La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), apoya la implementación del “Pase Sanitario” en todo el territorio de la República Argentina.
A partir de la Decisión Administrativa 1198/2021 que determina, como medida general de prevención para las personas mayores de 13 años, la acreditación del esquema de vacunación completa contra la COVID-19 en actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario, se han instalado debates que contraponen los derechos individuales versus los derechos colectivos.
Considerando que aún nos encontramos en una situación de emergencia sanitaria, entendemos que la citada disposición se inscribe en el marco de las estrategias para promover la inmunización, cuyo eje rector apunta a disminuir el número de contagios y la propagación de nuevas cepas generados por la pandemia de coronavirus.
Los estudios epidemiológicos realizados en todo el mundo son contundentes al indicar que en las personas vacunadas, si bien pueden enfermarse de COVID-19, la posibilidad de que deban ser hospitalizadas y mueran es menor que lxs pacientes no vacunadxs.
Otros estudios muestran que estar vacunadxs disminuye la carga viral y, de esta manera, las posibilidades de contagiarse y contagiar a otrxs. Por lo tanto expresamos que dichas investigaciones constituyen la base que otorga al “pase sanitario” la validez y legitimidad suficiente como medida temporal.
La aplicación de esta estrategia se sustenta en el cuidado de la salud pública tal como lo especifican diferentes fallos judiciales.
Zanjando la controversia inicial entre lo individual y lo colectivo, esta regulación no atenta contra la autonomía de las personas de decidir sobre su propia salud sino que apela a la responsabilidad colectiva y a la obligación del Estado de proteger a su ciudadanía.
Si acordamos que el “pase sanitario” no sólo preserva a las personas vacunadas sino que también intenta evitar que personas de riesgo que no se encuentran vacunadas se enfermen al concurrir a eventos masivos, cobra relevancia mencionar que, en situación de pandemia, el ejercicio del derecho autónomo de no vacunarse estaría ignorando la condición social del ser humano y, por lo tanto, negando la relación recíproca con otrxs.
La salud del pueblo, como bien común del colectivo social, es una responsabilidad del Estado y como derecho humano debe ser garantizado.