privatizadas puedan cobrar una indemnización, tras la fallida Ley de Reforma del Estado, que habilitó las privatizaciones en los 90 y planteaba un programa de participación de los y las trabajadoras en el paquete accionario, que nunca se aplicó.
La Ley de Reforma del Estado del año 1989 permitió la privatización de empresas públicas, como así también la fusión y disolución de las mismas. Por otra parte, planteó un Programa de Propiedad Participada (PPP), que implicaba que un porcentaje del paquete accionario de las empresas quedaría en manos de sus trabajadores. En su artículo 21, la Ley establece: “El capital accionario de las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas declaradas ‘sujeta a privatización’, podrá ser adquirido en todo o en parte a través de un ‘Programa de Propiedad Participada’. También define a los sujetos adquirentes (art. 22), entre los que se encuentran “los empleados del ente a privatizar de todas las jerarquías que tengan relación de dependencia”.
Sin embargo, tal programa nunca fue aplicado y los ex trabajadores de las empresas ENCOTEL, ENCOTESA, Correo y Segba reclaman que se traten los proyectos de ley de reparación presentados al Congreso de la Nación, que impulsa la senadora Silvina García Larraburu, que se hallan en las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación de Trabajo del Senado a la espera de ser tratados.
Rosanna De Pascale, una de las trabajadoras despedidas del Correo, explicó: «somos cerca de 20.000 trabajadores del Correo y 16.000 de Segba. Estamos hablando de 36.000 a 40.000 empleados. Queremos un resarcimiento económico porque ni siquiera encontramos el 14% del que estamos hablando. No dicen sobre qué es ese porcentaje en ningún lado, los sindicatos se encargaron de que desaparezca todo, porque como siempre, ellos llegaron a arreglos internos que no llegaron a los empleados».
Matías Cremonte elegido presidente de la ALAL
El abogado argentino Matías Cremonte fue elegido por unanimidad para ocupar la estratégica presidencia de Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL). La flamante designación en el organismo, que mantiene estrechos lazos con la OIT y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cobra trascendencia en un contexto en el que en la Argentina se proponen, como parte del calendario electoral, reformas laborales regresivas.
Cremonte fue durante dos períodos presidente de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas de la Argentina (AAL) y es, además, abogado de la Asociación de Trabajadores del Estado y la Federación Aceitera. No será el único argentino en la nueva conducción: una vocalía será ocupada por María Paula Lozano, actual vicepresidenta de AAL.
“La región sufre una avanzada de los gobiernos de derecha. En la Argentina el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires promovió una ley local que se arroga la facultad de revisar las sentencias de la Justicia Nacional, un hecho grave que movilizó a abogados, jueces y trabajadores de la Justicia en su contra porque representa una restricción al acceso de los trabajadores a la Justicia”, afirmó Cremonte.
Un proyecto de ley en contra de los derechos de las personas que trabajan
Por Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL)
Comunicado de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) en rechazo al proyecto que prevé que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad revise las sentencias de la Justicia Nacional del Trabajo.
Ante la presentación del proyecto de ley sobre digitalización del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solapadamente, se introdujo en unos de sus artículos, la posibilidad que Tribunal Superior de Justicia de la CABA revise las sentencias de la Justicia Nacional, como tribunal de alzada. Una maniobra inconstitucional.
La CABA no cuenta con un poder originario sino derivado del Congreso Nacional en el art. 75, inc. 2º, párrafo tercero, y asignado por la propia Constitución Nacional, en cuanto se refiere a la ley convenio para la distribución entre la Nación, las provincias «y la Ciudad de Buenos Aires».
La legislación exclusiva del art. 75 inc. 30, para la CABA no puede regir en los territorios provinciales. El Congreso de la Nación tiene la facultad exclusiva de legislar para el territorio de la Capital de la Nación (ver art. 75, inciso 30). En tal sentido, esa potestad derivada no varió respecto a la que reconocía el texto de 1853.
La Capital de la República Argentina se encuentra bajo la jurisdicción nacional, tanto las «personas» y las «cosas» que se hallen bajo la jurisdicción nacional, en lo legislativo, en lo político y en lo judicial (arts. 75, inc. 30 y 88, y cláusula transitoria séptima).
A los expedientes que tramitan por la justicia nacional ordinaria de la Capital Federal, se aplica la legislación de fondo prevista en el artículo 75, inciso 12 de la CN. En dichos trámites se encuentran involucrados derechos de fondo que colisionarían con una justicia local que se encuentra limitada a lo que decida el Congreso de la Nación.
La competencia pertenece a la justicia federal o provincial según los casos previstos en el artículo 116 de la CN, que no contempla una tercera posibilidad para el ámbito de la Ciudad que permita a dicha jurisdicción la aplicación de las leyes dictadas por el Congreso Nacional en virtud de lo dispuesto por el art. 75, inc. 12. En la CABA queda limitada a cuestiones sobre faltas y contravenciones, materia contenciosa administrativa y tributaria local.
Sin perjuicio, de la sospecha de crear un “fórum shoping”, lo cierto es que en concreto se crea una nueva instancia para la justicia nacional del trabajo, con la dilación que ello significa. El tan castigado fuero laboral, con la injustificada demora en la tramitación de designación de jueces laborales, la ruina edilicia y las incomodidades que genera. Hemos asistido a la paralización de la justicia del trabajo por la pandemia, sin que se resuelva, adecuadamente, con nuevas tecnologías para facilitar el trabajo remoto ante la pandemia. A pesar, de este estado de crisis, no se ha garantizado la celeridad de una administración de justicia a la altura de la circunstancias. Es aún más grave, la existencia de recursos económicos millonarios para afrontar este problema con el “Fondo Anticíclico”. Sin embargo, esa suma se encuentra congelada, a disposición de los miembros de la Corte, y sólo sigue acumulando intereses para el sistema financiero.
Es esa Corte, que en diciembre de 2015 se pronunció en la causa “Corrales”, luego “Nisman” y finalmente en “Bazán” cerrando el círculo tendiente a que el Tribunal Superior de Justicia de la CABA resolviera como superior común de la justicia nacional, los conflictos de competencia. En abierta violación al art. 24, inciso 7 del Decreto Ley 1285/58. Avasallando la ley 24.588 que es una reglamentación directa del art. 129 de la Constitución Nacional, expresamente dispone que será una ley del Congreso Nacional la que decidirá sobre el tema.
Sin embargo, la Legislatura porteña, que tiene jurisdicción en cuestiones de contravenciones y de falta, según el art. 8 de la ley 24.588, no ha sido modificada. Es decir, este proyecto que se intenta viene en línea con los criterios que ya la Corte diseñó y que no son ajenos a los pronunciamientos que hemos visto en contra de los trabajadores y en favor de las empresas y que retroceden a la época de la Corte automática de Menem. Existe una clara tendencia política para eliminar los derechos de los trabajadores. Con este proyecto de ley se intenta avanzar sobre los poderes del Congreso de la Nación en abierta violación a la Constitución Nacional.
Es inocultable la estrategia de los grandes grupos económicos que operan detrás y que se montan en la línea de un proyecto político que pretende eliminar derechos de los trabajadores, como ya se ha manifestado el Jefe porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en contra de los derechos de los trabajadores de no verse privado del empleo injustamente. Ahora, avanzan para controlar también las decisiones judiciales del fuero especializado en derecho del trabajo, sometiendo al juez natural a una jurisdicción ajena y sin conocimiento del derecho laboral, pisoteando los derechos de las personas que trabajan, que judicializaron su reclamo, porque ya fueron avasallados y recurren a la justicia como última soga de vida.
Fuentes: Canal Abierto, La Izquierda Diario, Anred, Resumen Latinoamericano, RedacciónEDA, Radio Gráfica, Resumen Latinoamericano, Red Eco Alternativo, argentina.indymedia, APU, Infogremiales, Página12