La Unidad Piquetera impulsará un paro nacional «para detener el ajuste»
Mario Hernandez
Los movimientos sociales opositores dieron comienzo a una campaña a través de la cual, recorrerán las fábricas de todo el país, convocando a los trabajadores y a sus respectivas organizaciones sindicales a que definan un paro nacional. También buscarán sumar a los estudiantes secundarios y universitarios.
Tras la Marcha Federal de tres días que culminó con una masiva concentración en Plaza de Mayo, las organizaciones sociales nucleadas en la Unidad Piquetera decidieron avanzar por estas horas con un nuevo plan de lucha que incluye recorridas y volanteadas por las diferentes fábricas y sindicatos, con la intención de que se convoque a plenarios a los fines de definir «un paro nacional, que frene el ajuste que viene aplicando el Gobierno nacional, en el marco del acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI)».
«El próximo jueves todas las organizaciones que conformamos la Unidad Piquetera, vamos a plantear la visita a los sindicatos, y tal vez también a la Confederación General del Trabajo (CGT) y a la Central de Trabajadores de la Argentinos (CTA), para reclamarles ir a un paro nacional», señaló el dirigente social del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.
«Aún no tenemos en claro lo que decidirán las centrales sindicales hasta que no tengamos una reunión con ellos o hasta que ellos se pronuncien en relación a este problema, el que para nosotros es clave para la actual etapa del movimiento obrero», es decir, «que la CGT no esté al servicio del acuerdo con el FMI, sino sujeta a los intereses de los trabajadores», indicó.
La intención de los movimientos es impulsar la convocatoria «por abajo», porque entienden que en lo concreto, la principal organización que nuclea a los trabajadores, «se manifiesta a favor del Gobierno y del ajuste», el que se viene aplicando a través de diferentes mecanismos «como salarios a la baja, inflación y todo eso para nosotros hay que enfrentarlo mediante una deliberación colectiva de los trabajadores y con el impulso a un paro nacional».
Planean, además, incluir a los movimientos estudiantiles «quienes también tienen que poder decir algo frente a esta crisis, porque son los hijos de los trabajadores los que no van a poder seguir estudiando ante este cuadro de situación».
«Llamamos a esa unidad obrera-estudiantil para que efectivamente se dé en los hechos», para lo cual, dijo Belliboni, están concurriendo «a las casas de estudios, a los secundarios y a las universidades con este planteo».
Respecto de la Marcha Federal consideró «que desde el punto de vista de la organización y el impacto de la lucha, fue muy positiva» porque lograron «reagrupar a muchos sectores que no habían participado de las movilizaciones anteriores», y los que ahora se han sumado en torno a un pliego de reclamos que incluye la creación de trabajo genuino, el acceso a salarios dignos y contra el hambre y la pobreza.
Destacó también la adhesión recibida por parte del dirigente Juan Grabois, al tiempo que señaló que ya se comienza a advertir un resquebrajamiento hacia el interior de las diversas organizaciones que acompañan al Gobierno, en las que hay «muchísimo enojo con las políticas» que viene aplicando el Ejecutivo nacional.
Sin embargo, Belliboni dijo que no han escuchado «una palabra del Gobierno acerca de los reclamos que les hemos planteado», ante lo cual, se resolvió continuar con las acciones directas, «y ahí es donde está enmarcada la convocatoria al paro, y otra medida que vamos a tomar el conjunto de los trabajadores ocupados y desocupados».
En otro tramo, se refirió a la distribución dealimentos destinados a los comedores, sobre el que señaló que «no solamente no mejoró la provisión y distribución» de los mismos, sino que «no han entrado las partidas correspondientes a la semana pasada, por lo que tenemos una demora de más de 10 días».
«Estamos atravesando una situación muy difícil en la que la única respuesta posible para los trabajadores, es organizarse y pelear, este es el mensaje que dejó la Marcha Federal, la necesidad de unirnos con más trabajadores para pelear por nuestras reivindicaciones», concluyó afirmando el referente del Polo Obrero.
Organizaciones sociales refuerzan pedido de reabrir el Consejo del Salario
Silvia Saravia, la Coordinadora Nacional del Movimiento Barrios de Pie, insistió en la idea de reabrir la discusión en el Consejo del Salario: “El salario Mínimo Vital y Móvil es la referencia de ingresos para una familia, debería estar arriba de $90.000”, aseguró.
“Hace unos meses hicimos una Asamblea Nacional en Plaza de Mayo y definimos un plan de lucha. Una de las primeras medidas fueron los acampes de 24 horas y 48 horas. Luego, una gran movilización. Ahora, una Marcha Federal”, sostuvo Saravia.
Entre los reclamos, Saravia recordó que “hay varias consignas” y “reclamos básicos como mejorar la asistencia a comedores y merenderos”.
Además remarcó que: “El salario Mínimo está comido por la inflación”. Y aseguró: “El Salario Mínimo Vital y Móvil es la referencia de ingresos para una familia, debería estar arriba de $90.000″.
Marcha cartonera: “Peleamos por un sueldo digno y mejores condiciones de trabajo”
La Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) y trabajadores nucleados en Unión de Trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) movilizaron el viernes 6 de mayo desde las avenidas San Juan y 9 de Julio hasta la Dirección de Reciclado en la Ciudad de Buenos Aires para reclamar por la apertura de las paritarias, irregularidades en el pago del incentivo por parte del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y mejoras en los centros verdes.
La jornada se realizó después de la represión y detención de 13 personas en la concentración pacífica que hicieron el día anterior en la misma Dirección.
“No vamos a retroceder ni un paso hacia atrás y vamos a seguir peleando por las conquistas que conseguimos y por las que vamos a pelear para que todos los compañeros tengan garantizados un sueldo digno para que tengan mejores condiciones de trabajo y para que todo el sistema de reciclado entienda que somos principalmente los cartoneros los que generamos las políticas públicas de ambiente”, expresó Natalia Zaracho, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y diputada nacional.
“Hoy estamos mostrándoles que la organización popular, la organización de estos 20 años de la lucha cartonera, no se la vamos a regalar a nadie”, remarcó.
Mario González, referente del Movimiento Popular Los Pibes, reflexionó sobre el nivel de organización de los trabajadores de la Economía popular: “Hoy están tan organizados los compañeros que tenemos guarderías para que las compañeras puedan ir a trabajar tranquilas. Eso es lo que le molesta al poder, que los pobres tengamos trabajo. Y nosotros mismos lo estamos demostrando, que estamos de pie y que acá no se rinde nadie”.
Durante la concentración frente al edificio estatal hubo una reunión entre 12 delegados de cooperativas de reciclado y representantes de la Dirección. “Tenemos una reunión el martes con el ministro para pelear por estas paritarias y por mejoras para el sector”, adelantó el presidente de la FACCyR, Sergio Sánchez.
La importación de cartón
Por Juan Grabois
[…] Los números de importaciones que explican la “plancha” sobre los precios de venta del cartón (que se replica en otros materiales reciclables) son claros: más de 43.300 toneladas de estos residuos sólidos urbanos domiciliarios (repito, basura norteamericana) entraron al país en los últimos dos años. En 2022 la situación empeora ya que si comparamos las 30.500 toneladas de basura que entraron en 2021 y las 13.510 en lo que va de 2022 podemos proyectar un aumento de las importaciones. Si Kulfas niega esto, es un mentiroso. Son datos duros.
En relación con las bobinas la cosa es aún peor. Traerlas de afuera es una política totalmente antinacional además de contaminante, porque parte de este material viene de la desforestación y la crisis ambiental no conoce fronteras. Estas bobinas vienen de Brasil, el país más desforestado del mundo. Negoción: destruir el ambiente, la industria nacional y a los cartoneros para abaratar los costos de algunos empresarios.
Veamos los números. Entre 2021 y 2022 subieron 49% las importaciones de bobina de papel kraft y 285% (sí, 285%) las importaciones de papel acanalado (corrugado). Esto, al igual que los recortes importados, sustituye el material que reciclan los cartoneros, perjudicando a cientos de cooperativas y trabajadores independientes. También sustituye el material de la industria papelera nacional. Le tira el salario abajo a los cartoneros que no tienen un ingreso fijo, salvo en los casos en que estén cooperativizados.
Toda la situación se explica por el lobby de la industria que, cuando los cartoneros se plantaron para no vender su material por migajas, fue a pedirle a Kulfas habilitar las importaciones. El propio Kulfas me lo dijo la única vez que lo vi, cuando fui a plantearle que frene la importación de basura que traía Macri. Me dijo que ciertos empresarios le pedían que abra las importaciones porque no conseguían material en el mercado local ¡Mentira!
Lo que consiguen es estoquearse para tirar abajo los precios con el que compran en el mercado local y subyugar a la industria recicladora, en particular a los cartoneros que se han empoderado y organizado masivamente en el país a través de cooperativas para no dejarse explotar por semejantes sinvergüenzas.
Para entender las cosas, hay que seguir la ruta del dinero:
-¿Quién es el principal comprador de estos materiales y beneficiario de esta política? Cartocor.
-¿Saben quién es el dueño de Cartocor? Arcor.
-¿Cuál es el rubro dónde mayor inflación hay? Alimentos.
-¿Quiénes se gastan todo en alimentos? Los pobres y, entre ellos, los cartoneros.
-¿Quiénes se perjudican con esta política? Los cartoneros, pobres todos ellos, y ahora indigentes.
-¿Cuál es la una de las principales empresas alimentarias de Argentina? Arcor.
-¿Arcor está bajando los precios al consumidor con estos beneficios que obtiene del Estado? ¡No! Está aumentando sus ganancias.
En 2021 alcanzaron los $19.918 millones. Este año, mal no le está yendo…
Arcor logra bajar el costo de sus insumos importados, perjudica a los cartoneros, perjudica la industria nacional papelera, deteriora el ambiente, pero ¡no baja los precios al consumidor! ¡Los alimentos siguen por las nubes! Es menemismo mal hecho.
Mientras los ingresos y salarios de los trabajadores informales pierden siempre con la inflación, los precios de los alimentos suben cada vez más. Se les dan beneficios a las empresas de alimentos que, en vez de beneficiar a los consumidores, perjudican a los trabajadores. Y, para colmo, cuando los laburantes pretenden trabajar o protestar sea en provincia de Buenos Aires, en Capital Federal o en muchas localidades del mal llamado interior los muelen a palos, sin que el sistema político se conmueva.
Este circuito no tiene nada que ver con el progresismo, con el socialismo, con el feminismo y, desde luego, no tiene absolutamente nada que ver con el peronismo. Es neomenemismo.
[…]
Se movilizan vecinos de barrios populares en CABA
Organizaciones sociales de la Ciudad de Buenos Aires realizaron una caravana de protesta hacia la sede del ministerio de Salud porteño por el «derecho a la salud».
Entre las organizaciones convocantes a la marcha por el derecho a la salud se encontraron Dignidad Movimiento Popular, Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Nuevo Encuentro Peronista (NEP), La Cámpora, Peronismo Militante, la Corriente Villera, el Movimiento Evita, la organización René Salamanca, Liberación popular, la CTA de Capital Federal, el Frente de Organizaciones en Lucha, el Frente de Organizaciones de Base, La Barriada y la Junta de la Comuna 8.
La marcha se concentró en la puerta del Hospital Dra. Cecilia Grierson -ubicado en la avenida Francisco Fernández de la Cruz 4402, del barrio porteño de Villa Lugano- y, posteriormente, desde las 12, en la esquina de Monasterio y Caseros, desde donde se dirigieron hacia el ministerio de Salud porteño.
Las organizaciones convocantes subrayan que «el Gobierno de la Ciudad debe cumplir la ley y su responsabilidad con la ciudadanía y destinar el presupuesto suficiente para garantizar la presencia de todo el personal, los insumos y los equipos médicos para cubrir la asistencia de toda la población».
Además, reclaman «la pronta finalización del hospital en la Comuna 8 que debe contar con 200 camas para internación, un quirófano, un espacio importante para el sector materno infantil, acorde a las características específicas de la Comuna, y todas las especialidades médicas», según la Ley 1769, aprobada por la Legislatura el 11 de agosto del 2005.
También organizaciones sociales se movilizaron desde Constitución a la Jefatura del Gobierno porteño para exigir ser recibidos por Horacio Rodríguez Larreta y poder tratar las demandas postergadas de los más de 300.000 vecinos y vecinas que viven en barrios populares.
Las organizaciones convocantes fueron FOL- Frente de Organizaciones en Lucha, MP La Dignidad, Somos Barrios de Pie, FeNaT CTA Autónoma, CCC, FOB Autónoma, Paritaria Social y Popular, Liberación Popular, MTD Aníbal Verón, Soberana.
Llegaron a la Jefatura de Gobierno “a fin de discutir tres ejes fundamentales para nuestros barrios y la generación de trabajo genuino”. Los mismos fueron: La reapertura de una paritaria social, donde las cooperativas de trabajo convenidas con el GCBA recibieron un 45% de aumento en cuotas, con una inflación que se encuentra disparada. Para esto exigen una mesa común entre el Gobierno y todas las cooperativas del Programa Veredas Limpias y similares.
Al mismo tiempo expresan “como existen el Distrito del Deporte, Tecnológico, etc. exigimos la creación de un Distrito de la Economía Popular. Que cuente con los mismos fomentos para la producción y el trabajo, para la generación de Polos Productivos, Centros de Comercialización, Ferias Populares, etc.”.
Y como tercer punto la creación de un Sistema Integral de Cuidados reconocido por el GCBA, ya que las compañeras de las organizaciones sociales cumplen estas tareas, como promoción de salud, género, ambientales, contra las adicciones y educadoras populares, entre otras.
En medio de la pandemia se pudo comprobar que son las organizaciones sociales las que están presentes en los barrios populares resolviendo la vida de cientos de miles de vecinas y vecinos, al igual que “las heroínas” del personal de salud en los hospitales públicos y los Cesac´s, como así también las docentes que educan a los chicos sino que incluso contienen las problemáticas de las familias porteñas. En la unidad de todas estas fuerzas, entre otras, está la posibilidad de imponer un rumbo distinto a la Ciudad de Buenos Aires que gobernada por el PRO se transformó en la ciudad de los negocios inmobiliarios y la gentrificación.
Solo el 10% de los agricultores registrados posee el 60% de la tierra productiva en Santa Fe
Los pequeños y medianos productores agropecuarios denuncian que, desde hace años, la cantidad de explotaciones productivas a lo largo del país, y en especial en Santa Fe están desapareciendo. En los últimos 30 años, más de 150.000 explotaciones han desaparecido en favor del crecimiento de los latifundios, al punto que sólo el 10% de los agricultores registrados posee el 60% de la tierra productiva en Santa Fe. A nivel nacional, este fenómeno es mucho más marcado.
La concentración de la tierra en Argentina y en la provincia de Santa Fe llega a niveles muy importantes: actualmente, hay 227.300 explotaciones con límites marcados, pero la mayoría tiene menos de 500 hectáreas de extensión. Estos datos, que muestran el cambio de composición de la estructura agropecuaria nacional, puede verse al comparar los censos agropecuarios realizados en los últimos años: en 1988, había registradas 378.300 explotaciones alambradas. Ése número baja a 297.400 explotaciones catorce años después, según el censo realizado en el 2002, para seguir decreciendo a gran ritmo hasta que al 2018, último año de registro del Indec, hay 227.300 explotaciones agropecuarias en territorio argentino. Se trata de 151.000 explotaciones menos, es decir, una reducción del 40% de las propiedades productivas en tan solo 30 años.
Esta reducción de las parcelas productivas a lo largo del territorio nacional tiene como característica dos aspectos: por un lado, las hectáreas productivas se vieron reducidas en un 10% desde el 2002 pero, sin embargo, no llega a ser significativo en tanto a la cantidad total de tierra productiva, explicado por la ampliación de los conglomerados urbanos y la reutilización de las parcelas para otros fines.
El segundo aspecto resulta ser el más llamativo: el sector más golpeado y que explica esta reducción del total de unidades productivas comprende a las explotaciones más pequeñas. Entre el 2002 y el 2018, la superficie promedio de las propiedades agropecuarias aumentó, de 401,4 hectáreas a 478 hectáreas, sólo en Santa Fe.
En Santa Fe, de las 37.029 explotaciones registradas por el Indec en el 1988, ahora se percibe sólo a 19.949 en el 2018, es decir, el 46% menos que treinta años antes. Según el último censo agropecuario, publicado en abril del año pasado, hay 2.044 explotaciones que superan las 1.000 hectáreas, que juntas representan el 58,5% de la superficie destinada a la explotación agropecuaria: el 10% de los productores posee casi el 60% de la tierra productiva en la provincia.
El sector más golpeado por esta desaparición in crescendo de estas producciones se identifica al comparar las tablas de evolución de sus extensiones: de un registro al otro, se ve una tendencia a la baja en la proporción de las hectáreas productivas registradas en las explotaciones de menos de 500 hectáreas de extensión, mientras que el fenómeno se revierte y empieza a demostrar un incremento de los latifundios superiores a las 1.000 hectáreas de superficie. Si se suman las explotaciones superiores al millar de hectáreas de extensión, nos encontramos con que 26.887 explotaciones (el 11,82% del total) son a su vez las más importantes, concentrando nada menos que el 80% (123.644.902,8 hectáreas) de la superficie productiva registrada por el INDEC.
Mario Fabro, agroproductor y dirigente de Bases Federadas, organización de productores distanciados de la actual dirección de la Federación Agraria Argentina, explica que los pequeños productores “tenemos una estructura de retenciones igualitarias, por un lado, y por el otro una estructura de costos con un dólar oficial, y costos e insumos a un dólar libre, por lo cual, en términos de capacidad de compra, hay una fuerte exclusión de las estructuras económicas de productores más chicos que lo que antes compraban con mil quintales de soja, hoy necesitan 2 mil” y profundiza su análisis: “¿Dónde se reflejan estos números? En la cantidad de productores y explotaciones agropecuarias menos, ¿y cuáles desaparecen? Los más chicos”.
Es decir, por los costos de producción diferenciados pueden ser afrontados por los explotadores de los latifundios y las explotaciones más grandes, mientras que los pequeños y medianos productores se les hace más complejo seguirle la carrera a sus competidores de mayor espalda, por lo que terminan siendo absorbidas por las explotaciones más importantes.
Por si fuera poco, el problema no se explica sólo por el tamaño de los latifundios, sino por el volumen de participación de los mismos en la producción general. Según un informe realizado por el área de divulgación científica y tecnológica de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA), la concentración en la propiedad de la tierra no sólo afecta a la exclusión de los productores de menor escala, sino también a la diversidad de cultivos.
Javier Moreira, docente e investigador de la cátedra de Extensión y Sociología Rurales de la FAUBA, explica en ese informe, que “los productores más chicos desaparecen porque su margen de ganancia depende en mayor proporción de la mano de obra, respecto de otros productores más tecnificados que obtienen una mayor eficiencia y menores costos, trabajando a mayor escala”.
Moreira explica que “creció la superficie productiva dedicada a los cultivos anuales”. El investigador es detallista con los números, y argumenta que “en los últimos 30 años, la superficie implantada se mantuvo en unas 33 millones de hectáreas, pero la proporción de esa superficie dedicada a cultivos anuales como la soja, el trigo y el maíz aumentó de 7,67 a casi 23 millones de hectáreas, en detrimento de otras producciones como las pasturas y las producciones regionales”, y agrega que “es un proceso de concentración, con explotaciones más chicas que se anexan a otras más grandes. El problema es que tenemos más hectáreas en producción y explotaciones de mayor escala, pero menos establecimientos. La tierra no salió de la producción, sino que hay menos gente produciendo”.
Para el dirigente agropecuario Fabro, “el otro gran dato que siempre está oculto es la propiedad de la tierra y la concentración de su uso”. En el año 2015, con la última etapa de la devolución de exportaciones, recuerda Fabro, había 75.000 explotaciones, que vendían los 5 principales cereales en la Argentina, de las cuales menos de 3.000 hacían el 65% de la producción general. Es decir, el 80% de los productores no llegaba al 20% de la producción. “Esos son los números pavorosos de la concentración. Por eso hablamos de políticas diferenciadas de segmentación”.
La ausencia de una política de Estado que segmente de forma diferenciada a los grandes latifundistas de los productores de pequeña y mediana escala, que ponga el ojo en la regulación del uso y de la propiedad de la tierra productiva en Argentina ha tenido como consecuencia no sólo la desaparición progresiva de las pequeñas explotaciones, sino además la tenencia de la tierra en pocas manos y con ella, de la producción general anual de las principales plantaciones. La concentración de la tierra trae aparejados no sólo una organización excluyente y precarizadora de la producción agropecuaria, sino además fuertes problemas para la mercantilización de productos naturales que, al no poder generar valor en origen por faltante de recursos y por la monopolización de los mercados de ciertos víveres, terminan participando de cadenas de valor manejadas por empresas de gran y mediana escala – cuyos precios son colocados bajo criterios mayoritariamente especulativos – y en la dificultad en el acceso de los consumidores a alimentos más sanos y baratos.
La UTEP reclama la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar
La rama agraria de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) reclamó la «urgente reglamentación de la ley de Agricultura Familiar», así como también la prórroga de la Ley Nº 26.160 de Relevamiento Territorial de Pueblos Indígenas y un subsidio de emergencia para pequeños productores, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Luchas Campesinas.
En un comunicado difundido por esa organización, el sector sostiene que tras la pandemia de Covid-19 «gran parte de nuestra sociedad ha revalorizado la importancia y necesidad de contar con alimentos accesibles y agroecológicos».
Agregaron que «a su vez la pandemia ha agravado la otra pandemia: cuatro años del macrismo que profundizó un modelo de concentración monopólica de la tierra y la producción, en beneficio de los grandes terratenientes y el agronegocio, con la consiguiente exclusión de las familias campesinas y originarias».
Por ello reclaman la reglamentación de la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina, sancionada en 2014, a la que señalan como «la columna vertebral para garantizar que los alimentos sanos lleguen al pueblo a precios justos» y para «evitar la migración de las familias rurales hacia las grandes ciudades».
Añadieron que «la ausencia de mecanismos de acceso democrático a la tierra para arrendatarios y aparceros supone un despojo permanente de las familias, que deben pagar altísimos alquileres para producir o son obligadas a vivir en casillas de enorme precariedad para cuidar sus cultivos».
La rama agraria de la UTEP sostuvo que «el Gobierno nacional ha mostrado acciones concretas» pero reclamó «resolver definitivamente estas situaciones de emergencia, injustas y evitables».
Por ello también pidió la prórroga de la Ley Nº 26.160 de Relevamiento Territorial de Pueblos Indígenas y un subsidio de emergencia para pequeños productores.
Nuevo programa para erradicar las violencias y el acoso laboral en cooperativas
El Gobierno nacional creó el Programa «Erradicación de las violencias y el acoso laboral en el sector cooperativo», con el objetivo de promover ambientes de trabajo libres de violencia y acoso en mutuales, cooperativas, federaciones y confederaciones de cooperativas.
Lo hizo mediante la Resolución 532/3022 publicada hoy en el Boletín Oficial bajo la firma del Ministro de Trabajo, Claudio Moroni.
Según se estableció en los lineamientos detallados en el anexo, «se pondrá a disposición de las organizaciones beneficiarias del Programa, los equipos técnicos que actúan bajo la órbita de la Subsecretaría de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral, para brindar apoyo y acompañamiento en el diseño de acciones para la prevención y abordaje de la violencia y el acoso, en cooperativas, federaciones y confederaciones de cooperativas».
La autoridad de aplicación está facultada, además, para dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y complementarias, y a suscribir los convenios que sean necesarios para efectivizar esta medida.
Por Maxi y Darío
La Comisión Independiente Justicia por Darío y Maxi, integrada por los familiares de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki y organizaciones del campo popular, se concentraron el lunes 9 de mayo frente a la Corte Suprema de Justicia: “Hace casi 20 años que no hay justicia completa en el caso de nuestros compañeros asesinados”.
Compartimos documento y convocatoria de la Comisión:
En estos casi 20 años de aquella represión hemos logrado que los asesinos materiales, el ex
comisario Alfredo Fanchiott y el ex cabo Alejandro Acosta ambos de la policía bonaerense, sean condenados a cadena perpetua. Sin embargo, los reiterados pedidos de la defensa de los asesinos que buscan sus libertades condicionales o salidas transitorias, nos ponen en alerta. Es por eso que convocamos a los más amplios sectores a que repudiemos con firmeza la simple posibilidad de libertad de quienes dieron muerte a nuestros compañeros.
De todos modos, el mensaje central de esta concentración, está relacionado a que estamos por cumplir 20 años de impunidad. Veinte años en donde el Poder Judicial miró para otro lado. Casi veinte años en donde los responsables políticos nunca fueron ni siquiera citados para consultarles qué pasó aquel 26 de junio del 2002 desde el gobierno nacional que encabezaba Eduardo Duhalde. No obstante esto, hemos transitado todo este tiempo sin ni un avance en la investigación. Esto es así porque hay una evidente colaboración entre los distintos poderes del Estado y los diferentes partidos políticos del poder, para garantizar la impunidad de la que gozan los miembros del establishment de nuestro país. Hoy la causa federal que investiga las responsabilidades políticas de Eduardo Duhalde, Alfredo Atanasoff, Oscar Rodríguez, Aníbal Fernández, Juan José Alvarez, Carlos Ruckauf y otros miembros del gobierno nacional de entonces, alterna entre estar absolutamente detenida a tener algunas declaraciones testimoniales y que la mantiene en la primera instancia del proceso. Estos movimientos de la causa sumados a la expresión callejera de las familias y las organizaciones, empujan al Poder judicial para que exista una estrategia de investigación. Sin embargo, el avance es por demás lento.
Sostenemos que la Masacre de Avellaneda configuró un flagrante Crimen de Estado.
El operativo criminal de aquella jornada tuvo un momento previo de maduración y búsqueda de consenso social desde arriba. Para su puesta en práctica, les pareció que solo hacía falta estigmatizar a un sector del pueblo, en este caso al movimiento de desocupadxs que desde abajo protestaba por la tremenda situación social, económica y político-institucional que se vivía en nuestro país como producto de las imposiciones del FMI. Es así que varios días previos, el gobierno nacional comenzó con una campaña a través de todos los medios de comunicación hegemónicos. La temática fue demonizar al movimiento piquetero. Decir que éramos subersivxs, que estábamos aliados a las Farc, que hacíamos prácticas de entrenamiento militar, para luego pasar a decir que si cortábamos el puente era una declaración de guerra. La preparación del terreno social para el plan represivo orquestado desde las más altas esferas del gobierno, envalentonó a Eduardo Duhalde a emitir la orden de no cortar el puente. Esa orden es la de mayor importancia dentro de una cadena de mandos que llega hasta los policías asesinos. Esa orden fue fundamental para que el operativo realizado por la Policía Bonaerense, la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura, comandados por la ex SIDE, termine con dos muertos y más de treinta heridxs con balas de plomo.
Duhalde en su gobierno provisional, decidió dar un escarmiento al movimiento popular que nos manifestábamos en las calles, las rutas y los puentes. Quería demostrarles a los Organismos Internacionales de Crédito que él podía controlar el conflicto social y así poder implementar los ajustes que proponían el FMI y el Banco Mundial, entre otros. Pero además tenía aspiraciones de convertirse en presidenciable. Es decir, que quería ser presidente democráticamente elegido. Para eso el control del conflicto social era sumamente necesario, no solo para gobernar sin conflicto, sino por otra razón más importante en su supuesta carrera presidencial. Esto era recuperar el tejido social que poseían los punteros barriales, histórica construcción del Partido Justicialista y que “Chiche” Duhalde reforzara con el trabajo de “las manzaneras”. Eso le permitiría volver a tener el poder territorial que supo ostentar en su mejor momento. Sin embargo, la falta de respuesta de los sectores tradicionales a las necesidades de las familias desocupadas, originó un corrimiento de esos activos barriales a los movimientos piqueteros. Esto preocupaba a Duhalde y fue otro de los motivos por los cuales tomó la decisión de llevar a cabo el operativo del 26 de Junio del 2002 en la ciudad de Avellaneda. La utilización de todos los recursos del Estado para planificar y llevar adelante una represión con muertos y heridxs, por las aspiraciones políticas de un sector que pretendía continuar aplicando las políticas del FMI y los grandes centros de poder, sin importarle si para lograrlo tenía que reprimir, encarcelar o matar.
Nos llena de rabia ver a casi dos décadas de la Masacre de Avellaneda, cómo las viejas artimañas de los sectores del poder siguen repitiéndose, avalando y perpetuando la persecución a los sectores que luchan por transformar las desigualdades de este sistema.
Es una necesidad histórica que las estructuras del Estado abandonen de una vez el más violento disciplinamiento hacia quienes sueñan un mundo diferente, y comiencen a estar a la altura de los intereses de las grandes mayorías, en este caso acompañando y propiciando la búsqueda de Justicia Completa por Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
Es por eso que a casi 20 años de Impunidad, denunciamos que la Masacre de Avellaneda es un Crimen de Estado. Frente a la Corte Suprema de Justicia, y a lo largo y lo ancho de todo nuestro país gritaremos bien fuerte:
¡Justicia Completa YA por Darío Santillán y Maximiliano Kosteki!
¡Juicio y Castigo a los Responsables Políticos!
La Masacre de Avellaneda es un Crimen de Estado
Represión a organizaciones sociales
En Chaco, detuvieron a Gladis Fabretto, y a dos de sus hijos. Gladis es dirigente de la CCC Corriente Clasista y Combativa del Chaco. El motivo, expresaron los uniformados, era la búsqueda de 2 palas y una manguera nivel (sic).
Gladis explicó que son elementos de trabajo de la Cooperativa Tierra, Techo y Trabajo LTDA., que es la herramienta legal con la que trabaja la organización en los barrios de Resistencia y en toda la provincia.
En el allanamiento hubo violencia de más de 20 policías, que ingresaron con amenazas y golpes a los jóvenes mientras su madre les pedía que «los lleven pero no les peguen». El resultado fue que la golpearon también a ella y la trasladaron a la comisaría 2da., mientras los hijos permanecieron en la Comisaría 8va.
Ante esta situación, la CCC, FNC y el Movimiento de Naciones Pueblos Originarios en Lucha, el PTP-PCR, se organizaron en distintas localidades del interior, algunas ya fueron a las rutas, y compañeros frente a la Comisaría 8va. en Resistencia, recibiendo solidaridad de organizaciones sociales, políticas y de mujeres.
«La política de persecución policial, las causas armadas y la violencia hacia los pibes de los barrios, es moneda corriente. Nosotros peleamos para salir de la droga, no hay ningún lugar de internación pública para los pibes y pibas en situación de adicciones. Nosotros tenemos una Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario que se llama NI UN PIBE MENOS POR LA DROGA, donde hacemos esfuerzos para recuperarlos, mientras la policía, en lugar de buscar a los grandes distribuidores, persigue a los pibes y a los hijos de dirigentes sociales. No vamos a permitir esta injusticia», expresaron los manifestantes en la movilización frente a la comisaría 8va.»Impulsaremos.
Karina Orquera recuperó su libertad tras permanecer detenida cuando la policía provincial reprimió el acampe que sostenían vecinos y vecinas de Choya, en Andalgalá, provincia de Catamarca.
Desde hacía un mes los vecinos y vecinas de Choya acampaban en el camino a la minera Agua Rica para impedir el paso de maquinaria y combustible.
Según denunciaron los propios vecinos, desde la mañana del martes 3 de mayo, siete camionetas de las fuerzas policiales fueron enviadas a la zona de Capillitas. Allí avanzaron golpeando y desalojando el corte que venían llevando adelante los miembros de la asamblea El Algarrobo junto a los pobladores de Choya, para impedir que continúe adelante la actividad minera en la zona.
Los vecinos habían realizado cortes a lo largo del camino abierto por la empresa Agua-Rica y también en la base del cerro. Venían sosteniendo un acampe hace semanas. Según denunciaron en un comunicado: “Una vez más el Gobierno provincial, con la complicidad de todas las autoridades locales que se mantienen en silencio, procederá a usar la violencia como única forma de diálogo”.
Aunque los vecinos y organizaciones de Andalgalá vienen denunciando la actividad de la megaminería contaminante que tiene lugar en la zona y sus consecuencias, la avanzada represiva no parece casualidad. Tiene lugar al día siguiente de que el ministro Kulfas y otros importantes funcionarios se reunieran con el Secretario General de la UIA, Daniel Funes de Rioja, y el presidente de la Cámara de Empresarios Mineros, Franco Mignacco, para lanzar la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (Memac). Toda una puesta en escena para justificar y relanzar la minería contaminante como una de las vías privilegiadas de ingreso de capitales con los cuales juntar fondos para el pago de la deuda con el FMI.
A través de una orden del Juzgado de Faltas de Moreno, efectivos de la Policía Bonaerense desalojaron el miércoles 4 con balas de goma y gases lacrimógenos a los feriantes de la Feria de las Flores que se encontraban allí defendiendo su lugar de trabajo. Hubo dos detenidos y realizaron un corte para exigir su liberación.
Uno de los protestantes -quien se encontraba herido por la represión- comentó: “Trabajo hace 8 años aquí, tengo más de 64 años y perdimos todo. Literalmente estamos en la calle. Hay un montón de discapacitados que trabajaban y que ahora perdieron todo”.
El feriante apuntó como responsable de este hecho a la gestión de la intendenta Mariel Fernández: “ella jamás se presentó, la patrulla municipal siempre pasaba para amenazarnos y nos cortaron la luz”.
La amenaza de desalojo comenzó el lunes 2. Ante esto, los trabajadores realizaron un corte sobre la Ruta 23 que duró hasta el martes. Durante ese lapso, ningún funcionario municipal fue a atender su reclamo.
Desde la Intendencia, catalogan a la feria como una ocupación de terrenos públicos y privados. El municipio propuso relocalizar los puestos en otro lugar sobre la ruta donde se haya la feria. Y solo podrán estar allí quienes tengan domicilio en este partido del oeste del Conurbano.
Los feriantes desmienten estos argumentos y reclaman permanecer en el lugar, el cual da trabajo a más de 1.500 familias. Denuncian que nunca fueron censados y que no entran todos los puestos en el lugar que los quieren trasladar.
Al igual que ocurrió con el desalojo en el barrio La Bibiana de la localidad de Las Catonas, la Municipalidad argumenta que esas tierras serán utilizadas para la construcción de un futuro hospital. Sin embargo, el hospital nunca se construyó y las familias que se encontraban allí fueron relocalizadas en los extremos de la ciudad en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Tal como vimos en Guernica, la policía de la provincia a cargo de Sergio Berni y el gobernador Axel Kicillof llevó adelante el desalojo avalado por el gobierno municipal y provincial.
La policía santiagueña golpeó y detuvo a militantes que reclamaban por la libertad de Felipe Suárez, militante de la UTT, que se encuentra detenido por enfrentar a un terrateniente que pretende apropiarse de 1.000 hectáreas de manera ilegal.
Según expresaron los propios manifestantes, se encontraban allí reclamando por la libertad de su compañero, quien había sido detenido cuando se resistió al desalojo de las tierras ocupadas ilegalmente por el empresario Jorge Simón Karan. También denunciaron que la policía viene amedrentando y pretende detener a más campesinos que viven de lo que les da el monte.
Las fuerzas policiales coparon la manifestación, con presencia de la policía provincial, infantería, brigada especial, camionetas y combis. Al momento de iniciar el diálogo con los manifestantes, fue el propio Comisario General, Roger Coronel, el que se tiró encima del referente de la UTT, Lucas Tedesco, apresándolo y dando lugar al comienzo de la represión, con varios heridos.
Nora, una de las campesinas que se encontraba en el lugar denunció: “Esto que sucede es una vergüenza, estamos reclamando por nuestras tierras para vivir y trabajar, y la Justicia y el Gobierno se ponen del lado de los empresarios. La única respuesta a los reclamos campesinos es represión y desalojos. Queremos la tierra para vivir y trabajar, basta de violencia”.
El viernes 22 de abril fue imputado el dirigente del Polo Obrero de Mendoza y referente del Frente de Izquierda Unidad, Martín Rodríguez, por el acampe piquetero del 30 de marzo. También han sido citados por la Fiscalía Tercera el ex senador y referente del Frente de Izquierda, Víctor Da Vila, y cuatro integrantes del Polo Obrero. El Ministerio Público Fiscal, que actúa bajo las órdenes del Ejecutivo provincial, utiliza el artículo 194 del Código Penal para perseguir y criminalizar a los principales opositores de Rodolfo Suárez. Al igual que con la detención de Copello y Chorolque, ordenada por Gerardo Morales en Jujuy, el gobierno de Rodolfo Suárez busca aleccionar y perseguir al movimiento piquetero independiente, que con el acampe puso en el eje de discusión la crisis inflacionaria y de pobreza que atraviesa la provincia de Mendoza.
El gobierno quiere desviar el debate hacia la criminalización de la protesta y los cortes de calle, esta vez en un marco de ataque más generalizado por parte del gobierno nacional y la oposición, mientras pretende ocultar inútilmente bajo la alfombra el crecimiento sistemático de la pobreza en Mendoza, que llega al 45%, junto con la constante pérdida de poder adquisitivo del salario de los trabajadores, producto de los techos paritarios y la alta inflación.
La policía del gobierno de la Ciudad recibió e impidió a los integrantes del Consejo Llankaj Maki de Jujuy realizar el acampe tal como tenían pautado frente al Congreso Nacional.
Estas comunidades pertenecientes a la provincia de Jujuy llegaron con la intención de visibilizar los reclamos y problemas que tienen en su provincia.
También la movilización se da para pedir la aprobación de la ley de Propiedad Comunitaria y el cumplimento de la ley 26.160 de relevamiento. En una trasmisión en vivo, integrantes de las comunidades explicaron que para ellos esta es la policía de Morales actuando en connivencia con la de Larreta.
Trabajadores y trabajadoras de la Economía popular conmemoraron su día
Según los organizadores, 300.000 trabajadores conmemoraron el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, en la Ciudad de Buenos Aires. La concentración comenzó horas antes del mediodía, sobre avenida de Mayo y 9 de Julio, y en ese lugar se montó un gran escenario donde se expresaron dirigentes nacionales de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).
El acto comenzó con un homenaje a Freddy Mariño, el referente social de la Corriente Clasista y Combativa que falleció a principios del mes de abril. Acto seguido, la proyección de un video de la líder de la Túpac Amaru, Milagro Sala, enviando su apoyo al conjunto de trabajadoras y trabajadores. La referente social aprovechó la oportunidad para recordar: “seguimos siendo rehenes de Gerardo Morales todos los presos políticos de Jujuy. El lawfare sigue vigente”.
El primero en dirigir sus palabras a las y los trabajadores, fue Gildo Onorato, secretario gremial de la UTEP: «Queremos en esta Jornada, ratificar nuestro compromiso fundamental, Tierra Techo y Trabajo, recién se leyeron nuestras propuestas para el sector, muchas de ellas son leyes muy necesarias, como la ley de Humedales, el Ingreso Básico Universal, el Monotributo productivo, la Reparación a la Agricultura Familiar y otras tantas.” A la vez planteó que «Está claro que hay muchas deudas pendientes pero nunca vamos a ser funcionales a debilitar este gobierno.»
A su turno, el líder de la Corriente Clasista y Combativa y diputado nacional por el Frente de Todos, Juan Carlos Alderete, aseveró que “con esta enorme movilización le estamos contestando a esa derecha reaccionaria, a esos oligarcas que lo único que hacen es desprestigiarnos, diciéndonos, vagos, planeros”.
El cierre estuvo a cargo del secretario general de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro, quien cuestionó a un sector de la política por no comprender la importancia de los trabajadores y trabajadoras informales. “¿Por qué es tan difícil entender lo que es la Economía popular?”, preguntó.
El líder social habló sobre la inflación y la necesidad de que “una parte de la producción de alimentos tendría que estar en manos de los movimientos populares”, e invitó a la dirigencia a recorrer los barrios populares y las zonas más postergadas del país: “Vengan a nuestros barrios, miren lo que hace mi pueblo, y van a ver lo que es construir esta Patria”.
Arriba del escenario también estuvieron presentes los dirigentes Emilio Pérsico, Juan Grabois, Daniel Menéndez y los y las diputadas nacionales Leo Grosso, Natalia Zaracho, Federico Fagioli, Juan Carlos Alderete, Natalia Souto y Eduardo Toniolli.
¿Qué incluye el proyecto de Ley General de Tierra, Techo y Trabajo?
El documento está compuesto por siete partes: La ampliación de Derechos, Salario Universal y Desarrollo de la Economía Popular. Aquí se le da creación al Ministerio de la Economía Popular; se implementa el “Salario Básico Universal” y el “Monotributo Productivo”. Además se crea el “Fondo Fiduciario para la Promoción del Crédito a la Economía Popular”, y se instituyen las “Compras Gubernamentales en la Economía Popular”.
El Acceso a la Tierra y Protección de Zonas Estratégicas de Soberanía Alimentaria, está compuesto por un Inventario de Zonas Estratégicas de Soberanía Alimentaria; un Fondo “Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar”; el “Reconocimiento Presupuestario para la Reparación Histórica de la AFCI”; y la “Protección de la pesca Artesanal”.
También se incluye el Reconocimiento de Trabajadoras Promotoras de Género. El mismo debe ser laboral y salarial, con una declaración de la emergencia pública nacional en materia social por la violencia de género. Otro de los puntos es la “Gestión Integral de Envases y Reciclado Social”, que crea el “Sistema Nacional de Gestión de Envases, la “Tasa Ambiental, y el “Fondo para la Gestión de Envases y Reciclado Inclusivo”.
Uno de los puntos fuertes del proyecto de Ley es la “Protección de Humedales”, con el objetivo de crear un “Inventario Nacional de Humedales”, el uso sustentable de los mismos. Crea la figura del “Consejo Nacional de Humedales”, junto a un “Fondo Nacional de Humedales”. Los últimos dos puntos del proyecto están compuestos por los Pueblos Originarios, donde se exige la prórroga de la Ley 26.160 y una “Reglamentación de la Propiedad Comunitaria”. Y el apartado sobre los Barrios Populares, que habilita una prórroga de la prohibición de desalojos; la afectación de la propiedad de tierras del AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado); la creación de viviendas nuevas e infraestructura social básica generando puestos de trabajo; y la creación de lotes con servicio.
Realizaron una jornada de lucha por el derecho habitacional
Vecinos y vecinas de recuperaciones de tierra del Conurbano bonaerense de Tigre, Escobar, Marcos Paz, La Matanza, La Plata, Guernica y Claypole, acompañadas por organizaciones sociales, realizaron una «Jornada de lucha por el derecho habitacional» el miércoles 20 de abril en el Obelisco porteño, con el eje temático central del «acceso al suelo urbano y las recuperaciones de tierra». Allí visualizaron su situación de crisis habitacional, la necesidad de tierra para vivir y el derecho a una vivienda digna. Hubo paneles académicos temáticos con especialistas, música en vivo, poesía, intervenciones artísticas y de vecinos y vecinas de las diferentes tomas de tierra. La jornada fue el inicio de una serie de diferentes jornadas que se realizarán a lo largo del año.
La UTT avanza en la venta de alimentos «sin intermediarios» para bajar los precios
La conducción de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) inauguró la primera nave de pequeños productores y productoras dentro del Mercado Central de Buenos Aires (MCBA), con el objetivo de «concretar la venta de alimentos sin intermediarios» y para «poder mejorar los precios de venta» de sus productos.
El sitio para los pequeños productores de distintos puntos del país es una iniciativa que la gestión de la UTT lleva adelante al frente del mercado concentrador (MCBA) y que venía impulsando desde hacía meses.
«Estamos contentos además -destacaron- porque esta inauguración llega a concretarse en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha Campesina», que se celebra a nivel mundial todos los 17 de abril.
Desde la UTT destacaron que el objetivo de la iniciativa, «es que las familias productoras accedan a la posibilidad de la venta directa en un gran espacio concentrador y distribuidor frutihortícola como lo es el Mercado Central, para que de esta manera sean incluidas de manera equitativa en esta cadena de comercialización».
«En un principio -adelantaron sus dirigentes- se comenzará con puesteros y puesteras del cordón verde de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de Mendoza, con la venta de, aproximadamente, 2.200 bultos de verdura de hoja, tomate y fruta».
Nahuel Levaggi, presidente del Mercado Central y coordinador nacional de la UTT, expresó: “Después de tanto tiempo, logramos abrir un espacio para pequeños y medianos productores para que puedan comercializar sus productos frutihortícolas dentro del predio del Mercado sin intermediarios. Para nuestro gremio y para la historia del Central esto es un paso histórico que aporta a buscar soluciones tanto para los productores como para el sistema agroalimentario de nuestro país”.
Las primeras organizaciones productoras que ya forman parte de esta iniciativa son la Asociación de Medieros y Afines (ASOMA), el Frente Agrario Evita, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI- Somos Tierra) y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT).
Roberto Solano, vicepresidente de ASOMA, vaticinó: «A los pequeños productores esta nueva nave nos va a servir mucho en la comercialización, no vamos a resolver todos los problemas del sector, pero vamos a poder mejorar los precios de venta de nuestros productos, sacando los costos del traslado y logística”.
«Mejorar la calidad de vida de quienes producen y mejorar la calidad de alimentación del pueblo es el camino. Hoy se avanza con este paso hacia la equidad comercial que se suma al resto de las iniciativas desplegadas desde el Mercado Central y las organizaciones de productores y productoras de alimentos», destacaron finalmente desde la UTT.
Zanón: presentan plan de gestión de la energía y reducción de la huella de carbono
El 21 de abril los obreros y obreras de la Fábrica Sin Patrones (FASINPAT) realizaron una charla para informar las primeras medidas relacionadas con la gestión de la energía en la cooperativa. La charla titulada “Gestión de la energía y reducción de la huella de carbono: la experiencia de FASINPAT. Tarifazos, crisis energética y transición ecológica”, estuvo a cargo del Ingeniero Lisandro Cohendoz y ceramistas de la fábrica.
Desde los tarifazos bajo el gobierno de Mauricio Macri, que no se retrotrajeron en el mandato de Alberto Fernández, los precios de la energía eléctrica y el gas natural golpean duramente a las cooperativas y empresas bajo gestión obrera. En el contexto del acuerdo con el FMI se esperan nuevos aumentos. En el caso de FASINPAT las facturas se volvieron impagables amenazando la producción y el sostén de las familias ceramistas.
Pero en la gestión obrera no se quedaron de brazos cruzados. Según informaron llevan más de un año trabajando “junto a profesionales especializados en el tema, para reducir drásticamente el consumo energético e incorporar tecnología para la generación eléctrica mediante fuentes alternativas a los combustibles fósiles”.
Las medidas “contribuirán a reducir la denominada huella de carbono, mientras seguimos luchando para acceder al crédito para la renovación tecnológica, que entre otras cosas, permitiría minimizar el consumo de gas de la cooperativa”.
El plan de FASINPAT está en sintonía con el recorrido que viene transitando la gestión obrera de Madygraf. Allí reconvirtieron su tecnología para producir bolsas de papel, contra los plásticos de un solo uso, avanzaron en medidas de eficiencia energética y en el tratamiento de sus efluentes.
“Consideramos que podemos jugar un papel frente a la crisis climática y ecológica”, afirman los ceramistas, que invitan “a estudiantes, docentes, no docentes, organizaciones sociales, sindicales, políticas, ambientales y a la comunidad en general a compartir este importante paso que estaremos dando en el compromiso con la defensa del ambiente”.
El lugar elegido para la charla no fue casualidad. Este año se cumplen dos décadas desde la firma del Convenio Marco entre la gestión obrera y la Universidad Nacional del Comahue.
MadyGraf convoca a un Encuentro Plurinacional Socioambiental
Las y los trabajadores de la fábrica autogestionada junto a referentes de distintos sectores resolvieron un encuentro nacional para el próximo 4 de Junio en MadyGraf.
La reunión se realizó el pasado viernes 8 de abril, llamada por Madygraf como continuación del pre encuentro que se realizó durante el mes de diciembre de 2021 en la fábrica, en el que se votó continuar ampliando y coordinando el espacio logrado, y llamar a un encuentro ambiental en el que se profundice el debate sobre las demandas que levanta el movimiento ambientalista y las perspectivas para conquistarlas.
Participaron referentes del ambientalismo como Guillermo Folguera, también Andrés Ruggeri antropólogo investigador especializado en fábricas recuperadas, Raúl Godoy, dirigente del PTS en el FIT y obrero de Zanón Fasinpat, fábrica emblemática del 2001 que continúa gestionada por sus trabajadores; las agrupaciones Timón Verde, La Reveldia, Red Ecosocialista, Alerta Roja, Alternativa ecológica, Ambiente en Lucha y autoconvocadxs dentro de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones; asambleas barriales, y organizaciones ambientales de Chubut, Rawson, Neuquén, Mendoza y otras provincias y localidades del interior de la provincia de Buenos Aires como Mar del Plata; Iván Ponce concejal de José C. Paz por el FITu; trabajadores del neumático, ferrocarril, de Mondelez-Kraft, Lustramar, Secco, aeronáuticos, docentes de Suteba Tigre, Escobar, Ademys y de la agrupación Marrón de Ensenada; Alicia Rey de la Coop. Trabajadores de la Salud ex clínica San Andrés; estudiantes de Unsam y Ungs; organizaciones políticas como el PTS, FOL, IS y MST.
MadyGraf vuelve a abrir con esta iniciativa las puertas a distintos sectores con el objetivo de coordinar y unificar todas las luchas y demandas ambientales en una misma pelea contra la entrega extractivista que viene de la mano del pago al FMI, de las grandes patronales y de los gobiernos y políticos que las representan.
Durante un poco más de dos horas, decenas de referentes ambientalistas, trabajadores de diferentes sectores y del ámbito académico, de organizaciones políticas junto a trabajadoras y trabajadores de Madygraf se encontraron de forma presencial y virtual simultáneamente para facilitar la participación federal de diferentes espacios a lo largo del país y como principal resolución se decidió convocar a un Encuentro Plurinacional Socioambiental para el día 4 de junio y un pre encuentro preparatorio para el 7 de mayo.
Se destacó el hecho inédito que significa que sectores ambientalistas, junto con organizaciones políticas, trabajadores ocupados de diferentes sectores, del ámbito académico y estudiantiles, se reúnan frente al llamado de la fábrica recuperada que se pone a disposición, en este aspecto Raúl Godoy, obrero de Zanón bajo gestión de sus trabajadores, planteó que “las fábricas recuperadas son territorios en disputa, son lugares que se ganaron productos de la lucha desde el 2001” y continuó agregando que “nosotros nacimos así, no peleando solos, sino peleando de forma mancomunada con muchos movimientos. Estos lugares que son especies de trincheras, lugares ganados, ponerlos a disposición es fundamental.”
Entre las principales demandas se mencionó el cajoneo de la Ley de Humedales (que perdió estado parlamentario durante 2021), problemáticas referidas a la actividad minera y petrolera como el fracking, las fumigaciones con agrotóxicos, basurales en los barrios, y también como un hecho muy importante, el triunfo de la lucha en Chubut contra la Ley de Zonificación minera que hizo retroceder al gobernador Arcioni en su implementación, que fue aire fresco, y sienta precedencia de la importancia de organizar las luchas y salir a la calle. Quedó expresado también, que al día de hoy los gobiernos junto a empresas realizan un lobby ambientalista, aprovechando las movidas que convocan a cientos de jóvenes, como ferias, reciclado, etc. todo bajo el título “verde” donde se promueven salidas individuales para desviar la militancia ambiental.
Otro aspecto del debate se dio en torno al posible funcionamiento del encuentro, y en este sentido lxs trabajadores de Madygraf plantearon su experiencia bajo el método de asamblea para llegar a resoluciones comunes; y al cómo salir de conjunto, con la propuesta de hacer delegaciones de trabajadores de fábricas recuperadas junto con las organizaciones ambientalistas para que recorran fábricas, escuelas, universidades, barrios, llegando con una convocatoria en común que sea el puntapié para invitar a participar a todxs aquellxs que acuerden con la misma.
Madygraf viene demostrando que frente a las dificultades producto del ahogo tarifario, y productivo al que se enfrentan las recuperadas, la creatividad de la clase trabajadora para dar respuestas a ciertas necesidades no tiene límites. Frente al sálvese quien pueda que les impuso la patronal yanqui de Donelley cerrando sus puertas, ingresaron a la planta y la pusieron a producir; han abierto sus puertas y puesto a disposición la fábrica para que se reúnan mujeres, jóvenes, y trabajadores; creado lazos con la comunidad imprimiendo cuadernos, fabricando y donando elementos de higiene durante la pandemia; pusieron en pie un club obrero; y han realizado festivales populares, para que todxs puedan disfrutar también del ocio y el tiempo libre. Éstas iniciativas, y ahora el llamado al encuentro, es una muestra más de la necesidad de que se expropie MadyGraf y sea de sus trabajadorxs.
Los próximos días se irán viendo distintas medidas de difusión para hacer de este encuentro un paso fundamental en la pelea por “organizar la resistencia a los planes de contaminación que nos quieren imponer los gobiernos provinciales y nacional”.
¡Súmate a la difusión del encuentro!
Fuentes: https://agencia.farco.org.ar, BAE Negocios, eldiarioar.com, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Infogremiales, Ansol, Anred, elciudadanoweb.com